Autor: David R. Lorenzo

Por David R. Lorenzo (*)

El periodismo, o mejor dicho una parte del mismo, cuando enfrenta al Estado y cualquier otro poder y se emplea como una herramienta contra la corrupción, el nepotismo,  la delincuencia, las mafias y la impunidad, se convierte en una profesión de altos riesgos.

Eso, sin contar a los periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes que tienen que estar cerca de las trincheras, en medios de los enfrentamientos, tiroteos, bombardeos y duelos de artillerías cubriendo las guerras que se realizan en parte del planeta.

Por ejemplo, en el último conflicto bélico, el de Israel y Palestina, “Reporteros sin Fronteras (RSF) da cuenta que en los  6 meses de guerra han sido muertos o asesinados en Gaza al menos 103 periodistas por los ataques israelíes, de los cuales al menos 22 se encontraban ejerciendo su labor periodística. Algunos de ellos muriendo con todas sus familias.

Por igual, América Latina es una región mortífera para los periodistas, porque además de conflictos armados, muchos de estos profesionales combaten dictaduras modernas, cárteles de las drogas, mafias y corrupción.

Asimismo, es común que los periodistas tengan que cubrir protestas, enfrentamientos entre policías y manifestantes, delincuentes y conflictos entre bandas, donde también, pueden ocurrir desgracias para los reporteros.

Es por esa situación, que en varios países se han creado leyes de protección para los periodistas. Igualmente, varias instituciones regionales y  globales que también han aprobados reglamentos  para la protección  de estos profesionales.

La protección, no sólo debe ser sobre su seguridad física, sino también, sobre el ejercicio, ya que la ley debe establecer que ningún periodista puede ser sometido a amenazas, hostigamientos abusos físicos y psicológicos,  ser perseguido o ir a prisión por sus denuncias, si éstas son serias, merecen ser investigadas, y no son frutos del chantajes, porque eso aleja la posibilidad de que se haga un periodismo responsable.

Por tanto, entendemos que en la República Dominicana debe existir una legislación, que podría ser una que modifique la Ley 10-91, que creó el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), que contenga una serie de disposiciones tendentes a proteger por parte del Estado al periodista y su ejercicio profesional, como las siguientes que proponemos:

PRIMERO: Toda amenaza o agresión a un periodista, incluyendo camarógrafo, fotógrafo o chofer, en el ejercicio de su profesión,  serán atendidas e investigadas  por las autoridades correspondientes, como la Policía y el Ministerio Público, de manera inmediata, y sus autores sometidos a la justicia.

SEGUNDO: El  Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas cuyas vidas o integridad física estén en peligro, y adoptar las medidas pertinentes para su protección.  El Estado estará obligado a identificar el riesgo y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen de las amenazas, así como definir y adoptar oportunamente las medidas de protección.

TERCERO: La intimidación, agresión, secuestro, amenaza y asesinato contra  un periodista se considerará una violación de los derechos humanos y a la libertad de expresión,  por lo que es deber del Estados prevenir e investigar esos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación económica y moral.

CUARTO: Se consideran que tales agresiones transgredan las garantías constitucionales a la libertad de expresión, el derecho de información  y el acceso a la información.

QUINTO: Es facultad del Estado garantizar que en la República Dominicana se realice un periodismo, ético, responsable y sin compromisos con sectores de poder, de las mafias  y del crimen organizado, como una forma de combatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad.

SEXTO: Es deber del Estado castigar los discursos que contribuyan a provocar violencia contra los periodistas que los pongan en situaciones de riesgos.

SEPTIMO: Es deber del Estado implementar políticas para que sus fuerzas de seguridad  apliquen políticas de protección contra los periodistas y la libertad de expresión.

OCTAVO: Que en el Código Penal Dominicano se establezca un delito especial contra las amenazas, maltratos, agresiones, secuestros y asesinatos de periodistas.

NOVENO:  Que en el Código Penal se establezca que las denuncias serias  contra el Estado, funcionarios públicos  y particulares relacionados con acciones indebidas, prácticas indecorosas, violaciones de las leyes y manejo irregular de fondos públicos no serán objetos de persecuciones contra los periodistas denunciantes.

