Autor: Orión Mejía

Por Orión Mejía.-

No sería posible  consolidar una auténtica democracia política sin que el Estado aprovisione recursos suficientes a través de una fiscalidad responsable para proveer a la población de educación, salud, sistema sanitario, seguridad ciudadana, justicia, transporte, cultura, deporte  e infraestructura vial.

América Latina ha padecido por muchas décadas de espacios democráticos ficticios, enfermos de privilegios y discriminación, amparados en alta presión tributaria, que contrasta con baja distribución del ingreso público, lo que es causa de desempleo, salarios deprimentes, marginalidad y exclusión.

En la columna anterior ofrecí datos actualizados sobre estancamiento en el índice de pobreza moderada y crecimiento de la pobreza extrema en América Latina, en contraste con el alto crecimiento del PIB regional acumulado desde comienzo de siglo.

No hay que ser erudito para entender que  la democracia, como se conoce en Europa, no sobreviviría en América Latina con alto grado de exclusión social y bajos niveles de desarrollo humano, un cuadro socioeconómico que siempre desemboca en desestabilización política, represión ciudadana y recaída de los indicadores económicos.

No sería exagerado afirmar que el modelo de democracia política sustentado en el esquema económico neoliberal sucumbe en el continente con efecto de dominó,  tan rápidamente que  la crisis se expande por toda la región, incluidas las principales economías como Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y Argentina.

América Latina, incluido el Caribe, compite con África como el continente más desigual del planeta, donde la riqueza económica generada es usufructuada por  clases y castas sociales que representan apenas el 10% de la población, en tanto que más de 23 millones de seres humanos malviven en la pobreza extrema.

Nunca debería hablarse de democracia, sin colocar en primer plano el propósito de una justa redistribución del ingreso, que debe ser expresión genuina del crecimiento del PIB, a través de una fiscalidad integral en la que el peso de tributación recae sobre  quienes obtengan mayor rentabilidad.

Desde 1990, con excepción  del 2002, la economía dominicana ha mantenido un crecimiento promedio del 5% del PIB, sin ingresar  en recesión, ni aun en 2008, cuando se produjo la crisis de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos,  año  en el cual creció 3%. El desarrollo social no ha marchado a la par con ese esa acumulación del PIB, que en 2004 era de US$19,000 millones,  hoy  supera los US$110 mil millones.

A pesar de  ese nivel sostenido de crecimiento del PIB y de que la economía dominicana es de las más resilientes del continente, apenas el 10% de los hogares dispone de sistema sanitario, todavía se habla de programa de “letrinización”.

Es menester advertir que el tipo de democracia  actual no podría sobrevivir si se  sostiene en un modelo económico inhumano, que promueve explotación, exclusión, discriminación y privilegios  al que,  con sobrada razón, el Papa Juan Pablo II  tildó de “capitalismo salvaje”.

Por Orión Mejía.-

La historia de dictadura, represión e intolerancia signó a América Latina desde
antes de los 60s y después de los 80s, por lo que los aires de democracia se
respiran hoy datan de apenas algunas décadas con el creciente peligro de ese
sistema político retrocede en vez de avanzar.
Son las condiciones materiales de existencia las que sustentan el entorno de la
supra estructura jurídico-política de una nación y, por tanto, las relaciones
entre clases sociales y de la sociedad con el Estado, o dicho de otra manera, la
democracia camina de manos con el progreso y este con la justicia y la
equidad.
El neo-liberalismo, como modelo económico y político, ha sido compatible con
regímenes represivos, como fue con la dictadura de Pinochet, en Chile, pero
pelea con otros que no aplican sus patrones, como el de Hugo Banzer, de
Bolivia o Nicolás Maduro, en Venezuela.
La tasa de pobreza extrema en América Latina se situó en 13.8, un retroceso de
27 años, en tanto la moderada ascendió a 32.3%, una disminución de solo un
punto porcentual después de la pandemia, lo que en termino real significa
retroceso.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que al primer
trimestre de 2022, la tasa de desocupación alcanzo un 7.9%, pero la mayor
masa laboral en la región corresponde al trabajo informal, además de advertir
sobre un aumento de la desocupación, la informalidad y de trabajadores
pobres.
La CEPAL estima que la economía regional creció un 3% en 2022 y que crecería
este año apenas 1,3%, una tercera parte de lo esperado, en tanto que la
deuda externa creció un 5.6%, a 9.0 billones de dólares, pero como porcentaje
del PIB disminuyó un 3.0%.
Se matiza un aumento de la pobreza extrema, estancamiento de la moderada,
incremento del desempleo y de deuda publica en términos absoluto, lo que se

traduce en más inequidad social y económica. ¿Creen ustedes que la
democracia política puede consolidarse en ese escenario tan desolador?
La democracia dominicana no ha parado de avanzar, aun con tropezones,
como tampoco ha cesado el crecimiento de la economía, aunque no así la
distribución del ingreso, pero se asume como logros la recuperación y
estabilidad macroeconómica.
Gobierno, clase política y sector empresarial deberían adjurar al insularismo y
entender que lo que ocurra o deje de ocurrir en América Latina impactará aquí
tarde o temprano especialmente sobre el espacio democrático, que no podría
sobrevivir en el tiempo sin los pilares de la justicia social y la equidad
económica.

Por Orión Mejía.-

La acepción justicia corresponde a un principio general de derechos, deberes y obligaciones sostenido en el respeto a la verdad y a la igualdad ante la ley, sin que obre ninguna  forma de privilegio o discriminación, como puede ser la pena anticipada o la denegación a ser presentado  ante un juez.

El sistema de justicia gira alrededor de la figura del juez, único e indivisible, auxiliado por  el Ministerio Publico, Policía en rol judicial,  abogados y  todas las personas físicas y jurídicas que sean requeridas para esos fines.

La indignación ciudadana ante la convivencia de poderes públicos con la prevaricación o cohecho, sacude a América Latina como huracán de categoría mayor, ante el cual el sistema de justicia debe mantenerse incólume.

Lo revelado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, de que más de 16 mil personas se encuentran privadas de libertad sin haber tenido un juicio ni dictado condena, constituye ominosa señal de que  República Dominicana aún carece de un servicio judicial garantista de derechos.

Tal y como refiere Molina, “la prisión preventiva como medida de coerción tiene como objetivo asegurar la integridad de las pruebas y que el imputado no evada el proceso”, sin que se convierta en velada forma de imposición de pena anticipada.

En el ordenamiento penal, los plazos son en principio de cumplimiento relativo,  toda vez que el Ministerio Publico o la barra de la defensa pueden  en los casos que correspondan solicitar al juez su ampliación basada en motivaciones de derecho.

Esas dispensas se convierten en s fatales o improrrogables, al término de los cuales  el juez  actuante esta compelido a  cambiar la privación de libertad por otras medidas cautelares enunciadas en el Código Procesal Penal, sin que afecte la continuidad del proceso.

