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Sobre el traspaso de mando de las autoridades municipales

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

El próximo 24 de abril se celebrará en nuestro pais El Dia de los Ayuntamientos, fecha en la que producirá el relevo o cambio de mando de las autoridades municipales.

 Hemos observado que en pasadas elecciones municipales, muchos alcaldes, alcaldesas y regidores que no fueron favorecidos nuevamente con el voto popular, abandonaron sus despachos y sus funciones, perdieron el contacto con la gente, se olvidaron hasta de recoger la basura, dejando sus municipios totalmente abandonados.

Esta actitud, además de ser una irresponsabilidad y un irrespeto a los munícipes que lo eligieron, constituye una flagrante violación a la ley, un acto delincuencial, lo que conlleva la acción de la justicia, porque hay que cumplir con  las funciones asignadas hasta el último minuto. Ojalá que estas amargas experiencias no vuelvan a repetirse esta vez.

Se olvidaron de que fueron electos por cuatro años, que sus funciones culminan este 24 de abril, a las 10 de mañana, momento preciso en que se realiza el traspaso de mando entre las autoridades salientes y entrantes.

Cuando no se logra retener una posición electiva, se debe respetar la institucionalidad establecida constitucionalmente, sirviendo hasta el último minuto. Esta es una excelente oportunidad para demostrarle a la ciudadanía su verdadera vocación de servicios. El funcionario se valora cómo termina, no como comienza.

Se debe entender que el mundo no termina ahí, que vendrán nuevas jornadas, que hay que aprender de los errores cometidos; reflexionar por qué los munícipes no lo favorecieron con sus votos; en qué se ha fallado, cuál fue su nivel de participación, cuáles fueron sus reacciones ante las demandas que se les hicieron, si  se actuó con humildad, o por el contrario, se actuó con prepotencia, arrogancia y engreimiento; si la posición fue utilizada para servir a la sociedad o para servirse de ella, etc. Para cada una de estas interrogantes, de seguro que se tendrá una respuesta satisfactoria.

Ya hoy en día, para ser alcalde, la primera condición que él o la aspirante a esa posición debe reunir, es que sea una persona con capacidad gerencial, tener amplios conocimientos sobre las normativas vigentes, tales como: ley 176-07 de los ayuntamientos, la 170-07 de los presupuestos participativos municipales; la 340-06, sobre compras y contrataciones públicas; la 423-06 de Presupuesto General del Estado; la 6-06 de Crédito Pública, entre otras.

Debe ser una persona austera y no manejar los recursos públicos alegremente. Tener presente que la sociedad los está vigilando; ser transparente, informar oportunamente sobre el manejo de los fondos públicos a los órganos de control.

Si concluyen bien su gestión municipal, es posible convertir la derrota en victoria, pues se retiran con la frente en alto y podrían volver aspirar, pues cuatro años transcurren rápidamente. Si se termina mal, difícilmente se pueda lograr el favor del pueblo, que es el soberano. Cuando no se es favorecido por el voto popular, se debe ser más eficiente, transparente y dejar todo bien organizado, para que el nuevo incumbente encuentre todo en orden: reparar todos los informes, los estados financieros.

Además, el estado de ejecución presupuestaria; tener un control absoluto de todos los compromisos e impuestos por pagar; las cuentas por cobrar; preparar un inventario de todas las propiedades y bienes del ayuntamiento, tales como: maquinarias, equipos pesados y de transporte; inmuebles, muebles y equipos de oficina; una relación de todos los contratos formalizados y legalizados; que todos los balances de las cuentas por pagar y de las cuentas bancarias estén conciliados; que los cheques tengan todos sus soportes, que las documentaciones estén bien protegidas  y organizadas; preparar una memoria de toda la gestión municipal.

Los nuevos incumbentes, al momento de iniciar sus funciones, deben proceder a confirmar que todos los documentos que soportan la situación encontrada, son coherentes con la realidad; se deben verificar los compromisos pendientes por pagar y que estén correctamente soportados. Se deben conformar las comisiones de transición para el traspaso de mando; jamás se deben poner obstáculos a las nuevas autoridades. A estas hay que suministrarles todas las informaciones que sean requeridas.

Durante la transición, no se deben asumir compromisos de deudas, ni tomar decisiones que afecten o comprometan la gestión de las próximas autoridades, tales como: aumento de sueldos, compra de maquinarias y equipos; realizar nuevas concesiones o contrataciones; préstamos, ventas de solares, áreas verdes y espacios públicos; cobros de arbitrios sin recibos legítimos; no otorgar permisos para la instalación de estaciones de combustibles, así como la creación de deudas ficticias por operaciones fraudulentas.

Se debe actuar con prudencia y aferrado a la ética pública, preservando y conservando el patrimonio municipal, con lo que se estaría contribuyendo con la buena gobernanza. Nunca actuar como en otrora, que se procedía a vender los equipos, los bienes e inmuebles, así como a desaparecer o incendiar las documentaciones, con tal de no dejar huellas de las malas prácticas administrativas y financieras.

Cuando rendimos cuentas, contribuimos con el fortalecimiento institucional, con la transparencia, con nuestra democracia, pero sobre todo, con la municipalidad, tal como lo soñó el fundador de nuestra nacionalidad, el patricio Juan Pablo Duarte.

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com

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La Alianza opositora Rescate RD no importantizó el poder legislativo

 Por Alfredo Cruz Polanco (*)

El patricio Juan Pablo Duarte Diez concibió el poder municipal como el primer poder del Estado Dominicano, sin embargo, el artículo 4 de la actual Constitución de la República establece la organización política y jurídica del Estado, la cual se divide en tres Poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Dentro de la jerarquía constitucional, el Legislativo constituye el primer poder del Estado.

El sistema democrático de un país y su gobernanza se fortalecen cuando los poderes del Estado están distribuidos y dirigidos por diferentes partidos políticos, ya que de esta manera se produce un verdadero equilibrio político. Cuando dichos poderes están concentrados en un solo partido, el gobernante, esto representa un verdadero peligro para el funcionamiento de la democracia y para la institucionalidad del país, pues prácticamente se genera una cuasi dictadura. 

Independientemente de las razones que prevalecieron para la conformación de la denominada Alianza Rescate RD, parecería que sus líderes no le dieron la connotación ni la importancia que amerita el Poder Legislativo en estos tiempos. Todavía se está a tiempo, si existe una verdadera voluntad política de colocar los intereses del país por encima de los personales y partidarios, firmando un “pacto de caballeros” para tratar de obtener el control del primer poder del Estado Dominicano.

Todo parece indicar que no se previó que las elecciones congresuales a celebrarse el próximo 19 de mayo, serán cruciales y trascendentales para nuestro país, porque cualquiera de los candidatos que sea electo presidente de la República, tendrá que someter al Congreso Nacional una Reforma Fiscal Integral de inmediato, ya que la misma está contemplada en la Ley 1-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, la cual ha sido postergada por todos los gobiernos anteriores.

Dicha alianza debió contemplar desde el principio la obtención de la mayoría de escaños, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados para poder tomar las decisiones más apremiantes y atinadas sobre dicha reforma, obligando al gobierno a tomar las decisiones que beneficien al país y a los sectores más desposeídos de la sociedad. Para ello se debió conformar una alianza monolítica en el Distrito Nacional y en las 31 provincias del país, sobre todo, en las de mayor población.

Lamentablemente en siete provincias, entre ellas Santiago de los Caballeros y San Cristóbal, los partidos que conforman la misma llevan candidaturas individuales, que para poder competir y triunfar sobre las candidaturas oficialistas de dichas provincias, por la gran cantidad de recursos que el gobierno les está otorgando, tendrán que emplearse muy a fondo. De no lograr dicha alianza una mayoría congresal, la Reforma Fiscal será aprobada por debajo de la mesa en el Congreso Nacional. La misma tendrá un alto costo económico y social para el país en el futuro inmediato y probablemente, también, un alto costo político para los partidos de la llamada Alianza Rescate RD. Ojalá esté equivocado.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex diputado al Congreso Nacional.

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Desempeño de la alianza Rescate RD en las pasadas elecciones municipales

Por Alfredo Cruz Polanco.-

En estas humildes reflexiones, luego de los resultados que se obtuvieron en las elecciones municipales del pasado 18 de los corrientes, no pretendemos hacer leñas del árbol caído, pero si hacer algunos señalamientos del rol desempeñado por la alianza Rescate RD en dichos comicios, los cuales pueden resultar de gran utilidad para las próximas elecciones presidenciales y congresuales a celebrase el 19 de mayo, si es que los partidos de oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), el de la Fuerza del Pueblo (FP) y el Revolucionario Dominicano (PRD) pretenden concurrir aliados a dicho certamen electoral.

En la victoria nadie se detiene a analizar y a buscar las razones del triunfo. Es en la derrota que siempre surgen las siguientes interrogantes tratando de buscar las posibles razones y sus causas: ¿Qué se hizo mal?, ¿qué cosa había que hacer y no se hizo?, ¿en qué se falló?, ¿quiénes fallaron o no cumplieron sus obligaciones y responsabilidades?, ¿por qué no se hizo?, ¿qué faltó por hacer?, ¿cuáles fueron las razones para que no se hiciera?, etc.

Lo primero que queremos expresar es que dicha alianza, por la forma como esta se concibió, desde el principio lució muy desarticulada y destemplada, tímida y débil, por lo que no inspiró confianza ni credibilidad en los propios actores ni en la militancia de los partidos que la conformaban. Por la falta de visón, celos políticos o intereses particulares presentes, no se le prestó atención a las provincias y a los municipios más importantes y de mayor votación; no se motivó a los jóvenes y a los nuevos votantes para que ejercieran el voto, que son la mayoría del padrón electoral; esta no mostró capacidad de movilización de los electores para que ejercieran el sufragio, algo vital en una elecciones, de ahí que a quien más afectó la gran abstención manifestada en estas elecciones fue a la propia oposición; la acostumbrada “logística” que en otrora siempre estuvo presente, esta vez brilló por su ausencia. En cambio, esta fue muy notoria, y excesiva en el partido oficial y en sus aliados.

En términos generales dicha alianza no se preparó para estas elecciones municipales, subestimando a un partido en el poder, con tantos aliados y con recursos económicos a borbotones como el PRM. Aun con las debilidades presentadas, esta pudo salir airosa en muchos importantes municipios y distritos municipales del país, si se hubiese fortalecido y cohesionado para enfrentar a un partido oficial que se preparó y unificó con el objetivo de hacer lo que fuera necesario para derrotarla. En muchas provincias y municipios cabeceras esta se mostró muy confiada y con un gran triunfalismo, pero no hizo lo que tenía que hacer para ganar. 

Las elecciones municipales no atraen a una gran cantidad de votantes como las presidenciales. En todos los países se produce una gran abstención, sobre todo, cuando se escogen a candidatos impopulares y cuestionados. En las pasadas elecciones la abstención fue cerca de un 53%. Aunque en definitiva los resultados arrojados en las pasadas elecciones municipales no serán totalmente determinantes para las presidenciales y congresuales de mayo próximo, impactarán sobre ellas, por la percepción que estos produjeron y en razón de que solo restan 85 días para su celebración. Hay que recordar que en las elecciones congresuales de mayo año 2002, el PRD obtuvo 29 senadurías, sin embargo perdió las elecciones presidenciales del 2004. Algo similar puede volver a ocurrir si se deponen ciertas actitudes intransigentes.

Si en verdad se pretende romper con esta percepción y evitar un triunfo del PRM en primera vuelta, se debe conformar una verdadera y sincera alianza estratégica urgente en todas las provincias para las próximas elecciones. Para ello se deben colocar los intereses del país por encima de los particulares y partidarios. La misma debe ser sellada mediante un acto masivo, similar al que celebró el Frente Patriótico en 1996. Una segunda vuelta le permitirá a la alianza 45 días adicionales de campaña. Si hay que sacrificar algunas candidaturas se debe hacer.

En caso de que dichos partidos persistan en concurrir cada uno por separado a dichas elecciones, sería la crónica de una muerte anunciada. No se debe correr el riesgo de que habrá una segunda vuelta. No hay tiempo que perder.

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Aspectos ser considerados en la próxima reforma fiscal

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En este año que se inicia serán celebradas las elecciones municipales, presidenciales y congresuales. Independientemente de quien resulte el presidente y el partido ganador, obligatoriamente tendrá que someter una reforma fiscal integral, la cual está incluida en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, y que por el costo político que esta representa, la misma ha sido postergada por los últimos gobiernos.

Dicha reforma no debe aprobarse solamente para detectar nuevas fuentes que aumenten las recaudaciones fiscales, como ocurrió en otrora. Esta vez deben ser corregidas todas las distorsiones, eliminados todos los privilegios e injusticias existentes, pues este país cuenta con uno de los sistemas fiscales menos equitativo, más desproporcionado e injusto de todo el área. Se debe tratar que los sectores de mayores ingresos sean los que más contribuyan al fisco, no los menos pudientes y vulnerables, como viene sucediendo, que son los que más contribuyen con el pago de los impuestos indirectos.

Además de una gran inflación, de una gran deuda social acumulada, el país tiene una deuda pública consolidada ascendente a unos 75 mil millones de dólares, la cual absorbe casi la totalidad del Producto Interno Bruto (PIB), con una presion fiscal de apenas un 14%. Se deben eliminar la mayoría de las exoneraciones, exenciones y privilegios que hace años benefician a varios sectores de nuestra economía, que ya no tienen razón de existir, como los de zonas francas, turismo, generadores eléctricos, minería, entre otros, pues hoy disfrutan de cierta estabilidad económica, financiera y de grandes beneficios. Por estas razones el Estado deja de percibir casi 300,000 mil millones de pesos anuales, equivalente al 4.5% del PIB. El Gobierno no puede continuar perjudicando a un sector de la población para privilegiar a otros sectores poderosos,

La esperanza de vida de los dominicanos promedio es de 72 años, por lo que a las personas con 65 o más años de edad, que posean un certificado de ahorros en una institución financiera, deben ser exoneradas del pago del 10% de impuestos, siempre que no dispongan de un seguro médico, que no reciban una pensión del Estado dominicano ni de otro país, pues con los intereses que generen, tratarán de cubrir los gastos necesarios para los últimos años de su existencia, principalmente los relativos a la salud, ya que el país no dispone de un sistema eficiente de seguridad social que las proteja.

Debido al alto costo de la canasta familiar, de los servicios básicos, sobre todo, los de salud, se debe establecer un límite para la exoneración de dichos impuestos hasta los RD$150,000.00 (ciento cincuenta mil) pesos mensuales de ingresos por intereses, pues es con lo único que cuentan para su sustento y atenciones médicas, lo que les permitirá una vejez más digna. Dicha exoneración es justa y necesaria

Otras de las tantas medidas a ser consideradas son: la eliminación del anticipo del impuesto a las utilidades del año próximo, pues ya no tiene razón de ser; establecer las facturas electrónicas, disminuir y castigar las evasiones fiscales, ampliar la escala salarial del impuesto sobre la renta para los empleados de mayor ingreso. Este es un tema de interés para nuestros legisladores y para las autoridades del sistema financiero dominicano. Esperamos estas humildes sugerencias sean consideradas en la próxima reforma fiscal.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex diputado al Congreso Nacional y Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República 2010-2016.

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Desprotección, abusos y violaciones de las ARS

Por: Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En todos los países del mundo, sobre todo, los que están en vías de desarrollo, la seguridad social es uno de los aspectos más importantes que deben tomar en consideración los gobiernos de turno, dado el alto nivel de insalubridad que afecta a los sectores sociales más vulnerables, debido el alto costo que representa utilizar los servicios de la salud privada.  

Desgraciadamente ninguno de los aspirantes presidenciales ni congresuales incluyen en sus discursos de campaña cómo piensan enfrentar y resolver los graves problemas de la seguridad social de nuestro país.

 La ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) es la No. 87-01, de fecha 9 de mayo del año 2001. Esta debe ser revisada y modificada urgentemente para que se aplique correctamente y se corrijan las debilidades, las distorsiones, el abuso, las violaciones e irregularidades que vienen cometiendo todas las Administradoras de Riegos de Salud (ARS) desde hace muchos años, sin que el Congreso Nacional, el Ministerio de Salud y la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), institución responsable de velar por el fiel cumplimiento de la misma, tomen medidas oportunas para corregir las mismas y exigir su fiel cumplimiento.

Una muestra de las tantas irregularidades y violaciones a la Ley 87-01 y al sistema de la seguridad social cometidas por las ARS, lo constituye el rechazo de estas a todos aquellos medicamentos que contienen algún componente natural, hormonal, etc., pero que son indicados por médicos especialistas para curar ciertas enfermedades, sin importar que estos sean para pacientes terminales.

En ninguno de sus artículos dicha ley contempla que estos productos sean restringidos. Tampoco lo contempla el Decreto No. 665-12, que establece el Reglamento para la Prescripción y Dispensación de Medicamentos Ambulatorios en el SDSS. Esto constituye una injusticia, un abuso y una violación a los derechos humanos.

Consideramos que cualquier medicamento que sea indicado por un médico autorizado para ello, que tenga por finalidad curar una enfermedad o dolencia, independientemente de su contenido, debe ser autorizado por todas las ARS, pues el paciente no es responsable de lo que el médico lo indique, siempre que no sea para fines estéticos ni dietéticos.

Son muchas las quejas y los disgustos que sufre una persona cuando va a las farmacias autorizadas para la dispensación de medicamentos a adquirir los productos indicados en su receta y le informan allí que los mismos no son cubiertos por su ARS, ya que están catalogados como naturales. Esto crea una gran indignación, pues además de pagar un alto costo a su ARS, hay que buscar recursos extras para adquirir los medicamentos que no son cubiertos.

El Articulo 158 de la Ley 87-01 se refiere a las irregularidades cometidas, de la manera siguiente: “Cuando el seguro Nacional de Salud (SNS) o una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, privada o mixta, se encuentren en una situación técnica, financiera o administrativa que no garantice su adecuado funcionamiento o incurriese en infracciones graves que pudieran lesionar los intereses de los derechohabientes y/o afectar las políticas de seguridad social y los objetivos generales del SDSS, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales podrá intervenirla y adoptar los correctivos según la gravedad del caso”. Ojalá que esta situación se resuelva.

(*) El autor es Contador Público Autorizado y ex diputado al Congreso Nacional.

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Crisis de la Cámara de Cuentas: Debilidad de nuestras instituciones públicas

Por Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

La grave crisis de confianza, credibilidad, de imagen y desprestigio por la que atraviesa la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) desde hace muchos años, refleja la gran debilidad institucional que afecta a este y otros órganos del sistema nacional de control.

La CCRD es el órgano superior del sistema nacional de control de la fiscalización externa y auditoria de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Sus miembros son escogidos por el senado de la República de las ternas suministradas por la Cámara de Diputados, luego de ser evaluados y entrevistados por una comisión escogida para estos fines. Es la única institución del sistema de fiscalización facultada constitucionalmente para emitir una resolución que puede servir de base para el sometimiento a la justicia a los funcionarios por distracción y malversación de los recursos públicos.    

El pleno de miembros de la actual CCRD, fruto de una serie de conflictos, irregularidades, desaciertos, prudencia, falta de autoridad, de gerencia; enfrentamientos y acusaciones entre ellos, ha sido objeto de fuertes críticas, interpelaciones y de una solicitud para un juicio político por el Congreso Nacional. Para ello se requiere de las 2/3 partes de los miembros de la matrícula de diputados, pero debido a que las bancadas de los partidos mayoritarios allí presentes están muy divididas en torno a este propósito, difícilmente este juicio se pueda realizar.

No obstante el Congreso Nacional, buscando una solución salomónica a la grave crisis por la que atraviesa la CCRD, decidió prácticamente al vapor, sin ni siquiera estar contemplado, conocer y aprobar en dos lecturas consecutivas las modificaciones a la Ley 10-04, que rige la actual Cámara de Cuentas de la República. Entre las modificaciones que se le hicieron se encuentran: el presidente del órgano fiscalizador será escogido por cuatro años en vez de dos; que las auditorías realizadas sean revisadas y autorizadas por un organismo internacional, entre otras.  

Como no habrá juicio alguno contra los miembros del pleno de la CCRD, estos continuarán en sus funciones para las que fueron escogidos. Tal vez, el presidente de esta institución, dado los conflictos que se han originado en torno a su figura, sea el único que sea removido a otra posición, con lo que se demuestra una gran debilidad institucional en ese poder del Estado dominicano.

Otro caso de una gran debilidad institucional, que tiene que ver con este órgano fiscalizador de los recursos públicos, que aún permanece en vilo y en silencio, lo constituye la ejecución del embargo forzoso que la Procuraduría General de la República realizó a la gestión de la CCRD por el periodo 2016-2020, en el que se utilizó una parafernalia con la fuerza pública, incautando equipos tecnológicos y documentos oficiales. En toda la historia republicana de nuestro país, no se tenía un precedente de esta naturaleza, en que un poder del Estado, como la Procuraduría General, utilizando la fuerza pública, actuara en contra de la institución superior de la fiscalización externa de los recursos públicos.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, ex diputado al Congreso Nacional y miembro de la Cámara de Cuentas 2010-2016.

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Las cacareadas auditorías de la Contraloría General de la República                                          

 Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En los últimos días se han dado a conocer con bombos y platillos, 18 auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a diferentes instituciones públicas, por el periodo comprendido entre el 1 de septiembre del 2020 al 31 de diciembre 2021. En ellas se dan a conocer una serie de irregularidades administrativas, vicios y violaciones a los controles internos, a la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas; actos de corrupción administrativa y de colusión; pagos de obras no realizadas, distracción y malversación de fondos públicos, entre otras, ascendentes a cientos de millones de pesos, por lo que se espera se aplique un régimen de consecuencias para cada uno de los implicados por parte del Ministerio Público.

