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Veinticinco acusados admiten culpabilidad en hechos de corrupción

SANTO DOMINGO.- Hasta este martes un total de 25 implicados en hechos de corrupción en el expediente de la Operación Medusa, que tiene como principal acusado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, han admitido su culpabilidad tras arribar a acuerdos con el Ministerio Público.

Entre los 25 que admitieron la acusación del Ministerio Público, se encuentran 14 personas físicas y 11 personas jurídicas.

El fiscal litigante Enmanuel Ramírez, representante del Ministerio Público, dijo que hoy terminaron de presentar los acuerdos pendientes, de los cuales dijo “que el mensaje de esto es que tenemos una acusación blindada, con un sustento probatorio bastante fuerte, el cual no puede ser de ninguna forma contrarrestado por los acusados de este proceso y por lo cual muchos de ellos admitieron los hechos”.

El último de los acuerdos fue realizado con Ismael Elías de Jesús de Peña Tactuk, quien formaba parte de las empresas que tuvieron que pagar sobornos en el Plan de Humanización a las principales autoridades de la Procuraduría General de la República durante la gestión de Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Dijo que hubo otras empresas del Plan de Humanización que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, así como los que estaban relacionados con la línea de los alimentos de las cárceles por las cuales se estafó al Estado dominicano.

Detalló que el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoce la audiencia preliminar, procedió con su aplazamiento para el próximo viernes 5 de abril, para que esté presente el acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, quien presentó quebrantos de salud.

Adelantó que en la audiencia del viernes iniciará su exposición la defensa del exprocurador Rodríguez Sánchez.

Anteriormente, entre otros, admitieron su culpabilidad y acordaron colaborar con el proceso los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez.

El Ministerio Público también arribó a un acuerdo con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez.

De igual forma, con la entidad comercial Rogama SRL, entre otros.

En el expediente son acusados 41 personas físicas y 22 razones sociales.

El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.

Además de Rodríguez Sánchez y Forteza Ibarra, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

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Varían medida de coerción oficial Armada Dominicana implicado entramado de corrupción por RD$4,500 millones

SANTO DOMINGO.- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dispuso la variación de la medida de coerción al capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, imputado en el caso Coral, por impedimento de salida, presentación periódica y una garantía económica de RD $50,000.00.

Mientras que, para el general Boanerges Reyes, la jueza Esmirna Gisselle Méndez, decidió mantener la medida de coerción vigente de arresto domiciliario y colocación de grillete electrónico, acogiendo la oposición del Ministerio Público, representado por los fiscales Miguel J. Collado y Jonathan Pérez Fulcar, al considerar que las pruebas presentadas por la defensa del imputado no varían ni reducen el peligro de fuga.

El capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores y el general Boanerges Reyes cumplen medida de coerción, tras ser imputados en el entramado de corrupción de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, acusados por el Ministerio Público de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, entre los años 2012 y 2020. Además de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).

Entre los acusados están, además, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.

De igual manera, el general Torres Robiou (FARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y José Manuel Rosario Pirón. Así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.

Se espera que el Primer Tribunal Colegiado aperture el juicio en contra de los acusados en el caso Coral el próximo jueves 18 de abril, a las 10:00 de la mañana, fecha en que darán inicio a la lectura formal de la acusación, una labor que se extenderá hasta los días 23, 25 y 30 de este mes.   

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Defensor del Pueblo: “En las cárceles funcionan hasta ferreterías”

Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo denunció que la corrupción en el sistema penitenciario dominicano, específicamente en los recintos del viejo modelo, es tan grande que en lugares como la cárcel de San Francisco de Macorís funciona una ferretería propiedad de uno de los reclusos que cumple condena en dicho recinto.

Pablo Ulloa recordó que fue en ese mismo lugar donde un privado de libertad mató a su concubina en un espacio que era su habitación personal.

Ulloa precisó que el gran reto que se tiene ahora con la cárcel de la Victoria, donde se produjo el mortífero incendio que acabó con la vida de 13 reclusos,  es cuando se eliminen los negocios tradicionales que existen en la actualidad, para llevar la sobrepoblación debido a que ya se eliminó un área completa que estaba donde se produjo el siniestro.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el funcionario del órgano extrapoder del Estado que defiende los Derechos Fundamentales, urgió para que sea eliminada la interacción diaria que se da entre los modelos penitenciarios viejo y nuevo en la República Dominicana.

Aseguró que los centros Las Parras y Pedro Corto en San Juan de la Maguana tienen las condiciones para albergar un sistema penitenciario en que los privados de libertad estén en menos condiciones de indignidad.

“Y me dicen el tema de Las Parras, si está en un pantano, hay áreas que están disponibles, si fue construida en un pantano vamos a someter a los ingenieros, porque en infraestructuras hay diferentes formas de liberal el terreno, y darle a la estructura fortaleza para poder levantarla, con los pilotillos, el vaciado, si tu construiste con esas características, tu eres responsable”, argumentó Ulloa.