Es comprensible que el Ministerio Publico advierta al Juez que tal o cual imputado en condición de prisión domiciliaria, o libertad bajo  fianza  intentaría  degradar  el fardo de pruebas incoado en su contra, pero el derecho procesal está por encima de esa preocupación que debe ser subsanada por  los medios  que provee la ley.

La justicia, de conformidad con la constitución, la doctrina, jurisprudencia y los códigos, parte del principio de igualdad procesal, por lo que  fiscales ni imputados  poseen patentes de corso para  violar normativas o derechos, ni aun el juez, sin importar sin importar que el justiciable  sea la persona más despreciable del planeta.

La ciudadania aspira a que todo imputado, sobre quien se demuestre en audiencia que ha incurrido en crimen o delito, reciba la pena o sentencia condigna, sin importar su condición  social, política o económica, pero siempre en observancia y garantía de sus derechos.

Por Orión Mejía.-

La mayoría de los modelos políticos y económicos que se aplican en América Latina conducen en círculo al mismo escenario de crisis e incertidumbre agravada ahora por la pandemia y los efectos de  la guerra  entre Rusia y Ucrania, que han convertido al continente en uno de los más desiguales del planeta.

Mucho se habla de que  el socialismo fracasó en todas sus vertientes, pero poco se dice del daño que al infligido el neoliberalismo al género humano, en todas sus expresiones, más aun cuando se asocia  al totalitarismo o dictadura para aplicar  sus letales recetas.

El socialismo ha podido salir adelante en contadas naciones donde asume las bondades del capitalismo, especialmente lo relacionado con la iniciativa privada y el libre mercado despojados de prácticas desleales, como serían son los casos de China y Vietnam.

El neoliberalismo más  cruento se aplicó en Chile impulsado por la dictadura de Augusto Pinochet que durante 17 años asesinó a miles de hombres y mujeres, encarceló y exilió a otros muchos miles, pero su modelo fue promovido como la panacea para América Latina, con  cifras sobre crecimiento económico tenidas  con sangre.

Mucho tiempo después, el pueblo chileno descubrió que  el neoliberalismo lo había despojado de todas sus riquezas desde el cobre hasta el agua, incluido el sistema pensional y de seguridad social, todos los cuales fueron privatizados en provecho de grupos económicos oligárquicos.

Venezuela y Nicaragua son penosos ejemplos del desastre que puede causar un tipo de socialismo  asociado con el nepotismo, corrupción y represión política,  en tanto que la revolución cubana no ha querido aceptar el camino de indochina, como única vía de supervivencia.

La riqueza de América Latina ha sido conculcada por claques oligárquicas, asociadas a políticos corruptos  que  subastaron a sus pueblos por menos de 30 monedas, como ocurrió en Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú y Centroamérica, en la mayoría de los cuales, el neoliberalismo fue usado como hierro caliente para marcar su  agobiada anatomía.

En todos esos países se aplicó el mandamiento esencial de ese modelo económico, de dar prioridad al sistema de precios, libre empresa, autonomía de los mercados y un Estado disminuido que solo cumpla la función de árbitro que no podría impedir que el pez grande  engulla al pequeño.

Al neoliberalismo se debe que,  sin importar tiempos de vacas gordas o flacas se agrave la pobreza porque a la mayoría de la población carece de acceso a la educación, salud, vivienda y empleo. Es por eso que no me canso de pedir al presidente Abinader que gire un poco a la izquierda.

Por Orión Mejía.-

A Judith Pamela Butler, filosofa materialista, es considerada como una de las voces más influyentes de la teoría política contemporánea, con relevantes aportes en  el campo del feminismo, filosofía política y la ética, aunque alcanzó mayor relevancia con su teoría del “queer”, que desafía el criterio natural sobre el género. 

No pretendo referirme a la teoría sustentada por esa pensadora estadounidense en torno a lo que define como visiones esencialistas, naturista y estáticas sobre sexo, género y orientación sexual, o su defensa al “binarismo de género”, sino a su advertencia de que “el odio se ha elevado a una categoría política. 

En una conferencia en la Universidad Autónoma de México, Butler se refiere “al odio y la intolerancia” que se anida en una amplia capa de la sociedad y que se ha fortalecido en muchos países con el ascenso de políticos o grupos extremistas, entre los que cita a Donald Trump. 

Butler, alienta a organizar una acción colectiva para frenar el ímpetu de los movimientos radicales que ponen en peligro importantes avances en derechos humanos, “fuerzas reaccionarias que amenazan conquistas sociales”. 

Ese huracán de odio e intolerancia se asoma a la geografía dominicana, aunque nadie en el traspatio a emitido alerta meteorología sobre intensidad de sus vientos, de intransigencia o sectarismo agravado por el miedo que infunden liderazgos que intentan reencarnar a Stalin, Mussolini o Hitler. 

Los síntomas de esa epidemia de sectarismo y fanatismo se expresan aquí con las loas de la derecha política hacia Trump y de la izquierda a Vladimir Putin, en las divisiones partidarias impulsadas por el individualismo, odio o resentimiento, así como en discursos xenófobos. 

República dominicana es hoy víctima de una trapisonda internacional que procura convertirla en almacén del desenfreno migratorio haitiano, ante lo cual la repuesta debe ser la aplicación irrestricta de la ley de migración, con el debido respeto a los derechos humanos. 

La delincuencia y criminalidad subvierten el sosiego ciudadano, pero en ningún modo la receta a ese flagelo puede ser el ejemplo de Nayib Bukele, quien, en nombre de un combate frontal contra el crimen, subyuga las libertades públicas en El Salvador, como tampoco en los partidos deben imponer el estalinismo o trumpimo como horca y cuchillo. Urge detener el ciclón de odio 

Por Orión Mejía.-

El director chileno, Patricio Guzmán, quien ha dirigido más de 20 películas y documentales, como “El caso Pinochet”, “La nostalgia de la luz”, en los que refleja su férrea defensa a los derechos humanos, que “Chile es un país  bien vestido pero miserable”, lo que creo un buen símil para  el nuestro.

En “Mi país imaginario”, su más reciente trabajo, Guzmán recoge incidencias de las protestas  que estallaron  en esa nación sudamericana en octubre de 2019,  que obligaron a la redacción de una nueva Constitución a cargo de una Asamblea elegida democráticamente.

En ese documental quedó constancia de la violencia con la que el gobierno  reprimió las manifestaciones, así como la destrucción que los enfrentamientos causaron, pero tres años después, el 62% de los chilenos rechazó en un plebiscito la propuesta de nueva Carta Magna.

El oleaje de protestas aquí tuvo su motivo en el reclamo casi exclusivo de poner fin a la corrupción que se atribuía al gobierno del presidente Danilo Medina,  sin que el movimiento Marcha Verde colocara en su carpeta otras  conquistas sociales, institucionales  o  económicas.