Es necesario señalar que el Sistema Nacional de Control y Auditoría está conformado por cuatro elementos: el Control Externo o posterior, que es el que realiza la Cámara de Cuentas de la República (CCRD), de acuerdo a la Ley 10-04; el Control Interno o previo, es el que realiza la CGR según la Ley 10-07, para verificar si las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) establecidas por esta en una institución pública se están aplicando correctamente, de lo contrario, aplicar las medidas correctivas y las responsabilidades correspondientes en cada caso; el Control legislativo o político, el que realiza el Congreso Nacional, en su rol de fiscalizar, legislar y representar a las comunidades; y el Control Social, que lo realiza la llamada sociedad civil, que es el más eficiente y efectivo. De todos ellos solo el Contralor o Contralora General de la República, es designado por el Presidente de la República, de ahí su relación de dependencia del ejecutivo, por lo que está obligado a cumplir sus instrucciones.

La publicación de dichas auditorías en el preciso momento que la CCRD atraviesa por una gran crisis institucional, de prestigio, confianza y credibilidad, cuyos miembros directivos están siendo investigados, corriendo el riesgo de ser sometidos a un juicio disciplinario por el Congreso Nacional.

 Todo parece indicar que la publicación de las mismas obedece a un plan del Presidente de la República, procurando dar un golpe de efecto político sobre una supuesta transparencia y persecución a la corrupción administrativa en el manejo de los recursos públicos, ya que no es costumbre ni se estila que dichas experticias, que son de consumo interno, sean publicadas. Esto solo le corresponde hacer a la CCRD, a través de una resolución del pleno de miembros, que como órgano superior del sistema de control y fiscalización externa de los recursos públicos, puede servir de base para el sometimiento a la justicia de los funcionarios que violenten las leyes.

Constituye un adefesio, una falencia y aberración lo expresado por el vocero de la presidencia de la República, señor Homero Figueroa y de todos los que como él han opinado, de que “las irregularidades y violaciones encontradas en dichas auditorías son simplemente administrativas, procedimentales y subsanables, que la mayoría de ellas ya han sido corregidas y otras están en proceso de hacerlo”, tratando con ello, “querer tapar el sol con un dedo”. Las responsabilidades a ser aplicadas a esas graves faltas encontradas deben ser civiles y penales, según los artículos 48 y 49 de la Ley 10-04, de la CCRD. Estas solo se corrigen devolviendo al Estado los recursos distraídos y sustraídos por los funcionarios implicados, a través de su sometimiento a la justicia.

Por dichas irregularidades el Presidente de la República tendrá que destituir a dichos funcionarios y permitir que estos sean sometidos a la justicia por el Ministerio Publico. Si no lo hace así, le hará un flaco servicio a la lucha por la transparencia, a la persecución de la corrupción administrativa y al fortalecimiento institucional, por lo que esta bandera que tanto se viene cacareando, no será otra cosa que «buche y plumas no más” y el propio Ministerio Público tampoco estaría actuando de forma independiente.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, exmiembro titular de la Cámara de Cuentas de la República (2010-2016) y diputado al Congreso Nacional (2002-2006).

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Deuda pendiente con los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo

  Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Estas reflexiones fueron publicadas hace varios años en este periódico, pero por su gran importancia, las he querido repetir en esta memorable fecha, sobre todo, porque estos acontecimientos no son recogidos ni tratados por nuestro sistema educativo, pues ninguno de los pasados ministros de educación han mostrado interés ni preocupación para que las presentes y futuras generaciones los conozcan. Desgraciadamente a esta indiferencia se debe, a que después del ajusticiamiento de Trujillo y de ser decapitada su dictadura, hoy la Junta Central Electoral haya decidido resucitarlo, con el reconocimiento del Partido Esperanza Democrática, presido por José Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador, cuyo nombre es de funesta y nefasta recordación, pues todavía están abiertas las heridas, provocadas por las crueles y sanguinarias órdenes de fusilamiento y desaparición de los que ajusticiaron al tirano, impartidas por su hijo Ramfis Trujillo.   

El 14 y 20 de este mes de junio se cumplen 64 años del arribo a nuestro país por Constanza, Maimón y Estero Hondo, desde Cuba, de los miembros de la expedición armada conocida como la “Raza Inmortal”, cuyo objetivo era derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual sometió a la nación por casi 31 años a la más férrea, cruel, vil y sanguinaria de las dictaduras y de cuyo ajusticiamiento, llevado acabo por un grupo de hombres valientes y decididos, se cumplieron 62 años el pasado 30 de mayo.

A pesar de que fueron derrotados en el terreno militar, no ocurrió así en el terreno patriótico y moral, pues la sangre derramada por ellos no fue en vano, ya que sirvió como abono y caldo de cultivo para acelerar su ajusticiamiento y el derrocamiento de dicha dictadura. Aunque han pasado muchos años de ese acontecimiento histórico, ejemplo de heroísmo, patriotismo, dignidad, sacrificio, tenacidad y valor; de que muchos hombres y mujeres valiosos cayeron y ofrendaron sus vidas en procura de lograr un país libre y democrático, hoy apenas contamos con una “democracia” en transición, deficiente y carente de respuestas y soluciones a los problemas sociales básicos inmediatos.

Aunque hemos avanzado en muchos aspectos materiales, todavía tenemos una gran deuda social acumulada con los héroes y mártires de la “Raza Inmortal” y con los miles de dominicanos y extranjeros que abonaron con su sangre el suelo patrio; con los que fueron perseguidos, apresados, torturados, desaparecidos o desterrados, tratando de liberar a este país de las garras del dictador.

El grado de desarrollo de un país no se mide por altos índices económicos y financieros, muchas veces irreales, incluye otros factores no menos importantes: el desarrollo humano sostenido, una educación y salud integral, de calidad; seguridad jurídica, social y ciudadana; disminución de la pobreza, políticas de viviendas, agua potable y energía; disminución de la deuda externa y de la exclusión social. Además, una justicia independiente; el respeto de los recursos naturales y al medio ambiente; protección de nuestra frontera, a nuestra soberanía, entre otros.

Desgraciadamente, por la falta de voluntad política, de conciencia patriótica, de legislar en beneficio del pueblo dominicano, por el contubernio con sectores de poder, tanto nacionales como extranjeros y por no aplicar un régimen de consecuencia, a más de sesenta años del tiranicidio y del arribo de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy padecemos de muchas de esas demandas sociales, las cuales formaban parte del programa que ellos enarbolaron. 

Loor y gloria eterna a los héroes y mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo!

¡Loor y gloria eterna a los héroes y mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo!

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Los que ajusticiaron Trujillo. ¿Son todos héroes nacionales?

Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Sobre Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien sometió a nuestro país por casi 31 años a la más férrea, cruel, vil y sanguinaria de las dictaduras de Latinoamérica y de cuyo ajusticiamiento, llevado a cabo por un puñado de hombres aguerridos, decididos y de valor, se cumplieron 62 años el pasado 30 de mayo, lamentablemente se ha escrito más de él que sobre el fundador de nuestra nacionalidad, el Patricio Juan Pablo Duarte y Diez. Antes de dicho ajusticiamiento se habían llevado a cabo varios atentados y expediciones armadas, como las de Cayo Confites, Constanza, Maimón y Estero Hondo para derrocar la misma. Todas fueron derrotadas en el aspecto militar, no así en el moral ni patriótico.

En el último complot para eliminar a Trujillo los únicos que participaron y ejecutaron esa epopeya esa noche, debido al papel que jugó el azar, como categoría histórica, ese día, fueron: Antonio de La Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño, Wáscar Antonio Tejeda, Teniente Amado García Guerrero y Roberto Pastoriza.

También formaban parte pero no hubo tiempo de avisarles, Modesto Díaz, Juan Tomás Díaz, Manuel Tejada Florentino, Luis Manuel Cáceres Michel (Tunti), Luis Amiama Tió, José René Román Fernán (Pupo), Secretario de las Fuerzas Armadas, entre otros.

Descubierto el complot, debido a una serie de factores que aún no han sido aclarados, con excepción de Antonio Imbert Barrera y Luis Amiama Tió, que pudieron ocultarse y salvar sus vidas, todos los demás fueron perseguidos, torturados y fusilados por el SIM y por el hijo del dictador, Ramfis Trujillo. Por su heroísmo y contribución al retorno de la democracia del país, a todos se les concedió el titulo de Héroes Nacionales.

Entre las tantas razones que tuvieron los conjurados para ajusticiar al dictador y que algunos de ellos las sufrieron en carne propia, se citan: la opresión y el terror imperante, las violaciones a los derechos humanos (persecución ideológica, encarcelamientos, torturas y crímenes horrendos contra personas inocentes), la concentración de las riquezas del país en manos de la familia Trujillo.

 El 20 de diciembre del año 1962 se celebraron las primeras elecciones generales libres y democráticas luego de la caída de Trujillo y en ellas fue electo presidente de la República el Profesor Juan Bosch Gaviño, con más del 60% de los votos emitidos. Su gobierno, totalmente democrático, regido por una de las constituciones más avanzadas, democráticas y progresistas, basada en la justicia social, en el respeto a los derechos humanos, recogía todas las pretensiones de los conjurados participantes en el magnicidio del 30 de mayo de 1961.

Desgraciadamente, ese primer gobierno constitucional, legítimamente electo, presidido por el profesor Juan Bosch fue derrocado por un Golpe de Estado militar, el 25 de septiembre de 1963, con apenas siete meses en el poder. Como ironía del destino, entre los que encabezaron dicho golpe sale a relucir la figura delgeneral Antonio Imbert Barrera.

El 24 de abril de 1965 estalla la Revolución Constitucionalista de 1965 con el propósito de restituir a Bosch en la presidencia, sin elecciones. De nuevo la figura de Imbert Barrera reaparece enfrentando a las fuerzas constitucionalistas, apoyando la intervención norteamericana. Como Presidente del Gobierno de Reconstrucción Nacional enfrentó al gobierno constitucionalista, liderado por el coronel Francisco Alberto Caamaño, participando activamente en la dirección de la “Operación Limpieza”, persiguiendo, apresando, torturando y fusilando a los combatientes constitucionalistas de la zona norte de la capital.

Por culpa de ese golpe de Estado, nuestro país retrocedió más de 50 años en lo económico, político, social e institucional, pues todavía tenemos una gran deuda social y pobreza acumuladas.

Por estas y otras tantas razones, el señor Antonio Imbert Barrera perdió la categoría de Héroe Nacional, al tirar por las bordas los méritos alcanzados participando en el ajusticiamiento de Trujillo.

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Escasez de agua, incendios forestales y reservas naturales desprotegidas

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Desde hace varios meses, nuestro país está siendo afectado por una enorme sequía, la que pone en peligro la cosecha de arroz y la de otros rubros agrícolas, debido al bajo nivel y al poco caudal de agua de las presas, embalses y de nuestros principales ríos, algunos de ellos ya se encuentran al borde de la desaparición, como son: el Yaque del Norte, el Yaque del Sur, Bao, Las Palmas, Yuna, Nizao, Camú, Jimenoa y Baiguate, entre otros. Las causas principales de esta situación son la deforestación y los incendios provocados en las principales cuencas hidrográficas por manos criminales que fomentan el conuquismo y la quema de carbón, a la vista de las autoridades y sin que se aplique un régimen de consecuencia.

En la Cordillera Central nacen las 2/3 partes de nuestros ríos y arroyos; aquí se encuentran las Reservas Científicas de Valle Nuevo o Parque Nacional Bautista Pérez Rancier; los Parques Nacionales José del Carmen Ramírez, J. Armando Bermúdez y José Luis Armenteros, en el que existe la única reserva de Ébano Verde del Mundo.

En los actuales momentos nuestro país está siendo azotado simultáneamente en casi en todo su territorio por más de cincuenta voraces incendios en las principales reservas naturales y parques nacionales, los cuales han arrasados cerca de treinta mil hectáreas de bosques. Entre las zonas más afectadas se encuentran: Valle Nuevo (Constanza), Los Haitises, Sierra de Bahoruco, San Juan, Azua, Dajabón, Santiago Rodríguez, Jarabacoa y Guaigui, los cuales han ocasionado daños incalculables al país, al equilibrio ecológico y al cambio climático, pues afectan a miles de especies de nuestra flora y fauna, las cuales toman años en recuperarse.

Dichos incendios deben ser declarados como un crimen de lesa patria, pues están poniendo en riesgos a las escasas fuentes acuíferas con que cuenta el país, por lo que deben ser severamente castigados. Hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente, por falta de una política de Estado, no ha actuado con la responsabilidad y entereza que estos casos ameritan, pues se está actuando como si nada estuviera ocurriendo.

Para una verdadera protección, preservación y conservación de nuestras reservas y parques nacionales, es necesario que se establezca una política de Estado y se elabore un plan combinado de acciones preventivas urgentes entre los Ministerios de Medio Ambiente y el de Defensa (MIDE).

Nuestro país no está en guerra ni está siendo amenazado por país alguno, excepto por la inmigración de haitianos por nuestra frontera, por lo que una gran parte de los miembros de dicho ministerio, de todas sus dependencias y que están siendo subutilizados, pueden ser destinados para la protección de dichas áreas, pero no solo para cuando logren detectar un incendio, sino, colocando brigadas permanentes en ellas, como ocurre en otros países menos desarrollados que el nuestro.

El MIDE adquirió recientemente numerosos equipos sofisticados y costosos (aviones, vehículos pesados y livianos, helicópteros, tanques armas, drones, entre otros), que pueden ser utilizados en esa importante labor, porque de la forma como se viene actuando, desgraciadamente, convertiremos a este territorio en otro Haití, pues en los actuales momentos, ni se protegen dichas reservas ni la frontera con ese país, lo que constituye una vergüenza, una falta de voluntad política, de autoridad, indiferencia e irresponsabilidad.

Ojalá que el señor Presidente de la República, licenciado Luis Abinader, antes que sea demasiado tarde, tome conciencia de ello, porque, sin bosques no tendremos lluvias, ríos, agua ni mucho menos, vida. Que así sea.

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El sistema de partidos políticos dominicanos tiende sucumbir

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Actualmente en la República Dominicana existen 25 partidos y agrupaciones reconocidas por la Junta Central Electoral, más los que esperan serlos, que para un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados y una población aproximada de 11 millones de habitantes, es una cifra alarmante.

Es inconcebible, que un país con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con una deuda externa que absorbe el 60 % del PIB, con una gran deuda social acumulada desde tiempos inmemoriales y con un déficit fiscal muy elevado, dedique tantos recursos a financiar a tantas agrupaciones políticas parasitarias, que en la mayoría de los casos no le rinden ningún servicio al país.

La cúpula que las dirigen, salvo muy escasas excepciones, solo se preocupa por alcanzar el poder para obtener grandes fortunas, beneficios personales y distribuirse los recursos del estado, colocando los intereses particulares por encima de los del país, por lo que las mismas se encuentran sumidas en el desprestigio, desconfianza y descrédito. Si  estas no se cuestionan, renuevan; colocan los intereses del país primero ni aplican un programa de gobierno de justicia social, que castigue los actos de corrupción administrativa, que proteja nuestra soberanía y al medio ambiente, el sistema de partidos tiende a sucumbir, pues tienen muy poca cosa que ofrecerle al país. Son más de lo mismo.

Desgraciadamente este desprestigio se debe a que se han apartado de los valores, de los principios éticos, morales y patrióticos enarbolados por los fundadores de nuestra nacionalidad y de los héroes de la Restauración, pues a la hora de gobernar no aplican un proyecto de nación, exhiben las mismas inconductas y falta de voluntad política, pues solo piensan en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones, que es la esencia fundamental. Es lo que ha convertido a grandes partidos que en otrora fueron opción de poder, en agrupaciones muy débiles.

La República Dominicana tiene una de las democracias más costosas del hemisferio, pues los distintos partidos y agrupaciones políticas, además del financiamiento que reciben del Estado dominicano, reciben también recursos del sector privado, los cuales nunca se sabe. Este financiamiento público es lo que motiva la proliferación de estas; la mayoría no tiene estructuras políticas, objetivos definidos ni un proyecto de nación; actúan con un criterio puramente mercurial. 

Algunas de ellas actúan como si fueran verdaderas franquicias comerciales, pues se ofrecen a la venta y se rentan al mejor postor; otras, de acuerdo a las posibilidades de triunfo que observen en uno de los partidos mayoritarios, se mueven de un lado para otro cada cuatro años. Cuando se alcanza el poder, a estas hay que distribuirles varias instituciones públicas para que se las repartan entre sus partidarios y familiares, las cuales son manejadas como si fueran un feudo de su propiedad.

Los que nos iniciamos en las labores políticas hace más de 50 años enamorados de un puro ideal patriótico, tal como lo soñaron los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Juan Bosch, Peña Gómez, Manolo Tavárez Justo y otros tantos, salvo los que traicionaron esos principios, no fuimos al Estado a buscar fortunas, riquezas, renombres, privilegios y reconocimientos; fuimos a servir al Estado dominicano, no a servirnos de él. Ojala puedan reflexionar.

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La exoneración de impuestos envejecientes es justa y necesaria


Por Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Debido a la gran inflación que afecta a la República Dominicana, fruto de la crisis económica originada por el Covid-19, por la Guerra de Ucrania; al alto costo de la canasta familiar de los productos y servicios básicos (alimentos, salud, educación, energía, renta, agua potable, transporte, mantenimiento, recreación, entre otros), la mayoría de la población está siendo muy afectada, sobre todo, los más vulnerables y los de edad muy avanzada.

Estas personas, que no disponen de una pensión ni de un seguro médico, han optado por vender sus inmuebles, adquiridos con muchos sacrificios y han aperturado certificados de ahorros en instituciones financieras para, con los intereses que estos generen, tratar de cubrir los gastos necesarios para los últimos años de su existencia, principalmente, los relativos a la salud, ya que en nuestro país no existe un sistema eficiente de seguridad social que proteja a las personas envejecientes. Lamentablemente estos intereses están gravados con el 10% de impuestos.

En nuestro país, la esperanza de vida promedio es de 74 años, por lo que sugerimos que a las personas con 65 o más años de edad, que posean certificados de ahorros que les generen intereses hasta RD$125,000.00 (ciento veinticinco mil) pesos mensuales; que no reciban otros ingresos, una pensión del Estado dominicano ni de otro país, se les exonere de la aplicación de estos y de otros impuestos, pues es lo único con que cuentan para su sustento.

Recomendamos este valor, porque a una tasa promedio de un 10%, que es la que está ofreciendo el sector financiero en estos momentos, no es una suma extraordinaria, dado el alto costo de vida actual, la cual les permitirá tener una vejez con cierta dignidad. Si a este valor se le aplica el 10% de impuesto, se reduciría a RD$112,500.00 pesos mensuales netos. 

Esta acción, en vez de estimular el ahorro, lo que hace es castigar a las personas que depositan el fruto del trabajo de toda su vida en dichas instituciones, contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento del país. Esto constituye una sanción, en vez de una recompensa a los ahorrantes.

Esto requerirá de la modificación de la Ley 253-12, del 15 de noviembre 2012, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudadora del Estado, para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, la cual establece en su Artículo 7, que todas las entidades que paguen o acrediten intereses a las personas fiscas residentes o domiciliadas en el país, retengan o ingresen a la Administración Tributaria, como pago único y definitivo, el 10 % de los montos pagados de todas las cuentas registradas. Ojalá que estas sugerencias sean tomadas en consideración.

Este es un tema que debe ser de interés para nuestros legisladores y para las autoridades del sistema financiero dominicano, el cual deberá ser incluido en la próxima Reforma o Pacto Fiscal.   

(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex diputado al Congreso Nacional y Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República.

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La Estrategia Nacional de Desarrollo y sus objetivos

Por Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En nuestro país, en los últimos años se han aprobado muchas leyes importantes que tienen que ver con lo siguiente: crecimiento y desarrollo económico, humano y social; salud, educación, agua potable, electricidad, un sistema funcional de justicia, empleos, viviendas, seguridad ciudadana, igualdad de género, inversiones extranjeras, fortalecimiento institucional, transparencia y persecución a la corrupción administrativa; protección y conservación del medio ambiente, asuntos migratorios, entre otras. Desgraciadamente la mayoría no se aplica, a lo sumo, solo parcialmente.

Tal es el caso de la Ley Orgánica número 1-12, del 25 de enero del año 2012, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, que a pesar de tener más de diez años de promulgada, de ser una ley vital para el desarrollo económico, institucional y social del país, es muy poco lo que se ha logrado en este periodo. Este atraso en su aplicación, se debe a que no existe voluntad política ni continuidad de Estado, de parte de los gobiernos de tuno, pues cada gobierno que llega al poder tiene su propia agenda y no reconoce ni da continuidad a los proyectos y realizaciones que el anterior deja en desarrollo, lo que va en detrimento del propio Estado dominicano, ya que con esta actitud, se incurre en grandes pérdidas de recursos económicos.    

“La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 es el resultado de un proceso de concertación de múltiples actores para definir el país que desean tener los dominicanos y las dominicanas para el año 2030. Aspira a la construcción de un país próspero, de una democracia participativa y de justicia social. Establece cuatro ejes estratégicos, con sus correspondientes objetivos y líneas de acción, los cuales definen el modelo de desarrollo al que aspira la República Dominicana y en torno a los cuales deberán articularse las políticas públicas”. Estos ejes son los siguientes: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados; el imperio de la ley y seguridad ciudadana; democracia participativa y ciudadanía responsable; seguridad y convivencia pacífica.

Algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) más importantes, que fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015, como un llamado universal para poner fin a la pobreza, el hambre, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad, están contemplados en esta bien concebida ley de desarrollo.

La misma postula lograr una sociedad donde exista la igualdad de derechos y oportunidades para todos, demanda el logro de siete objetivos generales: 1. Educación de calidad para todos. 2. Salud y seguridad social integral 3. Igualdad de derechos y oportunidades 4. Cohesión territorial 5. Vivienda digna en entornos saludables 6. Cultura e identidad nacional en un mundo global 7. Deporte y recreación física para el desarrollo humano.

Es muy lamentable que no se le esté dando cumplimento a esta ley, en un momento tan especial y estelar, como el que está viviendo la República Dominicana y el mundo. Le corresponde al actual Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo poner todo su empeño y dedicación para que la misma sea aplicada en toda su dimensión.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex diputado de la República.