Decimos esto, porque consideramos que es una obligación del Estado, proteger al periodista, de la violencia criminal, del poder autoritario del Estado, de las mafias, de los cárteles, de los corruptos, de los depredadores de todo tipo, de los  delincuentes reales o camuflados, de los jefes policiales o militares corrompidos y de los políticos corruptos, para que pueda realizar un ejercicio serio, contestatario y que incomode a los malos y a los perversos, pero, en  favor del fortalecimiento de la democracia.

(*) Postada:  El autor es periodista y abogado de la República Dominicana y autor del periódico digital “libertaddeexpresión.net”.

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com –

Por David R. Lorenzo.-

La entrevista es un género periodístico cuyos elementos principales son las preguntas, respuestas, opiniones e interpretaciones en las cuales se debe procurar discutir el fondo de un tema, dirimir conflictos, intentar buscar la verdad sobre un caso de interés público, lograr nuevas informaciones y proporcionar un análisis de profundidad sobre lo tratado.

Pero, su función principal es obtener información sobre un determinado tema de interés, para conocimiento del público, pero nunca debe ser un objetivo mercurial del entrevistador.

Una práctica pecaminosa que se ejerce durante un gran tiempo, y que desvirtúa y viola los principios éticos del periodismo, es el cobro al entrevistado por el entrevistador, ya sea este periodista, se crea periodista, sea locutor o se llame comunicador.

Ese cobro ilegítimo se produce en ciertos periódicos, programas de radios y televisión de diversión, farándulas, noticias, deportes, interactivos, y ahora en You Tube y otras plataformas digitales.

Hay productores que se jactan en decir, que ningún político, ni ningún otro personaje se sienta en su espacio si no paga por la entrevista, lo que lo convierte en prácticamente un inmoral.

Hay programas en la República Dominicana, que los entrevistadores no son los que cobran, sino los asistentes o productores del programa, incluso, hasta con el conocimiento y la permisibilidad de los propietarios del medio, y otros ni siquiera les cobran, sino que mandan facturas a las oficinas o casas de los entrevistados, sin que a éstos  se les haya comunicado que les iban a cobrar.

Sobre el particular, elaboré un decálogo de principios el cual considero debería regir la relación del entrevistador y el entrevistado, que expongo a continuación: 

1.- Nunca se debe cobrar por las entrevistas, por ser parte del lado oscuro del periodismo, y  una conducta antiética,  inadmisible e inaceptable.

2.-  No se puede pedir ni directa, ni indirectamente  al entrevistado, ni para sí, ni para terceros, incluyendo familiares y amigos,  dinero, publicidad, dádivas, regalos, casas, empleos, favores y promesas, entre otras cosas,  ni durante la entrevista, ni después de ella.

3.- No se debe sugerir al entrevistado hacerle la nota del programa y difundirla a cambio de un pago.

4.- No se deben aceptar regalías, dinero u otros favores del entrevistado, aún sea por su iniciativa.

5.- Se debe entender que el periodista que pide dinero por entrevistas o acepta que le regalen, pierde credibilidad y será un tachable de por vida.

6.- El funcionario o cualquier otra personalidad relevante que acepte pagar por ser entrevistado, contribuye a la corrupción del periodismo.

7.- Por muy amigo o seguidor del entrevistado, el entrevistador no debe prestarse a elogios, halagos y exaltaciones, ni por amiguismo, ni por dinero, sino hacerle con el debido respeto, las preguntas que lo pongan a pensar, que puedan ser difíciles y que le interesen a la gente.

8. Se debe entender que los programas de entrevistas se deben costear con los aportes de los anunciantes, o en última instancia, con los recursos del productor, pero nunca con los del entrevistado.

9.- Por mucha precariedad que el periodista tenga, sus principios éticos no deben ser quebrantados.

10.  El periodista debe actuar simple con doble honor, y ser como el pámpano de la vid, que produce buenos frutos, y no como el tamo, que arrastra el viento.