A pesar de que fracasó  el objetivo principal de las protestas en Chile, de  sepultar la constitución neoliberal heredada de la dictadura de Pinochet y revocar las privatizaciones de  esenciales medios de  subsistencia como el agua, transporte y seguridad social, Guzmán cree que ese anhelo persiste entre los chilenos.

Marcha Verde pudo ser mucho más de lo que fue, pero antes de poder respirar, ese movimiento de clase media fue convertido en un tsunami electoral, sin agenda social, sino con una aspiración ética que aún  no se cumple ni tampoco los originarios timoneles de ese movimiento tienen intenciones de retomar.

Aquí como en Chile, “el  sueño de un  país más justo y digno está más presente  que nunca”, como  ha dicho Guzman,  quien considera que “el sueño no cambia, solo tarde en llegar”. Los dominicanos deberían asimilar la experiencia chilena.

Chile es todavía hoy “un país bien vestido, pero miserable”, que durante  los 17 años de dictadura y varios decenios después se mercadeó como el paradigma de América, pero  ha sido  en realidad  una de las naciones más desiguales del continente,  donde hasta el agua potable y de riego esta privatizada y el régimen de seguridad social ha colapsado  varias veces.

República Dominicana exhibe un mejor traje que Chile porque, contrario al régimen de Pinochet, aquí el Estado construyó más de 35  presas o reservorios    para  consumo y distribución del agua y generación eléctrica, incluido la instauración de juntas de regantes que administran la distribución del líquido.

 La nuestra es una economía resiliente, con décadas de crecimiento continuo, a la que ingresan más de 39 mil millones de dólares anuales, próximo a convertirse  en la séptima de la región, pero aquí la desigualdad  se agravó en un 19.4, clara señal de que el anhelo de justicia social que no promovió Marcha Verde, es anhelo aún pendiente.

Por Orión Mejía.-

Juan Bosch marchó al exilio en 1938 sin saber si su mayor pasión sería la literatura o la política, aunque al dejar atrás las riadas de Santo Domingo, su gran tribulación fue tener que  abandonar a su pueblo en garras de una tiranía sin ejemplo contra la que lucharía día y noche por 23 años desde allende los mares.

Al año siguiente Bosch fundó en La Habana, Cuba, junto a otros refugiados políticos, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), con el propósito de derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y de instaurar en República Dominicana el tipo de  democracia con la que soñaba la Legión del Caribe.

A un mes y cinco días del ajusticiamiento del sátrapa, el PRD envió una avanzada de dirigentes para desbrozar caminos al retorno de su líder y a la instalación aquí del partido, y 20 meses después, Bosch fue electo presidente de la República, con más del   62 % de los votos en las  primeras elecciones libres en 31 años.

El acontecimiento político que significó el ascenso al podio presidencial de Bosch debió ser el comienzo de una era dorada de libertades públicas y progreso social para América Latina porque se trató de la primera gran experiencia de una auténtica democracia liberal y nacionalista.

Es por eso que al cumplirse hoy el 59 aniversario del derrocamiento de ese gobierno democrático, los pueblos desde el sur del río Bravo hasta la Patagonia, recuerdan la efeméride como un día de indignación y de renovación de la lucha por  la democracia que anhela y merece América Latina.

Desde 1938 hasta 1963, Bosch nunca tuvo inclinación de instaurar aquí dictadura del proletariado o gobierno al estilo de Fidel Castro en Cuba o de cualquier otro líder con esas inclinaciones ideológicas. Don Juan fue durante su largo exilio un abanderado de la democracia representativa.

Después de ese fatídico suceso, don Juan reafirmó su  apego a los principios democráticos, pero no a la mascarada ideológica política que promovieron grandes metrópolis, con Washington a la cabeza,  en América Latina, África y Asia, para subyugar y esquilmar a los pueblos.

Por los próximos 38 años o hasta que la enfermedad lo diezmó,  Bosch dedicó su vida a construir una teoría y praxis política sostenidas en la composición social dominicana, el entorno regional como frontera imperial y la educación  política,  para instaurar un tipo de democracia social que reflejara  el concepto duartiano de soberanía, inclusión, justicia social y libertad plena.

Desde mucho antes del golpe de Estado, intereses espurios, hoy  depositados en el zafacón de la historia, pretendieron desdibujar la figura de un patriota que la historia coloca  al lado de José Martí y Eugenio María de Hostos, cuya  vida y obra sirven de ejemplo a la juventud.

Por Orión Mejía.-

La tormenta Fiona y la crisis de Haití  restan efecto mediático a  la propuesta que ha hecho el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), de fijarse como meta para 2030 duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) por vía del fomento de la producción local, formalidad laboral y creación de más empleos de calidad.

No resulta muy común entre el alto empresariado iniciativa como la que propone  el señor Julio Brache, lo que podría obedecer a la naturaleza del grupo  empresarial que lidera, sostenido principalmente en la agroindustria, razón por la cual su fórmula se basa en relación intensa entre mano de obra y capital.

El presidente del Conep y su equipo técnico han hecho un muy saludable ejercicio matemático que sustentaría su tesis de duplicar el PIB actual de US$90,532.7 millones a US$189,407.4 millones, en un período de ocho años, meta mucho más ambiciosa que la fijada en la Estrategia Nacional de Desarrollo (2011-2030).

Para que no se tilde su planteamiento como quimérico, Brache admite que la economía dominicana enfrenta “un escenario global de “volatilidad e incertidumbre”, marcado por “altos índices de inflación, políticas monetarias restrictivas, retrasos en las cadenas logísticas y escasez de materias primas”.

En ese desolador  escenario, Brache advierte  que  se abre de nuevo la brecha de la desigualdad, ante lo cual el empresariado no puede permanecer indiferente, lo que representa una verdad del tamaño de una montaña, toda vez que por ese camino se llega a la disrupción social.

Creo que lo que el presidente del Conep plantea dista mucho de la figura de “Alianza Público- Privada” que aplica  el gobierno como manto para gigantescos proyectos que marcan concentración de capitales y utilidades  que ingresan por los amplios portones de privilegios estatales.

Se resalta la admisión que formuló el señor  Brache ante la Cámara Americana de Comercio, de que pese a que la economía dominicana  ha sido una de las más resilientes del mundo, su crecimiento “no se ha traducido a la ciudadania”, por lo que su propuesta procura alcanzar en dos lustros 2.4 millones de nuevos empleos formales.

El nuevo modelo de relación entre sector público y privado, propuesto por el presidente del Conep lograría sacar de la pobreza extrema a unas 263 mil personas y 1.8 millones de la pobreza moderada, lo que supongo se alcanzaría sobre la base de impulsar el capital industrial como base de la economía, única vía posible para lograr un ingreso per cápita de 17 mil dólares.