Recordó que cuando se inician construcciones de obras públicas se contratan garantías, que son los seguros, los cuales no se pudieron ejecutar porque la obra estaba cerrada, y ya perimió el plazo de dichas garantías.

Retomando su valoración con respecto al caso de la Victoria y otros recintos carcelarios pertenecientes al viejo modelo penitenciario, el jurista precisó que el nivel de corrupción que impera en esas cárceles se vive a diario.

“Pero tenemos que verlo como un todo, o sea, el nivel de corrupción que existe en las cárceles te lo pongo como ejemplo en el caso de San Francisco, la fortaleza, donde el señor mató a la concubina en espacio que era su habitación, ahí hasta ferretería existe, ahora mismo el debate que hay es qué va a pasar en La Victoria cuando tu coarte los negocios tradicionales que existen y le meta la sobrepoblación, porque ya tu eliminaste un área completa, entonces esa interacción diaria del modelo nuevo con el modelo viejo tenemos que eliminarla en la República Dominicana”, insistió Pablo Ulloa.

Sobre el área que fue afectada por el mortal incendio que les costó la vida a 13 reclusos, según las cifras de la Procuraduría General de la República, tenía alrededor de 1,900 personas, y los nueve módulos que resultaron afectados tenían entre 450 hasta 950 reclusos cada uno.

Explicó que si se dispone el traslado de 400 o 500 personas no se mitiga el problema porque hay una sobrepoblación carcelaria de más de mil por ciento, porque ese recinto carcelario al momento de su edificación se hizo para mil personas, y en la actualidad tiene cerca de 8,000.

El defensor del Pueblo aseguró que el sistema carcelario tiene como mejorar esa situación, porque la Dirección General de Prisiones tiene identificado unos 700 lugares en el sistema penitenciario actual que se pueden habilitar si hay una inversión de infraestructuras.

Ulloa deplora en cárceles Nagua y Samaná hombres y mujeres duermen juntos por falta de espacio

Para el Defensor del Pueblo no se justifica que más de 700 lugares que ha identificado la Dirección General de Prisiones que pueden servir para descongestionar el sistema penitenciario, no se hayan habilitados para tales fines, pese a que lo que se requiere son inversiones de menor cuantías.

De acuerdo con Pablo Ulloa, esos lugares solo requieren de impermeabilizantes para las filtraciones, mejorar el sistema eléctrico, y los pisos, entre otros acondicionamientos.

“La Dirección General de Prisiones tiene identificados unos 700 lugares en el sistema penitenciario actual que se pueden habilitar si hay una inversión de infraestructuras, y qué es eso, esos son elementos menores, impermeabilizantes para las filtraciones, el tema eléctrico, el tema de los pisos, estamos hablando de que tu con una inversión en Najayo Mujeres resuelve toda la densidad poblacional de Nagua y Samaná de mujeres, que están durmiendo con hombres”, deploró.

Ulloa insistió que en esos dos centros penitenciarios “se entremezclan los presos, hombres y mujeres en una misma celda por falta de espacio, pero en Najayo hay espacio suficiente”.

“Tu va a la Vega, al centro del Pinito, donde mataron al recluso, y hay espacios disponibles, lo que pasa que la infraestructura no te lo permite, hay módulos cerrados porque la filtración no permite que viva alguien”, dijo el funcionario al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

El Defensor del Pueblo llamó a un diálogo sincero entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Defensa Pública, y la institución que dirige para poder analizar la gran cantidad de presos preventivos que son casi el 60% de la población carcelaria, y República Dominicana casi duplica la falta de puestos para privados de libertad porque hay 16,000 espacio disponible, y hay casi 26,000 privados de libertad.

Defensor del Pueblo advierte cárceles funcionan como laboratorio del delito

Las cárceles de la República Dominicana están fungiendo como laboratorio del delito, algo similar a los que sucede en las calles del país, alertó el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, quien llamó a estudiar lo que sucede en recintos penitenciarios de Sur y Centro América para evitar llegar a esos extremos.

“Voy a poner un ejemplo que vi en la Vega, en la fortaleza donde hay 700 reclusos, entro a la cocina donde veo dos ollas grandes una con sardinas y otra con guineítos verdes, cuando pregunté si de ahí comería esa gran cantidad de personas, me respondieron que hacían poca porque ellos tienen sus negocios fuera del recinto donde los privados compran sus alimentos, eso es inaudito, ese viejo modelo penitenciario que sigue preservando ese tipo de corrupción y tráfico de influencia”; condenó Ulloa.

Advirtió que, “esas son las cárceles que yo vengo significando que veamos lo que sucede en Sur América, yo lo vi en Ecuador y Guatemala, como los sistemas penitenciarios son operados directamente por los carteles de las drogas”.

“Y aquí no nos estamos dando cuentas que estamos creando en las cárceles laboratorios del delito, que es el mismo concepto que está operando en las calles; por eso yo digo que no existe una política de seguridad ciudadana en el mundo que opere de espalda a las cárceles”, alertó el jurista.