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La injusta campaña de descrédito contra Gustavo Petro    

Por: Alfredo Cruz Polanco (*)
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En las elecciones presidenciales celebradas en Colombia el pasado 19 de este mes de junio, resultó vencedor en la segunda vuelta, con el 51% de los votos emitidos, el candidato del Partido Colombia Humana y de la coalición de partidos denominada Pacto Histórico, el economista Gustavo Preto Urrego, convirtiéndose en el presidente número 42 y el primero de un partido de izquierda en ser electo en ese país. El candidato perdedor fue el empresario Rodolfo Hernández, quien reconoció su derrota de inmediato.

Petro ha sido concejal, senador, alcalde por Bogotá, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia. Fue miembro de la guerrilla del M-19 durante su juventud. Es una persona de paz, conciliadora, equilibrada, tolerante, prudente, concertadora, respetuosa de los derechos humanos, que apuesta a un gobierno de unidad nacional, sin exclusiones.

Luego de ser electo presidente, Petro ha sido objeto de una campana despiadada de descrédito, difamación, insultos y de falsas acusaciones, la cual no es fortuita, pues proviene de los principales medios de comunicación y de sectores oligárquicos comprometidos y conservadores que responden a intereses norteamericanos, la cual procura confundir, desprestigiar su bien ganada imagen personal y política y de crear un clima de desconfianza, de incertidumbre, de inestabilidad económica, política y social en el hermano país de Colombia, uno de los países de mayor tradición democrática de América Latina.

Realmente las ideologías de “izquierda” y de “derecha” son cosas del pasado, lo que existen son ideas progresistas y conservadoras. El presidente Gustavo Petro es un abanderado de las primeras. Es lamentable que en pleno siglo XXI, todavía se critique, difame y se injurie a un presidente por el simple hecho de enarbolar este tipo de ideas, pero que actúa como un demócrata a carta cabal, en procura de llevar a cabo las grandes reformas económicas, políticas y sociales que requiere ese país.

Cada vez que se escogen como presidentes a figuras con ideas progresistas y liberales, que defienden la soberanía de sus respectivos países; que actúan aferrados a sus principios patrióticos y morales, que no actúan como marionetas ni se dejan doblegar por los intereses norteamericanos, de inmediato son acusados de comunistas, satanizados y desacreditados ante el mundo.

Esto mismo ha ocurrido con figuras de la categoría de: Juan Bosch (Rep. Dominicana), Salvador Allende  y Michelle Bachelet (Chile), Luis Arce y Evo Morales (Bolivia), Luiz Ignacio Lula Da Silva y Dilma Roussett (Brasil), Pedro Castillo (Perú), Pepe Mujica (Uruguay), Andrés Manuel López Obrador (Méjico), Manuel Zelaya en Honduras, entre otros.

Todos han actuado aferrados a la constitución de su país, han dado muestras de ser verdaderos demócratas, pues han contribuido con el crecimiento y el desarrollo económico de su país, no han aceptado propuestas indecentes y corruptas, han protegido y defendido los recursos naturales, han permitido todo tipo de libertades y respetados los derechos humanos.  Algunos de ellos fueron derrocados, encarcelados, desterrados y asesinados.

En todas las posiciones políticas que Petro ha ocupado, ha colocado los intereses de su país por encima de los particulares, por lo que no debe existir ningún tipo de temor ni desconfianza en su contra. Ojalá lo dejen gobernar y ejecutar su programa de gobierno.


(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y ex diputado.

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El uso del GLP en vehículos públicos: Una bomba de tiempo 

Por: Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Desgraciadamente la tragedia de nuevo se hizo presente en “Los Tres Ojos”, municipio Santo Domingo Este, con la muerte de dos niñas, ocasionada por la explosión de un tanque de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en el interior del minibús en que se transportaban.

La mayoría de los vehículos del transporte público que utilizan el GLP como combustible, no cuentan con un sistema apropiado, aprobado por los organismos de seguridad, sino, uno rústico y rudimentario, lo que constituye una bomba de tiempo, pues pone en peligro al conductor, a los pasajeros y a los transeúntes.

Lo peor sucede cuando este combustible es utilizado en minibuses destinados para el transporte de niños y niñas a escuelas y colegios, con un tanque de gas moviéndose en su interior. Desgraciadamente las autoridades y los organismos de seguridad, responsables de evitar que estos hechos continúen produciéndose, se hacen de la vista gorda y no toman las medidas preventivas correspondientes.

Para que tengamos una idea del mal manejo que se le viene dando al uso del GLP como combustible en el transporte público y escolar, así como el alto riesgo a que estamos siendo sometidos, algunos conductores utilizan el mismo cilindro de gas de la estufa de sus casas para colocarlo en sus vehículos. Imaginémonos, Dios no lo quiera, que en un entaponamiento en uno de los túneles o elevados, se produzca la explosión de uno de los tantos vehículos destartalados que circulan por nuestras calles, por causa de un tanque de gas instalado de forma irregular, serian muchas las pérdidas humanas que se producirían.   

Hace unos meses, en un taller de reparación de aire acondicionado en La Vega, se incendiaron cinco vehículos, debido a la explosión de un tanque de gas propano utilizado en uno de ellos. Por suerte esa vez no se produjeron pérdidas humanas.

Es muy importante que en estos momentos, en que se discute una alianza pública-privada para la revisión e inspección (revista) de todos los vehículos que circulan a nivel nacional por nuestras calles, avenidas y autopistas, se recomiende la prohibición de la instalación de este sistema irregular de combustible, por el grave peligro que este representa para nuestra población, pues cada vez que se producen accidentes, estos vehículos se incendian.

No es lo mismo un sistema de gas natural original, instalado en un vehículo, que uno que se instala de forma rudimentaria e ilegal. Esperamos que el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), que es el órgano nacional rector del sistema de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, los cuerpos de bomberos y demás organismos de seguridad y rescate, asesoren al Poder Ejecutivo en esta importante materia.

El Estado dominicano debe establecer políticas públicas para favorecer a los propietarios de los vehículos, que al momento de su inspección, no califican para continuar operando y serian sacados de circulación. Ojalá que así sea.

(*) El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y ex diputado.

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Juan Pablo Duarte Diez, ejemplo de perseverancia, transparencia y pulcritud

Por Alfredo Cruz Polanco *
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Con el 209 aniversario del natalicio del fundador y apóstol de nuestra nacionalidad, el patricio Juan Pablo Duarte Diez, se inicia la celebración del “Mes de la Patria”, ocasión propicia para reflexionar y preguntarnos si el esfuerzo y el sacrificio asumido por el patricio han valido la pena;  si estamos cumpliendo con su ideario y legado histórico; si hemos avanzado en materia institucional, municipal y medioambiental; en transparencia y rendición de cuentas; en seguridad social y ciudadana, en la defensa de nuestra frontera y soberanía; del patrimonio público y si se está aplicando una verdadera justicia.

Duarte no debe ser recordado solamente cada 26 de enero con ofrendas florales, eucaristías, desfiles estudiantiles y con discursos de doble moral (alabando su figura y actuando contrario a su pensamiento).

El mayor homenaje, reconocimiento o monumento que le podemos hacer en honor al fundador de nuestra nacionalidad, es que cada dominicano, cada funcionario público, legislador, ministro, juez, alcalde, director y todo el que maneje recursos públicos, imite su ejemplo, presentando una rendición de cuentas de los recursos que se les son confiados.

Que actuemos siempre con la debida transparencia, honestidad, prudencia y vocación de servicio, aplicando siempre los valores éticos, morales y patrióticos en cada uno de nuestros actos públicos y privados, tal como él los enarboló, nos los inculcó y aplicó.

Que en todas las escuelas públicas y colegios se cante su himno y se le rindan los honores correspondientes; que se retome la “Moral y Cívica”, que hace muchos años fue eliminada del currículo escolar, lo que sin duda alguna ha servido de caldo de cultivo a la gran inversión de valores que hoy padecemos; que nuestros profesores se preocupen por difundir los valores y símbolos patrios, para que en las presentes y futuras generaciones, se despierte el fervor patriótico.

Al carecer de una cultura de rendición de cuentas en todo el país, ante tantas denuncias de actos de corrupción pública y privada, considero como el momento oportuno para emular el legado del Padre de la Patria, de ser el único dominicano que presentó una rendición de cuentas al país, sin que existiera en ese momento una ley ni alguien que se lo exigiera.

En estos momentos, en que se pretende destruir y enlodar a uno de los pocos referentes y paradigmas de honestidad y patriotismo que nos quedan, estamos obligados a promover y a difundir la vida y obra de quien fuera capaz de sacrificar todos sus bienes materiales, los de toda su familia y de ofrendar hasta su vida, con tal de dejarnos una patria libre y soberana de toda potencia extranjera; libre de la ignorancia, de la insalubridad, inseguridad, de las injusticias, del enriquecimiento ilícito y de la falta de fe.

Si así lo hacemos el sacrificio y el martirio sufrido por el Padre de la Patria, no habrá sido en vano.

Concluyo con una de sus frases lapidarias: “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la Patria”.

 

El autor es Contador Público Autorizado y Ex diputado al Congreso Nacional.

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Urge la aprobación del reglamento ley de regulación salarial

Por Alfredo Cruz Polanco *
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

La ley 105-13, sobre la regulación salarial del Estado dominicano fue promulgada el 8 de agosto del año 2013 y tiene como finalidad proporcionar una remuneración equitativa y justa que sirva de estímulo a los servidores públicos para alcanzar, con niveles de rendimiento y productividad, los objetivos del Estado, estableciendo el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano.

En nuestro país, algunos directores de instituciones públicas, por el hecho de estas tener autonomía presupuestaria, consideran que pueden aumentarse sus sueldos de una manera antojadiza, auto pensionarse, adjudicarse sus prestaciones laborales y enormes bonificaciones, sin tomar en cuenta esta ley ni al Ministerio de Administración Pública (MAP), que es quien debe autorizar dichos aumentos.

La Ley 105-13, aunque tiene nueve años de aprobada, no se ha podido aplicar por falta de voluntad política, pues el reglamento necesario para su aplicación no ha sido aprobado aún, lo que debe llamar mucho la atención a nuestros legisladores, pues no tiene ningún sentido continuar aprobando leyes, que como otras tantas, no se aplican.

La autonomía presupuestaria de una institución pública lo que significa es que esta tiene facultad y libertad para manejar su presupuesto, sus finanzas y para la toma de decisiones en el desempeño de sus funciones, sin tener que depender del Poder Ejecutivo, jamás para crear aumentos salariales o para beneficiar a los propios funcionarios que la dirigen.

El caso más reciente es el de los directores de Edesur, Edenorte y Edeeste, que a pesar de percibir un sueldo de privilegio, acaban de aumentarse el mismo a más de 1 millón de pesos, sin incluir los gastos de representación, combustibles, vehículos, teléfonos, seguros, regalía, bonos por desempeño, etc. Otro caso parecido fue el de los pasados miembros de la Cámara de Cuentas de la República, que con apenas un año en sus funciones, sin que tuvieran razones ni méritos para ello. Acciones como estas continúan ocurriendo en diferentes instituciones públicas por la falta de aplicación de dicha ley, sin que llame la atención a las autoridades de turno.

Tal decisión es ilegal e irracional, pues viola la citada ley y al artículo 140 de la Constitución de la República, el cual establece que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados. La inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley”.

En un momento de crisis económica como la actual, en que la brecha entre el salario mínimo y el salario promedio es muy amplia, se deben corregir estas distorsiones y privilegios. Si se continúa permitiendo que los directores de organismos e instituciones públicas que gozan de autonomía presupuestaria, se aumenten antojadiza y discrecionalmente sus sueldos sin coordinar con el MAP, estaríamos propiciando un caos y un desorden institucional. ¡Que se apruebe el referido reglamento para que la ley entre en vigor y se detenga esta hemorragia de los recursos públicos!

*El autor es Contador Público Autorizado, Ex diputado al Congreso Nacional y Ex miembro del pleno de la Cámara de Cuentas de la República.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Las alertas y alarmas de la corrupción

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

 

En todos los gobiernos se encienden muchas alertas y alarmas sobre la comisión de actos de corrupción administrativa, que muchas veces, por permisividad, complicidad o conveniencia política, se pasan por alto, pues los autores no son investigados, suspendidos ni sometidos, a pesar del rumor público y de estos exhibir públicamente los bienes distraídos, constituyendo una especie de “laissez faire”, esto es, dejar hacer, dejar pasar.

Hacemos estos señalamientos por los distintos actos de corrupción descubiertos recientemente, entre ellos, el de la “Operación Coral” 5G, en la que están involucrados varios oficiales de altos rangos de los distintos organismos de la seguridad del Estado, los cuales acumularon grandes bienes y fortunas, sin que sus superiores, aun conociendo su salario, pudieron observarlo.

Otra alerta de corrupción, que ya es una antigua rutina, fue la detención del nacional haitiano Erwin Pierre Louis con 92 pasaportes de ese país y 11 mil dólares, los cuales serían visados en el consulado dominicano de Juana Méndez, cuyo consulado otorga unas 80 visas diarias, a un costo de 200 dólares. Por este hecho fue desvinculado José Valenzuela Arias, cónsul de esa localidad.

A estas acciones corruptas se debe la gran cantidad de nacionales haitianos y mujeres embarazadas que diariamente emigran hacia nuestro país. Fueron visados más de 90 mil estudiantes universitarios, pero en nuestras universidades solo aparecen matriculados unos 9 mil. Todo ese dinero, al igual que el de los demás consulados, va a parar a los bolsillos de los cónsules designados, no a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Este hecho viola la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el gobierno no debe contribuir con dicha violación.

A los cónsules ubicados en Haití hay que prestarles mucha atención, pues se manejan con muchas irregularidades, pues lo único que les interesa es vender visados, sin escrúpulos ni pudor, sin importarles el daño y los graves problemas sociales que les provocan al país: insalubridad, desempleo, atenciones a embarazadas, inseguridad, arrabalización y contaminación del medio ambiente, entre otros.

Señor Presidente Luis Abinader. Los problemas de corrupción de los consulados no se resuelven cancelando cónsules; es transparentando los ingresos provenientes de los visados, los cuales no llegan a las arcas del Estado Dominicano.

Cuando nos correspondió formar parte del pleno de la Cámara de Cuentas de la República, solicitamos muchas veces y publicamos varios artículos para que se estableciera este control, tal como se hace para la obtención y renovación de un pasaporte, para las licencias de conducir, de armas de fuego y de los pagos a la Dirección General de Impuestos Internos, mediante la adquisición de un comprobante en el Banco de Reservas.

El Estado Dominicano está dejando de percibir anualmente miles de millones de pesos por falta de transparentar esos y otros recursos, necesarios para poder enfrentar la demanda de obras y servicios, la deuda social acumulada, la cual venimos arrastrando desde tiempos inmemorables y la deuda pública consolidada, que ya sobrepasa el 70 % del PIB.

Aunque la Reforma Fiscal fue dejada sin efecto, urge corregir las distorsiones existentes en nuestro sistema tributario. Para esto solo se requiere de voluntad política. Desde que los cónsules sean designados por un sueldo, muy pocos aspirarán a esa posición. Sería un gran aporte a la lucha mundial contra la corrupción. Que así sea.

-El autor es Contador Público Autorizado y Máster en Relaciones Internacionales.

 

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La ONU ha sido irresponsable, insensible e indiferente con Haití

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com).-

A raiz del reclamo condenatorio que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la República Dominicana para que suspenda las repatriaciones de embarazadas haitianas hacia Haití, la misma ha provocado una gran indignación entre los dominicanos preocupados por la seguridad y la soberanía de nuestro país.

Esa indignación se debe a que este organismo, creado en el año 1945 a raiz de la Segunda Guerra Mundial, cuyos objetivos son mantener la paz y la seguridad internacional, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y defender el derecho internacional; con respecto a la crisis económica, política, social e institucional por las que atraviesa Haití y sus repercusiones en la República Dominicana, hoy se hunde en el desprestigio por su irresponsabilidad, silencio, indiferencia e insensibilidad para solucionar la misma, no obstante la advertencia que hizo el señor Presidente de la Republica, Luis Abinader Corona, en su última Asamblea, de que la solución a dicha crisis no está en este país.

En las últimas semanas, a pesar del gran despliegue de militares en toda la frontera con Haití, el ingreso de mujeres embarazadas haitianas hacia nuestro país ha aumentado enormemente, ocupando casi todas nuestras maternidades y hospitales, quitándole el espacio a las dominicanas, que son las que tienen el derecho a ser atendidas.

Si bien es cierto que es inhumano negarle las atenciones a una parturienta, la República Dominicana tiene todo el derecho de aplicar una férrea política migratoria y la ley de migración, tal como la han aplicado los Estados Unidos y otros países; lo que no debemos es aplicar sus métodos salvajes, utilizando caballos y látigos contra estos indocumentados, sin embargo este organismo lamentablemente no se ha pronunciado ni condenado este hecho, demostrando que solo responde a los intereses de ese país.

Nuestro país debe enviar una señal contundente a la ONU y a la comunidad internacional; ellas no tienen calidad moral para trazarnos pautas y aplicarnos sanciones, pues no están cumpliendo con su rol. Si no se hace así, nos seguirán tratando como “el pajón de mear”, pues nos han dejado solos ante la crisis haitiana, por lo que urge fortalecer su Política Exterior y sus relaciones internacionales.

Todos los sectores del país, independientemente de los colores y de las banderías políticas, debemos unirnos contra los objetivos perseguidos por la ONU, pues lo que está en juego es el destino y la soberanía nacional. Este es un país muy pobre y no puede continuar cargando sobre sus hombros con un problema ajeno, fruto de la irresponsabilidad de este organismo.

La República Dominicana tiene que aplicar fuertes controles migratorios en nuestra frontera, que es donde funciona una gran mafia, la cual permite el paso de indocumentados y de las mujeres embarazadas, las cuales pagan grandes sumas de dinero para venir a alumbrar en nuestro país. Esta no es una tarea difícil de descubrir si hay voluntad política; basta dar seguimiento a algunos estamentos estatales, que son los responsables de lo que está ocurriendo: Los militares apostados en la frontera, los inspectores de la Dirección General de Migración y los cónsules en Haití, quienes han otorgado más de 80 mil visas, supuestamente a estudiantes universitarios, pero solo aparecen unos 9 mil matriculados en nuestras universidades.

Nuestras autoridades no deben dialogar con las pandillas criminales y mafias haitianas que sustituyen a las instituciones oficiales, que tienen el control y el poder de decisión, según lo pudo comprobar el enviado especial de los Estados Unidos a ese país, Daniel Foote.

Hay que continuar reclamándole, tanto a la ONU como a la comunidad internacional, su rápida intervención, antes de que en ese territorio ocurra un genocidio y una explosión social, la cual repercutirá negativamente en nuestro país.  ¿O será que es eso lo que se espera para actuar en consecuencia?

 

-El autor es CPA y Máster en Relaciones Internacionales.

 

 

 

 

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El Sistema Financiero Dominicano y la Ley del embudo

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

En los actuales momentos en que nuestro país y el mundo están siendo afectados drásticamente por la pandemia de la Covid-19, nuestro Sistema Financiero mantiene una brecha muy desigual entre la tasa activa y la tasa pasiva de los bancos comerciales y de las asociaciones de ahorros y préstamos.

La tasa activa es el interés que cobran las instituciones financieras por los préstamos concedidos, mientras que la pasiva es la que estas pagan a los que poseen cuentas de ahorros y certificados a plazos fijos.

Consideramos que tanto la Superintendencia de Bancos (SIB) como el Defensor del Pueblo (DP) deben prestar mucha atención y tomar las medidas correspondientes a lo que está ocurriendo en estos momentos con todos los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos de nuestro país.

¿Cómo es posible que en plena crisis sanitaria, muchos dominicanos ya pensionados, retirados o cancelados de sus funciones, que abrieron certificados a plazos fijos en esas instituciones financieras a un 7, 8 y 9 % de interés anual para poder subsistir sus últimos años y poder así atender a sus problemas de salud, hoy dichas instituciones les reducen el pago de sus intereses a un 3 y hasta menos de 1% sin previo aviso, pero al mismo tiempo conceden los préstamos a un 16, 18, 20 y hasta un 24 %? Esto no tiene ningún tipo de justificación.

Esta acción en vez de incentivar el ahorro lo que hace es castigar a las personas, que con muchos sacrificios depositan el ahorro del trabajo de toda una vida en esas instituciones financieras, contribuyendo con el desarrollo y el crecimiento del país. Esto constituye una sanción en vez de una recompensa a los ahorrantes; un abuso más de los tantos que viene cometiendo el sistema financiero dominicano y lamentablemente la SIB ni el DP se han pronunciado al respecto, muy por el contrario, con su silencio sepulcral se hacen cómplices en grado sumo con esta incalificable injusticia.

Desgraciadamente siempre ha sido así. Estas instituciones financieras actúan tal como lo expresa el refrán popular sobre la ley del embudo: «lo ancho para ellos y lo estrecho para uno». Muchas personas con edad muy avanzada han vendido sus viviendas, fincas o solares y han abierto certificados de ahorros para con los intereses ganados cubrir los gastos de sus últimos años de vida, dado de que en nuestro país no existe un sistema de seguridad social que los proteja en su vejez.

Otras medidas abusivas e injustas que vienen cometiendo los bancos comerciales y las asociaciones de ahorros y préstamos son las siguientes:

  • A los clientes que deciden cancelar sus préstamos antes de su vencimiento, se les aplica una penalidad.
  • Si se deja de depositar en su cuenta de ahorros, a partir de los seis meses, aunque se tenga una gran cantidad depositada, se le aplica un cargo de 50 y 100 pesos por cada mes dejado de depositar.
  • En las cuentas de ahorros en dólares, se le aplica un recargo de 20 dólares por cada mes dejado de depositar después de los seis meses, lo que no lo generan sus ahorros. Sin embargo, la institución se beneficia del dinero que los ahorrantes deposita en ella.

Con este proceder nuestras instituciones financieras hacen suya, aunque no compartimos la misma, aquella famosa frase de Berthol Brecht: «Robar un banco es un delito, pero más delito es fundarlo».