Sería una pena que la propuesta del empresario Julio Brache, hecha en su condición de presidente del Conep, se pierda entre laberinto de indiferencia o de intereses bien calculados. Las centrales sindicales deberían socializarla cuanto antes.

Por Orión Mejía.-

La mayoría de los periodistas que iniciamos carrera en los años 70s y 80s nunca ocultamos nuestra militancia o simpatías políticas, pero es de justicia decir que esas adhesiones no afectaron el desempeño ético en la mayoría de esos profesionales. 

En ese tiempo los periódicos podrían definirse por su línea editorial en liberales, como El Nacional, La Noticia, Ultima Hora, El Sol, Nuevo Diario y conservadores, como El Caribe, Listín Diario y La Información, aunque en esos medios laboraban ejecutivos y reporteros con inclinaciones de izquierda o social demócrata. 

Reporteros de todas las tendencias partidarias e ideológicas compartíamos en  las redacciones de Noti-Tiempo, Noticiario Popular, Radio Mil Informando, Noticiario Cristal, Radio Reloj Nacional, entre otros noticiarios radiales, sin desmedro del cumplimiento de nuestra obligación de informar de manera objetiva y diligente.  

He estado por más de 40 años vinculado con redacciones de prensa, en las cuales antes se discutía todos los días sobre  política sin que los contertulios sufrieran algún tipo de represión o exclusión por sus ideas, en razón de que los ejecutivos confiaban en la integridad profesional de sus subordinados.  

Es obvio que una minoría de colegas cayó o pudo caer en la degradación profesional, pero la mayoría mantuvo en alto estándares de deontología profesional, aunque siempre rechazó una imparcialidad basada en restricciones de derechos constitucionales como el de expresarse libremente sobre cuestiones políticas, sin menoscabo del ejercicio profesional. 

Se admite también que a no pocos periodistas se les bloqueó ingreso a redacciones de prensa a causa de su militancia política y otros no pudieron escalar posiciones jerárquicas por esas mismas razones, sin que directivos de esos medios pudieran sustentar esas acciones represivas en razones profesionales.   

A integrantes de esa generación de reporteros le ha tocado todavía hoy dirigir importantes medios de comunicación en los ámbitos de prensa escrita, televisión, radio y redes, sin que en la mayoría de los casos se les involucre en conciliábulos corporativos, grupales o políticos para desvirtuar el ejercicio periodístico. 

Debo admitir que algunos tomaron el camino de Judas, pero la mayoría, siguió las sendas de Pedro o de Pablo, lo que quiere decir que se recuperaron de debilidades éticas o retornaron a la claridad democrática, después de pernoctar en el oscurantismo político. 

La tecnología matiza hoy el ejercicio del periodismo en un mundo convertido en aldea global, donde el reportero compite con robots mediáticos dirigidos a control remoto para tergiversan la realidad objetiva en pretensión de alinearla a  intereses de sus patrocinadores. 

La democracia ganaría mucho si logran confluir lo mejor de la cantera de nuevos profesionales de la comunicación con la reciedumbre de viejos maestros del periodismo y el espíritu contestatario de generaciones intermedias, que nunca rehuyeron a su obligación de luchar por una sociedad libre y justa.  

Por Orión Mejía.-

La tragedia que ha significado la muerte a balazos del comunicador y animador deportivo Manuel Duncan a manos del vicealmirante Félix Alburquerque obliga a reflexionar sobre el incremento de homicidios tipificados como “crímenes de ira”, que se perpetran cuando el homicida actúa por arrebato o cólera.

Los especialistas definen la violencia de ira como aquella que no se perpetra como acción principal para la comisión de un crimen como seria cuando el asaltante dispara contra su víctima para robarle o el sicario que asesina a cambio de dinero.

Abogados penalistas suelen presentar en audiencia jurisprudencias en las que  se considera  el crimen de ira como circunstancia  atenuante y no agravante, aunque por lo general al homicida se le aplica el rango de pena tipificado en el Código Penal.

Desde la óptica del Ministerio Público y del juzgador la ira o cólera como  elementos paliativos  carece de asidero porque ninguna ley penal o dispositivo procesal la prevén, pues valoran solo las circunstancias probatorias de que el imputado incurrió en tipo de violencia que causó  homicidio o asesinato.

Lo que muchos abogados intentan demostrar en estrado es que la ofensa sufrida por su defendido seria de tal magnitud física o moral  a causa de la cual sufre un tipo de ira que lo lleva “a perder el juicio”, en cuyo estado perpetra el crimen.

Es importante subrayar que en el ordenamiento jurídico dominicano la figura del delito o crimen de ira es irrelevante ante el fardo probatorio que identifique los elementos constitutivos de un homicidio o asesinato, aunque pueden valorarse atenuantes como legítima defensa.

La muerte del comunicador Manuel Duncan es ante todo una tragedia que desnuda un tipo de violencia social derivada de una silente pandemia de ira, como muestra, además de este penoso suceso, el asesinato del ministro Orlando Jorge Mera  y la muerte a balazos de una pareja de esposos perpetrado por un funcionario, entre otros sucesos.

En 2021 se registraron 1,349 homicidios, un 8.6% más que los reportados en 2020, el 62% de los cuales  se perpetraron  con armas de fuego, lo que quiere decir que más de seis de cada diez muertes violentas fueron causadas a balazos. También se resalta que se produjeron 144 homicidios considerados feminicidios.

De nuevo la sociedad dominicana se conmociona por  una tragedia cuyo causal principal se tipifica como violencia o crimen de ira, enfermedad silente que se extiende muy por todas las clases y capas sociales, tanto así que la gente se enfada muy fácilmente, ingresa en cólera, pierde el juicio.

Por Orión Mejía.-

De tanto sufrir el paciente llega a acostumbrarse al dolor, al punto que  cuando la dolencia recrudece apenas percibe la diferencia y cualquier alivio, por tenue que resulte, lo asume si el padecimiento se hubiera disipado.

Así es el  comportamiento del amplio  asentamiento social que malvive en Villa Pobreza, donde el cambio del garrote por el látigo constituye un alivio para sus laceradas espaldas, constantemente golpeada por la injusticia.

Al otro lado de la verja de la miseria no se habla de salud, educación, vivienda digna ni empleo formal porque esos parámetros del desarrollo humano apenas se perciben y la esperanza de que alguna vez  se conviertan en realidad se derrama como agua entre las manos.

La clase media funge como un hermano mayor contestatario que  hace uso de los medios de comunicación, redes y  de las Plazas Públicas para protestar y ejercer presión social en reclamo de tal o cual conquista o para que  se revoque alguna medida.

