Reflexiones en el cambio: JCE y su primera prueba de fuego

Por José Francisco Peña Guaba.-
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La Junta Central Electoral tendrá su primera “prueba de fuego” con la decisión que deberá tomar para definir la participación de los partidos en la distribución económica del Estado, así como para establecer el orden de las organizaciones políticas en la boleta electoral de 2024. Ambos temas son de crucial importancia por varias razones.

El financiamiento público a los partidos goza hoy de la peor de las reputaciones. Luego de años de desprestigio, tras una labor de socavamiento y desprestigio basada en falsedades que, sin embargo, parecen ser verdad. En efecto, se ha repetido hasta la saciedad que “los partidos” se llevan inmensas tajadas del presupuesto nacional, y que sus directivos viven como príncipes a expensas del dinero público.

Debería recordarse con más frecuencia que el financiamiento público surgió tras los accidentados procesos electorales de 1994 y 1996, como propuesta formal del Dr. José Francisco Peña Gómez que debió formalizarse por ley, momentos en que un gobierno decidido a no perder el poder avasalló a todas las organizaciones políticas, pisoteando a diestra y siniestra toda regla y sin detenerse ante nada, hasta dejar en total indefensión y sin recursos a la organización política de la que nació, ¡oh ironías de la vida!, el actual partido de gobierno.

Debe retenerse que la justificación de la Junta Central Electoral para investigar a los partidos y establecer controles financieros a su cargo, es el hecho de que el Estado es quien les da dinero para financiar sus actividades.

Falsamente, con evidente mala leche, se arguye que los partidos no reportan ni se dejan controlar. Bien. ¿Alguien se preguntó cuáles partidos dejaron de reportar año por año a la JCE? No. Y para saber que eso es totalmente falso basta saber que la JCE exige a los partidos hasta comprobantes en papel de colmado (estraza) o, de lo contrario, no desembolsa el dinero. Pero, ¿es así con todos los partidos o solamente con las dos primeras mayorías?

De manera aviesa se dice que los partidos se llevan miles de millones del erario. ¿Alguien preguntó que cuáles partidos serán esos? No. Los supuestos “investigadores imparciales” hacen mutis a la realidad de que la contribución del Estado a los partidos terminó siendo controlada por el partido de gobierno y el principal partido de oposición: de 1,200 millones de pesos al año esos dos se sentarán a comerse más de 900 millones. Con los restantes 300 millones tendrán que sobrevivir 24 partidos.

Asimismo, decenas de organizaciones minoritarias, que deben organizar recursos para participar en 158 municipios y 235 distritos municipales –esas son las elecciones verdaderamente competitivas– se encontrarán sin posibilidades reales de competir; no pueden abrir locales en el nivel local porque el financiamiento público no alcanza para eso.

Tampoco pueden cubrir los altísimos costos de la publicidad de campaña, ni tienen cómo competir contra partidos que colocan miles de millones de pesos sólo en propaganda gráfica. Con el poco presupuesto que reciben, no pueden dedicar recursos suficientes a educación de sus afiliados, ni para la modernización de sus sistemas computarizados. De manera que quitarles el presupuesto a los partidos, o rebajarlo indebidamente, significa llevarlo por adelantado a la derrota electoral y a la imposibilidad de contar con representantes.

Para la elección de 2020, por ejemplo, cada voto le costó a los partidos entre RD$1,000 y RD$2,000 pesos de inversión. Eso significa que para obtener 150 mil votos un partido tendría que invertir 300 millones de pesos… mientras cada candidato a una diputación o a una senaduría gasta entre 15 y 60 millones de pesos en campaña, porque a base de voto preferencial las han convertido en eventos extraordinariamente caros. O sea, a un partido el Estado le entrega menos dinero del que cuesta obtener una sola diputación.

Ahora mismo sólo el PRM, que está en el gobierno, y el PLD, que lo tuvo por 20 años, no debieran beneficiarse más que todos los otros del apoyo económico estatal porque ese financiamiento es precisamente para proteger a los partidos que no tienen acceso al poder ni a la colaboración de privada, que se concentra en muy pocas organizaciones políticas.

Las decisiones que debe asumir ahora la JCE marcarán a los miembros del Pleno, no solamente porque deba estar bien sustentada jurídicamente, pues se sabe que eso lo harán miembros tan competentes como lo que ahora engalanan a la JCE, sino porque deberán motivar lo razonable, justo y democrático que resultará, si se concreta el propósito, despojar a los partidos de lo que la Constitución y la ley les otorgan.

Porque este es precisamente el problema. La Constitución y la ley disponen que se haga algo y los poderes públicos, destinatarios de la norma, los que deben cumplirla, de buenas a primeras deciden no hacerlo. La validez de sus razones no debería ni siquiera discutirse, visto que nadie tiene razón si quiere contradecir la ley, y hasta ahora, la ley dispone que el Estado contribuya económicamente con los partidos.

Según se dice, hay demasiados partidos. Muy bonito pero muy falso e inútil: vaya Usted a inscribirse por un partido mayoritario como candidato, a vocal si quiere… para que vea como decenas de dirigentes de ese partido lo expulsen a pedradas de su comunidad, bajo el alegato de que tienen 20 años de militancia sin que su partido los haya respaldado ni hecho nada por ellos.

Y es verdad. 20, 30 y 40 años militando en un partido anquilosado, dominado por las mismas personas, más petrificado que las ansias de representación de centenares de miles de personas en centenares de demarcaciones de todo el país, que no pueden elegir técnicos, ni especialistas, ni trabajadores sociales, ni gente de mérito… solo pueden elegir gente que gasta dinero sin que se sepa de donde sale, porque se gasta como si fuera ajeno y producto de la suerte, no del trabajo.