Por último, en la próxima reforma fiscal, este es un tema que debe ser colocado en primer orden para corregir estas distorsiones. Sugerimos que a las personas envejecientes que tengan certificados de ahorros hasta un límite establecido, sean exoneradas del pago del10 % de impuestos que se aplica a los intereses recibidos por dichos certificados, pues no es justo que además de la baja tasa de interés que reciben, se les aplique dicho impuesto a todos por igual.

El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, exdiputado al Congreso Nacional y exmiembro de la Cámara de Cuentas de la República.

 

 

 

 

 

 

 

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La verdadera Restauración que requiere nuestro país

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

 

Muchos dominicanos, sobre todo los más jóvenes, ignoran qué se celebra el 16 de agosto y el por qué se conmemora esta importante fecha.

La independencia de la República Dominicana, lograda a base de grandes sacrificios, sangre, sudor y lágrimas el 27 de febrero de 1844, fue usurpada, mancillada, malograda y negociada por la ambición del caudillo Pedro Santana, el 26 de marzo de 1861, cuando decidió anexar la República Dominicana a España, con la cual perdimos nuestra soberanía e independencia, convirtiéndonos, además de Cuba y Puerto Rico, en otra colonia de ese imperio.

El próximo16 de agosto se celebra el 158 aniversario del Grito de Capotillo, con el cual se dio inicio al acontecimiento armado más sangriento y patriótico de nuestra historia, conocido como la “Guerra de la Restauración de la República”.

El 16 de agosto de1863, después de encarnizadas batallas, un puñado de valientes, decididos y fervorosos patriotas, encabezados por Gregorio Luperón, considerada la Primera Espada de la guerra restauradora, decidieron rescatar nuestra soberanía e independencia de España, destacándose también: Ramón Matías Mella, Fernando Valerio, Benito Monción, Santiago Rodríguez, José María Cabral, Gaspar Polanco, José Antonio Salcedo, Pedro Francisco Bonó, Cayetano Germosén,

Además, Marcos Trinidad, Benigno Filomeno de Rojas, Basilio Gil, José Cabrera, José Contreras; José María Cabral, Pedro Antonio Pimentel, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Carlos Lora, José Antonio Hungría, Olegario Tenares, Eugenio Perdomo, Alfredo Detjén, entre otros, quienes decidieron ponerle fin a la anexión y devolverle a nuestro país su soberanía e independencia.

Francisco del Rosario Sánchez, que había ingresado por Haití junto a un grupo de patriotas, su tía María Trinidad Sánchez, Antonio Duvergé, fueron los primeros que se opusieron a dicha anexión y fueron fusilados por Santana el 4 de julio de 1861.

El 11 de julio de 1865, después de casi dos años de combates, el ejército dominicano, débilmente armado pero rebosado de dignidad y coraje, logró derrotar a un ejército español fuertemente armado, volviendo la República Dominicana a ser libre y soberana, tal como lo soñó, ideó, luchó y se sacrificó el fundador de nuestra nación, el Patricio Juan Pablo Duarte Diez.

Según la Real Academia de la Lengua Española, restaurar significa: reconstruir, reponer, restablecer, rescatar, reparar, recuperar, recobrar, readquirir, volver a ser u obtener lo que alguna vez tuvimos o fuimos

Si bien es cierto que en materia de soberanía, teóricamente somos libres e independientes de toda potencia extranjera, que hemos tenido grandes avances en muchos aspectos materiales e institucionales, no menos cierto es que aún no nos hemos liberado del flagelo de la: corrupción, tanto pública como privada; delincuencia, falta de seguridad social y ciudadana, pobreza, inversión de valores, falta de aplicación de un régimen de consecuencia; del enriquecimiento ilícito, lavado de activos, del narcotráfico, endeudamiento externo desenfrenado, entre otros.

Necesitamos restaurar urgentemente nuestra familia, la falta de transparencia y la rendición de cuentas de nuestros funcionarios públicos; nuestro sistema de partidos políticos, la confianza, la esperanza y la fe en nuestro país y en nuestras instituciones públicas; el respeto a las leyes, a las autoridades, a nuestros recursos naturales y al medio ambiente; a los valores y símbolos patrios, la defensa de nuestra soberanía; la protección a  nuestra frontera, los valores y los principios morales, a nuestra cultura y costumbres.

Necesitamos, en fin, restaurarnos nosotros mismos, para de esta manera, poder restaurar nuestras instituciones públicas, a los distintos poderes del Estado, y por consiguiente, al país que tanto queremos.

Cuando cada uno de nosotros cambie de actitud y actúe correctamente; cuando cumplamos con nuestras obligaciones y deberes ciudadanos, solo así lograremos la verdadera Restauración de la República que tanto requerimos. Ojalá que así sea.

El autor es Contador Público Autorizado, máster en Relaciones Internacionales, exdiputado al Congreso Nacional y exmiembro de la Cámara de Cuentas de la República.

 

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Los desechos sólidos: Oportunidad de inversión público-privada

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

“La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia”.

A raiz de la crisis que se ha presentado en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este (ASDE), uno de los más grandes del país, por el gran desbordamiento y cúmulo de desechos sólidos, debido a la incapacidad que han mostrado sus autoridades para su manejo, independientemente de las causas que lo provocaron, el Gobierno Central, de manera correcta intervino al mismo, declarándolo de emergencia y ha ido en su auxilio para evitar que dichos desechos provoquen plagas, enfermedades infectocontagiosas, una epidemia sanitaria, además de la pandemia del Covid-19 que afecta al país.

El proceso del manejo de los desechos sólidos comprende su recogida, transporte, tratamiento, reciclaje, eliminación y fumigación de los vertederos improvisados. Los vertederos a cielo abierto que están funcionado, como el de Duquesa, se han convertido en grandes focos de contaminación y generadores de problemas de salud (enfermedades respiratorias), por la gran humareda que provocan.

Si las crisis que se presentan se saben conducir, estas se pueden convertir en grandes oportunidades. El señor Presidente de la República Luis Abinader está promoviendo una alianza público-privada para la realización de proyectos de desarrollo en determinadas provincias y municipios.

Considero que esta es una oportunidad para que a través de dicha alianza se instalen plantas de procesamiento y reciclaje de desechos sólidos, como existen en los países desarrollados, las que generarían cientos de empleos directos e indirectos, pero lo más importante,

se contribuiría a disminuir la contaminación del medio ambiente, de las aguas, del aire, problemas de salud a los munícipes, perjuicio al turismo, así como a la imagen del municipio y del país.

Para muchos países, los desechos sólidos ya no son un problema, sino una oportunidad de negocios, pues se han convertido en materia prima para las empresas procesadoras de ciertos productos industriales de grandes demandas.

Además, se debe iniciar una campaña de educación, motivación, orientación y concientización ciudadana, de cómo clasificar dichos desechos: los orgánicos, cristales, plásticos, metales, etc. para su fácil manejo, mediante incentivos, a través de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) y de la Liga Municipal Dominicana, por medio de programas de radio y televisión, volantes, etc. De ahí que una comunidad limpia no depende solamente del servicio de la recogida de sus desechos, sino, de la educación de sus habitantes para su mejor manejo.

También se debe aplicar un régimen de consecuencia para los que esparzan los residuos y desechos sólidos en las vías públicas y para los munícipes que no cumplan con las disposiciones establecidas.

Cuando se presente este tipo de situación en cualquier otro ayuntamiento, el Gobierno Central debe actuar de inmediato a través de los Ministerios de Obras Públicas, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud Publica, el propio ayuntamiento, en coordinación con el Programa de Proyectos Especiales de la Presidencia y declararlo de emergencia.

No se justifica que en pleno siglo XXI, con tantas tecnologías, maquinarias y equipos modernos, los desechos sólidos no se estén aprovechando, en cambio, están arropando nuestras ciudades, provocando enfermedades, epidemias, plagas de insectos y contaminación y al medio ambiente. Ojalá que la alianza público-privada para la recolección de los desechos sólidos sea una realidad. Que así sea.

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex Diputado al Congreso Nacional y Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República

 

 

 

 

 

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Crisis política de Haití; Amenazas para la República Dominicana

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

 

Ante los últimos acontecimientos violentos acaecidos en la vecina nación de Haití, en que resultó acribillado en su residencia, en horas de la madrugada, su presidente Juvenel Moise, supuestamente por sicarios colombianos y miembros de su propia seguridad, la República Dominicana tiene que estar en alerta permanente, pues todo lo que ocurre en ese país, repercute aquí. Este lamentable magnicidio fue el clímax del grado de descomposición e inseguridad que vive esa nación.

El hoy occiso presidente había denunciado ante la Comunidad Internacional (CI) hace varios meses, las constantes amenazas de muerte y de un golpe de Estado contra su gobierno y que lamentablemente no se le prestó ningún tipo de atención ni protección, probablemente porque esa nación ya no es atractiva para dicha comunidad, por ser un Estado inviable, caracterizado por el caos, la corrupción, la violencia y el desorden, sin un ordenamiento institucional.

Ahora la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se reúne en una sesión especial para de manera cínica e irónica, rendir tributos al presidente asesinado, condenar su asesinato y enviar sus condolencias a Haití.

Desgraciadamente la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA) ni ningún otro organismo se han preocupado por la crisis económica, política, social e institucional, que desde tiempos remotos padece esta nación, considerada como la más pobre del continente americano y según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 48 % de su población padece de hambre crónica y que no ha podido cumplir con ninguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles exigidos por la primera.

Ante la indolencia y el abandono de la CI, la República Dominicana se ha convertido en el paño de lágrimas de Haití, absorbiendo manos de obra, las parturientas en nuestros hospitales y en proveedor de alimentos, productos y materiales. Es de los pocos países que siempre le han extendido la mano en los momentos de desgracias, lo que quedó demostrado cuando el terremoto del año 2010, pues esa nación carece de todo lo necesario para la subsistencia humana.

Para evitar una posible explosión humana, para que sus nacionales no emigren masivamente hacia nuestro país, fruto de la hambruna que padecen y conscientes de la vulnerabilidad de nuestra frontera, nos vemos precisados, por humanidad, a colaborar con ese país, aunque este es un problema que no nos corresponde, sino a la CI, que aún permanece indiferente e indolente, como si nada estuviera ocurriendo. De ahí que la decisión de abrir los mercados binacionales fue correcta, para que ellos puedan adquirir los alimentos que requieren.

Ante la situación de calamidad e inestabilidad social que afecta al vecino país, la Política Exterior de la Republica Dominicana debe ser fortalecida, más agresiva, exigente y de reclamo ante dicha comunidad, para que se le preste más atención a Haití, porque somos el país más afectado de dicha crisis. Ante la misma, tanto la ONU, la OEA y muchos otros organismos han dejado mucho que desear, pues solo han servido para proteger los grandes intereses de las grandes potencias, para someter, presionar y condenar a los países pobres cuando no obedecen sus lineamientos.

La CI debe intervenir institucionalmente con urgencia a ese país antes que allí ocurra un genocidio, pues es un Estado disfuncional, donde solo funciona la ley de la selva, hasta que logre recobrar su normalidad e institucionalidad.

Nuestra nación es muy pobre, está siendo afectada por una gran crisis económica y sanitaria y no puede seguir cargando con los graves problemas del vecino país, que aparentemente es lo que desean las grandes naciones, las mismas que lo desfalcaron, depredaron y lo convirtieron en un desierto y que en todos los foros internacionales nos acusan de esclavista y xenofobia contra sus nacionales.

 

El autor es Contador Público Autorizado, Asesor Administrativo y Financiero. Master en Relaciones Internacionales. Ex diputado al Congreso Nacional

 

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Cámara de Cuentas: Aportes las recaudaciones fiscales y al sistema de control

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

Durante la gestión de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) correspondiente al periodo 2010-2016, de la que formé parte como miembro titular del pleno, se implementaron una serie de medidas que contribuyeron a aumentar las recaudaciones fiscales y al fortalecimiento del sistema de control de nuestro país. Ojalá que los nuevos incumbentes le den seguimiento.

Traigo a colación estos a raiz de las informaciones ofrecidas por el actual Director de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), licenciado Luis Valdez Veras en el sentido de que las instituciones del Gobierno Central, descentralizadas, autónomas y municipales adeudan a la DGII más de 3 mil millones de pesos, por concepto de impuestos sobre la renta e Itebis retenidos, no declarados ni pagados.

Entre las tantas medidas que se lograron implementar, algunas por iniciativas nuestra y que rindieron grandes frutos, figuran las de enviar los informes de las auditorías realizadas a las instituciones que resultaron afectadas por los incumplimientos del ente auditado, así como a los órganos, que junto a la CCRD, conforman el sistema nacional de control: Contraloría General de la Republica (CGR), Congreso Nacional y al Control Social. Esto se hizo con la idea de que cada uno de ellos contribuyera con su cuota de responsabilidad, exigiendo a las instituciones auditadas cumplir con las leyes.

Por ejemplo, en casi todas las auditorías realizadas a dichas instituciones, reflejaban la retención pero no la declaración y el pago de impuestos sobre la renta, Itebis, del seguro social; empleados registrados en las nóminas de varias instituciones públicas; cobro del 1 % de la ley 6-86 (impuestos sobre las construcciones de obras), etc. Dichos informes eran enviados a la DGII, a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), al Ministerio de Administración Pública (MAP), al PEPCA, entre otras.

Durante la gestión de Guarocuya Félix como Director de la DGII, participé en varias reuniones para que se le diera seguimiento a las instituciones públicas, que actuando como agentes de retención, no declaraban ni pagaban los impuestos retenidos, ascendente a miles de millones de pesos. Este hecho constituía una flagrante violación a las leyes, pues esos recursos, que no eran de su propiedad, fueron utilizados en su provecho y no reembolsados a la DGII.

Fruto de estas reuniones la DGII produjo la Resolución No. 41-2014, que en uno de sus acuerdos expresa lo siguiente:

“Es responsabilidad de toda Entidad del Estado ejercer su función como agente de retención de Impuesto Sobre la Renta, tanto en el caso de los asalariados como en los servicios profesionales adquiridos y pagos realizados, de conformidad con la Normativa Vigente a esos fines, así como declarar y pagar a esta DGII las retenciones realizadas por dicho concepto en las formas y plazos establecidos”.

Dicha resolución le ha generado a la DGII importantes recursos. La misma es de conocimiento del actual Director General.

Además, por nuestras sugerencias al pleno de miembros, fue conformada la “Mesa de Control”, reunión bimensual coordinada por la CCRD con los representantes de todos los órganos de control público, como: CGR, Congreso Nacional, Tesorerita Nacional, Dirección General de Contabilidad Gubernamental, Dirección General de Presupuesto, Haciendas, DGII, el MAP, PEPCA y de la sociedad civil, cuya función es la planificar los trabajos a realizar de forma conjunta.

Esta iniciativa fue reconocida como única en Centroamérica y el Caribe por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En otra entrega daremos a conocer otros importantes aportes.

 

 

 

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La Expedición del 14 de junio y el ajusticiamiento de Trujillo

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com)

 

El 14 y el 20 de este mes junio se cumplen 62 años de la llegada a nuestro país de la expedición armada de Constanza, Maimón y Estero Hondo, cuyo objetivo era derrocar la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina, el cual sometió a nuestro país por casi 31 años a la más férrea, cruel, vil y sanguinaria de las dictaduras, de cuyo ajusticiamiento, llevado acabo por un grupo de hombres valientes y decididos, se cumplieron 60 años el pasado 30 de mayo.

A pesar de que los miembros de la “Raza Inmortal” fueron derrotados en el terreno militar, no ocurrió así en el terreno político y moral, pues la sangre derramada por los expedicionarios no fue en vano, ya que sirvió como abono y caldo de cultivo para acelerar su ajusticiamiento y el derrocamiento de dicha dictadura.

Los únicos sobrevivientes fueron: 1) Delio Gómez Ochoa 2) Poncio Pou Saleta 3) Mayobanex Vargas 4) Pablo Mirabal 5) Francisco Medardo Germán. Tuve el privilegio y el honor de invitar a La Vega a los tres primeros a poner sus libros en circulación, cada uno por separado, cuando me correspondió ejercer las funciones de Gobernador Civil y Provincial de La Vega: 1) “La Victoria de los caídos 2) “En busca de la Libertad” y 3) “Testimonio histórico junio 1959”.

A pesar de que ya han pasado tantos años de ese ejemplo de heroísmo, entrega, sacrificios e inmolación; que muchos hombres y mujeres valiosos han caído y ofrendado sus vidas en procura de un país digno de mejor suerte; de que han pasado tantos gobiernos, todavía tenemos un sistema democrático en transición, deficiente y carente de respuestas a los problemas inmediatos de la ciudadanía.

Aunque hemos avanzado en muchos aspectos materiales, todavía tenemos una gran deuda social acumulada con los héroes y mártires de la “Raza Inmortal” y con los miles de dominicanos y extranjeros que abonaron con su sangre el suelo de nuestra Patria querida, tratando de liberarnos de las garras del dictador.

El grado de desarrollo de un país no se mide solamente por factores económicos y financieros, incluye otros elementos no menos importantes:un desarrollo humano sostenido, educación y salud de calidad, cultura, avance de la ciencia y la tecnología; disminución de la pobreza, políticas de viviendas, agua potable y energía; eficiencia y control de la deuda externa; transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional; seguridad social, jurídica y ciudadana; combate a la corrupción administrativa, a la especulación y al narcotráfico; aplicación de justicia y de un régimen de consecuencia; fortalecimiento al sistema de partidos políticos, el respeto a los recursos naturales y al medio ambiente; protección de nuestra frontera y de nuestra soberanía, entre otros.

Desgraciadamente, por la falta de voluntad política, de conciencia patriótica, de legislar en beneficio del pueblo dominicano y por el contubernio con sectores de poder, tanto nacionales como extranjeros, a más de sesenta años del tiranicidio y del arribo de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hoy padecemos de muchas de esas reivindicaciones sociales, las cuales formaban parte del programa que ellos enarbolaron.

¡Loor y gloria eterna a los héroes y mártires de Constanza, Maimón y Estero Hondo!
¡Loor y gloria eterna a los héroes y mártires del 30 de mayo!

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Crisis familiar, valores y sociedad

Por Alfredo Cruz Polanco
(alfredocruzpolanco@gmail.com).-

“Si cambio yo, cambia el mundo”

Nuestro país y nuestra sociedad atraviesan en estos momentos por una gran crisis e inversión de valores morales, espirituales, sociales y culturales, debido a que la familia, que es el principal eje y la primera célula de dicha sociedad, también está afectada por dicha crisis e inversión.

La familia constituye nuestra principal riqueza. Descuidarla constituye el mayor error, pues una familia unida y fuerte conduce al éxito de todos sus miembros. Si la familia anda mal, también lo andará la sociedad.

Por eso casi todas las instituciones del país que tienen que ver con: la salud, educación y formación de nuestros niños y jóvenes; la seguridad nacional, la aplicación de justicia, la aprobación y la aplicación de las leyes, la administración y el control de los recursos públicos, la protección de nuestros recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el sistema de partidos, entre otras, hoy padecen y se encuentran afectadas por este cáncer, que cada vez hace metástasis en el cuerpo de la sociedad, ya que en muy pocos casos se aplica un régimen de consecuencia. A esta crisis no escapan muchas de las instituciones del sector privado.

Si en vez de investigar y castigar, se premia la corrupción pública y privada, la delincuencia, el narcotráfico, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, el contrabando; si se promueven los antivalores; cuando la capacidad, la experiencia, la honestidad y la vocación de servicio no tienen espacios, valor ni significado alguno; cuando prevalece la permisividad y la impunidad, sin que se aplique un régimen de consecuencia, estamos enviando lamentablemente una señal equivocada a las presentes y futuras generaciones.

La educación que siempre prevalece es la del hogar, de ahí que los padres debemos cumplir con lo que se conoce como la paternidad responsable, insistir, persistir, perseverar, jamás desmayar en la orientación y formación moral, espiritual, social y cultural de nuestros hijos. Muchas veces cometemos un grave error al querer complacer y satisfacer todos los deseos y caprichos de nuestros hijos sin que les exijamos el más mínimo esfuerzo ni sacrificio.

Los padres somos responsables de las inconductas, errores y debilidades de nuestros hijos, porque queremos ofrecerles y proveerles de todo lo que no tuvimos, carecimos y padecimos en nuestra niñez (dinero, tarjetas de crédito, diversiones, vehículos, clubes sociales, viajes, celulares, vestidos, colegios costosos, prendas, lujos, etc.), pero en cambio, les negamos lo que sí tuvimos, los sanos valores recibidos de nuestros progenitores: cariño, afecto, disciplina, responsabilidad, integridad y pulcritud, el respeto, el amor al trabajo, honestidad, confianza, dialogo, reglas de cortesía, humildad, sacrificios, prudencia; el hábito del ahorro, el respeto a las leyes y a nuestras autoridades, el respeto y cuidado del medio ambiente, etc. pues las cosas materiales no es lo más importante, sino, las espirituales y morales.

La carencia y ausencia de todos estos valores en nuestras familias y en la sociedad es la causante de tantos divorcios en nuestros jóvenes, de tantos feminicidios, de tantos embarazos en nuestras adolescentes, del consumo de drogas, del desenfreno, de la ambición desmedida de querer obtener las cosas a destiempo, sin estudiar, trabajar y sin el menor esfuerzo, convirtiéndolos en seres irresponsables, con un gran vacío existencial, que muchas veces no saben conducirse por sí solos.

Sacar la asignatura “Moral y Cívica” de forma inexplicable del currículo escolar, ha sido una decisión nefasta, porque la misma ha contribuido en gran medida a aumentar dicha inversión de valores y principios morales en nuestra sociedad. De ahí el gran reto y la gran responsabilidad que tenemos los padres de familia en estos difíciles momentos por encausar a nuestros hijos por el camino correcto en una sociedad en descomposición. ¡Que Dios nos coja confesados

El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex diputado al Congreso Nacional.