Probablemente en todas las generaciones han existido los inescrupulosos, los sinvergüenzas y los carentes de éticas, que les importa más el dinero, que la moral y la reputación, pero, afortunadamente, también han existido los contrarios, los que practican los nobles principios.

En esa dicotomía no nos debe importar que en muchas ocasiones los inmorales lleguen más rápidos, sean más famosos o más ricos, porque todo eso, conseguido de esa forma,  lo debemos tener como basuras, ya que el cobro por las entrevistas es y seguirá siendo parte del lado oscuro del periodismo.

Posdata:  El autor es periodista y abogado de la República Dominicana y director del periódico digital: “libertaddeexpresión.net”.

– Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo: ultimasnoticias2013@gmail.com –

Por David R. Lorenzo.-

Lo que ha salido a relucir dentro de  las elecciones del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizadas el pasado 2 de diciembre, no tienen   ni «madre ni maestra», por su implicación en un posible acto de corrupción administrativa.

Como abogado que soy, además de periodista, no sabía que en una elecciones del CARD, ni en ningún otro gremio profesional, pudieran presentarse situaciones, en la que un candidato de un partido opositor, pactara con otros dos opuestos, uno del gobierno y otro de la oposición, y que además de hablara de que en uno de esos convenios se entregaron 4 millones, de 5 prometidos para concertar la alianza.

El Colegio de abogados ha sido desde hace muchos años, un gremio profesional  convertido en un campo de batalla de los partidos políticos, por lo que sus presidentes y demás directivos, no se sabe cuando hablan, si lo hacen como juristas o como políticos.

Las opiniones del CARD no tienen ninguna credibilidad por las incidencias políticas que sobre él actúan. Cuando gana una directiva la convierte en un comité de base de una organización política.

Al igual que el CARD, hay otros gremios profesionales en las mismas condiciones que son el Colegio Médico Dominicano (CMD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), con la agravante de que estos dos  regularmente mantienen bajo el terror a los gobiernos, que por temor o por razones políticas,  no se atreven a enfrentarlos, aunque hay que admitir que en la mayoría de las veces, las reivindicaciones que exigen son justas.

El Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) también está  influenciado por la política, pero no tanto como el CARD, el CMD y la  ADP.

En el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) las incidencias de la política no están tan acentuadas, debido a que este gremio, no tiene un papel destacado en la opinión pública, ni tiene tantos empleados públicos como el CMD y la ADP, razón por la cual,  éstos pueden hacer marchas, paros y huelgas hasta  porque a unos de sus miembros le duela una muela.

Pero, lo del actual  caso del Colegio de Abogados  creo que es el mayor escándalo ocurrido en un proceso electoral de un gremio, porque no hay justificación alguna para que a alguien se le prometan 5 millones de pesos, y le entreguen 4, para realizar una pacto electoral.

LO OCURRIDO

Cinco millones de pesos y nueve puestos en una plancha, habrían sido pactados para llegar al acuerdo arribado entre los juristas Diego José García Ovalles y Yohan López Diloné, en las pasadas y conflictivas elecciones realizadas por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

El convenio ha sido catalogado por algunos como escandaloso y anti natural, porque se realizó entre  López Diloné, quien encabeza la plancha «Un Nuevo tiempo», y quien además es dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y García Ovalle, del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El propio García Ovalle había admitido que de los cinco millones pactados, recibió 4, pero que ese dinero, no era para él, sino para gastos de «logísticas» en la campaña interna de las elecciones del CARD, que se realizaron el pasado sábado 2 de diciembre.

El jurista explicó que debido a unos desacuerdos, como el que faltaba por entregarle un millón de pesos, y la colocación de algunos miembros de su equipo  en la plancha, optó por no seguir con el pacto y  devolver los 4 millones de pesos.

Sin embargo, García Ovalle, quien en principio encabezó la plancha «Dignidad Jurídica», auspiciada por el PLD, no ofreció detalles sobre quién le entregó el dinero, y de dónde provinieron, por lo que algunos juristas han calificado esa transacción como un posible acto de corrupción y lavado de activos, que debe ser investigado por las autoridades judiciales.

