POR ORION MEJIA (orion_mejia@hotmail.com).-
La ministra de Salud de Haití atribuye a un error de redacción en un informe oficial la afirmación de que en República Dominicana hay fiebre aviar, pero no explica las razones que sirvieron de base para prohibir el ingreso de pollos y huevos al mercado haitiano. Eso es como admitir que se aplica una medida no arancelaria de restricción comercial, lo que está sancionado por la Organización Mundial de Comercio.
A pesar de que esa veda no está sustentada en asunto sanitario ni se consultó a organismos internacionales vinculados con la salud pública o el comercio, no son pocos los ¿dominicanos? que afirman, a través de medios de comunicación, que las autoridades haitianas ejercieron un derecho soberano.
Resulta que el comercio internacional está regido por normativas en las cuales se procura penalizar prácticas desleales de comercio como la que ha afectado a las exportaciones de aves y huevos de mesa de República Dominicana.
El sacerdote jesuita Regino Martínez, tan activo cuando se trata de presionar por el ingreso masivo de indocumentados, guarda hoy cómplice silencio ante una medida de carácter mafioso que afecta a miles de trabajadores y pequeños empresarios dominicanos y haitianos.
He escuchado a comentaristas de radio y televisión decir que es verdad que aquí tenemos fiebre aviar, pero que las autoridades lo ocultan, miserable manera de expresar ignorancia y de ofender al gentilicio dominicano ante una agresión inmerecida.
Sentí una mezcla de rabia e impotencia cuando el Gobierno anunció la integración de una comisión del más alto nivel, integrada por tres ministros, dos embajadores y un director general, para diligenciar en Haití la revocación de esa prohibición. Los comisionados tuvieron que esperar por más de media hora a sus pares haitianos, quienes solo les dijeron que eso solo puede decretarlo el Consejo de Ministros.
Esa fue una respuesta engañosa y burlona, pues la prohibición fue dispuesta por instancias inferiores de los ministerios de Salud e Industria y Comercio, por lo que la delegación nacional tuvo que retornar literalmente con el rabo entre las piernas, como era previsible, lo que indica que nunca se debió enviar a Haití a una comisión de ese nivel, que lo más que debía estar integrada era por el embajador en Puerto Príncipe y el director del CEI-RD.
No importa que hoy mismo se revoque esa veda, el Gobierno debe asumir tan amarga experiencia y encaminar esfuerzos de política pública a los fines de que no se repita otra afrenta similar, sustentada en excesivos poderes de grupos mafiosos haitianos que para lograr una millonada en prácticas desleales de comercio ponen en peligro las buenas relaciones entre República Dominicana y Haití.