 

 

 

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A propósito de moral, cívica y del himno nacional

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

Con gran preocupación y pesar hemos observado que en los últimos años, varias asignaturas, técnicas y métodos de nuestro sistema educativo, que han aportado excelentes resultados a la educación pública y privada, han sido eliminados del currículo escolar.

Nuestro país atraviesa por un momento estelar con una gran inversión de valores morales. Aun así se tomó la nefasta, inconcebible e inexplicable decisión de sacar del currículo escolar la Moral y Cívica, decisión que ha contribuido en gran medida a aumentar dicha inversión de valores y principios éticos en nuestra sociedad.

También se han dejado de impartir las lecturas (oral y comprensiva) y la expresión oral; la narrativa y la redacción; la caligrafía, el dictado, entre otras, indispensables para retener lo escuchado, redactar ideas, eliminar el miedo escénico, adquirir una buena dicción y ortografía. Esto se refleja en el bajo nivel formativo de una gran parte de nuestros niños, jóvenes y adultos, los cuales en su mayoría, se comunican entre sí a través de las redes sociales (wasap, twiter, facebook, instagram, etc.), transmitiendo sus ideas tal como las expresan, en un lenguaje totalmente descompuesto.

Lamentablemente, esto ha tenido mucho que ver también con las bajas calificaciones obtenidas por nuestro país cuando el Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA), apéndice de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), realiza pruebas aleatorias para evaluar la formación de los alumnos en matemáticas, ciencias y lectura, cuando llegan al final de la etapa de la enseñanza obligatoria.

Estas técnicas educativas deben ser también retomadas, pues son indispensables para el desarrollo profesional e intelectual, hoy que países muy desarrollados, como Japón, la han catalogado como básicas. Entonces, ¿por qué abandonar lo que nos ha dado tan buenos resultados?

Parte de estas técnicas las aprendimos en los primeros años de la primaria, en una pequeña y rudimentaria escuela de piso de tierra, de madera de palmas y techada de canas, en un campo de Santiago de Los Caballeros. Allí me enseñaron, además del Himno Nacional, el de Duarte, Sánchez, Mella, el de Las Madres, de la autoría de la insigne vegana Trina de Moya, esposa del expresidente de la República Horacio Vásquez, así como el respeto a los valores y símbolos patrios y muchos buenos modales, indispensables para convivir en una sociedad tan heterogénea.

Con esto se confirma que la verdadera formación escolar no solo se obtiene en escuelas con grandes edificaciones, sino, en aquellas que cuentan con verdaderos maestros, como los que tuvimos en nuestra infancia. Ojalá que los responsables de evaluar y velar por el fortalecimiento del sistema educativo de nuestro país, tomen conciencia de ello.

Con mucha alegría celebro la atinada decisión del Ministro de Educación, licenciado Roberto Fulcar, de que ese ministerio retomará la enseñanza de la Moral y Cívica, pues desde que la misma fue sacada de nuestro sistema educativo, en nuestro país ha aumentado el irrespeto: a las leyes y a la Constitución de la República, al patrimonio y a los recursos públicos, a los valores y símbolos patrios, al medio ambiente y a los recursos naturales, a la aplicación de una justicia correcta; ha aumentado la inseguridad ciudadana, los actos de corrupción pública y privada, en fin, la delincuencia en sentido general.

También, dicho ministro ha ordenado que el estudiante que no se aprenda el himno nacional completo, no podrá graduarse de bachiller. Es posible que los estudiantes no sean los verdaderos culpables, sino, los que están en el deber y en la obligación de enseñarlo.

Concluyo con esta frase lapidaria del famoso filósofo y matemático griego Pitágoras de Samos:Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres.”. Que así sea.

 

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex Diputado al Congreso Nacional.

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Una Auditoría al proyecto de la Presa de Guaigüi, La Vega

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

En esta humilde entrega no nos vamos a referir a los aspectos técnicos ni a la obra de ingeniería y diseño de la Presa de Guaigüi, en La Vega, porque esa no es nuestra área ni especialidad. Nos referiremos única y exclusivamente a los aspectos económicos y financieros de la misma.

El señor Presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció hace unos meses que va a retomar para el año 2022, la construcción de esta importante obra, la cual ha sido un anhelo de todos los veganos. Esta fue iniciada en el año 2001 durante la administración del expresidente Hipólito Mejía, pero fue paralizada en el 2003.

La misma volvió a ser retomada en el 2005 bajo una licitación ganada por el consorcio empresarial Impregilo-Yarull, conformado por las empresas Impregilo SpA de Italia y Hermanos Yarull, de la República Dominicana, bajo la supervisión de la empresa noruega Norplan A.S. Fue paralizada definitivamente en el año 2011 por falta de financiamiento.

Dicha obra estaba siendo construida por la empresa noruega Stackrat-Top y la dominicana IECCA, con un préstamo del Banco ABN AMRO BANK, de Holanda, ascendente a la suma de 70 millones de dólares y en la actualidad se encuentra en un 45% de construcción.

Entre los objetivos y beneficios que se persiguen con esta obra, se señalan:

1.- Almacenar el escaso caudal de agua que aún conserva el Rio Camú, que actualmente no se está aprovechando, lo que garantizaría la demanda de agua potable para La Vega, otros municipios y provincias para los próximos 20 años.

2.- Controlar la correntía de 77 kilómetros cuadrados de la cuenca del Rio Camú, con lo que se preservarían vidas y propiedades en la zona del Bajo Yuna, amenazada por las riadas y crecidas del Rio Camú.

3.- Regular el caudal de agua para los sistemas de reguío del Rio Camú, incorporando unas 80-100 mil tareas para el cultivo de arroz, plátanos y otros rubros agrícolas, con lo que se obtendría un rendimiento en la producción de hasta un150%.

4.- Posibilidad de generar unos 12.5 GW/hora de energía hidráulica al año, lo que ahorraría divisas al país.

5.-Preservación de la Cuenca Hidrográfica del Rio Camú.

6.-Su embalse podría ser utilizado para fines turísticos, dado la paradisíaca belleza del lugar; para la competencia deportiva y para la pesca, generando cientos de empleos directos e indirectos.

Esta noticia ha generado una gran alegría en todos los sectores empresariales, profesionales, agroindustriales y sociales de esta provincia y de la región del Bajo Yuna.

Cuando me correspondió formar parte de la Cámara de Cuentas de la República como miembro titular, durante el periodo 2010-2016, solicité al pleno de esta institución la realización de una auditoría técnica financiera a dicha obra. La misma no fue aprobada por el bufete directivo de entonces, a pesar de que obedecía a un reclamo de toda la sociedad vegana.

Sugiero muy respetuosamente al señor Presidente de la República ordenar la realización de una auditoría técnica-financiera a dicho proyecto, el cual está bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), como institución rectora del manejo de los recursos hídricos del país, pues es necesario transparentar todas las informaciones concernientes a esta importante obra antes de darle continuidad.

Entre las informaciones que deben ser investigadas se encuentran: el valor del préstamo desembolsado, monto del valor invertido, la deuda e intereses contraídos con el banco y con los contratistas; los contratos firmados por los servicios de supervisión de la construcción, evaluación y aprobación de los diseños; si lo invertido corresponde con la realidad, los intereses por dilación, mora y penalización por atrasos en los pagos; el estatus legal de la misma, así como otras informaciones de interés que el país necesita saber, pues nunca se ha hecho una rendición de cuenta de dicha obra.

Debido a que el Rio Camú está al borde de su desaparición, fruto de la deforestación indiscriminada e inmisericorde de su cuenca hidrográfica, así como a la extracción irracional de sus arenas y gravas, es urgente e impostergable la terminación de dicha presa, de lo contrario, La Vega, otras provincias y municipios en los próximos diez años, se quedarán sin agua potable.

La Vega es una de las provincias que cuenta con más recursos hídricos, pero lamentablemente sufre de sed, de manera que el país requiere y esta, por dignidad, merece esta significativa obra. Ojalá que la misma sea una realidad.

-El autor es Contador Público Autorizado. Consultor Administrativo y Financiero Máster en Relaciones Internacionales.

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El prestigio y fortalecimiento de las instituciones fiscalizadoras

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

Desde hace muchos años hemos venido reclamando sobre la necesidad y obligatoriedad de que se le otorgue prestigio y fortalecimiento a cada una de nuestras instituciones públicas, sobre todo, a las que tienen que ver con el control y la fiscalización de los recursos públicos, como son la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, entre otras.

Esto no se logra con edificios modernos y con lujosos y confortables despachos, aunque el entorno y el medio en que se desarrollan sus actividades influye, sino, con la escogencia y designación de hombres y mujeres, que además de su capacidad profesional, deben contar con una reconocida solvencia moral, pulcritud, competencia, eficiencia; con la adquisición de tecnologías de última generación y que suministren sus informes de forma oportuna y bien soportados.

Aunque hemos logrado algunos avances, en la mayoría de nuestras instituciones estas condiciones brillan por su ausencia, pues la mediocridad e incapacidad han aflorado en ellas, pues muchas veces los gobiernos de turnos, en vez de fortalecer a las instituciones que tienen que ver con el control de los recursos públicos, contribuyen con la cualquierizacion de las mismas, escogiendo a personas sin las más minina capacidad profesional ni formación moral, simplemente para favorecer a las personas que contribuyeron con su elección, descartando en cambio a verdaderos profesionales y técnicos calificados, con un historial de buena conducta, simplemente porque en algún momento hicieron causa común con otra fuerza política.

Muchas personas consideran que por el hecho de que una institución pública esté equipada de modernos equipos y altas tecnologías (computadores) ya tiene sus problemas solucionados. Debemos aclarar que lo que en verdad hace la diferencia de las instituciones no son los equipos, son los recursos humanos, pues si a una computadora le introducimos informaciones basuras, eso mismo nos generará.

Cuando nuestras instituciones públicas son dirigidas por personas con capacidad, con solvencia moral y con una férrea voluntad y vocación de servicio, son una garantía para la ciudadanía y para los organismos internacionales, lo que se convierte en confianza y credibilidad, que es a lo que debemos todos apostar, para tranquilidad de la clase gobernante.

Con instituciones de prestigios, fortalecidas, eficientes, eficaces y oportunas nuestro país no seguirá apareciendo en los últimos lugares en los informes que hacen algunos organismos internacionales, como: Justicia y Transparencia, Barómetro Latinoamericano, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la CEPAL, Transparencia Internacional, el Programa PISA, cuando nos califican sobre el crecimiento económico, desarrollo humano, gestión curricular, salud, transparencia, justicia, seguridad jurídica, competitividad, objetivos de desarrollo sostenible, entre otras.

Nuestro país cuenta con una amplia normativa jurídica (leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas, normas) en materia de control y transparencia de los recursos públicos; anticorrupción, fortalecimiento institucional, rendición de cuentas, ética e integridad gubernamental, pero lamentablemente esta no se aplica por falta de voluntad política.

El Señor Presidente de la República Luis Abinader Corona en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, prometió realizar una serie de reformas para fortalecer a dichas instituciones para que cumplan con los objetivos de fiscalizar los recursos públicos, pues al gobierno es al que más le conviene contribuir con la lucha contra la corrupción administrativa. Ojala que así sea.

 

 

 

 

 

 

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Peligros y amenazas que acechan al sector arrocero

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolan@gmail.com).-

El pasado 31 de octubre se celebró “El Día Internacional del Arroz”, el cual fue instituido por la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), celebrada el 31 de octubre del 2003. En dicha asamblea también se escogió el año 2004 como Año Internacional del Arroz, con el lema “El arroz es vida”.

El arroz es uno de los cereales más producido y el de mayor consumo en todo el globo terráqueo, pues más de 3,500 millones de personas, prácticamente la mitad del planeta, lo consumen en sus comidas diarias, porque es un cereal muy importante en la nutrición del ser humano por ser rico en proteínas. Representa el alimento por excelencia e imprescindible en la dieta diaria de todos los dominicanos.

La República Dominicana tiene un consumo de 12.5 millones de quintales de arroz anual y un volumen de producción de alrededor de 14 millones de quintales, demostrando que con la excepción de Estados Unidos, es el único de todos los países que conforman el DR-CAFTA que es autosuficiente en ese aspecto, lo que es una garantía para la seguridad alimentaria de nuestro país.

El sector arrocero aporta a nuestra economía aproximadamente unos 32 mil millones de pesos al año, lo que significa un ahorro de divisas, a la tasa actual, de unos US$550 millones de dólares anuales; más de 30 mil familias de 18 provincias y de 33 municipios del país se benefician de este importante sector de nuestra economía, el cual genera más de 80 mil empleos directos y unos 300 mil indirectos en todo el país.

Existen unas 300 agroindustrias o factorías de arroz en el país y miles de empresas relacionadas con dicho sector,

El 60 % de toda el área cultivada de arroz de República Dominicana es producida por micros productores.

 Ese día, el único legislador que se manifestó y salió en defensa del sector arrocero fue el diputado, José Rafael Hernández, representante de las zonas arroceras de la provincia de La Vega, quien hizo un ferviente llamado a todos los diputados y senadores sobre las amenazas que acechan a este importante sector de nuestra economía con el desmonte de los aranceles a este producto, a través del DR/CAFTA, lo que pondría en peligro la estabilidad económica, política y social de nuestro país.

“El arroz es el único de todos los productos básicos de la canasta familiar, que ha mantenido un precio estable y asequible al consumidor desde hace más de 15 años.

Esto se debe al consenso existente y al gran interés que han manifestado los distintos sectores ligados a la producción, industrialización, comercialización y a las autoridades del sector arrocero, que han conformado una “Mesa de Diálogo”, implementando un efectivo Sistema de Pignoración, que con un pírrico presupuesto de 400 millones de pesos, garantizan la seguridad alimentaria para nuestro país, sobre todo, en estos difíciles momentos de crisis económica y sanitaria, provocada por el Covid-19.”

Este tratado establece un desmonte progresivo de los aranceles a los productos agropecuarios que comienza aplicarse entre un 10 y un 20%, hasta quedar libre de impuestos para el año 2025.

Dicho legislador solicitó al señor Presidente de la República Luis Abinader Corona para que convoque a la Comisión Agrícola de Alto Nivel, creada por el expresidente Danilo Medina mediante Decreto No. 260-16, para que evalúe el Impacto del Proceso de Desgravación Arancelaria y de Apertura Comercial que implica el DR-CAFTA en los productos sensibles del sector agropecuario dominicano, como es el arroz. Dicha comisión está conformada por los ministerios de la Presidencia, Industria, Comercio y Pymes; Relaciones Exteriores, Agricultura y la Junta Agro Empresarial Dominicana (JAD)

“Que se convoque a la Comisión de Revisión Agrícola del DR-CAFTA, conformada por 7 de los países firmantes y emita un informe evaluativo, tal como lo exige el Articulo 3.18 de dicho Tratado; que se incluya en su agenda un punto en el que se solicite que el arroz sea excluido de dicho tratado, para evitar el colapso de este importante sector”.

“La apertura del mercado del arroz en el DR-CAFTA representa una clara amenaza para el sector arrocero del país, pues los Estados Unidos exportan el 50 % de su producción y esto conlleva subsidio indirecto a sus exportadores y mantiene precios de sustentación para el arroz para sus productores En estas condiciones nuestros productores jamás podrán ser competitivos en un mercado abierto.

El mejor ejemplo es Haití, que firmó con Estados Unidos el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), llevando a todos los productores de arroz a la quiebra, se perdieron miles de empleos y hoy tiene que importar desde este país la totalidad del arroz que consume, cuyo precio de venta está muy por encima al de la República Dominicana.

Eso fue un grave error que fue reconocido y lamentado posteriormente por el ex presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, por haberle impuesto a ese país la firma de dicho tratado, ya que el mismo contribuyó a destruir la capacidad de Haití para producir arroz y alimentar a su gente”.

Con la firma del NAFTA, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México), este último se vio obligado a importar el 90 % del arroz que consume. Lo mismo nos sucederá a nosotros.

-El autor es Contador Público Autorizado, Consultor Administrativo y Financiero, Máster en Relaciones Internacionales.

 

 

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La Cámara de Cuentas que requiere nuestro país

Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolan@gmail.com).-

“Rendir Cuentas fortalece la Democracia”.

La Cámara de Cuentas de la República (CCRD) es el órgano superior externo del Sistema Nacional de Control y Auditoria de la fiscalización de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.

El Sistema Nacional de Control y Auditoría está conformado por el Control Externo (CCRD), Control Interno (Contraloría General de la República), el Control Legislativo (Congreso Nacional) y por el Control Social (instituciones legítimas de la sociedad), que es el que mejor cumple sus funciones, denunciando los distintos actos de corrupción administrativa.

Distintos sectores de la sociedad civil están demandando que todos los órganos constitucionales de nuestro país, entre ellos, la CCRD, cuyos miembros titulares son escogidos por el Senado de la República, de las ternas seleccionadas por la Cámara de Diputados, estará  conformada por profesionales íntegros, que además de su capacidad y formación técnica, deben ser personas honorables, honestas, con principios éticos y de solvencia moral; que estén dispuestos a colocar los intereses del país por encima de los particulares.

Como todo órgano colegiado, deben contar con la suficiente madurez y capacidad de decisión; discreción, estabilidad y equilibrio emocional para poder interactuar; deben ser personas revestidas de prudencia, pulcritud, respeto y tolerancia.

Los miembros seleccionados: Contadores Públicos Autorizados, Abogados, entre otros, deben tener una vasta experiencia y dominio, no solo en auditorias financieras, sino, en auditorías gubernamentales con enfoque integral, así como de las leyes que rigen a las distintas instituciones públicas, pues las auditorías que realiza la CCRD son muy complejas, ya que ameritan de la aplicación de una amplia normativa jurídica.

El próximo pleno de miembros, con carácter de urgencia deberá rescatar la imagen de la CCRD, recobrar la fe, la confianza y la credibilidad pérdidas en la sociedad. Debe fijarse como meta lograr que el Plan Anual de Auditorías esté en correspondencia con el Plan Estratégico de Desarrollo del Sistema Institucional (PEDSI), aprobado en la gestión 2010-2016.

Dicho plan ordena que esta institución, además de las auditorías tradicionales, debe realizar investigaciones especiales, tecnológicas, forenses, medio ambientales, de desempeño y cumplimiento, las cuales deben ser oportunas y de mejor calidad, abarcando a más instituciones descentralizadas y municipales, en correspondencia con los avances profesionales y tecnológicos disponibles. Para eso, esta institución fiscalizadora amerita ser fortalecida, aumentando, diversificando y mejorando las capacidades técnicas y profesionales del equipo de auditores.

Este órgano de control debe ser un ejemplo para las demás instituciones fiscalizadoras, pues sus informes son de gran utilidad para la toma de las decisiones que tienen que ver con el control de los recursos públicos.

Además, debe lograr el fortalecimiento y tecnificación de la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, fiscalizando y verificando las informaciones suministradas en sus declaraciones juradas, a través de las siguientes instituciones: Dirección General de Impuestos internos, Superintendencia de Bancos, Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, Jurisdicción Inmobiliaria, para poder dar un cumplimiento eficaz y oportuno a la Ley 311-14.

En conclusión, debe lograr que sus informes de auditorías sean lo más oportunos y de mayor calidad posibles, como aspira toda la sociedad. Para que esto se pueda lograr sugerimos que la Ley 10-04 que rige a la CCRD, sea modificada, para que el protocolo aplicado en la preparación de los mismos, que es muy laborioso, sea dinámico y breve.

Si así se actúa, se estaría contribuyendo con el fomento de una cultura de transparencia, de fortalecimiento institucional y sobre todo, de rendición de cuentas, que son las bases para enfrentar la corrupción administrativa, tomando como estandarte la primera rendición de cuentas que conoció nuestro país: la presentada por el Patricio Juan Pablo Duarte y Diez en 1844, sin que existiera una ley o alguna institución que se lo exigiera, pues en este sentido se ha avanzado muy poco. Ojalá que así sea.

 

-El autor es Contador Público Autorizad, Consultor Administrativo y Financiero, Máster en Relaciones Internacionales.

 

 

 

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La irracional y confusa Política Exterior de Estados Unidos

Por: Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolan@gmail.com).-

Los Estados Unidos no tienen amigos permanentes. Los Estados Unidos tienen intereses permanentes” A.D.

 

La Política Exterior de Estados Unidos de Norteamérica hacia los países de América Latina siempre ha sido irracional, confusa, poco transparente y hasta de doble moral. Estas condiciones han sido incrementadas durante la gestión del Presidente Donald Trump más que en la de cualquier otro presidente.

Estados Unidos mantiene relaciones comerciales y diplomáticas con la República Popular China desde hace más de 50 años, posee grandes inversiones en ese gigante asiático y actualmente tiene una deuda con ese país por más de 1.1 billones de dólares.

Durante el periodo de 1955-1975, en plena “Guerra Fría”, libró una cruenta y sanguinaria guerra contra Vietnam del Norte, el cual estaba apoyado por la Unión Soviética y China Comunista, con el único objetivo de evitar que su aliado, Vietnam del Sur, asumiera el comunismo. Dicha guerra, según los grandes analistas de la geopolítica, nunca tuvo razón de ser, lo que constituyó uno de sus grandes errores políticos.

Dicha conflagración ocasionó más de 5 millones de bajas a ambos bandos. Estados Unidos tuvo más de 500,000, entre fallecidos, heridos, mutilados y afectados psicológicamente. Sin embargo, a pesar de haber sufrido tantas pérdidas materiales, humanas y de haber sido derrotado militar e ideológicamente por Vietnam del Norte, hoy tiene relaciones diplomáticas y comerciales con ese país asiático, lo que no ha hecho con Cuba, que no le ha ocasionado daños ni representa peligro alguno para ese país.

A raiz del establecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales de la República Dominicana con China, los Estados Unidos han estado presionando a las autoridades de nuestro país, tanto a las salientes como a las entrantes, tratando de que las mismas se enfríen y no se desarrollen. La visita reciente del Secretario de Estado Mike Pompeo a nuestro país tuvo mucho que ver con ese propósito.