Pero, extrañamente, García Ovalle, también había hecho un acuerdo con la plancha «Consenso Nacional» que encabezó, Trajano Vidal Potentini, quien fue declarado ganador de las elecciones por la Comisión Electoral del gremio.

No queda claro, si en ese segundo pacto hubo entrega dinero por el medio, pero la Comisión Electoral, presidida por  Idelfonso Brito Rosario,   lo ha dado como válido, lo que ha facilitado que proclamara a Vidal Potentini, como ganador de los comicios, lo que no ha sido  aceptado por el sector que representa el señor López Diloné.

Brito Rosario anunció que Vidal Potentini, apoyado por la Fuerza del Pueblo, obtuvo 11,473 votos para el 48.7% del total.  En tanto,  que López, obtuvo  la segunda posición al obtener  10,817, equivalentes al 45.9% de los votos.

Otros dos candidatos el de la Convergencia Nacional, Pedro Rodríguez Montero y del  Movimiento para el Rescate del CARD, Osiris Díaz Ynoa sacaron 931 y 302 votos, respectivamente. Ahora bien, como ese gremio está tan embadurnado de política, no se sabe si la Comisión Electoral está actuando de forma correcta o imparcial.

Ante ese escándalo, El Tribunal Nacional de Disciplina y Ética del PLD, acogiéndose de los artículos 74 y 75 de los Estatutos del Partido y del literal del artículo 27 del PLD expulsó sumariamente de por vida de esa agrupación a García Ovalle, quien era subsecretario de Asuntos Jurídicos de esa agrupación, al  considerar su acción como «alta traición» y que transgredió sus estatutos y leyes disciplinarias. 

La audiencia fue llevada a cabo en la Casa Nacional PLD, encabezado por su presidente,  Alejandrina Germán; el vicepresidente, Manuel Galván y los miembros Gustavo Guzmán; Elic Fernández; John Garrido; Teodoro Ursino Reyes; y Luis García.

Lo cierto es, que sin entrar en consideraciones generales ni acusaciones temerarias, creemos que el hecho debe ser investigado por la Fiscalía del Distrito Nacional o la Procuraduría General de la República, porque puede ser que el señor  Diego José García Ovalles haya actuado de buena fe, pero también,  de una manera u otra,  hay indicios de que podría tratarse de un acto de corrupción, donde estarían  envueltos fondos públicos.

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Por David R. Lorenzo.-

El lunes 18 de septiembre del 2023 el Presidente Luis Abinader participó en Nueva  York en un Fórum de Líderes Globales, en donde una estudiante acusó a la República Dominicana de  ser racista y homófoba  y se atrevió a increpar al mandatario en varias oportunidades, e incluso se retiró dejándolo con la palabra en la boca.

La actividad la organizó la Universidad de Columbia, del Estado de Nueva York, en la que el mandatario respondió preguntas de estudiantes de distintas nacionalidades del centro de estudios sobre la República Dominicana y el último conflicto surgido con Haití.

En ese contexto, le tocó el turno Lizzy George-Griffin, una estudiante de 23 años, oriunda de Chicago, y que de acuerdo a su perfil publicado por la prensa, es también modelo y  una activista de la comunidad LGBT.

La joven comenzó leyendo en su celular una narración histórica desde el inicio de la esclavitud de los africanos, hasta llegar a acusar a la República Dominicana de discriminar a los haitianos y maltratar a las embarazadas que dan a luz en este país.

Como si tuviera el síndrome de emperador, o emperadora, la señorita George-Griffin se sintió con la autoridad de interrumpir varias veces al mandatario y de contradecir sus planteamientos y hasta dejarlo con la palabra en la boca, dar media vuelta y abandonar el salón, mientras el mandatario le respondía su narrativa.

En medio del debate, la moderadora del encuentro tuvo que exigir respeto para el Presidente de la República, invitado de la universidad.

Sobre el particular debemos decir, que tanto la entrevista como el cuestionamiento son géneros periodísticos de frecuente uso, los cuales son diálogos en los cuales el periodista o cualquier otra persona que los utilice, procura obtener respuestas sobre un temas, principalmente de interés público.