Recordó que las cárceles son las instancias que dan las informaciones necesarias sobre el tipo de delincuentes que está teniendo una determinada sociedad.

“Esos privados de libertad te están diciendo porqué roban, matan, trafican, dónde lo hacen y bajo qué estructura, porque al fin y al cabo lo que pasó en la Vega, primero no fue que se suicidó, porque si se visita la celda en que guardaba prisión se puede observar que no hay forma para hacerlo, fue un asesinato, se habla que lo ejecutó el narcotraficante alias la J, y se habla de un conflicto que tenía ese sujeto con otro llamado Nino Come Mezcla”, precisó.

El Defensor del Pueblo recordó que alias la J fue quien amenazó a la procuradora general de la República Doña Mirian Germán Brito, pero resulta que dicen que la J está viviendo en España, lo que implica que el crimen organizado se está nucleando en 42 recintos que significa 25,000 personas

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Siete vinculados corrupción admiten acusación del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- Siete involucrados en hechos de corrupción administrativa admitieron la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra en el proceso judicial de la Operación Medusa, que tiene como principal implicado al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez.

Los acusados Carlos Augusto Guzmán Oliver, representante de la razón social Herrajes Rachel; César Nicolás Rizik Pimentel, los hermanos Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, Fausto José Cáceres Santerio, la empresa La Parasata Mercantil y Francisco Arturo Santos Gómez admitieron su culpabilidad luego de que cada uno arribara a un acuerdo con el Ministerio Público, mediante el cual colaborarán con el proceso.

El Ministerio Público entregó un ejemplar de los acuerdos al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoce la audiencia preliminar, así como a la defensa técnica de los acusados.

Al referirse al proceso, la fiscal Rosa Alba García Vásquez, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa(Pepca), dijo que “en base al acuerdo que hemos aportado, nosotros vamos a solicitarle a usted como juzgador que proceda a acoger el acuerdo pleno en virtud de las disposiciones de los artículos 363 y 364 del Código Procesal Penal, en razón de que los acusados han admitido los hechos presentados en la acusación depositada por el Ministerio Público en fecha 2 de julio de 2022, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles”, dijo García Vásquez en el tribunal.

El pasado mes de diciembre el Ministerio Público concluyó la presentación de la acusación solicitando al tribunal auto de apertura a juicio para 41 personas físicas y 22 razones sociales acusadas en este proceso.

Luego de los acuerdos, el Ministerio Público varió sus conclusiones iniciales respecto a los acusados Daniel Enrique Vásquez Féliz y Francisco Alberto Vásquez Féliz, para quienes pidió el cumplimiento de la pena de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.

Estableció para ambos acusados el cumplimiento de las siguientes reglas: “residir en un lugar determinado, en este caso el domicilio está consignado por escrito en el acuerdo aportado respecto de cada uno de los acusados y en caso de cambiar el domicilio que se ha establecido de manera escrita deberán de notificarlo de manera expresa, tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena que resulte apoderado para velar por el cumplimiento de las reglas”.

También, abstenerse de viajar al extranjero sin previa notificación a la autoridad judicial competente; abstenerse del porte de arma de fuego; abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas o drogas narcóticas y realizar 50 horas de trabajo comunitario; también la obligación de presentarse cada 60 días ante el juez o ante la autoridad que se designe para el cumplimiento de la pena”.

Para la razón social Divamor Group SRL el órgano acusador solicitó que la misma sea condenada al pago de una multa de RD$722,744.12, ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial y ordenar la cancelación de su registro mercantil.

El Ministerio Público también arribó a un acuerdo con el acusado Francisco Arturo Santos Gómez, pidiendo en virtud de ello, que el tribunal le condene a una pena, igualmente, de tres años de reclusión, bajo la modalidad de pena suspendida, bajo reglas.

Estableció para ambos acusados el cumplimiento de las siguientes reglas: “residir en un lugar determinado, en este caso el domicilio está consignado por escrito en el acuerdo aportado respecto de cada uno de los acusados y en caso de cambiar el domicilio que se ha establecido de manera escrita deberán de notificarlo de manera expresa, tanto al Ministerio Público como al juez de Ejecución de la Pena que resulte apoderado para velar por el cumplimiento de las reglas”.

En ese sentido, también estableció como reglas: abstenerse de viajar al extranjero sin previa notificación a la autoridad judicial competente; abstenerse del porte de arma de fuego; abstenerse del abuso de bebidas alcohólicas o drogas narcóticas y realizar 100 horas de trabajo comunitario; también la obligación de presentarse mensualmente ante el juez o ante la autoridad que se designe”.

De igual forma, solicitó que sea condenada la entidad comercial Rogama SRL al pago de la multa RD$722,744.31, ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano de las acciones de la entidad comercial, ordenar la cancelación de su registro mercantil y ordenar el decomiso a favor del Estado dominicano del bien inmueble identificado como 309510540944, matrícula número 3000248325, con una superficie de 1,500.28 metros cuadrados, ubicada en Santo Domingo, propiedad de dicha entidad comercial.