En los quintiles que reúnen a grupos sociales de menor ingreso se brega todos los días, con o sin crisis nacional o foránea, con el drama de inflación y desempleo, al punto que desafían leyes de la matemática al sobrevivir con menos de la mitad de lo que cuesta la canasta básica.

El liderazgo de la clase media se activó contra el  aumento de la tarifa eléctrica y logró su revocación aunque nunca se enteró que la Superintendencia de Electricidad había anulado por su cuenta el subsidio a los consumidores de las favelas.

La inflación interanual, que se situó en 9,4%r, comenzó a ceder al  ubicarse al mes de junio en 4,9%, por lo que el Banco Central ha retomado la meta de 4+-1 para el 2023, lo que supone un alivio para el sector intermedio de la economía y el consumo, pero la carestía es dolor permanente que sufren los sectores marginados o excluidos, sometidos a la exclusión social y económica.

Los clasemedia no tendrían mayor interés en  participar en el debate  sobre pertinencia o no de que el gobierno traspase el control de hospitales o ciudades sanitarias al sector privado, vía patronato, porque  su derecho a la salud todavía lo ejercen  a través de las clínicas.

Los temas que llaman la atención a esa estratificación social están vinculados con la lucha contra la corrupción, institucionalidad, medio ambiente, transparencia y la  inflación cuando se convierte en peligro de desalojo de los supermercados.

Control de inflación y  consolidación del crecimiento son  conquistas de gran valor para la economía y de impacto directo sobre la clase media, pero  sin reformas sociales profundas, persistirá el dolor de la injusticia  sobre las costillas de los sectores populares.

Por Orión Mejía.-

Desde su emancipación, en 1804, Haití vive bajo un régimen económico de subsistencia derivado de la abolición de la esclavitud y porque sus regímenes no han logrado ni mínimamente mantener la antigua condición de territorio francés de ultramar más rico del mundo.

Toussaint Louverture, líder de la guerra emancipadora haitiana, fue un genio militar que supo lidiar con los ejércitos imperiales de Inglaterra, España y Francia quien, literalmente, humilló al general Napoleón Bonaparte, al frustrar su intención de instalar un imperio colonial en las Américas.

Louverture murió en una ergástula francesa a donde fue trasladado después de su apresamiento en su hacienda después de acordar con el ejército francés que su rango y vida serían respetados, lo que no fue cumplido por  el gobierno de Francia.

Esa revolución produjo también el degollamiento o expulsión de toda la población blanca y una cruenta represión contra los mulatos, por lo que ese conglomerado, originado en migraciones irregulares sobre la parte oeste de la Isla de Santo Domingo, quedó constituido por negros libertos.

Por 218 años la historia de Haití ha estado matizadas montoneras, dictaduras, invasiones y ocupaciones, sin que  su economía se acerque siquiera a las condiciones de pre capitalista, lo que equivale a decir que la inmensa mayoría de ese pueblo ha vivido antes y después  en condiciones de miseria y  exclusión  social y  política.

Ese es el Haití que hoy padece del abandono de grandes metrópolis, incluido Francia, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) le debe mucho al sudor de millones de esclavos africanos en  sus coloniales plantaciones de azúcar, o Estados Unidos  que ocupó  ese territorio insular durante muchos años, además de apadrinar, como lo hizo también en la parte este de la isla, turanias sin ejemplo.

Casi 12 millones de haitianos mal viven sobre un territorio desolado, huérfanos de mínimos estándares de salud, alimentación, educación,  vivienda, transporte, seguridad, y en medio de una anarquía institucional, política y social, que expresa su deterioro a través de bandas armadas que controlan casi todo el territorio.

Por el drama descrito, pero  en especial por el abandono a que  es sometido, Haití representa hoy un grave peligro para la interridad territorial y para la soberanía plena de República Dominicana, porque  millones de haitiano no tendrían otro lugar donde guarecerse.

No se trata de odio étnico ni de discriminación racial,  económica o social, sino de una justa preocupación ante la evidente intención de grandes metrópolis de obligar a República Dominicana a ejercer el papel de reservorio de un previsible estallido migratorio haitiano.

Por Orión Mejía.-                     

El sector público ha sido tan estigmatizado como exclusiva cantera de corrupción que a la juventud de hoy no le atrae servir en el Estado porque correría el riesgo de corromperse mediante conciliábulos con corruptores anidados en el propio gobierno y en el sector privado.

Es una percepción equivocada, aunque se admite que el ente público ha sido fuente de enriquecimiento ilícito y de acumulación de capital en favor de entes corporativos que mercadean privilegios y prácticas desleales empresariales.

Desde la  asunción al Poder del doctor Joaquín Balaguer, el 1 de junio de 1966, ha transcurrido un largo periodo matizado por  episodios de cruenta represión y lucha reivindicadora por el advenimiento de un auténtico Estado Social de Derecho.

Se admite que el Estado ha servido a intereses  políticos y empresariales de uno u otros litorales, ya sea mediante el afianzamiento del control de bienes heredados de la tiranía o por causales del cohecho, incluido asignación irregular de obras públicas.

Sería injusto no destacar que el sector público ha promovido obras de infraestructura y de renovación del ensamblaje jurídico político que han coadyuvado a que República Dominicana sea-mucho o poco- lo que es hoy.  

Al presidente Balaguer impulso las leyes agrarias, ley de cuota parte, construcción de los embalses de Tavera-Bao, Valdesia, Hatillo, Jigüey, Aguacate, López Angostura, Sabaneta, Rincón y Sabana Yegua.

Don Antonio Guzmán promovió el retorno de los exiliados y la libertad de los presos políticos, así como el control de la estructura militar antes al servicio de la represión política, además de impulsar políticas de apoyo a la producción agropecuaria e iniciar la presa de Rio Blanco.

El presidente Salvador Jorge Blanco le tocó reorganizar las finanzas públicas, para lo cual tuvo que recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI), con un alto costo en vida y deterioro de la gobernanza, aunque pudo estabilizar factores macroeconómicos.

El presidente Leonel Fernández inauguró la era de las reformas políticas, económicas y sociales, incluida a la de Justicia, el Ministerio Público y de la Administración Publica, construyó el Metro de Santo Domingo, túneles y elevados con éxito y promovió una nueva Constitución Política.

 El gobierno de Hipólito Mejia construyó la presa de Mao y el acueducto de la Línea Noroeste, concluyó la construcción del puente Juan Bosch, además de iniciar la ley que crea el Sistema dominicano de Seguridad Social.

Esas son apenas algunas de las obras más resaltantes emprendidas o esos gobiernos, sin contar lo que hace la actual administración, lo que consolida el criterio de que el sector púbico no puede tildarse de nido de delincuencia, aunque la bacteria de la corrupción se anide en su estómago.