Cada vez que los presidentes de Los Estados Unidos están en campaña para la reelección, siempre buscan un motivo para granjearse la simpatía de sus ciudadanos. Esto sucedió cuando George Busch (hijo) buscaba un segundo período, se inventó el cuento de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak y ordenó la invasión hacia ese país. Luego se comprobó que ese argumento era totalmente falso.

Ahora el Presidente Donald Trump acusa a China de ser la causante de la pandemia del Corona Virus, COVID-19 y de que la vacuna que ese país dice haber descubierto es falsa y que no funciona. Incluso utilizó a la viróloga china Li-Meng Yan, que emigró a los Estados Unidos, para que acusara a ese país de mentir y de no informar a tiempo a la OMS.

En esa campaña contra China, está utilizando al exilio cubano y a sus representantes en la República Dominicana. A eso se deben las fuertes, inhumanas e injustas medidas de presión económicas que ha tomado contra Cuba, así como las prohibiciones a los estadounidenses de obtener productos de origen cubano, agravando aún más el bloqueo económico, comercial y financiero, que por casi 60 años Estados Unidos mantiene contra ese vecino país, solo para congraciarse con el exilio cubano del Estado de La Florida para que le otorgue su voto.

Dicho Estado podría ser decisivo para los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre, tal como ocurrió con Busch hijo en el año 2000, las cuales ganó de manera muy cuestionada. Durante la gestión de Barack Obama, hubo un cierto acercamiento hacia Cuba.

 

-El autor es Contador Público Autorizado. Máster en Relaciones Internacionales, Ex Diputado al Congreso Nacional.-

 

 

 

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Crisis económica, pandemia global e impuestos 

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolan@gmail.com).-

Nuestro país está atravesando por una de sus peores crisis económicas del último siglo, provocada por la pandemia mundial conocida como el Corona Virus, COVID-19, la cual ha frenado de golpe su crecimiento económico, provocando que sus ingresos por todas sus recaudaciones fiscales, exportaciones, el turismo, así como las remesas, desde principio de este año, se encuentren por el suelo.

Tanto el gobierno saliente como el entrante han asumido grandes compromisos financieros para tratar de enfrentar y paliar estos dos grandes flagelos que han hecho caer su producto interno bruto a niveles nunca vistos, por lo que este último se ha visto obligado acudir al endeudamiento externo por más de 4 mil millones de dólares en apenas 50 días, para poder atender las demandas de los problemas de insalubridad y en subsidiar a los sectores sociales más vulnerables.

Esta crisis económica y esta pandemia han paralizado a todo el sector productivo de la nación, por lo que miles de empresas han cerrado sus puertas, dejando a cientos de miles de personas desempleadas.

El gobierno envió recientemente al Congreso Nacional el anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos correspondiente al año 2021, ascendente a la suma de 1 billón 37,843 millones de pesos, el cual supera al de todos los años anteriores. En él se incluyen de manera soterrada, sin haberlo comunicado ni consensuado con el país, una serie de impuestos que afectan a la clase media y a los sectores de menores ingresos, los cuales ya están saturados por las tantas cargas fiscales que llevan sobre sus hombros.

Algunos de estos impuestos supuestamente serían de carácter transitorio, pero estos siempre son eternizados cuando aportan buenos resultados al fisco. El mejor ejemplo es el adelanto del pago de los impuestos que el ex Presidente Juan Bosch en el año 1963 les solicitó a los empresarios para pagar el sueldo del primer mes a los empleados públicos, el cual fue convertido por las administraciones siguientes como el Anticipo al Impuesto sobre la Renta, que todavía hoy se continúa aplicando de manera improcedente. Además, Bosch redujo su sueldo y el de sus funcionarios, pues el sacrificio debía ser de todos.

Los mismos fueron rechazados por distintos sectores económicos y sociales, con amenazas de protestas en las redes sociales. Entre las partidas a ser afectadas se encuentran: el sueldo No.13, que por primera vez se trata de gravar; el gas licuado de petróleo (GLP), las compras internacionales con tarjetas de crédito, entre otras. Esto obligó al Presidente Luis Abinader a reconsiderar y a enmendar sus propuestas mediante un discurso transmitido por radio y televisión, en el que anunciaba una adenda al presupuesto y el retiro inmediato de dichos impuestos.

Consideramos que en medio de una gran crisis económica y de una pandemia global no procede la creación de más impuestos a la clase media, pues eso sería como añadirle más leña a la hoguera. Lo que procede es buscar nuevas fuentes de ingresos, eficientizar el cobro de los ya establecidos, evitar las evasiones fiscales, eliminar las exenciones y canonjías a los sectores de poder; aplicar las leyes 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo y la 46-20 sobre Transparencia y Revalorización Patrimonial, para aprovechar las grandes fortunas declaradas recientemente y a los emporios ligados al lavado y al narcotráfico que nunca han declarado ni pagado sus impuestos; poner en prácticas las impresoras fiscales en los negocios de compras masivas, que por presiones de los propias asociaciones empresariales fueron dejaron sin efectos, entre otras.

El señor Presidente se refirió a dos importantes pactos que están incluidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y que deben ser firmados cuanto antes: El Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, por lo que se debe hacer una verdadera reforma fiscal integral, no de parches, donde los que más reciban sean los que más paguen.

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex Diputado al Congreso Nacional.

 

 

 

                 

 

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El IX Congreso del PLD: Necesidad de poner la casa en orden

 Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-
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Antes de pasar a desarrollar dicho congreso se deben analizar las causas y las razones de las derrotas sufridas por el PLD en las elecciones municipales de marzo y de las congresuales y presidenciales de julio; del por qué el partido obtuvo tan baja votación, a pesar de que sus gobiernos realizaron una excelente gestión. Dicho proceso deber ser analizado profundamente pues el mismo tiene muchas aristas que deben ser conocidas.

El PLD desde su fundación siempre fue concebido como un partido de organismos, no de individuos, de ahí el respeto que en otrora inspiraba y tenía en la sociedad, donde ser peledeísta era un prestigio. Ninguna estructura política, empresarial, religiosa, militar, deportiva, gremial ni social podrá realizar una labor eficiente, eficaz, creíble, confiable y transparente si no se remozan sus direcciones periódicamente y se ponen en funcionamiento.

Para dicho congreso se deben eliminar los intereses grupales que se han apoderado del partido, evitar que circule el dinero para obtener una simple membresía del comité central, pues es muy penoso, vergonzoso y cuestionable que para poder lograrla, hayan personas que desconociendo el sacrificio humano y el costo en el que se ha incurrido para fundar, desarrollar y conservar este proyecto político; cómo funcionan sus estructuras políticas, la educación, disciplina, la crítica y autocrítica; que nunca han asistido a una reunión, incurran en esta práctica.

El comité político que surja de este IX Congreso Ordinario deberá ser un ente proactivo, regulador y fiscalizador, pues debe tomar participación y decisiones en materia: económica, transporte, penal, sobre temas de salud, educación y cultura; corrupción, soberanía, migración, municipalidad, fiscal, energía, justicia, seguridad social y ciudadana; relaciones internacionales, medio ambiente, como en otrora siempre se hacía y que los actuales miembros abandonaron, pues nunca se reunían.

Tiene que recuperar la imagen, la confianza y la credibilidad del partido, pues las mismas se han resquebrajado en el pueblo, fruto de los desaciertos, la arrogancia, los cuestionamientos y el endiosamiento de muchos de sus miembros, que por tantos años se mantuvieron en el ejercicio del poder, desconectados de la sociedad. Por eso su lema “Servir al Partido para Servir al Pueblo”, que por tantos años era un motivo de orgullo al pronunciarlo en cada acto o reunión, ya muy pocos lo sienten, pues hace muchos años que se dejó de aplicar.

La escogencia del comité central como la del comité político no debe ser cualquierizada. Cualquiera persona no puede ser miembro de estos altos organismos. Para ello se requiere de una gran formación política, solvencia moral, sensibilidad social y patriótica; capacidad de análisis, prudencia, credibilidad, discrecionalidad, tolerancia, ser respetuosa, humilde, con vocación de servicios, dominio de la agenda nacional e internacional, con buenas relaciones humanas, participativa, colocando siempre los intereses del partido por encima de los particulares, pues serán los representantes y la imagen del partido en sus respectivas comunidades.

El partido, la sociedad y el gobierno en vez de machar en una misma dirección, lo hicieron por caminos distintos. Esto quedó demostrado con la baja votación obtenida en las elecciones del 5 de julio, en las que el PLD obtuvo casi un millón de votos menos que en las elecciones del 2016, a pesar de que el gobierno realizó una gran labor.

El Dr. Bidó Medina merece que en su honor se celebre un congreso diáfano, disciplinado, transparente, plural, autocrítico y democrático, no a base de planchas conformadas por grupos apandillados en gremios profesionales, de líneas bajadas a la militancia o a base de dinero. De hacerse así sería como tratar de construir un rascacielos sobre un terreno movedizo.

De estructurarse un comité central y un comité político como ordenan las circunstancias, los estatutos y los lineamientos establecidos, surgiría un PLD renovado, fortalecido y en condiciones de reconquistar el poder en el 2024. Pero para poder lograr ese objetivo es necesario aplicar una herramienta que siempre lo distinguió de los demás partidos y le dio muy buenos resultados: la aplicación de una férrea disciplina. Ojalá que así sea.

 

-El Autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex diputado al Congreso Nacional y Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

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Mis reflexiones sobre el Golpe de Estado al Presidente Bosch

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

“Nosotros podemos caer pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática”Juan Bosch.

Este 25 de Septiembre se cumplen 57 años de aquel fatídico, funesto, vil, cobarde y criminal Golpe de Estado ocurrido en 1963 contra el primer gobierno constitucional y democrático que se dio el país, luego de que fuera decapitada la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, presidido por el Profesor Juan Bosch, electo legítimamente con casi el 60% de los votos emitidos en las Elecciones Generales del 20 de diciembre de 1962, con apenas siete meses en el poder, con el apoyo de la oligarquía empresarial, los altos jefes militares, la Unión Cívica Nacional, la Embajada de los Estados Unidos y lamentablemente, por la jerarquía de la iglesia católica.

Esta fecha no puede pasar desapercibida, pues “aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo”. Consideramos que las presentes y futuras generaciones deben conocer todo sobre este fatal acontecimiento de nuestra historia reciente, pues le generó a nuestro país un retroceso de más de 50 años en lo económico, político, social, cultural e institucional, del cual todavía no nos hemos recuperado.

Para un país en vía de desarrollo como el nuestro, cuando se interrumpe o se quiebra el orden constitucional, le toma mucho tiempo poder recuperarse. A pesar de haber transcurrido ya 57 años de aquel fatídico Golpe de Estado, aún están vigentes las consecuencias catastróficas de ese imperdonable y bochornoso hecho, pues continuamos arrastrando una gran deuda social acumulada y una serie de males, que por falta de voluntad política, parecen interminables; los mismos que Don Juan enfrentó y que fueron las razones por las que no lo dejaron gobernar.

El fantasma de los golpes de estado todavía no ha desaparecido. Ya no se producen de forma violenta como ocurrió contra el gobierno de Bosch y el de Salvador Allende diez años después en Chile. Ahora se aplica la presión internacional utilizando los poderes fácticos nacionales para obligar a los presidentes a renunciar, como ocurrió en Brasil contra Dilma Rousseff y recientemente contra Evo Morales, en Bolivia, después de este haber realizado una excelente gestión gubernamental, pero su afán desmedido de querer continuar en el poder por más de tres períodos, hizo que todas sus grandes realizaciones lamentablemente se echaran por el suelo.

En ese espejo todos debemos mirarnos pues el continuismo, más allá de lo que dicta la Constitución de la República, puede resultar muy peligroso para el país.

Si aún confrontamos graves problemas económicos, políticos, sociales y culturales; si en 1965 libramos una sangrienta guerra civil entre dominicanos, exigiendo la reposición del Presidente Bosch, la cual fue abortada por la invasión de más de cuarenta y dos mil marines auspiciada por la OEA; si hoy no hemos podido cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, exigidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y que están contemplados en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo, se debe precisamente a este abominable acontecimiento, que llenó de sangre, luto y dolor a nuestro país, por lo que en nuestras escuelas debe ser dado a conocer para que no se quede en el olvido y que todos colaboremos para que no vuelva a suceder.

Este aniversario casi coincide con la inauguración de un nuevo gobierno, que ha sido denominado el “Gobierno del Cambio”, presidido por el señor Luis Rodolfo Abinader Corona, del cual la población tiene grandes expectativas. Ojalá que su gobierno no pierda de vista que desgraciadamente aún está pendiente de completar el proceso de transición hacia un orden democrático, el cual fue iniciado durante el gobierno sietemesino del ex Presidente Juan Bosch pero que fue interrumpido con su derrocamiento. Ya es tiempo de romper con la cultura de continuar haciendo casi siempre más de lo mismo y no contribuir con el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

El Autor es Contador Público AutorizadoMáster en Relaciones Internacionales, Ex Diputado al Congreso Nacional y Ex Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República.

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El IX Congreso del PLD. Necesidad de poner la casa en orden

  Por: Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-
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El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se apresta a dar inicio el próximo mes de octubre a su IX Congreso Ordinario dedicado a uno de sus fundadores, a un paradigma de la honestidad, del decoro y de la pulcritud; un consagrado dirigente político, auténtico discípulo y seguidor de los principios éticos y morales del Profesor Juan Bosch, miembro ad vitam de su comité político, ex Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, catedrático universitario y ex candidato a la vicepresidencia de la república, el Dr. José Joaquín Bidó Medina.

Consideramos como un alto honor para la clase política, para la democracia y para el sistema político de nuestro país, por cierto muy cuestionado y desacreditado en estos momentos, que este magno evento lleve el nombre de una persona de su estatura política. Ojalá que todos los que propusieron y apoyaron la escogencia de este nombre, así como los miembros que serán escogidos en dicho congreso, tanto para el comité central, que es la dirección e instancia superior del partido después del congreso, como para el comité político, que es el organismo ejecutor de las decisiones aprobadas por el comité central, actúen coherentemente y continúen la trayectoria de vida ejemplar de este baluarte del peledeísmo.

Esta decisión la consideramos muy atinada, oportuna y digna de ser aplaudida, pero antes de dar inicio a un acontecimiento de esta naturaleza, sugerimos que dicho partido ponga su casa en orden y realice un mea culpa, un ejercicio crítico y constructivo, celebrando asambleas municipales, provinciales, nacionales e internacionales, donde se den a conocer los errores cometidos, los vicios acumulados, actos de indisciplina, las violaciones a los métodos de trabajos, para procurar así dar al traste con la inercia de casi 20 años ininterrumpidos, que convirtió a todas sus estructuras políticas: organismos de base, intermedios, municipales, provinciales, central y político en disfuncionales, al igual que la mayoría de sus secretarías.

En todo ese tiempo esos organismos no han sido reestructurados, manteniendo los mismos miembros, aún hayan algunos que cometieran faltas graves, actos de indisciplina y una demostrada incapacidad, como si fueran una dinastía. A penas se les han hecho parches y aumento de su membresía. Esto constituye una violación a sus propios estatutos y un ejercicio antidemocrático, pues no se le brinda la oportunidad al liderazgo emergente, sobre todo, a los que tienen méritos más que suficientes para ser tomados en cuenta, por haber demostrado durante todo su accionar político, capacidad, honestidad, vocación de servicios, disciplina, participación activa y sin nunca verse involucrado en escándalos públicos cuando les ha correspondido desempeñar distintas funciones en el Estado.

Se ha enarbolado el argumento de que con el comité político actual el PLD ganó cinco elecciones consecutivas, que no deja de tener razón, pero hay que reconocer que las mismas se ganaron principalmente por la realización de una buena gestión de sus gobiernos, pues este partido fue convertido, única y exclusivamente, en una maquinaria electoral, descuidando la formación política, la disciplina, la educación, los principios morales y patrióticos, desvinculándose totalmente de las organizaciones sociales.

Independientemente del buen desempeño electoral, todas sus estructuras políticas pasaron a formar parte del gobierno central. Llegó un momento que en el partido no había quien le pusiera el cascabel al gato, es decir, quien pudiera tomar decisiones y aplicar la disciplina interna, pues su presidente era también presidente de la república y su secretario general era el presidente del senado de la república y no se designaron sustitutos.

Eso no fue lo que este partido puso en prácticas desde que fue concebido por el prócer, maestro de la política, gloria de las letras de América y líder ad vitam, el Profesor Juan Boch, quien lo calificó como “Un Partido único en nuestra América”.

Continuará.

 

 

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La verdadera educación es la del hogar (in memoriam mi padre)

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).- 

 

El autor de esta anécdota fue engendrado, criado y educado por un humilde conductor de carro público de la Ruta “A” de Santiago de los Caballeros, el señor Pablo Cruz Cruz, que aunque muy pobre económicamente hablando, poseía una de las mayores riquezas: la responsabilidad de su rol de padre y cabeza de familia, así como las virtudes morales que lo adornaban, entregándose por completo a la formación moral, espiritual y profesional de cada uno de sus ocho hijos, transmitiéndonos siempre los sanos principios y valores éticos y morales.

Un día muy de madrugada, siendo yo muy pequeño, mi padre despertó a mi hermano René y a mí, con un billete de veinte pesos en las manos y a seguidas nos preguntó: ¿de cuánto es este billete? Los dos de inmediato contestamos: ¡de veinte pesos papá! ¡No!, respondió él. “Este billete aunque exprese que es de veinte, para mí es de cinco pesos”. Nosotros, como niños ingenuos, nos quedamos sorprendidos y anonadados, sin entender lo que sucedía. “Anoche le hice un servicio a un médico y él, en vez de darme cinco pesos, en medio de la obscuridad, me entregó veinte pesos. Yo tengo que llevarle la parte que no me corresponde, porque ese dinero no es mío. Quiero que para ustedes ese billete también sea de cinco pesos”.

Temprano en la mañana, mi padre le llevó el billete de veinte pesos al médico, le explicó lo ocurrido y este, sorprendido por su correcta actuación, lo gratificó con cinco pesos más. Desde que me hice adulto y comencé a trabajar, siempre llevo conmigo en un rinconcito de mi humilde cartera, un billete de 20 pesos, el cual me ha inspirado a actuar correctamente en toda mi carrera profesional, en todas mis actuaciones públicas y privadas y a no hacer uso de lo que no me pertenece. Con la actitud asumida por mi padre queda demostrado, que en gran medida, la educación en valores, es la que se recibe en el hogar. Esta no se aprende en las escuelas ni en universidades.

Debido a la gran inversión de valores y a la descomposición moral que hoy arropa a una buena parte de nuestros jóvenes, a la sociedad y a la familia, con motivo de la partida física de mi padre el pasado viernes 22 de los corrientes, in memoriam a él, he querido compartir y dar a conocer este hermoso testimonio, pues las cosas positivas que contribuyen con la formación moral y espiritual, deben ser difundidas y promovidas. Considero que durante el paso por nuestra vida terrenal, las buenas obras que podamos hacer son las que prevalecerán para siempre y por las que seremos recordados. De ahí que siempre debemos tratar de dejar grandes huellas, no cicatrices.

Muchas veces los padres somos responsables de los errores y de las malas actuaciones de nuestros hijos, pues les queremos ofrecer todo lo que no tuvimos (dinero, vehículos, tarjetas de crédito, viajes, vacaciones, clubes sociales), en cambio les negamos lo que sí tuvimos y los que nuestros padres nos inculcaron e impregnaron (amor, ternura, responsabilidad, honestidad, pulcritud, prudencia, persistencia y perseverancia; el respeto, humildad, sinceridad, no codiciar lo ajeno y cortesía).

¡Gracias papá por el hermoso legado que nos dejaste!

 

El autor es Contador Público Autorizado, Ex Diputado al Congreso Nacional y Ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Una rendición de cuentas ejemplar

Por Lic. Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).- 

El pasado 24 del mes que transcurre se celebró en nuestro país el Día de los Ayuntamientos, el cual coincidió con el 55 aniversario del inicio de la Revolución de Abril de 1965, la cual tenía como objetivo la vuelta a la constitucionalidad y el retorno al gobierno del Profesor Juan Bosch, el cual había sido derrocado por un golpe de Estado militar el 25 de septiembre de 1963, con apenas siete meses de gestión.

Ese mismo día, por primera vez, luego de la modificación de la Constitución de la Republica, se produjo la juramentación de todos los alcaldes y directores de los ayuntamientos y distritos municipales del país, así como el traspaso de gestión de los salientes.

Contrario a como ocurre con otras municipalidades del país, donde los inmuebles, las documentaciones, maquinarias y equipos son sustraídos, desguazados o incendiados; las cuentas embargadas, dejando el municipio o distrito en un abandono y caos total; con grandes compromisos financieros y deudas multimillonarias, el señor Negro Hernández, luego de dirigir honrosamente el Distrito Municipal de Ranchito por casi diez años, procedió a realizar un traspaso de gestión totalmente diferente, con mucha dignidad, transparencia y responsabilidad, el cual puede catalogarse como ejemplo y modelo para las demás autoridades, no solo municipales, sino, nacionales.

Dicho señor entregó a las nuevas autoridades un distrito municipal totalmente organizado, saneado y limpio, no solo a nivel de escombros y desechos sólidos, sino a nivel financiero y legal, sin un centavo de deuda, con un buen crédito en el comercio local, cosa que él no recibió; con todas sus calles asfaltadas, alumbradas, señalizadas, limpias; aceras y contenes, y todas las edificaciones públicas en muy buen estado, totalmente remozadas; energía las 24 horas, siendo el primer distrito municipal en lograrla, con instalaciones deportivas que superan a las de los demás municipios de la provincia de La Vega y de muchos del país. El equipo de transporte y de servicios disponible se entregó con el mantenimiento requerido y completo de combustibles.

Además, iglesias, clubes deportivos y centros comunales, apoyo a la educación y a la salud; becas para estudiantes, caminos vecinales entre otras, pero lo más importante fue dejar a Ranchito en el camino del desarrollo y del progreso, por la gran cantidad de obras y servicios construidas, así como por la seguridad ciudadana existente, que es la clave para que lleguen a este distrito las grandes empresas e inversiones, tanto nacionales como internacionales.