En ambos casos, quien cuestiona no debe desperdiciar su tiempo para elogiar a presidentes, ministros, otros funcionarios, jefes militares o eclesiásticos, dignatarios extranjeros, embajadores o directores de organismos, entre otros.

El elogio y las alabanzas no deben ser parte del menú, sino que el periodista o quien pretenda serlo, debe hacer las preguntas que interesan a la gente, y mientras más incómodas, mejor, pero, con el debido respeto.

Una de las características de la pregunta es que debe hacerse con claridad, mostrar el respeto hacia la persona entrevista y darle el tiempo para que la responda.

Pero, en muchas ocasiones, por ignorancia, o porque  el entrevistador se quiere destacar más de la cuenta, porque se cree que él es el protagonista, o porque tiene un afán patológico de sobresalir, rompe el código deontológico, y provoca un ambiente hostil, en el que él se vanagloria de lo que hace,  y se siete realizado.

En muchos de estos escenarios  se producen casos en que el entrevistado abandona  la entrevista, o  se producen cruces de palabras y ofensas con el entrevistador y en el peor de los casos,  se agreden físicamente.

En el caso de la señorita  George-Griffin, ella premeditó ser el centro de atención, llegando a niveles desorbitados y patológicos,  y pretendiendo imponerse por encima de un jefe de Estado, como sucede con algunos periodistas y otros iguales que ella.

El hecho de que ella acuse al presidente y al resto de los dominicanos de ser homófobos, “transmófobos”, racistas, anti haitianos o abusadores, no tiene nada de pecaminoso, ese era su derecho, lo malo fue su falta de educación y su irrespeto a una persona, que en este caso, fue el presidente dominicano.

En mi caso particular, yo he estado de frente al Presidente Abinader, y con el debido respeto le he hecho preguntas difíciles, que pudieran molestarle, pero, el mandatario, en ese y otros casos, lo he visto mostrar serenidad  y manejar de la situación a la altura de un jefe de Estado, como lo hizo en la universidad de Columbia.

Pese a lo bochornoso de la situación en el Forum, lo mal educada  e indecente que lució Lizzy George-Griffin, a pesar de ser estudiante en una prestigiosa universidad, logró su objetivo de ser la protagonista de esa historia, de conseguir muchos likes y seguidores en sus redes sociales, y probablemente entrevistas y hasta buenos  empleos, porque en este mundo, como dijo el escritor ruso, Fiódor Dostoyevski, los imbéciles llegan primero.

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Por David R.  Lorenzo.-

SANTO DOMININGO, El ex presidente dominicano profesor Juan Bosch y el ex líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), doctor José Francisco Peña Gómez, ambos fallecidos, entraron en escena en esta campaña electoral, al ser mencionados en un discurso de campaña por su repostulación, por el Presidente Luis  Abinader, lo que ha ocasionado un enfrentamiento entre algunos actores del proceso.

Bosch, quien fue primero líder y presidente del PRD,  y luego de abandonar esa agrupación, fundador  y guía del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El PLD se fundó en el 1983 y creció bajo los principios éticos y morales del profesor  Juan Bosch, quien fue además,  un famoso escritor. En la oposición esta agrupación se distinguió por estar dirigida por un grupo de jóvenes, la mayoría de bajos recursos económicos, pero  con  posiciones de principios, y comprometidos  con la   lucha contra la corrupción administrativa.

En ese período, en que sus miembros y dirigentes eran adoctrinados y tenían que leer su periódico “Vanguardia del Pueblo”, el PLD llegó a publicar su famoso «Album de la corrupción», el 4 de noviembre de 1981, en el que se acusaba de corruptos a una parte importante  de los funcionarios  del  gobierno del ex presidente Antonio Guzmán  Fernández (1978-1982).

