Aclaraciones necesarias y oportunas

Por Arismendi Díaz Santana.-

Exhortamos a las autoridades a redoblar la supervisión de las inversiones en cumplimiento estricto de la Ley. Además, solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil a unir voluntades y fuerzas para monitorear el proceso, para asegurar mayores beneficios y tranquilidad a los millones de afiliados

Han sido muy oportunas las declaraciones sobre la compra de acciones de la empresa César Iglesias, hechas por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, así como por ADAFP, por tratarse de un hecho sin precedentes.

Ahora existe mayor claridad de que esta operación se ajusta a las previsiones de la Ley 87-01 de Seguridad Social. La SIPEN y la citada Comisión, señalaron su fundamentación legal, en cumplimiento del mandato legal a las AFP de diversificar la cartera de inversión del patrimonio de los trabajadores dominicanos.

Ante las dudas y comentarios vertidos en las redes sociales, se explicó que la decisión fue previamente sometida a un análisis técnico-financiero por el Comité Técnico de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión. Que se evaluó la situación financiera de la empresa Cesar Iglesias, su historial de desempeño, sus perspectivas de crecimiento y la calidad crediticia, entre otros.

Según las declaraciones de ambas entidades, en la decisión final además se tomó en cuenta la clasificación del riesgo doble AA, superior al estándar mínimo, que recibió la empresa César Iglesias, de parte de Fitch Ratings Dominicana y Feller Rate Dominicana, dos empresas calificadoras de riesgo independientes.

Luego de estas precisiones, quedó claro que la decisión cumple con lo establecido en la Ley 87-01 y sus normas complementarias. Esta Comisión la integran la Superintendencia de Pensiones, el Gobernador del Banco Central, las Superintendencias de Valores, de Bancos y de Seguros, y un representante técnico de los afiliados.

Por su parte, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) informó que las AFP decidieron comprar acciones de la empresa César Iglesias S.A. luego de comprobar su legalidad y el fundamento técnico y financiero de la decisión de la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límites de Inversión.

ADAFP valoró como un hito la primera emisión de acciones ordinarias de oferta pública y destacó que es la primera vez que los trabajadores afiliados se convierten en accionistas importantes de una empresa dominicana calificada. Por el momento, estas inversiones apenas representan el 0.38% del patrimonio total.

Una decisión que constituye un hito en el país

Sin dudas, esta decisión constituye un paso de avance en el país, porque la venta de acciones de empresas calificadas amplía la cartera de inversión, y porque implica una mayor transparencia e institucionalidad en el mundo empresarial, dejando atrás largas décadas de manejo familiar y discrecional de las grandes empresas del país.

La colocación de acciones en el mercado de valores implica un apego a las mejores prácticas internacionales. La exposición permanente al escrutinio público se convertirá en un claro indicador de solidez, competitividad e institucionalidad. Se trata de un primer paso que inducirá a otras empresas a seguir este nuevo camino, como ya lo ha anunciado el Banco Promerica.

Desde luego, como toda acción nueva, la misma no está exenta de errores ni de riesgos. Esas naturales dudas e incertidumbres son mayores en un país en donde “na e na y to e to”. Se advierten indicios de una mini guerra de información y desinformación entre grupos poderosos, tratando de confundir a la población y a la opinión pública.

La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) exhorta a las autoridades competentes a redoblar la supervisión del proceso. Solo aplicando estrictamente la Ley y las normas vigentes es posible garantizar que la diversificación de las inversiones se traduzca en ganancias reales para los trabajadores dominicanos.

Además, solicitamos a las organizaciones de la sociedad civil a unir voluntades y fuerzas para monitorear el proceso, para beneficio y tranquilidad de los millones de afiliados a la Seguridad Social.

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