Ser candidato a nada y con cero garantías para su inversión exige gastar millones de pesos para comprar dirigentes y activistas de los partidos mayoritarios, o ni siquiera podrá arrancar su proyecto.

A nadie parece importarle que la Carta Magna diga tal o cual cosa, mucho menos que exija representar a las minorías en toda clase de procesos electorales. En esta nueva revolución del pensamiento pareciese que la Constitución ya no se reputa, sino que es, un pedazo de papel.

En cuanto al orden de los partidos en la boleta, es claro que el número asignado al partido será el mismo para todos los niveles de elección, sean 4 como ahora o los 5 que podrían crearse para 2024 dada la división del nivel municipal. Por tanto, lo que resulta lógico es que se aplique el criterio sumatoria de esos 4 niveles para establecer dicho orden.

De todas formas, el Foro Permanente de Partidos Políticos asume su rol de institucionalización del sistema de partidos, trabaja y continuará trabajando por la diversidad y el consenso como regla de integración de mayorías. Y por ello, el Foro resumió a la JCE 6 escenarios definidos para y útiles para el cálculo del orden de los partidos en la boleta y la distribución de la contribución económica del Estado.

Estas 6 opciones, cada una presentando un efecto determinado sobre el sistema de partidos, incluyen: 1) el criterio de sumatoria de votos, utilizado por la JCE para la elección presidencial, de senadores y diputados de 2020, como resultado de la sentencia TSA-0030-30-2019-00090; 2) el criterio de sumatoria de votos en el último proceso electoral (5 de julio), niveles presidencial, senatorial y de diputados: partidos del 1% y 5% en la elección del 5 de julio y su variante, considerar sólo el nivel presidencial de julio 5.

Asimismo, 3) el criterio de votación presidencial, utilizado por la JCE para las elecciones municipales de 2020, como resultado de la anulación de la Resolución 34-JCE-2019; 4) el criterio de sumatoria de porcentajes por nivel con relación al padrón de electores, basado en que al fijar los topes de campaña el artículo 42 de la Ley de Partidos es precisamente ése el criterio que utiliza; 5) el criterio de sumatoria del porcentaje municipal al porcentaje resultante de la combinación de los resultados presidencial, congresual y 6) el criterio de que la posición se determine por el porcentaje más alto obtenido por cada partido, en cualquier nivel.

A pesar de ello, consta que tanto la Sentencia TC-0624/18, del Tribunal Constitucional, como la TSA-0030-2020-000090 terminaron por aceptar que al cambiar el criterio de votación presidencial la JCE obró justificadamente

Tanto el Foro como la mayoría de los partidos del sistema están conscientes de que la distribución de los recursos tiene que hacerse como ordena la ley, ni más ni menos. Y en su aplicación, dado que las normas no deben ser sólo legítimas sino también justas, la JCE tiene que privilegiar las fórmulas más inclusivas, las que permitan que la mayoría de los partidos, entre ellos la Fuerza del Pueblo, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano puedan integrar el nivel del 5% y junto a los demás, todos los partidos, tener posibilidades de presentar candidatos, ofertar programas, comunicarlos a la ciudadanía y motivarlos a participar en las elecciones. Esa es la democracia, real, verdadera y deseable.

Asimismo, la mayoría de los partidos entiende que el orden en la boleta es un asunto discrecional del Pleno de la JCE, puesto que la ley no establece mecanismo alguno al respecto. Se entiende que primará la sensatez y se asumirá que un partido sea colocado en la boleta por el orden de su mayor votación, en cualquier nivel de elección.

La JCE no está para acomodarle número de posicionamiento a nadie. La posición que toque, esa es. De hecho, nuestro partido, el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS), ya notificó a la JCE nuestra postura sobre estos temas, defendiendo, grosso modo, lo que aquí se resume.

Lo que sí debe tener en cuenta tanto la JCE como el pueblo dominicano es que el buen o mal desempeño de un partido es producto de los recursos con los que cuenta. Si a un partido se le quitan recursos, sus resultados no serán los mejores, porque no tendrá cómo expandir el conocimiento público sobre su programa o ideas, ni hacer llegar el mensaje de sus candidatos, ni plantar pelea electoral a partidos que, de hecho, son mayoritarios porque pueden acceder a más recursos para desarrollar sus actividades.

En este sentido, la JCE no tiene razones legales para perpetuar los privilegios e intereses de partidos a los que ha sobrado muchísimo dinero para sus campañas, sólo porque al momento de las elecciones se encontraban en el poder. Excluir partidos de uno u otro nivel porque se oiga bonito es discriminatorio y pondría a estos partidos en franca desventaja para las elecciones venideras. Sobre los otros partidos, hay que fajarse de campana a campana para comprender lo que cuesta obtener el 1% de los votos en un sistema multipartidista y extraordinariamente competitivo como el nuestro, en términos de participación.

No creemos justo desconocer el esfuerzo de tantas personas y de tantas organizaciones, algunas de los cuales participaron en 4 procesos electorales sólo para respaldar al país y mantener la democracia, porque no tenían ni recursos ni posibilidades de enfrentar exitosamente dos suspensiones electorales mientras, de frente, tenían las muy bien aceitadas maquinarias electorales que se armaron en las elecciones de 2020.

La JCE es representante de todos los partidos. Todas las organizaciones políticas merecen su protección institucional y legal, no solamente las dos primeras mayorías. En países como el nuestro, monopolizar la participación política remite a la tiranía. Así las cosas, un sistema de partidos integrado por opciones diferentes es garantía de que el elector, que es quien designa a los representantes, tendrá la capacidad de decidir por quién votará. Y hasta ahora, los electores no eligieron a través de un solo partido, ni de dos, sino a través de todos los partidos del sistema.