Dicha transición se hizo con todos los rigores de la ley, bajo un inventario, con todas las certificaciones gubernamentales al día: Dirección General de Impuestos Internos, Seguridad Social (TSS) y de INFOTEP.

Gracias a una administración honesta, transparente, austera y apegada a las leyes, a los principios éticos y a su vocación de servir, hoy puede exhibir un conjunto de más de cien obras y servicios importantes, realizados con los fondos de inversión, durante su gestión de 9 años y 8 meses, en la que nunca cobró el sueldo correspondiente como director de dicho distrito ni utilizó un galón de combustible para su vehículo, pues todas las gestiones, diligencias y viajes fueron cubiertos por él.

A través del presupuesto participativo, pudo cumplir con la promesa de mantener la limpieza y construir por lo menos una obra en cada barrio, paraje o sección del distrito municipal de Ranchito, razón por la que fue escogido dentro de los municipios y distritos del país para formar parte del Programa “Dominicana Limpia”, obteniendo este distrito el segundo lugar. Ojalá que los demás alcaldes y directores imiten el ejemplo de Negro Hernández, un gran aporte al fortalecimiento institucional, que es a lo que aspira toda la sociedad.

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex Diputado al Congreso Nacional.

 

 

 

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No apostemos al fracaso

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

La pandemia del Corona virus (Covid-19), considerada como la más agresiva y letal, ha sorprendido a la humanidad sin que se haya descubierto una vacuna o solución, pero mucho menos, sin  un sistema de salubridad efectivo para combatirla. A la fecha han fallecido a nivel global más de ciento treinta mil personas y más de dos millones contagiadas (en nuestro país, 188 fallecidas y 3,300 contagiadas).

A pesar de que el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina ha declarado al país en estado de emergencia y de excepción, tomando fuertes y rigurosas medidas sanitarias, económicas, humanitarias y de seguridad nacional, algunas muy dolorosas, pero las recomendadas por los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), diariamente recibe fuertes críticas junto al equipo de salud, de parte de sectores sociales, de la oposición y de los medios de comunicación.

El mandatario admitió de manera honesta y sincera en uno de sus discursos, que dada la inexperiencia del país en el manejo de este tipo de pandemia, que “se han cometido errores y se seguirán cometiendo más”.

Sin embargo no se han cometido los errores garrafales de los Presidentes: Donald Trump, de los Estados Unidos; Andrés Manuel López Obrador, de México y de Jair Bolsonaro, de Brasil, quienes han colocado la economía de sus respectivos países por encima de la salud de sus habitantes.

Esta pandemia universal ha coincidido con la celebración de las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de nuestro país, pero estas deben ser colocadas en segundo plano, ya que primero debe colocarse la salud del país. En este momento se requiere de un verdadero pacto de unidad nacional de todos los sectores (gubernamental, empresariales, políticos, sociales, religiosos), aun en la diversidad, pues todos deben ser parte de la solución, no contribuir al agravamiento del problema. Estos no son momentos para criticar ni para querer sacar provecho político de esta.

Se debe tratar de colaborar más y criticar menos, que cada quien aporte una cuota de sacrificios; esta es una responsabilidad de todos, de colocar los intereses del país por encima de los personales y políticos, pues este virus no discrimina a etnias, razas, ideologías, partidos políticos, religión, edad, sexo, ni clases sociales.

Países desarrollados como los Estados Unidos, Francia, Italia, Reino Unido, España, han visto colapsar sus sistemas de salud, donde los materiales, suministros de salud y respiradores han escaseados en la mayoría de ellos. Incluso se ha querido comparar erróneamente nuestra realidad con la de esos países y con la de los asiáticos, que tienen una cultura milenaria y un nivel de educación mucho más avanzados que el nuestro.

El Presidente de la Republica, aun en medio de la pandemia que nos afecta, además de los innumerables problemas de un país en vía de desarrollo como el nuestro, está escuchando todas las propuestas, sugerencias, recomendaciones y las críticas constructivas; tomado las medidas correctivas de las irregularidades, debilidades y distorsiones que se han presentado en el proceso de las licitaciones para las adquisiciones de los materiales, suministros y equipos médicos.

Traigo a colación la frase de Ernesto Guevara de la Serna (Che), las cuales se ajustan a estos tiempos del Covid-19: “En la tierra hacen falta personas que trabajen más y critiquen menos, que construyan más y destruyan menos, que prometan menos y resuelvan más, que esperen recibir menos y dar más, que digan mejor ahora que mañana”.

Por encima de todo, debemos tratar de preservar la estabilidad económica y financiera, política y social del país, que tantos esfuerzos y sacrificios nos ha costado. Ojalá que así sea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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¡Urgente: una contribución del sector privado para el Coronavirus!

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

“De poco sirve la riqueza en los bolsillos, cuando hay pobreza en el corazón”.
-Papa Francisco-

Nuestro país y el mundo atraviesan por uno de los momentos más difíciles y preocupantes del último siglo, luego de la “Gripe Española” del 1918: La aparición del Coronavirus-COVID 19, el cual se ha convertido en una pandemia global, causando cientos de miles de personas afectadas y fallecidas, sin que hasta la fecha se haya descubierto una vacuna para contrarrestar o curar el mismo.

Este virus se originó en China a finales del año 2019 y aunque ya este país se ha ido recuperando y volviendo a la normalidad, se ha expandido y propagado por casi todo el planeta (170 países).

De consecuencias hasta ahora imprevisibles, este virus está causando estragos no solo a la salud de la humanidad, sino, a la economía global, pues en estos momentos se ha generado una gran contracción y recesión económica, ya que las principales potencias económicas (China, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España), han cerrado sus fábricas, colocando en cuarentena a sus trabajadores. Esta situación ha provocado la caída de los precios del petróleo y de las bolsas de valores de las grandes empresas.

El señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina ha declarado el país en estado de emergencia y ha tomado fuertes y rigurosas medidas sanitarias, económicas, humanitarias y de seguridad nacional, que aunque muy dolorosas, han sido las correctas y atinadas para enfrentar esta pandemia universal, que sin duda alguna afectará todo el sistema productivo nacional, sobre todo al turismo. Se cerraron las fronteras aéreas, marítimas y terrestres y se suspendieron las labores comerciales.

Nuestro país en estos momentos requiere de una verdadera unidad nacional (clase empresarial, política, social y religiosa); de reflexión, recogimiento, sacrificios, solidaridad y desprendimiento. Demanda que coloquemos sus intereses por encima de los particulares, económicos y políticos.

A pesar de los grandes esfuerzos y sacrificios que viene realizando el señor Presidente de la Republica, los mismos no serán suficientes para poder enfrentar por si solo esta desgracia que nos ha tocado vivir; se requiere del aporte, del desprendimiento, del sacrificio y de la solidaridad del sector empresarial, pues si observamos lo que está sucediendo en España, Italia y en los Estados Unidos, países muy desarrollados, donde algunas áreas de su sistema de salubridad están al borde de colapsar. ¿Qué podemos esperar del nuestro, en vía de desarrollo, con recursos y capacidades instaladas limitadas?

Este sector, a través del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), la Asociación de Bancos Comerciales de la República (ABA), las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), las Administradoras de Riesgos de Salud, entre otras, pueden crear un fondo común con aportes económicos y en especies, administrado por dichas instituciones o por las iglesias, con el apoyo logístico del gobierno central (transporte, seguridad y personal de apoyo). Ya se tiene el precedente de la ayuda humanitaria del 2010 con la ocurrencia del terremoto en Haití.

Esta decisión debe tomarse antes que sea demasiado tarde, pues de continuar expandiéndose este virus y de mantenerse en cuarentena a una clase muy vulnerable, aquí no se sabe lo que podría ocurrir, pues este no toma en cuenta a etnias, razas, edad, sexo y clases sociales. Este es un momento de grandes sacrificios que debe ser afrontado por todos, pero más por los que tienen algo que perder. Unidos como hermanos saldremos airosos de esta terrible calamidad. ¡Que Dios nos coja confesados!

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex diputado al Congreso Nacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El lenguaje irrespetuoso en los medios de comunicación

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

¡Cuidado con lo que dice; cómo lo dice; cuándo lo dice y dónde lo dice! ¡Su prestigio está en juego!
-Robert L. Genua-

 A raíz de la proliferación en nuestro país de una gran cantidad de estaciones de radio y canales de televisión, tanto nacionales como locales, muchos de ellos sin licencias para operar, han surgido una gran cantidad de programas de opiniones, de comentarios y de interacción social, cuyos directores en su mayoría, no están autorizados para operar, pues no cuentan ni con los permisos ni con la capacidad requerida.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, de acuerdo a la ley 1951 y al Reglamento No. 824, es el organismo regulador y responsable de emitir dichos permisos para el ejercicio de la profesión de locutor y comunicador, tanto para la radio como para la televisión, luego de aprobar un riguroso examen.

Algunas personas consideran que el estar delante de un micrófono o de una cámara de televisión, les da derecho o potestad para irrespetar, insultar, ofender a nuestras autoridades y a las figuras públicas, sobre todo, a la del señor Presidente de la República, a quien se le debe respeto y consideración, aunque no se comulgue con su forma de gobernar y pensar, independientemente del partido a que se pertenezca.

Los medios de comunicación: radio,  televisión, periódicos, tanto físicos, como digitales y las propias redes sociales (Wasap, twiter, instagram, facebook, entre otros), deben ser utilizados para educar, orientar, informar y formar a toda la ciudadanía, jamás para desinformar, confundir, difamar, injuriar, desacreditar, insultar, ofender, irrespetar, extorsionar o destruir la integridad de las personas.

De acuerdo a los artículos 84 y 105 del Reglamento 824, dicha Comisión puede prohibir la transmisión de aquellos programas, así como la suspensión de sus productores, que corrompan el lenguaje o que actúen contrarios a la moral, al pudor y a las buenas costumbres. En los actuales momentos, no se está cumpliendo con estas tareas y no se está aplicando ningún tipo de régimen de consecuencia.

Los directores de las estaciones de radio y televisión, además del carnet reglamentario de locutor o de periodista a los productores de programas, deben exigir que cumplan con un código de ética y de un uso racional del lenguaje, lo que antes era una obligación para poder hacer uso de estos medios. Lamentablemente estos solo se preocupan por cobrar la renta de los espacios radiales o televisivos.

Se puede denunciar un hecho, criticar con energía, mostrar desacuerdos, decir grandes verdades, pero haciendo un uso correcto del lenguaje, guardando siempre la prudencia, el equilibrio emocional y el comedimiento, sin caer en la vulgaridad, en la bajeza, en el insulto personal y en la blasfemia. No hay necesidad de utilizar un lenguaje soez, porque esto nos hace daños, nos afecta nuestra imagen, y por tanto, nos descalifica ante la ciudadanía.

Hablar con bravuconería, arrogancia y prepotencia, utilizando un lenguaje vulgar, soez e insultante, no es sinónimo de hablar con autoridad y no nos conduce a nada bueno, pues estaríamos enviando un mensaje equivocado y contrario a los valores más sanos de la sociedad, sobre todo para las presentes y futras generaciones. Cuando utilizamos un lenguaje descompuesto perdemos autoridad, credibilidad y objetividad ante los demás.

Si tuviéramos conciencia del poder y la influencia que ejercen los medios de comunicación en la ciudadanía, cuidaríamos cada vez más, nuestro lenguaje y la forma de decir las cosas, pues así logramos ganarnos el respeto, la confianza y la credibilidad de los demás, pues la pasión es mala consejera. ¡Cuidemos pues nuestro lenguaje, que es como cuidarnos a nosotros mismos!

*El Autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales, Ex Miembro titular de la Cámara de Cuentas de la República y  Ex diputado al Congreso Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El sabotaje electoral, un duro golpe al sistema democrático

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

El pasado domingo 16 las elecciones municipales que se celebrarían en todo el país, en los 158 municipios y en los 235 distritos municipales fueron abortadas mediante un sabotaje al equipo de tecnología de la Junta Central Electoral (JCE). En ellas se escogerían unos 3,849 alcaldes (as), vice alcaldes (as), regidores, directores, vocales y suplentes.

Dicho sabotaje se realizó en los grandes municipios donde funcionaría el voto automatizado de la JCE, en los cuales muchos colegios electorales no pudieron funcionar. La JCE decidió anularlas por completo.

Este abominable y bochornoso atentado, sin precedentes en la historia democrática reciente, es un duro golpe al sistema constitucional y democrático, el cual atenta contra la paz social, la estabilidad política, económica y financiera; contra el crecimiento y el desarrollo que disfruta nuestro país y envía un mensaje negativo a la opinión pública internacional, que puede afectar la confianza y a las inversiones extranjeras.

En esta crisis electoral urge que todos los actores de la vida nacional: clase política, empresarial, religiosa y social, propicien una salida armoniosa a la misma, pues al país no le conviene que en medio de varios procesos electorales, esta desemboque en una crisis política. Tenemos que evitar el colapso y que sucumba nuestro frágil sistema electoral, pues en medio de la tormenta, necesitamos salvar las elecciones municipales programadas para el 15 de marzo próximo, que son la garantía para las presidenciales y congresuales de mayo, y posiblemente, de las de junio, si hay segunda vuelta.

Desgraciadamente nuestro sistema electoral tiene un costo muy elevado, irresistible, para un país pobre, en vía de desarrollo, pues si incluimos las Primarias celebradas en octubre pasado en las que solo participaron los dos partidos mayoritarios y las abortadas el pasado día 16, serían cinco las elecciones que se celebrarían en cuestión de meses.

A los actuales jueces de la JCE, órgano rector de nuestro sistema electoral, aunque vilgilados, se les debe dar un voto de confianza, aun en medio de la desconfianza, de los tantos errores cometidos; falta de autoridad, incapacidad y deficiencias. Pedir la renuncia de los mismos en estos momentos, como lo vienen haciendo algunos sectores políticos y sociales, es un craso error, pues el remedio podría resultar peor que la enfermedad, ya que dentro de esta crisis y con los plazos encima, no se dispondría del tiempo suficiente para el acoplamiento de los nuevos incumbentes, en un proceso tan complejo, como el que se está organizando.

Debemos actuar con mucha cautela, prudencia y comedimiento, evitando los excesos y evitar que las pasiones personales y partidarias sean colocadas por encima de los intereses del país, pues este está primero.

Los responsables materiales e intelectuales de este bochornoso y aberrante hecho y de esta estocada mortal a la democracia y a la institucionalidad del país, deben ser investigados hasta las últimas consecuencias y condenados con todo el peso de la ley, pues este delito tecnológico pone en riesgos la seguridad del Estado Dominicano.

Cada una de esas elecciones le cuesta al país miles de millones de pesos, sin contar los millones que invierten los candidatos y los aportes del sector privado. Nuestro país tiene una gran deuda social acumulada y adolece de muchos problemas básicos que no han podido ser resueltos en más de cincuenta años de democracia representativa, lo que la convierte en la más costosa del mundo, sin embargo, avanzamos muy lentamente.

En el “Mes de la Patria”, en el que celebramos nuestra independencia y el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, la anulación de las elecciones municipales constituye un irrespeto, una: bofetada, deshonra, burla y afrenta al Padre de la Patria, al hombre que creyó y confió en el Poder Municipal, como el Primer Poder de la nación. Ojalá que este vergonzoso hecho no se repita jamás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Juan Pablo Duarte y el Poder Municipal

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

El “Mes de la Patria” se inicia con la celebración del 207 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, el cual coincide con las elecciones municipales del 16 de febrero, por lo que consideramos oportuno el título escogido para estas reflexiones.

El fundador de nuestra nacionalidad, en su proyecto de Constitución, además del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, concibió también el Municipal, como el Primer Poder del Estado Dominicano.

El patricio era un ferviente creyente en este Poder, como una forma de contribuir a la descentralización del Estado, de facilitar y hacer más eficaces las ejecutorias de las obras y servicios, de dinamizar la economía y de hacer que cada munícipe formara parte del cabildo a través del Presupuesto Participativo. Todo esto fue asimilado durante sus viajes a España y a otros países de Europa.

Duarte concebía al Poder Municipal como el gobierno económico y político de los pueblos, que debía convertirse en un contrapeso del Poder Ejecutivo, una organización modelo donde los recursos recibidos a través del Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, fueran manejados con eficiencia, pulcritud, eficacia, honestidad y transparencia; donde se llevara un sistema organizado de sus finanzas, que las obras y servicios que se realizaran fueran en base a las prioridades y a las demandas de los munícipes, no en base a caprichos personales, a los que luego había que rendir un informe de sus ejecutorias, tal como él lo hizo cuando le tocó administrar los escasos recursos públicos a que tuvo acceso, sin que ninguna ley ni nadie se lo exigiera.

En la actualidad, en nuestro país existen 158 Ayuntamientos y 235 Distritos Municipales. Cada vez aumentan las propuestas sometidas al Congreso Nacional para elevar secciones a esta categoría. Dichas instituciones están regidas por la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios y por la 170-06, sobre Presupuesto Participativo Municipal (PPM).

La ley 166-03 sobre Presupuesto Municipal, ordena transferir a los ayuntamientos y a las Juntas Distritales, a partir del año 2005, el 10 % de los ingresos del Presupuesto Nacional. Dicho presupuesto se distribuirá de la manera siguiente: 25% para gastos de personal, el 31% para el funcionamiento de los servicios municipales; el 40% para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y bienes muebles y un 4% para programas educativos, de género y salud.

Desgraciadamente la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con un sistema de contabilidad organizado, carece de los debidos controles internos, no preparan los estados financieros básicos ni entregan las informaciones requeridas a los organismos correspondientes en el tiempo establecido.

Retienen Itebis, impuestos sobre la renta y el seguro social a los proveedores, contratistas y empleados pero no realizan el pago a la Dirección General de Impuestos Interno ni a la Tesorería de la Seguridad Social.

Consideramos que en el 207 aniversario de su natalicio, al hombre que concibió el Poder Municipal como el Primer Poder del Estado, el mejor homenaje que deben rendir en su honor los nuevos alcaldes (as) y los directores de los distritos municipales que sean electos, es respetar el legado que nos dejó el fundador de nuestra nacionalidad, rindiendo sus informes a la ciudadanía y a los organismos correspondientes, cumpliendo con las obras y servicios que demandan los munícipes y actuando siempre con la debida prudencia, honestidad y transparencia. Si así lo hacen, el sacrificio del Padre de la Patria no habrá sido en vano.

#El autor es Contador Público Autorizado, ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República, ex diputado al Congreso Nacional y máster en Relaciones Internacionales.

 

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A propósito de las Elecciones Municipales

Por Alfredo Cruz Polanco (alfreocruzpolanco@gmail.com).- 

Por considerarlo de gran interés para las próximas elecciones municipales, dada la inmensa cantidad de aspirantes de todos los partidos políticos a dirigir las alcaldías del país, pero muy pocos los que se dedican a estudiar la Constitución de la República y las leyes, a investigar y analizar las responsabilidades, las atribuciones y obligaciones que tendrían que enfrentar en caso de ser electos, para todos ellos van las siguientes reflexiones.

Un aspirante a alcalde, además de su honestidad, debe tener una buena imagen en la sociedad (moral pública), debe inspirar confianza y credibilidad, ser un gerente, pues además de contar con una buena formación política y profesional, debe tener conocimientos en administración pública, saber cómo se prepara un presupuesto, conocer todo lo relativo a la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios; sobre compras, licitaciones y contrataciones públicas (ley 340-06 y sus modificaciones); del control de los recursos públicos, sobre transparencia y rendición de cuentas y tener vocación de servicio.

Un buen Alcalde debe saber, entre otras cosas, todo lo relativo al manejo de los desechos sólidos, de medio ambiente y recursos naturales; conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); dominar la Ley 1-12 (Estrategia Nacional de Desarrollo 2030); conocer el Mapa de Pobreza del municipio, los índices de desempleos, desnutrición analfabetismo, presupuesto participativo, crecimiento poblacional; sobre cultura, educación en valores, y deportes.

El aspirante a Alcalde debe ser una persona respetuosa, amable, cortés, tolerante, armoniosa, dispuesta siempre a escuchar a las comunidades; participativa, emprendedora y con capacidad de generar iniciativas y proyectos que contribuyan al crecimiento, progreso y desarrollo del municipio que pretende dirigir; con capacidad de concertar y aglutinar a los distintos sectores económicos, políticos y sociales; firmar acuerdos con algunos ministerios, como el de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación, Obras Públicas, Cultura, Deportes, Interior y Policía, para llevar a cabo tareas conjuntas.

Debe ser un ente de solución de conflictos, no solo debe preocuparse por la eficiencia en el ornato (recogida de desechos sólidos), sino, en la organización del tránsito urbano y suburbano, ya que en la mayoría de los municipios es un caos; en aumentar sus recaudaciones, ya que la mayoría solo se limita a las asignaciones presupuestarias que reciben.

Lograr que la Oficina de Planeamiento Urbano cumpla con las funciones que le atribuye la ley, pues en la mayoría de los municipios esta no lo está haciendo, para que no continúen arrabalizándose con las construcciones e instalaciones de edificaciones, empresas y urbanizaciones sin ningún tipo de control ni planificación, pues muchas de ellas son recibidas sin que cumplan y reúnan los servicios básicos.

La persona que aspire a ser Alcalde o Alcaldesa, debe saber que va a representar el gobierno local, que es quien tiene la responsabilidad, conjuntamente con las demás autoridades de: llevar a cabo una campaña de orientación ciudadana por radio, televisión e impartir charlas de cómo manejar los desechos y cuidar al medio ambiente; señalizar y reparar todas las vías públicas, así como el rescate de los espacios públicos.

Debe preocuparse por: promover la cultura, el deporte, los valores y un sano esparcimiento en todas las comunidades, tanto urbanas, como rurales y la seguridad ciudadana. En fin, cuidar la imagen del municipio y promover sus empresas a nivel nacional e internacional. Además, debe cumplir con el pago de la seguridad social y de los impuestos retenidos, algo que no viene cumpliendo la mayoría.