Por Orión Mejía.-

La Ley de Extinción de Dominio es un estatuto imperial diseñado para  contener flujos de capitales o activos en la región generados por la corrupción, narcotráfico, terrorismo, trata de blanca y evasión fiscal, por lo que no puede ser considerada como un arma jurídica para ser aplicada con fines de obtener provecho político.

Ese estatuto es una iniciativa del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe (Laplac) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cuyo objetivo es el decomiso sin condena de activos generados por los referidos ilícitos penales.

Desde hace más de una  década,  distintas agencias de Estados Unidos, junto a Naciones Unidas (ONU) y Organización de Estados Americanos  (OEA) impulsaron acuerdo de cooperación para derribar en América Latina barreras jurídicas que impiden acciones conjuntas contra el narco, terrorismo, trasiego de humanos, corrupción y evasión fiscal.

Es en ese contexto que emerge la Ley de Extinción de Dominio que otorga al Estado facultad por vía jurídica expedita para proceder asumir la titularidad de activos de cualquier naturaleza procedentes de esos ilícitos. Más que una ley, es una institución juridica de última generación

La adecuación  de  esa ley  en República Dominicana no sería igual que  en Colombia,  donde se hizo énfasis en  el narcotráfico y   el terrorismo, ni sería similar a México, donde la trata de blanca constituye, junto al narco y el terrorismo, un  flagelo mayor.

Aquí se habla esencialmente de peculado que,  aunque  constituye uno de los ilícitos atacados por esa ley, posee un tiente político coyuntural en su abordaje, persecusion y condena, tanto en lo referido a la  aplicación de sanciones aflictivas e infamantes, como en el decomiso de  activos.

La sociedad ignora el contenido  de lo que en el Congreso una mayoría legislativa pretende aprobar, aunque razonablemente se debería atender sugerencias de la Banca, empresariado y gremios profesionales sobre posibles falencias que deben ser extirpadas antes de la aprobación de ese estatuto.

Lo deseable sería que la Ley de Extinción de Dominio sea  aprobada y promulgada con el concurso o acuerdo de partidos, empresariado, sociedad civil, y academias, pero primero  todos deberían admitir  sus pecados, incluido los luteranos.

Esa ley, adaptada al ordenamiento jurídico interno, sería  de mucho provecho para la transparencia y la democracia, pero debería advertirse del peligro que supondría si intereses partidarios coyunturales la convierten en afilado machete político con el solo de cercenar cuellos de  adversarios.

Por Orión Mejía.-

El capitalismo salvaje,  que refería el Papa Juan Pablo II, se expresa con crudeza en la comercialización mundial de alimentos y materias primas, entramado de compras y ventas a futuro a través del cual  multinacionales desafían a Dios, al asegurar enormes utilidades sin importar la ocurrencia de ciclones, sequias o inundaciones u otros percances.

Las bolsas agropecuarias, incluida la de Chicago, que realiza las mayores transacciones en el mundo, son operadas por supuestas instituciones sin fines de lucro, que creen poseer el mandato divino de castigar a la humanidad al encarecer rubros básicos a través de la manipulación en su comercialización.

Esos mercados bursátiles fijan precios del trigo, soya, maíz y otros comodities desde antes de que  los productores preparen las tierras para siembra en Estados Unidos, Brasil, Ucrania, India o Argentina, mediante un mecanismo de promoción o control de posibles vicisitudes en el clima, acopio o transporte.

Aun en los casos de sobreproducción, el mecanismo de precios a futuro opera para estimular el acaparamiento o imponer dudas razonables sobre  reducción de la oferta en la próxima cosecha, por lo que siempre las empresas intermediarias garantizan altísima rentabilidad, aunque los productores se suman en la miseria.

La guerra de Rusia y Ucrania, así como las sanciones económicas que Occidente impone a Moscú, crean un tipo de condición en  los ámbitos de producción y mercadeo de materias primas de origen agrícolas,  que se apartan del control  de las bolsas agropecuarias.

Los cristianos que controlan esos mercados agropecuarios  suelen ganar más dinero en tiempo de escasez- de ahí la definición de capitalismo salvaje-, pero  esta vez, el conflicto bélico en los Balcanes ha causado efectos difíciles de controlar, como reducción de la producción de trigo, maíz y soya en Rusia y Ucrania y dificultad transportar la menguada cosecha  desde la zona de guerra  hacia los mercados.

El mayor agravante del cuadro de escasez y carestía de alimentos esenciales lo constituye  el abrupto nacionalismo alimentario que ha surgido en Asia, con las prohibiciones de exportación de Trigo  en la India, de aceite, en Indonesia y de pollo en Malasia, así como  el almacenamiento de  comodities en China.

Tailandia y Vietnam  se proponen  encabezar un cartel de productores de arroz para fijar precios y  controlar  las exportaciones, lo mismo que hacen los productores de petróleo y gas natural, lo que  representa un claro desafío a los magnates de las bolsas alimentarias.

Ante la espiral mundial de escasez, carestía de la comida,  al gobierno dominicano no le queda de otra que volcar todo su esfuerzo en  promover la siembra  de toda la tierra disponible, así como el respaldo a la industria avícola y a la pecuaria. Vienen  tiempos aún más  difíciles. 

Por Orión Mejía.-

El video que muestra a niñas de una escuela pública en coreografía de baile que muestran su ropa interior, el alumno que agredió con un machete su directora, y el alijo de armas blancas decomisada en otro plantel, son apenas señales de un mal mayor que afecta a la educación dominicana.

Sobre  ese flagelo, el ministro de Educación aplica una fórmula  que cree infalible, al señalar que lo que ocurre en la escuela es reflejo de lo que sucede en la familia, en tanto que el presidente del gremio de los maestros lo atribuye principalmente a deficiencia del currículo escolar.

Autoridades y profesores deberían estar de acuerdo es  en que  el problema no es por falta de dinero, aunque siempre será de provecho que  el gobierno dirija más recursos  a la Educación, pero un 4%  en proporción al PIB son hoy más que suficientes.

El sistema educativo dominicano carece de una estrategia que garantice planificación previsible y continua en conexión con la Estrategia Nacional de Desarrollo. La impresión que se ofrece desde el ministerio y el gremio es la de  improvisación e indiferencia.

Hoy en día, significativos avances en políticas educativas, como las escuelas vocacionales y las tandas extendidas, han quedado varadas en laberintos de convenientes politiquerías o extravíos técnicos, cubiertos ambos con  mantos de  absurdas justificaciones del por qué no se muda ni un paso.

La sociedad civil, a través de esquemas participativos en  ámbitos de investigación y promoción de políticas  educativas o de la academia universitaria, sugiere recetas o remedios, la mayoría de acción limitada a específicos conglomerados sociales.

Puede decirse que la Escuela Pública no ha tenido dolientes, como tampoco los gobiernos, liderazgo político, empresariado ni  academia, han hecho lo suficiente para disminuir sustancialmente la iniquidad  económica y social.