La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, también explicó que con Guzmán Oliver fue realizado un acuerdo pleno en el que se solicitó la imposición de la pena en el tribunal, mientras que con Rizik Pimentel un acuerdo penal parcial que va a conocerse la pena en el juicio.

“En el caso de Rizik, como él admite los hechos y solicita que se dicte auto de apertura a juicio, el juez al momento de examinar, puede dictar auto de apertura a juicio y nos veremos en el juicio”, detalló la representante de la Pepca.

Asimismo, dijo “que en el caso de Herrajes Rachel al juez le corresponde decidir si admite o no el acuerdo penal abreviado y en ese sentido puede establecer una condena”.

Además de Ortiz y García Vásquez, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Emmanuel Ramírez.

El órgano del sistema de justicia acusa al grupo de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Al ex procurador general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye dirigir el entramado de corrupción cuando estuvo al frente de la Procuraduría General de la República en el período del 2016 al 2020.

Además de Rodríguez Sánchez, el proceso se sigue contra Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público.

El órgano persecutor también acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, ex subdirector administrativo del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo.

Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la ex subdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.

Pasadas las 9:00 de la noche el juez Martínez dispuso el aplazamiento de la audiencia para las 9:00 de la mañana del próximo 15 de marzo.

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Corrupción: Mantienen prisión contra dos imputados en Operación Coral 5G

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y mantuvo la prisión preventiva como medida de coerción en contra del general Boanerges Reyes Batista y del capitán Franklin Mata Flores, imputados en la red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Coral 5G.

El tribunal formado por los jueces Nancy Joaquín, María Daneira García y Daniel Nolasco precisó en sus argumentos para rechazar la solicitud de variación de la medida de coerción que los presupuestos presentados por los imputados son insuficientes a los fines de variar la medida que fue confirmada en revisión.

Los magistrados también establecieron no haberse encontrado violación de índole constitucional en contra de los derechos fundamentales de los imputados, así como también calificaron la prisión preventiva como la medida idónea en la fase en la que se encuentra el proceso.

En la audiencia de este lunes participó el procurador adjunto y titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, quien estuvo acompañado de los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado.

Con las operaciones Coral y Coral 5G que involucran a imputados por corrupción administrativa, el Ministerio Público presentó cargos por ese delito contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

En la Operación Coral 5G, derivada de la Operación Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

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Soto Jiménez respalda reforma de la Policía y el desmonte «lacra de la corrupción»

Santo Domingo.- El ex secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado José Miguel Soto Jiménez, manifestó su pleno apoyo al proceso de transformación que ejecuta el Gobierno en la Policía Nacional, para desmontar  la estructura corrupta que históricamente controló a esa institución.

El gran estratega militar y hombre de Estado planteó que ya conocido el diagnóstico de la situación encontrada en la Policía, como lo reveló el comisionado para la reforma, José Vila del Castillo, toca ahora “curar a ese cuerpo” en favor de toda la entidad, y no del entramado corrupto denunciado.

“La Policía, en su mayoría, está compuesta por gente buena y muy capaz.”, declaró el alto rango militar en retiro.

El también historiador y escritor planteó la necesidad de integrar ahora  al proceso transformador desde el director general hasta el raso, todo para bien de la Policía y de la Nación.

Consideró adecuada la implementación del patrullaje por cuadrantes en el polígono central, lo que entiende debe estar acompañado de medidas para la disuasión del delito.

Soto Jiménez, quien inició su carrera en las Fuerzas Armadas a la edad de 17 años, afirma que la medida del gobierno ayudará a reducir la criminalidad común en los principales sectores del Distrito Nacional.

Desde el 16 de agosto de 2000 AL 16 de agosto de 2004, Soto Jiménez fue secretario de las FFAA, institución donde se formó académicamente.

Comandó todas las unidades de combate de acuerdo a sus respectivos rangos, desde pelotón, sección y destacamento, hasta brigada. Fue de los fundadores de la Unidad de Patrulla y Rescate, hoy conocida como la Unidad Contraterrorismo del MIDE (UCT-MIDE); también comandó el 16vo Batallón de Lanceros en El Seibo y el 6to Batallón de Cazadores del Ejército, en los cuales creó los cursos para oficiales de experto en operaciones de montaña.Desempeñó también una ardua labor como instructor e impulsor del sistema educativo en el nivel superior de las FFAA

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Corrupción: Buscan fusionar casos Coral y Coral 5G por tratarse de los mismos hechos

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho confió en que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional fusionará los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G, como solicitó el Ministerio Público, debido a que involucran los mismos hechos, personas e instituciones.

Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), se refirió al tema al responder a los periodistas que lo abordaron al concluir la audiencia la noche del viernes. “Entendemos que esta solicitud debe ser acogida por las razones siguientes: se trata de los mismos hechos, se trata de las mismas personas involucradas en ambos procesos Coral y Coral 5G, y se trata de las mismas instituciones”.

Recordó que “en ambos casos estamos hablando de la afectación de Cestur (Cuerpo Especializado de Seguridad Turística), del Cusep (Cuerpo de Seguridad Presidencial) y del Conani (Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia)”.

En ese sentido, el titular de la Pepca expresó “que no hay ninguna razón para que una solicitud de esa naturaleza, que ha sido realizada en derecho, sea rechazada”

Indicó que, incluso, lo que exige el Código Procesal Penal es que la solicitud de fusión no vaya a retrasar el proceso. “En este caso, contrario a eso, lo que sucede con Coral 5G, es que, en tiempo récord, en meses, este caso tiene una acusación y se podrá conocer la audiencia preliminar, por lo que esta solicitud que hace el Ministerio Público, repito, en derecho, debe ser acogida”, subrayó.

“Como he dicho, el Ministerio Público ya presentó la solicitud de fusión, varias defensas se refirieron, e incluso, algunas de estas defensas no se han opuesto a la solicitud del Ministerio Público, y esa debe ser la posición correcta cuando se hace exclusivamente en derecho”, dijo.

Deploró que los imputados pretendan seguir intentando retrasar el proceso. “Hemos iniciado el conocimiento de la audiencia de fusión y esta audiencia se ha iniciado a pesar de los intentos de las defensas por seguir retrasando el proceso, las cuales hicieron algunas solicitudes a las que el Ministerio Público se opuso y que fueron rechazadas por el tribunal”, manifestó.

En la audiencia, que por razones de espacio se celebró en la Sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el procurador adjunto Wilson Camacho representó al Ministerio Público junto a Miguel Collado, Melbin Romero, Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez.

En el transcurso de la audiencia la jueza de Instrucción Yanibet Rivas ratificó la decisión de rechazar la exclusión de los querellantes como solicitó la defensa del acusado Adán Cáceres y de otras que se adhirieron.

La magistrada Rivas aplazó la fusión de los expedientes y el inició de la audiencia preliminar para el próximo viernes 4 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez, la Pastora; el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En tanto que en la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados y cumplen medidas de coerción los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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Afirman empresas de Alexis Medina Sánchez operaban como un “verdadero pulpo”

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministerio Público afirmó este viernes que las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez, procesado por corrupción administrativa, operaban como un “verdadero pulpo” que enfocaba sus relaciones comerciales casi en exclusiva con el Estado dominicano que era dirigido por uno de los hermanos del procesado.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó el avance del proceso.

“En el día de hoy estuvimos viendo cómo el entramado de las empresas manejadas por Alexis Medina Sánchez funcionaba como un verdadero pulpo. Cómo estas empresas tenían relaciones comerciales casi en su totalidad con el Estado dominicano como único cliente, cómo estas compañías fueron creadas en su mayoría al asumir el poder Danilo Medina, y cómo el objetivo de las mismas era realizar estas contrataciones ilegales”, enfatizó.

Sostuvo que Juan Alexis Medina Sánchez salía y entraba de estas empresas como socio, accionista o representante “medalaganariamente”, con el objetivo de estar o no estar, dependiendo de la empresa estatal con la que se iba a contratar.

“Se evidenció también el vínculo que existía entre estas empresas, ya que de las transacciones comerciales se pudo observar cómo estas empresas se capitalizaban una a la otra con el objetivo de poder tener los ingresos que justificaran las contrataciones fraudulentas con el Estado dominicano”, subrayó.

Al referirse al proceso dijo: “vamos a buen ritmo. Ya para la próxima audiencia del lunes entendemos que culminaremos con las empresas que nos restan. Entraremos a la parte del financiamiento ilícito de campañas políticas y expondremos la calificación jurídica. Ya después de ahí lo que correspondería sería la presentación de las pruebas”.

Mirna Ortiz produjo sus declaraciones al hablar con la prensa luego de finalizada la audiencia de este viernes.

En respuesta a preguntas de los medios de comunicación s0bre la reciente denuncia del Ministerio Público en el sentido de que los imputados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez amenazaron a los fiscales, recordó que las amenazas se dieron en el contexto de la salida de la audiencia.

“Todo el que estuvo presente en ese momento, pues, pudo percatarse de cómo la imputada Carmen Magalys Medina Sánchez, al hacer mención en el relato fáctico de los hechos de corrupción cometidos por su esposo en apoyo a las acciones de Alexis Medina, entonces ella salió molesta, profiriendo insultos, diciéndonos a los miembros del Ministerio Público que la íbamos a pagar, que esto no se quedaba así… y situaciones de esa naturaleza”, detalló.

La procuradora de corte manifestó: “nosotros, tal y como dijo el magistrado Wilson Camacho (titular de la Pepca), no le tememos a estas insinuaciones ni a estas amenazas; somos fiscales de muchos años en estos temas y estamos listos para seguir combatiendo la corrupción como lo hemos hecho hasta ahora”.

