Asimismo, las propuestas contemplan la creación de una ley adjetiva que determine el régimen de bienes, y la disolución en el caso de las uniones libres que ya tiene categoría constitucional, además el establecimiento definitivo de la figura del Juez de Ejecución Civil, para evitar las arbitrariedades en los casos de desalojo o ejecución de embargos garantizando el cumplimiento de la Constitución y los derechos fundamentales.
La comisión estuvo presidida además del reverendo Fidel Lorenzo Meran, el asesor legal de la entidad Manases Sepúlveda y Juan Bolívar, representante de Junta de directores de la entidad. La misma entregó al doctor Mariano German y a su equipo de asesores, el documento para que alto tribunal, las pondere y así lograr que la comunidad evangélica del país contribuya con la labor del Poder Judicial.
Las propuestas van en la dirección de reglamentar para que las iglesias evangélicas tengan una mayor accionar en la resolución alternativa de conflictos, así como la supervisión y vigilancia de individuos a los que se les han impuesto medidas de coerción.
También que la Suprema Corte de Justicia haga uso de su poder reglamentario, para que las iglesias evangélicas puedan asistir en caso de que los jueces así lo requieran, a ciudadanos a los que se les han impuesto medidas de coerción y que estos puedan ser supervisados periódicamente, como lo establece el artículo 226 del código procesal penal.
También en las medidas de coerción en los casos de violencia intrafamiliar, las iglesias evangélicas puedan intervenir en el seguimiento espiritual y orientación profesional a las parejas envueltas, como forma de tratar integralmente, no sólo con el hombre o la mujer agresora, sino también a los hijos.
Respecto a las uniones consensuales CODUE entiende que a falta de ley adjetiva no se sabe cuál régimen matrimonial aplicarle a este tipo de unión para su disolución (porque no se puede decir divorcio ya que no es un matrimonio) de cómo se le aplicaría en el momento de una partición de una partición.
Finalmente entre las propuestas figura el establecimiento definitivo de la figura del Juez de Ejecución Civil, para evitar las arbitrariedades en los casos de desalojo o ejecución de embargos, ya que las iglesias evangélicas reciben constantes quejas en comunidades respecto a la forma en que se llevan a cabo las ejecuciones civiles, por lo que es imperativo el funcionamiento de este juez y establecer un reglamento para normar la forma en que deben ejecutarse las sentencias y títulos ejecutorios.
CODUE entiende que es potestad jurisdiccional y administrativa de los jueces, la forma de ejecución de una sentencia o título ejecutorio con el auxilio de la fuerza pública, no del ministerio público, por lo que la resolución 14379, elaborada por la Procuraduría General de la República de fecha 11 de noviembre del año 2005, para el otorgamiento de la fuerza pública es inconstitucional.