El PLD publicó su famoso Album, acusando a funcionarios del gobierno de Guzmán y del PRD, de actos ilícitos o de cohecho, reñidos con la ética pública. Incluyeron en la lista al yerno del Presidente, José María Hernández, al Vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy, a Lorenzo Sánchez Baret, a Pedro Franco Badía, y a Hipólito Mejía, entre otros.

Esa agrupación tuvo 20 años  Poder,  doce en dos período alterno del ex presidente Leonel Fernández, y ocho consecutivos de Danilo Medina.  Hoy varios de los funcionarios de Fernández  y  Medina,  incluyendo parte de los hermanos de éste último, están  acusados de corruptos,  algunos en prisión y otros en la lista de espera.

Para una parte  de los dominicanos, esta agrupación pasó de ser  una de las más pura,  a ser probablemente tan corrupta como las demás que  han pasado por el poder.

Con relación al PRD, esta organización se definía como el «partido del pueblo y de la libertad». Sin lugar a dudas, fue la más combativa desde los años 70 y la que más luchó por la democracia., hasta que saboreó el poder. Su líder, Peña Gómez era un hombre de una trayectoria rectilínea,  abanderado de la democracia, la honradez, de la lucha por los más necesitados y enemigo a muerte de la reelección presidencial.

Este partido tan pronto llegó al poder, en el 1978, muchos de sus funcionarios traicionaron el principio de la honestidad, lo que continuó en el segundo gobierno, iniciada en el 1982,  encabezado por Salvador Jorge Blanco. 

Cuando ese partido volvió al poder en el 2000, en un gobierno encabezado por Hipólito Mejía, volvió la corrupción, y lo que no se pensaba que se haría,  fue traicionar uno de los más sagrados principios de Peña Gómez, la lucha por la no reelección presidencial. Ahora el PRD es una organización minúscula, sin ningún principio que levantar y se vende al mejor postor.

Así de esta manera, Mejía, quien había jurado que era un hombre de palabras y que no se repostularía, tiró por  el piso su compromiso y modificó a la mala la Constitución de la República para optar por un nuevo mandato presidencial, lo que provocó una crisis y una nueva división en el PRD. Afortunadamente perdió las elecciones y no logró ese objetivo.

Ahora, el  presidente Luis Abinader hace alarde de sus logros gubernamentales y honestidad de su gobierno y de su organización el  Partido Revolucionario Moderno (PRM), que es un desprendimiento del PRD,  y algunos de sus principales dirigentes  fueron los que traicionaron el principio de Peña Gómez  de la no reelección, y otros  fueron  acusados de cometer actos de corrupción y recibir sobornos, cuando estaban en el gobierno.

 Así de esa manera, el Presidente Abinader exclamó en un discurso de campaña muy orgullo de que: “Si Juan Bosch estuviera vivo, con quien tuvimos una gran amistad familiar, estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad”.

El jefe de Estado también se refirió a José Francisco Peña Gómez, de quien dijo que si no hubiese fallecido: “estuviera contento y feliz de ver las acciones que está ejecutando el Gobierno, porque todas sus ideas de justicia social las hemos aplicado”.

Abinader, también se dejó marear por el poder, y ahora busca un segundo mandato, porque al igual que los otros igual que él, se cree imprescindible para gobernar este desafortunado país.

Como es de esperar, los partidos opositores y supuestos herederos ideológicos de Juan Bosch y Peña Gómez han reaccionado de mala manera, al considerar que las declaraciones de Abinader son una ofensa a las memorias de esos líderes considerados inmaculados.

Ahora bien, como se puede ver, los principios de los partidos y sus dirigentes son inversamente proporcionales a la cercanía del poder. Mientras más alejados están, más honrados se muestran y más defensores de la lucha de la mayoría, son, así como de la condena a la corrupción, del endeudamiento público y de la imposición de impuestos, entre otras cosas.

Pero una vez estos políticos llegan al poder, sus discursos cambian radicalmente sin que ellos mismos se den cuenta, y   sin que eso les produzca el más mínimo remordimiento.

Es que no hay dudas, de que el poder corrompe, y mientras más poder se tenga y más se dure en el poder, mayor es la perversión.