Mirna Ortiz encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público durante la audiencia junto a Ernesto Guzmán, Héctor García y Yoneivy González.

El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, continúa conociendo la acusación del Ministerio Público.

En la audiencia de este viernes, celebrada por asuntos de espacio en la Sala del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, los representantes del Ministerio Público leyeron la acusación desde la página 832 hasta la 1,038, de unas 3,445 páginas que contiene el expediente.

El Ministerio Público acusa por el caso a Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

El proceso judicial también se sigue contra el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como de Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.

La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Por igual, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.

El Ministerio Público presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.

La acusación señala que la compañía General Supply Corporation S.R.L. incurrió en conductas ilícitas para cometer hechos de corrupción en el Ministerio de Obras Públicas y la Oisoe,  la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y en otras instituciones públicas, compañía Indica que la compañía General Supply Corporation S.R.L. con su accionar también afectó la libertad de empresa en cuanto se convirtió en un monopolio en algunas instituciones públicas por el tráfico de influencias y pago de sobornos a través de cheques emitidos por la misma, en la que la empresa resultó adjudicataria de bienes y servicios que rompieron todos los principios y normas de la ley de compras y contrataciones y su reglamento.

Específica que esta compañía utilizó y contrató profesionales tales como contables, para adulterar, falsear y omitir informaciones a los fines de cometer los hechos delictivos, lo que se conoce como PML, Profesional Money Laundry, profesionales del lavado de dinero.

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Advierten tomarán acciones judiciales contra acusados corrupción por amenazas contra fiscales

Wilson Camacho deplora conducta de los hermanos Juan Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho advirtió este lunes que el Ministerio Público “actuará en consecuencia” de reiterarse conductas amenazantes contra los fiscales por parte de los acusados Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, involucrados en el expediente por corrupción administrativa de la red desmantelada con la Operación Antipulpo.

“En este proceso el acusado Juan Alexis Medina Sánchez y la acusada Carmen Magalys Medina Sánchez han tenido algunas conductas tendentes a amenazar el Ministerio Público, a generar presión”, sostuvo Camacho, responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Le hemos advertido al tribunal que de eso reiterarse, actuaremos en consecuencia. Hasta ahora no lo hemos hecho asumiendo que esto podría ser parte del calor de la situación, pero en caso de que en lo adelante se realice alguna actuación que pueda parecer amenazante a funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, que es lo que hace el Ministerio Público al presentar la acusación, actuaremos en consecuencia”, enfatizó.

No obstante, dijo que ninguna actitud los va a amedrentar. “Nosotros estamos conscientes de que los excesos de valor, solamente se resuelven con más excesos de valor y que la actitud digna de un Ministerio Público que sea atacado, es ser más fiscal, y así lo haremos”, refirió.

Sobre la amenaza de los acusados, dijo “que, en una ocasión, y eso lo pudo ver todo el mundo, en una comparación que hizo Juan Alexis Medina Sánchez, se podían inferir contenidos amenazantes de lo que dijo y eso sucedió en el cese de la medida de coerción”.

En tanto que “los comentarios de Carmen Magalys Medina Sánchez sucedieron en la audiencia del pasado viernes, y por eso en el día de hoy hicimos la advertencia al tribunal”, indicó.

“Nosotros somos funcionarios en el ejercicio de nuestras funciones y a nosotros nada ni nadie nos va a detener ni va a hacer que flaqueemos en el ejercicio de las mismas. Nosotros seremos, cada vez, sin importar lo que pase, más fiscales”, dijo.

El titular de la Pepca se expresó en esos términos al hablar con la prensa en un receso de la audiencia preliminar que se conoce en el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que preside el juez Deiby Timoteo Peguero.

Sobre el proceso, dijo que hasta ahora han superado las 700 páginas de lectura. “Se han presentado de la acusación casi 200 páginas en el día de hoy, por lo que hemos avanzado enormemente”, dijo respecto al expediente que contiene unas 3,445.

Detalló que dentro de esa presentación han estado hechos vinculados a una institución pública, que es el caso de la Unidad de Electrificación Rural, así como varias empresas que son parte del entramado que fueron utilizadas para el lavado de activos.

El caso se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y la exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Carmen Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.

Ambos imputados, según el expediente, aprovecharon su vínculo familiar con el expresidente Danilo Medina para beneficiarse con recursos de los contribuyentes.

En la audiencia preliminar, que se reanudó a partir de las 2:30 de esta tarde, el juez Peguero continuará conociendo la acusación del Ministerio Público.

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Tribunal mantiene prisión para Jean Alain Rodríguez por corrupción administrativa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Al acoger este lunes un pedimento del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva para el procesado Jean Alain Rodríguez Sánchez, acusado de dirigir un entramado de corrupción administrativa cuando encabezó el Ministerio Público entre 2016 y 2020.

