Estado dejaría de recuperar miles de millones de pesos en Caso Calamar

El caso involucra a tres exministros del pasado gobierno del PLD

por Abrahan Montero.-

SANTO DOMINGO.- El Estado dominicano dejaría de recuperar miles de millones de pesos mediante la denominada Operación Calamar, donde se involucra a los exministro de la Presidencia, Obras Públicas y Hacienda, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y Donald Guerrero, imputados por corrupción administrativa, desfalco y asociación de malhechores

El caso Calamar cuya acusación formal ha sido fijada para el próximo 29 de abril se basa esencialmente en el supuesto pago irregular de expropiaciones para el cobro de comisiones que se habrían dedicado a costear la campaña política del 2020 en favor del entonces partido de Gobierno por valor de unos RD$ 17,000 millones de pesos, de los cuales se pagaron unos RD$ 12,538 millones, más de la mitad en comisiones a través de Fernando Crisóstomo, sus empresas y parientes.

Este caso es muy distinto al resto de los casos de corrupción en el sentido de que las propiedades existen, debían ser pagadas conforme a la Constitución y a la ley, lo que indica que el Estado no fue estafado, sino que para recibir el pago los propietarios debieron pagar altas comisiones, pero en todos los casos, la tierra está ahí y el Estado la ocupa desde hace décadas, excepto en uno, el de más valor que representa el 20% del total de los 29 expedientes.

De acuerdo con varios expedientes que reposan en el Ministerio Público, copias de los cuales tiene este medio, al Estado de le haría prácticamente imposible recuperar la los RD$12,538,000 millones que se pagaron, a pesar de los acuerdos a que pueda llegar la Procuraduría General de la República con muchos de los imputados en el Caso Calamar, donde se involucra a 20 personas.

El caso más complejo de estos, se trata del expediente sobre la propiedad de Alexander De Paola, la única que no pasaría al Estado debido a que vendieron quienes no eran dueños, cuestión que ya fue fallada por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Hato Mayor, que condenó a los señores Ana Linda y Emil Fernández De Paola por falsedad en los documentos de identidad y otros de carácter públicos utilizados en la venta al Estado, proceso que era del conocimiento de la Dirección General de Bienes Nacionales.

Pero la pregunta es ¿Cómo entonces pudo Bienes Nacionales pagar RD$4,500 millones, dándole un inicial de RD$3,750 millones, a alguien que no era el dueño y, que en su demanda en justiprecio solo pidió RD$292,000 millones?.

Según se desprende voluminoso expediente que reposa con el número 0030-16-00091, en el Tribunal Superior Administrativo las querellas entre los que se disputan la descendencia viene desde hace más de 20 años y, la solicitud de justiprecio desde principio del 2016 y, es el único caso en que el precio nunca fue fijado por el tribunal, ni por la Dirección General de Catastro, requisito básico para la realización del pago.

De acuerdo al expediente desde el 2016 hasta el 2021, la abogada que representaba a Bienes Nacionales en el proceso de justiprecio, fue Belkis Tejada, directora legal de esa institución, entidad que el 3 de agosto del 2017 negó el pago al abogado de la familia De Paola mediante oficio 002099 por la existencia de una litis entre pretendientes a herederos.

Dice que con posterioridad a ello la Suprema Corte de Justicia rechazó el justiprecio mediante la sentencia 589 del 30-10-2019, y el tribunal penal de Hato Mayor impuso medida de coerción en contra de Ana Linda y Emil Fernández De Paola y de su abogado Virgilio Méndez Amaro.

Sostiene que al retornar la solicitud de justiprecio al Tribunal Superior Administrativo, la abogada de Bienes Nacionales que figura es Belkis Tejada, a quien en marzo del 2020, le fueron notificados diversos actos del TSA y en los meses siguientes de Oposición a principios del 2020 a pago como consecuencia de las indicadas litis. Pero sorpresivamente la abogada Tejada es una de la principal querellante en el Caso Calamar.

No obstante lo anterior a mediados del 2020, la abogada Tejada como titular de la Dirección Legal de Bienes Nacionales redactó un contrato de venta, sin precios fijados por el tribunal, ni tasación de la DGC en base al cual se pagó mediante libramientos el 80 % de la propiedad, que valoró el contrato en RD$ 4,500 millones cuando el justiprecio solicitado por la familia Fernández De Paola al Tribunal era de solo RD$292,457,651.50.

Es obvio que los acuerdos judiciales se hacen con dos tipos de personas, los que no desean enfrentar por su coste un largo proceso y aceptan ciertas culpas y los que siendo culpables, aportan, diciendo la verdad, que es requisito esencial para el Ministerio Público.

De acuerdo a una fuente judicial, en el voluminoso dossier depositado inicialmente por ante el Segundo Juzgado de la Instrucción que conoce el Caso Calamar no figuran nada de lo relatado que evidencia la participación directa, por conocer de primera mano y ser parte como abogada de Bienes Nacionales, la situación del expediente de los Fernández Paola, de donde se infiere que para convertirse en testigo ocultó la verdad o mintió al Ministerio Público.

El expediente Fernández Paola, el más grande, es el único que el Departamento Legal de Bienes Nacionales, que no tiene sentencia de justiprecio ni tasación de la DGC y, es también el único en que el Estado no podrá traspasarse la propiedad mediante la ejecución de contrato de compra, ni por confiscación. Solo en este caso el Estado perderá una gran cantidad de millones de pesos.En este caso no se trata del pago de comisiones, sino de que se pagaron para que el expediente se tramitara mal y el Estado saliera perjudicado por unos RD4,500 millones, es sin dudas el más grave y el mejor corroborado documentalmente pues no se basa en testimonios ni en apreciaciones o interpretaciones, sino en sentencias, documentos y en hechos jurídicos.