Si así lo hacen, tendremos excelentes Alcaldes, competitivos y capacitados para enfrentar los grandes retos que tiene nuestro país, lo que sería un gran aporte a la democracia y a la institucionalidad. De lo contrario se continuará haciendo más de lo mismo, tirando los recursos por las bordas.

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex Diputado al Congreso Nacional.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El Sermón de Montesinos: Primer aporte los Derechos Humanos

Por Alfredo Cruz Polanco (alfreocruzpolanco@gmail.com.- 

El pasado 21 de diciembre se conmemoró el 508 aniversario de aquel histórico, memorable, impactante, estremecedor y conmovedor sermón pronunciado por fray Antonio de Montesinos en 1511, de la Orden Sacerdotal “Los Dominicos”, frente a las principales autoridades coloniales establecidas en la isla “La Española”, conocido como “El Sermón de Adviento”.

Se le conoce así porque coincidió con la celebración del cuarto domingo de adviento o tiempo de preparación de la venida del Mesías, que conmemora la Iglesia Católica.

Fray Antonio de Montesinos.

Fue la primera manifestación de protesta, defensa, reclamación, denuncia y recriminación en América contra los colonizadores españoles, ya que en él se sintetiza la opresión, injusticias, crueldades, explotación, el castigo inmisericorde, los atropellos y abusos a que estos, en su afán desmedidos de extraer el oro , sin ningún derecho ni justicia, sometieron a nuestros aborígenes a arduas e inhumanas labores, sin que se les suministraran alimentos ni curados cuando enfermaban, tratándolos peor que a los animales.

Para ese día fueron convocadas las principales autoridades coloniales a la Iglesia Catedral, entre ellas el almirante Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón y el Gobernador fray Nicolás de Ovando. También estaba presente Bartolomé de Las Casas, en su calidad de encomendero (personas que se distribuían los indígenas con la supuesta finalidad de protegerlos y educarlos).

Dicho sermón fue redactado por el superior de la primera comunidad de la Orden de los Dominicos en “La Española”, fray Pedro de Córdoba y firmado por todos los miembros de dicha orden. Se instruyó a fray Antón de Montesinos para su predicación, dadas sus condiciones de gran orador y de poseer una potente voz, capaz de estremecer los sentimientos de todos los presentes en el templo religioso.

Ese Sermón causó tanta preocupación, indignación y enfado entre las autoridades y encomenderos presentes que Diego Colón, con fuertes amenazas, le exigió al superior de dicha orden sacerdotal que debía retractarse el próximo domingo, de todo lo expresado el domingo de adviento. Éste le manifestó que lo expresado por Montesinos no era un asunto individual, sino, el consenso de toda la orden religiosa, basado en los testimonios y observaciones de los atropellos y maltratos a los indígenas por los colonizadores españoles.

Si el Sermón de Adviento causó un gran revuelo entre las autoridades españolas, el pronunciado el domingo 28 de diciembre, “Día de los Santos Inocentes”, le puso “la tapa al pomo”, pues en presencia de todas las autoridades, fray Antón de Montesinos volvió a tronar con un tono de voz mucho más fuerte, valiente, decidido y desafiante, pues amplió las denuncias de los maltratos y abusos contra los indígenas.

“Las Casas”, convencido de que las encomiendas eran un abuso y un acto de explotación, renunció a su condición de encomendero, convirtiéndose en defensor de los derechos de los indios.

Los ecos de aquellos sermones resonaron muy pronto por toda España, pues Diego Colón y los encomenderos se quejaron ante el Rey Fernando el Católico de la conducta asumida por los dominicos, quien de inmediato se vio en la necesidad de estudiar con profundidad sus denuncias, las cuales habían conmovido a toda América y a Europa.

El Rey Fernando estableció en Burgos una Junta de Juristas y Teólogos, para que examinara las quejas originadas en “La Española” y tratara de elaborar leyes, que contribuyeran con la convivencia, la paz, el respeto y la solución de dichas violaciones. Se aprobó un conjunto de normas que constituyen el primer cuerpo legislativo sobre la colonización de los países americanos. Fueron promulgadas el 27 de diciembre de 1512.

Estos sermones no cayeron en sacos rotos, pues marcaron el inicio del reconocimiento de la dignidad de los indios, del respeto a la diversidad cultural y religiosa en América, lo que dio origen a la “Teología de la Liberación”, que fueron los primeros aportes para la Declaración Universal de Derechos Humanos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Francia en 1948

La República Dominicana debe promover y enseñar en nuestras escuelas estas primicias religiosas, históricas y culturales, sobre todo ahora que ha sido remozado el monumento a fray Antón de Montesinos.

~El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y ex diputado al Congreso Nacional

 

 

 

 

 

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¡Cómo han pasado los años!

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

El pasado 15 de diciembre, el Partido de la Liberación Dominicana (P.L.D.) cumplió 46 años de haber sido fundado en 1973 por el insigne político, escritor, ensayista, historiador, cuentista e internacionalista, el profesor Juan Bosch, luego de haber renunciado del Partido Revolucionario Dominicano (P.R.D.), el cual había fundado en Cuba en el año 1939.

Al arribar a este aniversario y escuchando una canción que se titula igual que este artículo, he reflexionado sobre mis orígenes y de mi formación política y moral. Fui reclutado por el profesor Aulio Ortiz, en mi época de estudiante del liceo secundario Onésimo Jiménez de Santiago de Los Caballeros siendo todavía un imberbe, para ingresar a uno de los primeros Círculos de Estudios, en enero de 1974, los cuales estaban constituidos apenas por 5 personas. En esos años resultaba muy difícil mantener la estabilidad de estos.

Luego que completábamos los niveles educativos y las tareas políticas obteníamos la membresía de este partido, ya que había que cumplir con una férrea disciplina, con una serie de responsabilidades y obligaciones, que no todos estábamos en capacidad y condiciones de cumplir.

Lamentablemente en su aniversario encuentra a este partido afectado por grandes dificultades políticas, debido a que dejó de aplicarse la disciplina interna, que tantos buenos resultados le generó.

Ser honesto, disciplinado y respetuoso de las leyes, de las buenas costumbres, de los principios éticos y morales; solidario y con vocación de servir a los demás, sobre todo, a los más necesitados, eran las virtudes que don Juan más nos exigía y que siempre nos las inculcaba. Hoy recordamos aquella frase lapidaria que siempre nos repetía: “A la política se va a Servir, no a servirse de ella”.

Una persona con malos hábitos, mentirosa, que maltratara físicamente o le fuera infiel a su pareja; que se apoderara de lo ajeno, asesina, indisciplinada, violenta, deshonesta, del bajo mundo, etc., era expulsada, suspendida de inmediato, o en el menor de los casos, era objeto de una sanción o de una crítica pública.

Reconozco que mi formación profesional, política y moral, al igual que la de una inmensa cantidad de compañeros, aunque muchos hoy se han desviados de esas fructíferas enseñanzas, se la debemos al PLD, al cumplimiento de las fuertes tareas asignadas, a la educación, a la fuerte disciplina a que fuimos sometidos; a la crítica y autocrítica, pues en dicho partido aprendimos a ser respetuosos, disciplinados, responsables, solidarios, humildes y ciudadanos correctos. Ojalá que la disciplina, los principios y valores morales puedan ser recuperados para bien del partido y de la sociedad.

Considero que la mejor manera de recordar y mantener viva la figura y el nombre de Juan Bosch, monumento de la honestidad, de la ética y la moral; de patriotismo, de entrega y sacrificios por los demás, sin esperar nada a cambio, es actuando correcta y coherentemente con sus nobles ideales, con sus principios y enseñanzas, predicando siempre con el ejemplo en cada uno de nuestros actos públicos y privados y no utilizar su nombre en vano como muchos lo hacen. ¡Loor y gloria eterna para Juan Bosch!

-El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y exdiputado al Congreso Nacional.

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Irregularidades, distorsiones y violaciones de las ARS

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

En todos los países del mundo, sobre todo, los que están en vías de desarrollo, la seguridad social es uno de los aspectos más importantes que deben tomar en consideración los gobiernos de turno, dado el alto nivel de insalubridad que caracterizan a cada uno de ellos, debido al alto costo que representa utilizar los servicios de la salud privada.

En nuestro país, la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), la No. 87-01, de fecha 9 de mayo de 2001, urgentemente debe ser revisada y modificada para que se aplique correctamente y se corrijan las debilidades, las distorsiones, las violaciones e irregularidades que vienen cometiendo las Administradoras de Riegos de Salud (ARS) locales desde hace muchos años, sin que el Congreso Nacional, el Ministerio de Salud y la propia Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, institución que tiene que velar por el fiel cumplimiento de la misma, tomen medidas oportunas para exigir su cumplimiento.

Una muestra de las tantas irregularidades y violaciones a la Ley 87-01 y al sistema de la seguridad social cometidas por las ARS, lo constituye el rechazo de estas a todos aquellos medicamentos que contienen algún componente natural, hormonal, etc., pero que son indicados por médicos especialistas para curar ciertas enfermedades, aunque estas sean para pacientes terminales.

En ninguna parte de la ley se contempla que estos productos, mediante prescripción médica, no están permitidos. Tampoco lo contempla el Decreto No. 665-12, que establece el Reglamento para la Prescripción y Dispensación de Medicamentos Ambulatorios en el SDSS. Esto constituye una injustica, una violación a los derechos humanos y un abuso.

Consideramos que cualquier medicamento que sea indicado por un médico autorizado para ello, que tenga por finalidad curar una enfermedad o dolencia, independientemente de su contenido, siempre que su monto esté cubierto, debe ser autorizado por todas las ARS, pues es para adquirirlo en una farmacia, no en un mercado público y además, el paciente no es responsable de lo que el médico le indique, siempre que no sea para fines estéticos ni dietéticos.

Son muchas las quejas y los disgustos que sufre una persona cuando va a las farmacias autorizadas para la dispensación de medicamentos a adquirir con la tarjeta de su ARS los productos indicados en su receta, y le informan allí que los mismos no son cubiertos por su ARS porque están catalogados como naturales. Esto crea una gran indignación, pues además de pagar un alto costo a su ARS, hay que buscar los recursos para adquirir los medicamentos indicados que no son cubiertos.

El Articulo 158 de la Ley 87-01 que se refiere a los casos de irregularidades de las ARS expresa lo siguiente:

“Cuando el seguro Nacional de Salud (SNS) o una Administradora de Riesgos de Salud (ARS) pública, privada o mixta, se encuentren en una situación técnica, financiera o administrativa que no garantice su adecuado funcionamiento o incurriese en infracciones graves que pudieran lesionar los intereses de los derechohabientes y/o afectar las políticas de seguridad social y los objetivos generales del SDSS, la superintendencia de Salud y Riesgos Laborales podrá intervenirla y adoptar los correctivos según la gravedad del caso”.

-El autor es Contador Público Autorizado y Máster en Relaciones Internacionales. Ex diputado al Congreso Nacional

Ex Miembro de la Cámara de Cuentas de la República

 

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Cuando se rompe la disciplina partidaria

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

En toda institución, sea esta empresarial, profesional, deportiva, social, religiosa, educativa, cultural, gremial o política, cuando se deja de aplicar la disciplina interna, esta tiende a debilitarse, a dividirse o a desaparecer.

Donde esta deficiencia se siente más es en las organizaciones políticas. La crisis que recientemente ha impactado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se veía venir desde hace muchos años, luego que dejó de aplicarse la disciplina interna, como base fundamental para el funcionamiento organizacional.

Juan Bosch renuncia del Partido Revolucionario Dominicano casi por las mismas razones que hoy prevalecen en el partido fundado por él en 1973, el cual siempre se caracterizó por la aplicación de una férrea disciplina que no todos estábamos en condiciones de asumir, con lo que se granjeó el respeto y el reconocimiento de gran parte del pueblo dominicano, incluyendo a sus adversarios.

Don Juan siempre insistía de que “había que cuidar la unidad del Partido como si se tratara del cuidado de la niña de los ojos”, para evitar las violaciones a los métodos de trabajo y a la disciplina partidaria.

Fallecido don Juan, el PLD se convirtió en una poderosa maquinaria electoral, pues salvo algunas excepciones, la mayoría de sus organismos (Comités de Base, Comités Intermedios, Comité Central, Comité Político, las distintas secretarías y comisiones de trabajo) dejaron de reunirse y de aplicar los métodos de trabajo, la educación, los valores, los principios, pero  más que todo, un régimen de consecuencia (sanciones, amonestaciones, suspensiones y expulsiones), que fueron las razones que hicieron de este un partido único en toda América y el Caribe.

 

El PLD y toda su estructura, urgentemente debe ser remozado desde arriba hasta abajo, pues ninguna institución política de vanguardia como lo fue, en estos tiempos modernos, de la sociedad del conocimiento, puede ser eficiente, competitiva y mantenerse unificada con una estructura obsoleta y con organismos disfuncionales. Hace 15 años que su estructura política y sus organismos no se renuevan. Lo que ha habido no ha sido más que remiendos y parches.

Son muchos los actos de indisciplina y violaciones cometidos en este partido, pero nadie le colocó el cascabel al gato, es decir, no hubo quién aplicara un régimen de consecuencia como en otrora se hacía.

La crisis por la que está transitando el PLD debe servir de alerta para todo el sistema de partidos pues a todos, más temprano que tarde les puede suceder lo mismo, de no aplicarse la disciplina partidaria.

Con la finalidad de contribuir con una buena gobernanza, el PLD debe fijar posiciones firmes, pues hace tiempo que dejó de hacerlo, sobre los distintos problemas del país: salud, educación, reforma fiscal, energía; problemas migratorios y fronterizos, corrupción, soberanía, medio ambiente y recursos naturales; deuda pública, inseguridad, narcotráfico, seguridad social, aborto, justicia, feminicidios, entre otros.

Esta sería una gran oportunidad para reivindicarse, pues esta crisis, si se maneja correctamente, puede convertirse en oportunidades para el futuro. Esto es lo que anhelamos.

El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y Ex diputado al Congreso Nacional.

 

 

 

 

 

 

 

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Consecuencias del Golpe de Estado al Presidente Bosch

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).- 

“Los hombres pueden caer pero los principios no. Nosotros podemos caer pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática”. Juan Bosch.

 Este 25 de Septiembre se cumplen 56 años del fatídico, funesto, vil y criminal Golpe de Estado contra el primer gobierno constitucional y democrático que se dio el país, luego del derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, presidido por el Profesor Juan Bosch, electo con casi el 60% de los votos emitidos en las Elecciones Generales del 20 de Diciembre de 1962, con apenas siete meses en el poder. El mismo fue apoyado por la oligarquía empresarial, los altos jefes militares, la Unión Cívica Nacional, por algunos de sus compañeros de partido, la Embajada de los Estados Unidos y lamentablemente, por la jerarquía de la iglesia católica.

El Presidente Bosch tuvo que soportar permanentemente, un fuego cruzado de estos poderes fácticos, los cuales conspiraron contra él, contra su gobierno y contra la democracia durante su campaña, en la transición, proclamación y durante los siete meses que precariamente pudo permanecer en el poder. Esto se puede comprobar con los documentos de los archivos desclasificados por los Estados Unidos, que dio a conocer recientemente el escritor, economista e historiador Bernardo Vega.

Esta fecha no podemos permitir que pase desapercibida, por aquello de que “Los pueblos que no son capaces de recordar su pasado, están condenados a repetirlo”. Consideramos que las presentes y futuras generaciones deben conocer sobre este fatal acontecimiento de nuestra historia reciente, así como las causas, consecuencias y los autores del mismo, algunos de los cuales viven aún. Este hecho le generó a nuestro país, según los entendidos en la materia, un retroceso de más de 50 años en lo económico, político, social e institucional.

Durante la transición, Bosch viajó por los Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, reuniéndose con los Presidentes John F. Kennedy, Charles de Gaulle, entre otros, en busca de ayudas y financiamiento para obras de infraestructuras de desarrollo para nuestro país, como: presas, zonas francas, industrias, escuelas vocacionales, autopistas, aeropuertos, acueductos, tendidos eléctricos, centros educativos, hospitales, becas para estudiantes, así como de técnicos e inversionistas para la agricultura y el turismo.

Fue el primer presidente dominicano en realizar un periplo por el mundo en busca de tecnologías avanzadas, ya que el país carecía de las mismas.

La Constitución con la cual gobernó el Presidente Bosch, conocida como la “Constitución del 63”, de la cual fue su principal ideólogo, fue respetada hasta el último día de su gobierno, considerada como la más progresista, la más avanzada, la más democrática y la de mayor justicia social.

Durante los siete meses de su gobierno, Juan Bosch evitó que las riquezas que el pueblo dominicano logró preservar de la dictadura de Trujillo, fueran festinadas y repartidas entre los sectores de la oligarquía. Durante su gestión no se maltrató, apresó, persiguió, golpeó ni se mató a nadie; no permitió que un solo centavo del presupuesto fuera a parar a los bolsillos de alguien, pues enfrentó con energía los pocos actos de corrupción que se produjeron; implementó la austeridad, pues evitó el derroche (redujo los gastos y los salarios, comenzando por él); pagó casi la totalidad de la deuda externa; aumentó el presupuesto para la educación y la salud.

Se gestionó la construcción de la Refinería Dominicana de Petróleo, las Presas de Tavera y Valdesia; la Zona Franca y una Planta Eléctrica para Puerto Plata; se inició el Acueducto de Santo Domingo y la reforestación del país; se distribuyeron miles de tareas de tierra a los campesinos a través de las Villas de la Libertad, las cuales incluían viviendas y escuelas. Se fundó el Consejo de Empresarios e Industriales del País, lo que es hoy el CONEP (Consejo Nacional de la Empresa Privada); se autorizó la primera institución financiera privada del país: El Banco Popular y se aprobó la ley que regula el cooperativismo.

Para un país en vía de desarrollo como el nuestro, cuando se interrumpe o se quiebra el orden constitucional, toma mucho tiempo para recuperarse. Por eso, a pesar de haber transcurrido ya 56 años de aquel fatídico Golpe de Estado, todavía hoy continuamos padeciendo las consecuencias catastróficas de ese imperdonable y bochornoso hecho, pues aún arrastramos una gran deuda social acumulada.

Si aún confrontamos graves problemas sociales y económicos; si en 1965 libramos una guerra civil entre dominicanos, exigiendo la reposición del Presidente Bosch, la cual fue abortada por la invasión de más de cuarenta y dos mil marines de Estados Unidos; si hoy no hemos podido cumplir con todos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, exigidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se debe precisamente a este abominable acontecimiento, que llenó de sangre, luto y dolor a nuestro país, por lo que debe ser dado a conocer a las presentes y futuras generaciones para que no se quede en el olvido.

El autor es Contador Público Autorizado, Máster en Relaciones Internacionales y ex diputado al Congreso Nacional

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A propósito de la celebración del día de la Restauración de la República

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

Muchos dominicanos aún ignoran qué se celebra el 16 de agosto y el por qué se conmemora esa fecha.

Ese día se celebrará el 156 aniversario de la Restauración de la República Dominicana, fecha en que nuestra nación se liberó del imperio español, volviendo a ser libre y soberana, tal como lo soñó, ideó, luchó y se sacrificó el fundador de nuestra nación, el Patricio Juan Pablo Duarte Diez.

Según la Real Academia de la Lengua Española, restaurar significa: reconstruir, reponer, restablecer, rescatar, reparar, recuperar, recobrar, readquirir, volver a ser u obtener lo que alguna vez fuimos o tuvimos.

La independencia de la República Dominicana, lograda a base de sacrificio, fuego, sangre, sudor y lágrimas el 27 de febrero de 1844, fue usurpada, mancillada, malograda y entregada por el caudillo Pedro Santana, el 26 de marzo de 1861, cuando por voluntad propia decidió anexar la República Dominicana a España, convirtiéndonos de nuevo en una colonia de esa potencia europea.

El 16 de agosto 1863, después de encarnizadas batallas, un puñado de valientes y fervorosos patriotas, encabezados por Gregorio Luperón y entre los que se encontraban: Ramón Matías Mella, Fernando Valerio, Benito Monción, Santiago Rodríguez, José María Cabral, Gaspar Polanco, Pedro Antonio Salcedo, Cayetano Germosén, Marcos Trinidad, Benigno Filomeno Rojas, Basilio Gil, José Cabrera, José Contreras; Francisco del Rosario Sánchez, María Trinidad Sánchez y Antonio Duvergé (fusilados); José María Imbert, Antonio Pimentel, Ulises Francisco Espaillat, Pedro Francisco Bonó, Carlos Lora, Ulises Hereaux, José Antonio Hungría, Olegario Tenares, Eugenio Perdomo, Alfredo Detjén, entre otros, decidieron ponerle fin a la anexión y devolverle a nuestro país su soberanía e independencia al derrotar al poderoso ejército español.

Pero si bien es cierto que en materia de soberanía somos libres e independientes y que hemos tenido grandes avances en muchos aspectos, aún no nos hemos liberado del flagelo de la: delincuencia, inseguridad, pobreza, inversión de valores, falta de aplicación de una verdadera justicia, ignorancia, corrupción, tanto pública como privada; del enriquecimiento ilícito, lavado de activos y el narcotráfico; endeudamiento externo, entre otros.

Necesitamos restaurar urgentemente nuestra familia, la falta de transparencia y la rendición de cuentas de nuestros funcionarios públicos; nuestro sistema de partidos políticos, la confianza, la esperanza y la fe perdidas en nuestro país y en nuestras instituciones públicas; el respeto a las leyes, a las autoridades, a los recursos naturales y al medio ambiente; los valores y símbolos patrios, la defensa de nuestra frontera; los valores y los principios morales, el pudor y las buenas costumbres.

Necesitamos, en fin, restaurarnos nosotros mismos, para de esta manera, poder restaurar nuestras instituciones públicas, a los distintos poderes del Estado, y por consiguiente, al país que tanto queremos.

Cuando cada uno de nosotros cambie de actitud y actúe correctamente; cuando cumpla con sus obligaciones y deberes ciudadanos, solo así lograremos la verdadera Restauración de la República. Que así sea.

El autor es Contador Público Autorizado. Máster en Relaciones Internacionales y diputado al Congreso Nacional.

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