“El tribunal ha entendido lo que hemos expresado en este proceso, de que la Operación Medusa es un caso de corrupción sin precedentes en los países de la región y en la República Dominicana, evidentemente”, resaltó el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

“Se ha mantenido la medida de coerción y se ha mantenido porque hemos demostrado ante el tribunal que Jean Alain Rodríguez Sánchez ha tenido una conducta, desde antes de ser procesado, y durante todo el proceso y hasta el día de hoy, para procurar obstaculizar el mismo”, manifestó Camacho, al responder preguntas a los periodistas que cubren la fuente judicial.

Sostuvo que el acusado “busca evitar, en primer lugar, que fuera investigado y ahora que el proceso pueda avanzar”, al asegurar que la única medida de coerción que puede garantizar la presencia de Rodríguez Sánchez en el resto del proceso es la prisión preventiva, tal como lo ha entendido el tribunal.

Sobre la amenaza a testigos por parte del imputado, afirmó que “en el día de hoy aportamos al tribunal documentación sobre las presiones y amenazas que se han realizado a testigos, el Ministerio Público, y eso ha sido tomado en base para mantener la medida de coerción”.

“Nosotros no alegamos, nosotros lo que decimos lo probamos”, enfatizó, al indicar que Rodríguez Sánchez materializa sus amenazas por diversas vías.

Sobre los alegatos del imputado respecto a su salud, recordó: “Es que, como he dicho, como acabo de decir, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. En este tribunal, ni en ninguno de los otros tribunales, se ha presentado ninguna evidencia de una enfermedad grave y terminal, como establece el Código (Procesal Penal) para que se varíe la medida de coerción”.

Dijo que por eso el tribunal en el día de hoy ha fallado en base de lo que se le ha presentado, “no se le ha presentado presupuestos, se le presentó la información que aportó el Ministerio Público, el resto era documentación incapaz de ser utilizada como presupuesto para que se le variara la medida de coerción y es la razón por la que en derecho se ha mantenido la medida de coerción que es la solución jurídica que corresponde”.

Durante la audiencia, Camacho pidió mantener la medida de coerción privativa de libertad tras sostener que la gravedad de los hechos no ha variado, que se mantiene latente el peligro de fuga y por los esfuerzos del imputado para procurar obstruir el proceso.

Sostuvo que esas son razones más que suficientes para que el tribunal en derecho mantenga la medida de coerción consistente en prisión preventiva, al destacar que resulta proporcional a los hechos sobre los que se le acusa y el daño que debe ser resarcido.

Además, dijo que es la medida que asegura la presencia del acusado en la actual etapa del proceso en la audiencia preliminar y en las demás etapas posteriores.

Camacho representó al Ministerio Público junto a Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, durante la audiencia que por razones de espacio se celebró en la sala del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

El juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió acoger la solicitud del Ministerio Público para mantener en prisión al acusado que cumple la coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. 

Con la decisión del tribunal, el imputado y su defensa fallan otra vez en sus intentos por lograr la libertad como ha ocurrido en diferentes tribunales desde el inicio del proceso el pasado año. 

El juez Martínez fijó para el 17 de enero del año 2023, a partir de las 9:00 de la mañana, la próxima audiencia para la revisión obligatoria de la coerción.

El órgano persecutor acusa a Rodríguez Sánchez de dirigir un entramado de corrupción administrativa que fue desmantelado el pasado año con la Operación Medusa.

Los imputados del Caso Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

En este caso el Ministerio Público presentó una acusación mediante un volumen de 12,274 páginas, acompañado de más de 3,500 pruebas, incluyendo más de 400 testigos. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

Por el caso también cumplen prisión preventiva en el citado centro penitenciario, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Mientras que Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica.

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Ven fortaleza de acusación para enviar juicio a procesados del Caso Coral

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público destacó este martes la fortaleza de la acusación por corrupción administrativa instrumentada en el Caso Coral, al reafirmar que el expediente tiene todos los méritos para enviar a juicio a los procesados.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), valoró la fortaleza del expediente.

“La acusación es bastante fuerte y bastante robusta. En palabras del magistrado Wilson Camacho: la acusación está blindada”, dijo Ortiz a periodistas que la entrevistaron luego de finalizada una petición que hizo el coronel Rafael Núñez de Aza al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

En ese sentido, explicó que el acusado Rafael Núñez de Aza había solicitado al tribunal una designación de peritos, así como la entrega de una serie de informaciones.

“El Ministerio Público, que es garante del debido proceso, le establecía al tribunal que no se habían completado las formas requeridas por la norma procesal penal para que el tribunal pudiera acceder a dicha solicitud, toda vez que la solicitud de información de instituciones requiere de que previamente estas instituciones hayan negado la entrega de la información y esto no ha sucedido”, indicó.