La mentada revolución educativa no sería posible sin que simultáneamente  los gobiernos, juntos al sector productivo y la clase política,  encaminen políticas disruptivas que acerquen a la familia al ideal de justicia y equidad.

El ministro tiene razón al vincular con la familia las fatalidades que ocurren hoy en las aulas, como también la tiene la ADP, cuando lo atribuye a  la carencia de currículo adecuado, pero en ambos casos se requiere unificar la calidad de la enseñanza con la consolidación del núcleo familiar.

El aula y la familia deberían enlazarse para bien y no para mal, en el entendido de que la garantía de esa sana vinculación le corresponde, en lo particular a la comunidad educativa (autoridades, maestros, academias, padres y tutores), y en lo general al gobierno y a la clase política.   

  Por Orión Mejía.-

Aunque resiliente, la economía dominicana es abierta,  muy expuesta  a vaivenes del sector externo, tanto así que todavía se recuerdan las gestiones diplomáticas y políticas  en  Washington en procura de  que Estados Unidos incluyera al país en la lista de cuota preferencial de exportación azucarera.

Hace más de medio siglo que se dice que el presidente Balaguer ofreció renunciar a cambio de que su colega estadounidense,  Richard Nixon mantuviera  la asignación de precio preferente  en la adquisición del dulce dominicano.

Al emigrar desde un esquema basado en las exportaciones de  azúcar, cacao, café, tabaco en rama, aleación de oro y plata y ferroníquel, hacia otro impulsado por los servicios, como turismo, remesas, inversión extranjera, telecomunicaciones y zonas francas, la economía  obtuvo mayor capacidad de sobreponerse a contratiempos externos.

Las exportaciones  de postre (café, tabaco procesado, cacao y azúcar) recobraron su vigor  en la canasta de oferta exportable, lo mismo que oro, plata, cobre, níquel, a los cuales se les agregan valor que incrementa sus precios en mercados internacionales (cacao y banano orgánico, cigarros hecho a manos).

Desde antes de la pandemia, el ingreso en divisas superaban los US$30 mil millones de dólares, lo que permitió reducir sustancialmente el déficit de cuenta corriente de la Balanza de Pagos (relación de los dólares que ingresan y salen de la economía).

La nuestra fue por  años una economía sana en constante crecimiento y desarrollo hasta el advenimiento de las crisis causadas por la pandemia del Covid-19 y la invasión Rusa a Ucrania, la primera de las cuales desmanteló el aparato productivo e incrementó el endeudamiento y la otra provocó una espiral inflacionaria matizada por  escasez y carestía de materias primas y productos terminados.

 Es en este momento cuando deseo llamar la atención del gobierno, sector productivo y clase política sobre la advertencia de huracán económico que ha hecho Jamie Dimon, director de JP Morgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos.

Dimon dijo que ese ciclón ya está sobre la economía de Estados Unidos, “así que mejor vayan preparándose”. El índice de inflación en esa economía es de 8,3% y la Reservas Federal proyecta elevar la tasa de interés hasta 2%.

El banquero prevé que el precio de petróleo llegue a subir en el corto entre 150 y 175 dólares, el barril, lo que agravaría  una economía  mundial asolada por incertidumbre monetaria,  guerra en Ucrania y prolongados cortes en cadenas de suministros.

El CEO del JP Morgan advierte que la tormenta también afectará a Europa y que los mercados bursátiles  son sacudidos por  el aumento en los rendimientos  del Tesoro Americano, como el caso de S&P, que ha caído este año 13.3%. Este aviso de huracán debe ser escuchado aquí.

Por Orión Mejía.-

Durante los veintidós años que van de siglo casi toda América Latina ha sufrido episodios de recesión económica, incluido República Dominicana que lo tuvo en 2003 cuando la economía  experimentó un crecimiento negativo del 2,0%, pero ni antes ni después el PIB  nacional ha cerrado en rojo, con excepción del pandémico 2020.

La economía dominicana se ha mantenido por el sendero del crecimiento, con las señaladas excepciones, incluso  durante la crisis  financiera mundial causada por la explosión inmobiliaria de Estados Unidos y la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

Han sido 30 años de crecimiento con promedio superior al 5%, lo que permitió al país realizar el crossover desde “una economía del postre”, (azúcar, tabaco en rama, café y cacao), a otra sostenida en los servicios turismo, zonas francas, inversiones, remesas, telecomunicaciones.

Durante esos tres decenios  las zonas francas, antes maquilas textileras, emigraron hacia el campo tecnológico e industrial, en tanto que las exportaciones se diversificaron y con valor agregado, como g agregaron valor, como guineos y cacao orgánico, frutos y vegetales en ambientes controlados.

Con una visión menos bananera en la gestión de los recursos mineros, así como el incremento de las exportaciones nacionales y de zonas francas, los aportes del turismo, remesas e inversión extranjera, la economía genera más de 30 mil millones de dólares anuales.

A eso se debe que el Banco Central  exhiba  unas robustas reservas netas de US$14 mil millones, equivalentes a un 14% del PIB, suficientes para financiar más de cuatro meses de importaciones y para  ejercer control sobre el tipo de cambio.

La economía dominicana ha sido tan  resiliente como para sobrevivir  a las crisis de la burbuja hipotecaria, de 2008,  a la de la pandemia del 2020, y aun al impacto de la guerra Rusia- Ucrania, de 2021, pero debería advertir que esa fortaleza no significa que  sea imbatible.

Lo primero que el gobierno debería entender es que el conflicto entre Moscú y Kiev, que es en realidad entre Rusia y Occidente, se va a prolongar y agravar por mucho tiempo, como lo demuestra el discurso guerrerista exhibido por  el inquilino de la Casa Blanca.

Si es así, los precios del petróleo, trigo, maíz, soya, fertilizantes, fletes y productos terminados se mantendrán en alzas, lo que supone un agravamiento de la crisis en este traspatio y su prolongación más allá del periodo electoral.

No sería exagerado exhortar a gobierno, clase política y sector productivo a prever que adicción a la crisis económica, surjan escenarios no deseables, como crisis social y crisis política.

Por Orión Mejía.-

En el plano interno y a nivel externo se viven momentos de  disrupción económica, social y política que deberían motivar al  gobierno a diseñar una estrategia comunicacional sostenida en eficiente gestión del riesgo y preparación ante la crisis.

La crisis de reputación gubernamental, causada por las muertes de tres jóvenes detenidos en destacamentos policiales, representa el mejor ejemplo de que el gobierno está compelido a revisar su programa de comunicación social  y marketing político.

Los estrategas oficiales procuran construir una imagen presidencial sostenida en la impresión colectiva de sencillez y proximidad, a lo que podría atribuirse la entrevista de una hora y media que concedió el mandatario  al programa “Foro Público” o “Antinoti”.

