Los últimos 25 años de corrupción

POR NICANOR RODRIGUEZ TEJADA.-

Desde el año 1996, cuando se inicia el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) y cuyo mandato encabezó, el doctor Leonel Fernández, al cual se le acredita haber mantenido ciertos niveles de decencia en lo concerniente al ámbito de la corrupción, si mal no recuerdo, pero terminó con lo que fue la acusación contra un grupo de ex funcionario que fueron involucrado en el denominado Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), cuyo desfalco contra el Estado se presumía en unos (RD$1,438) millones de pesos. El grupo fue procesado en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (2000-2004), presidido por el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez.

Luego ya habiendo retomado el PLD, al gobierno (2004-2008), segundo mandato del doctor Leonel Fernández, en el 2007, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Diandino Peña, Simón Lizardo, Haivanjoe Ng Cortiñas y Noé Camacho Ovalle. Manteniéndola para Luis Inchausti, Grecia Peguero y León López Mata, pero meses más tarde la retiró definitivamente, lo que dio lugar a que el segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declarara la absolución del caso, debido a que la Fiscalía del Distrito Nacional retiro de manera definitiva la acusación sobre el expediente y se perdió el interés público.

Pero con el retorno del PLD a la jefatura de Estado en el 2004, y a través de lo que se denominó el Plan Renove, el cual fue un programa aplicado durante el gobierno de Hipólito Mejía, destinado a la importación de vehículos livianos y pesados, para ser usado en el transporte público de pasajeros y de cargas y de cuyo expediente se alegaba una malversación en perjuicio del Estado de (RD$1,800) millones de pesos.

En este expediente estuvieron involucrado, el empresario Antonio Marte, (actuar Senador por la Provincia de Santiago Rodriguez), Pedro Franco Badía, (fallecido), Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, (ahora Sindico del Municipio de San Francisco de Macorís), Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) declarado prófugo, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, (quien se encuentra privado de libertad por la muerte del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet), Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez y Alfredo Pulinario. El caso estuvo en debate en los tribunales y en octubre 2005 fueron sentenciados.

Posteriormente en marzo del 2008, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció y fallo el recurso de casación y ratificó la sentencia a: Fabio Ruiz, 4 años de prisión y RD$10 millones; Amaro Guzmán, 3 años de cárcel y RD$5 millones; Marte: 3 años y RD$8 millones; Franco Badía (fallecido), 3 años y RD$15 millones; De la Rosa, 2 años y RD$3 millones; Blas Peralta 6 meses y RD$2 millones; Antonio Reynoso: 2 años de prisión (todos fueron enviados a Najayo). En cambio a Pulinario Linares (Cambita): 6 meses prisión domiciliaria; Francisco Antonio Pérez: 6 meses prisión domiciliaria y Freddy Méndez: 6 meses, prisión domiciliaria y RD$1 millón. Siendo descargados del proceso, los señores Ramón Emilio Jiménez hijo, Siquió Ng de la Rosa, Johnny Morales y Diógenes Castillo. En diciembre de ese año 2008, el ex presidente Leonel Fernández concedió indultó a Franco Badía y a los sindicalistas Antonio Marte Familia, Milciades Amaro Guzmán y Siquió Ng de la Rosa.

Estos han sido los procesos conocidos hasta el momento, no obstante lo mismo tienen una similitud que lo diferencia sustancialmente de los nuevos expedientes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader Corona, ha iniciado y se trata de que nunca hemos tenido un procurador con las características con que ha sido asumida por el nuevo gobierno, dándole independencia de ejecución y comprometiéndose con la modificación mediante leyes y la propia constitución para que el Estado obtenga forma de limitar la viabilidad de la corrupción administrativa. Esto nunca el país lo ha tenido en ningún gobierno y hace una gran variable en la modalidad de los casos sometidos a los tribunales.

No obstante previo a las medidas recién anunciada por el gobierno, al que recordar que en fecha 20 de octubre el poder ejecutivo procedió a la firma de un memorándum de entendimiento Interinstitucional con la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción y la transparencia administrativa, mediante el cual se incrementarán los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, lo que impulsara el proceso de la institucionalidad en el país.

Este convenio procura fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones y permitirá la elaboración de documentos y catálogos que sirvan de referencia contra la práctica del soborno y la corrupción por sobreprecios, se promoverá la asistencia técnica, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el análisis y el desarrollo de políticas, así como iniciativas y proyectos orientados a mejorar la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción

Este acuerdo se fundamenta en la ratificación del país a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 26 de octubre de 2006, siendo el país signatario y estando comprometido con la aplicación de otras convenciones, instrumentos o mecanismos internacionales, como el Examen Periódico Universal, que procuran disponer de mecanismo de control contra la corrupción en los países miembros de esos acuerdos multilaterales.