Agregó “no se había hecho un requerimiento formal a esas instituciones y por eso el Ministerio Público solicitaba al tribunal que no fuera acogida la solicitud para que se cumpliese el debido proceso. No obstante, eso, la jueza (Yanibet Rivas) entendió que en ánimo de viabilizar el conocimiento del proceso pues podía ser otorgada esta solicitud de diligencia y así lo ordenó”, dijo.

Ortiz explicó que la magistrada Rivas dispuso la entrega de una serie de documentos que reposan en instituciones públicas para que puedan obtener las informaciones necesarias.

El tribunal fijó para el próximo 28 de octubre el inicio de la audiencia preliminar y la fusión del expediente de los casos Coral y Coral 5G.

“El Ministerio Público está listo desde el primer momento para iniciar el conocimiento de la audiencia preliminar; reconocemos el derecho de defensa que tienen las partes, este derecho debe ser ejercido de manera oportuna, y entendemos que con los plazos que ha fijado la jueza para la entrega y la resolución de estas diligencias pues estaremos listos para el conocimiento de la audiencia preliminar”, sostuvo.

La acusación de la Operación Coral involucra al mayor general Adán Cáceres Silvestre, a quien el pasado 26 de septiembre le fue confirmada la prisión preventiva que cumple en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres, en San Cristóbal.

Además de Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, el Caso Coral involucra también a Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), y al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), quienes también cumplen prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres, de San Cristóbal.

También al sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, con medida de coerción de garantía económica de 5 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien cumple prisión domiciliaria.

Mientras que por el Caso Coral 5G son procesados los generales Boanerges Reyes Batista (ARD), Julio Camilo de los Santos Viola (FARD) y Juan Carlos Torres Robiou (FARD), además del capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

Igualmente, fueron acusados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

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Wilson Camacho alerta tribunal sobre estrategias de defensas que procuran dilatar casos corrupción Coral y Coral 5G

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El procurador adjunto Wilson Camacho alertó este viernes al tribunal que conoce los casos Coral y Coral 5G que algunas defensas incidentan el proceso para dilatar su curso jurídico como una estrategia con la que luego persiguen el cese de la prisión preventiva que cumplen los imputados por corrupción administrativa.

“El Ministerio Público se ha mantenido vigilante, atento y dispuesto a colaborar con el proceso para que las defensas tengan acceso a todas las evidencias que hemos depositado en el caso Coral y Coral 5G”, destacó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Camacho se expresó en esos términos luego de que los abogados de los imputados solicitaran el aplazamiento de la audiencia para conocer la fusión de esos casos, a fin de tener más tiempo para estudiar el voluminoso expediente.

La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, acogió la solicitud  de las defensas y aplazó para el 28 de octubre la audiencia para conocer sobre la fusión de los casos de corrupción administrativa Coral y Coral 5G planteada por el Ministerio Público.

Camacho destacó que los fiscales se mantienen abiertos a que las defensas y los imputados conozcan las pruebas que acompañan el expediente.

“Hay algo que hay que tener claro en este proceso: hay nueve personas que están privadas de libertad, y seis de esas nueve personas, han manifestado al tribunal no tener ningún inconveniente con el acceso a las pruebas, es un tema que el Ministerio Público ha garantizado desde el primer día”, dijo a miembros de la prensa de la fuente judicial cuando le respondía preguntas sobre este proceso por corrupción administrativa.

Agregó que, de los otros tres casos, una de ellas, incluso, también, admitió en el tribunal que tiene su propia computadora personal y que en consecuencia ha estado accediendo a las pruebas.

No obstante, Camacho detalló que el tribunal ha querido que los otros dos acusados ingresen sus computadoras personales al centro. “Este es un tema al que el Ministerio Público en ningún momento se ha opuesto porque nuestro caso no depende de si la defensa revisa o no revisa la gran cantidad de evidencias que ha presentado el Ministerio Público en este proceso, ese es un proceso blindado, y eso en modo alguno, afecta la fortaleza del mismo”, expresó.

Manifestó que “lo que sí nosotros le hemos advertido al tribunal es que estos planteamientos de las defensas, en muchos casos procuran dilatar el proceso, pretendiendo utilizarlos cuando avance el tiempo para querer luego que estas cuestiones surtan efecto a su favor con relación al cese de la prisión preventiva”.

En la audiencia participó, citado por el tribunal a instancia de una barra de defensa, el titular de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), Roberto Hernández Basilio, quien expuso sobre los derechos de los privados de libertad.

Con las operaciones Coral y Coral 5G el Ministerio Público presentó cargos por corrupción administrativa contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, imputadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.

El entramado de corrupción operó en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

Entre los imputados de la Operación Coral figuran el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz, así como el mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón Jiménez.

En la Operación Coral 5G, derivada de la Coral, fueron arrestados los generales Juan Carlos Torres Robiou (FARD), Boanerges Reyes Batista (ARD) y Julio Camilo de los Santos Viola (FARD), así como el capitán de navío ARD, Franklin Mata Flores, y José Manuel Rosario Pirón.

En el caso también están implicados Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán y Esmeralda Ortega Polanco.

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