Son perceptibles los extravíos en esa estrategia comunicacional que no jerarquiza impactos sobre indicadores económicos como inflación, empleo, déficit fiscal y endeudamiento, de las  crisis generadas por la pandemia y la invasión rusa a Ucrania.

Sin comparar al presidente Luis Abinader con Winston Churchill, puede decirse que al igual que el estadista inglés, el dominicano afronta los efectos de una crisis derivada de una guerra que posee ribetes globales.

Al mandatario le corresponde encaminar políticas públicas  a los fines de mitigar efectos de esas tribulaciones, pero también se requiere  un diseño de la estrategia  comunicacional que ayude a promover o activos políticos o gerenciales como la transparencia, sana administración de justicia y responsabilidad gubernamental.

Lo ideal sería que el gobierno base su desempeño en principios  de eficiencia, legalidad y cumplimiento de la ley, pero en términos de comunicación o marketing debe ser conciso, comprensible y accesible, sin incentivar un discurso oficial caracterizado por prejuzgar o pronosticar.

Una adecuada estrategia comunicacional debe promover transparencia y equidad  para incentivar así el cumplimiento de esos principios y poder gestionar con relativo éxito una crisis de dimensiones catastróficas.

La crisis reputacional generada por las muertes de ciudadanos atribuidas a  policías  son aguas inmundas que deben ser dirigidas al Ministerio Público, que posee calidades para investigar y someter a la justicia a los responsables. La reforma Policial es harina de otro costal.

Activos políticos  mercadeados por el gobierno, como  los del Ministerio Publico independiente, transparencia administrativa y eficiencia en  el abordaje pandémico, están a punto de convertirse en pasivos a causa de una difusa estrategia gestión de riesgo y manejo de crisis.

Por Orión Mejía.-
(orion_mejia@hotmail.com)

Cualquier gobierno o Ministerio Público lo pensaría dos veces antes de emprender una ofensiva contra el lavado de activos de la magnitud de Operación Falcón, que ha decomisado bienes por más de cincuenta mil millones de pesos, incluidos gasolineras, edificios, dealers, villas y vehículos de alta gama.

Ese operativo se ejecuta cuando aún la economía sufre resaca de una pandemia que por más de un año ralentizó las actividades económicas y laceró el empleo, y cuando la Procuraduría todavía acarrea otros expedientes de gran impacto político.

Esos y otros motivos de naturaleza coyuntural, hacen pensar que Operación Falcón es una acometida “made in United States”, aunque esas investigaciones se realizaban desde hace casi un año.

El presidente Luis Abinader demostró coraje al aceptar desmantelar un muy denso nido de avispas que se había extendido por el vecindario político, legislativo, económico y gubernamental, a sabiendas del riesgo que entraña escarbar en esa economía de subsuelo.

Los acuerdos con la Agencia Antidrogas (DEA) no han resultado provechosos para la parte dominicana, porque fiscales estadounidenses arriban a acuerdos con extraditables en provecho de sus intereses jurídicos y luego son devueltos con casi los mismos poderes y bienes.

No hay que negar que a causa de la pandemia, o quizás desde antes, República Dominicana volvió a convertirse en puerto de trasbordo de miles de kilos de cocaína desde Suramérica a Estados Unidos y Europa y que ese ha sido el motivo de Operación Falcón.

Desde hace más de diez años aquí se aplica o debe aplicarse un estricto código jurídico contra el lavado de activos, supervisado por la Superintendencia de Bancos y por buros nacionales e internacionales que monitorean los movimientos bancarios o de inversiones.

A eso se debe que los cárteles y sus subsidiarias inviertan en áreas difusas de la economía como dealers, bancas de apuestas, villas, etcétera, capitales que en su mayoría no cruzan por la banca de intermediación financiera por la imposibilidad de evadir controles anti lavado.

Es posible que la democracia dominicana haya alcanzado suficiente madurez y fortaleza como para soportar embestida de un animal herido que intenta defenderse de las estocadas que le asesta el Ministerio Público, la DNCD y la DEA.
Para poder salir airoso de esta batalla contra el narco y el lavado de activos, se requiere desinfectar cuanto antes al Poder Legislativo, áreas del gobierno, del tejido económico, policial y militar, partidos políticos y hasta del Poder Judicial. No les dejen esa cruzada solo a doña Mirian Germán Brito.

POR ORION MEJÍA.-

La lista divulgada por Estados Unidos con más de cincuenta funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, a los que califica de “actores corruptos y antidemocráticos”, consolida el criterio expuesto en esta columna de que los procesos contra la prevaricación en América Latina obedecen a un momento de inflexión externa y no al capricho de los gobiernos.

Entre los 55 nombres se incluyen a los expresidentes de Guatemala Álvaro Colon (2008-2012), señalado en irregularidades en la asignación de un contrato de transporte público, y Porfirio Pepe Lobo, de Honduras (2010-2014), acusado de recibir sobornos de un narco cártel.

Esa lista fue preparada por el Departamento de Estado en cumplimiento de una ley votada en diciembre pasado que le otorgó 180 días para identificar a quienes en esos países estuvieran en “corrupción significativa”. Se le conoce como “Lista Engel”, porque fue patrocinada por el legislador Eliot Engel.

Los mencionados en esa lista pertenecen a los tres países que forman el Triángulo Norte de Centroamérica, donde emigran grandes caravanas hacia Estados Unidos, vía México, que el gobierno de Joe Biden se propone desalentar mediante inversiones para el desarrollo económico y perseguir la corrupción.

Se recuerda que el presidente Jimmy Morales puso fin abruptamente en 2019 al acuerdo con Naciones Unidas para la permanencia en Guatemala de la Comisión Internacional contra la Impunidad, a cuyos funcionarios expulsó del país, lo que se atribuyó a que los fiscales extranjeros investigaban a su entorno político y familiar.

La Lista Engel, que incluye 21 hondureños 20 guatemaltecos y 17 salvadoreños, acusa también a esas personas de “obstruir la justicia y socavar la democracia”, por lo que el Departamento de Estado les canceló el visado para viajar al imperio.

Los expedientes de corrupción abiertos en República Dominicana no se corresponden con alguna estrategia infernal del gobierno, aunque intente sacar provecho político, porque ese es un producto originario de Estados Unidos, en un paquete que incluye narcotráfico, lavado y trata de blanca.

Fue por esa razón que censuré que el congreso del Partido de la Liberación (PLD) no abordara el tema de la corrupción con profundo espíritu reflexivo y de autocrítica, toda vez que se convirtió en un punto de inflexión histórica que la población reclama combatir y conjurar de manera definitiva.

La prevaricación debe ser combatida en los mismos términos que se intenta contener la pandemia, porque se trata de un flagelo económico, social y político altamente contagioso que daña los pulmones institucionales, tras lo cual la perece la gobernanza por no poder respirar.