Por lo tanto y para reforzar la tesis en la defensa de los bienes público, en su primero 100 días, el gobierno ha proclamado además las siguientes iniciativas legales y administrativas, una propuesta de modificación de la Constitución, mediante la cual se instituya la creación del Procurador independiente y promover en la iniciativa constitucional el aumento de las consultas populares vía referendo, estableciendo mecanismos institucionales que concuerden con la carta sustantiva entre otras iniciativas que se procurará.

Pero además se creará el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público que tendrá entre sus funciones promover una agenda de cambios legales, la cual estará integrada por las instituciones del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética, esta última encabezará la dirección del gabinete.

Otra propuesta es asumir un control para la supervisión en los sistemas de asistencia social, comprometiéndose a presentar un proyecto para crear una entidad que supervise las ayudas a la ciudadanía y que ésta pueda tener acceso a la información sobre el destino de tales ayudas, de igual forma proclamó que dada las carencias, institucionales procederá a formular un cuerpo de leyes, destacándose sobre todo una legislación penal moderna y coherente frente a la corrupción administrativa.

De igual manera se propondrá la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas y se aplicará la regulación de la ley sobre regulación salarial del Estado, la cual indexara los salarios en el sector público y de los funcionarios de rango superior y viabilizando una reforma institucional del Congreso a fin que se produzca la eliminación de los privilegios creado en ese poder del Estado.

Asimismo entre otras medidas que dio a conocer el presidente, se encuentran la contratación de abogados particulares para que puedan actuar como actores civiles, al tiempo que colaboran con el Ministerio Público, y que solicitaran indemnización por las malversaciones y robos en perjuicio del Estado Dominicano, al momento de que intervenga sentencia de condena a fin de recuperar los recursos sustraídos en los actos de corrupción y donde el Estado podrá exigir recompensación económica por los daños y perjuicio ocasionados.

En el plan se contempla la puesta en vigencia de un sistema de alerta temprana que viabilice el monitoreo, en tiempo real, de los procesos de contrataciones públicas, disponiendo la realización de auditorías a todas las instituciones del Estado por lo menos anual, lo cual se dispondrá a través de una entidad que se creara con ese fin y se reforzaran la existente con las modificaciones que se prevén en ese sentido.

Par reforzar esas iniciativas en la práctica se procederá a la creación de un portal único de transparencia con acceso ilimitado que facilite a los ciudadanos poder consultar cualquier expediente de contratación, retribuciones, declaraciones de bienes o solicitar la información que desee en tiempo real y promoverá la ley general de publicidad del Estado, por medio de la cual se dispondrá de criterio para el uso de bienes públicos y se prohibirá el uso de la publicidad en actividades ajenas al interés colectivo.

También se procederá a modificar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se interconecten al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática, en consonancia a esto de promoverá la creación de una Subdirección Antifraude, integrada a la Contraloría General de la República, para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.

Con todas estas iniciativas se procurara al propio tiempo modificar la Ley 10-04 que organiza y estructura la Cámara de Cuentas, induciéndola al marco constitucional vigente y otorgándole mayor autonomía presupuestaria y de control, por igual se modificara la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República para afianzar mayor control interno a través de auditorías internas

Estos anuncios se hicieron aprovechando la conmemoración del día internacional contra la corrupción y de manera oportuna, el día anterior, la ciudadanía tenía conocimiento del primer caso de medida de coerción por corrupción que involucra a 11 personas de las cuales 7 tienen medida carcelaria y 3 arrestos domiciliarios y uno con presentación periódica ante la autoridad.

Ahora bien, cabe observar la diferencia y la voluntad que este proceso lleva, en discrepancia a los materializados entre los años 2000-2008, citare algunos puntos esenciales, modificar la constitución para consagrar un procurador independiente, han sido aumentado de los fiscales de la investigación, contratación de abogados para actuar como actores civiles procurando que el Estado obtenga un resarcimiento por los daños que se puedan comprobar, así como todo el paquete de carácter legal que se anunció y que ha sido objeto de puntualización en este trabajo, lo que no deja lugar a dudas de que el país ha cambiado y los resultados de este nuevo empeño necesariamente serán diferente, porque ha nacido una voluntad impulsada por el pueblo para que tengamos un mejor país, con mayor equidad, disminución de la desigualdad, controles más efectivo de los funcionarios sobre la cosa pública y sobre todo un camino de mayor decencia institucional.

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