Postada: El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

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Por David R. Lorenzo (*).-

El miércoles de la semana pasada nos topamos con la información de que 49 periodistas que viven en la ciudad de Nueva York fueron excluidos del padrón de miembros del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), sin que su Comité Ejecutivo o el presidente de la entidad, Aurelio Henríquez,  ofrezcan explicaciones sobre la situación.

La exclusión de miembros  no es un fenómeno nuevo en nuestros dos  gremios periodísticos. En agosto del 2013, el entonces secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Olivo de León, quien  aspiraba a reelegirse en ese gremio,  excluyó personalmente  a decenas de miembros de esa organización de manera sumaria, sin ningún proceso legal, ni notificación alguna.

Varios movimientos periodísticos, entre ellos Convergencia,  llevábamos una plancha contraria. El principal inconveniente para participar en ese certamen  fue obtener el padrón electoral. El único que lo tenía era el señor De León, y éste durante toda la campaña se negaba a entregarlo,  y la Comisión Electoral era su cómplice.

Luego de muchas luchas, el padrón de Olivo, fue entregado 2 días antes de las elecciones. Cuando se produjeron las votaciones muchos periodistas que se creían miembros del SNTP se sorprendieron de que no estaban en el padrón, y de que no se les permitió votar a pesar de tener sus carnets de miembros.

Ciertamente en el CDP presidentes de varias directivas han ingresado a cientos de personas como miembros de la entidad, que no califican para obtener esa membresía,  pero, como  cualquier entidad regida por una  ley, no importa que sea una junta de vecinos o cualquier otra  agrupación,  tiene que ceñirse por nombras y procedimientos legales.

Los miembros del CDP,  califiquen o no,  tienen un derecho adquirido, y para excluirlos del padrón hay que agotar  procedimientos, entre ellos,  el debido proceso, es decir,  que nadie puede ser  juzgado sin ser  citado  y sin que se pueda defender.

Pero, lamentablemente, el CDP es una entidad que no respeta sus normas y leyes, y cualquiera hace lo que le dé las ganas.

SOBRE EL DEBIDO PROCESO

El debido proceso o proceso justo es un derecho fundamental que tiene su escenario natural de aplicación en todo tipo de proceso o procedimiento en donde estén en discusión o sean objeto de controversia los derechos e intereses de cualquier persona. De ahí que todos los instrumentos de derechos humanos lo reconozcan y garanticen, como el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que lo reconoce bajo el nombre de “garantías judiciales”.

Como derecho fundamental, el debido proceso no se agota en las reglas procesales establecidas en los códigos procesales, sino que los supera y, es más, condiciona su validez. De ahí que, siendo un derecho fundamental reconocido en la Constitución, el mismo se constituye en un parámetro de validez de los códigos procesales.

“El ámbito de aplicación del debido proceso, excede ampliamente el escenario judicial e incluso el ámbito del derecho público, ya que el mismo resulta exigible también ante los procesos privados. (Juan Carlos Díaz Colchado, Profesor de Derecho Constitucional en la PUCP y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos)

La exclusión arbitraria también viola los derechos de elegir y ser elegido, consagrados en la Constitución Dominicana y otras leyes y tratados internacionales.

SOBRE EL  DERECHO  DE ELEGIR Y SER ELEGIDO

Como las elecciones del CDP están pautadas para este 25 de agosto, la exclusión arbitraria de los 49 periodistas les viola sus derechos de elegir y ser elegidos, los cuales gozan de un rango constitucional, ya que están contemplados en el artículo 22  de nuestra Constitución, en lo que se conoce como “derechos de ciudadanía”.

Por  igual, está contenido en el artículo 23  de la Convención Americana de los Derechos  Humanos del 1969, y en el 25 del  Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otras convenciones y legislaciones.

El derecho de elegir y ser elegido es considerado un supra derecho, es decir, que tiene una jerarquía mucho mayor que otros, porque es a través del ejercicio del mismo, que  los ciudadanos eligen a sus autoridades, no sólo en el ámbito presidencial, legislativo y municipal, sino en cualquier otro.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana estableció lo siguiente: “los derechos de participación política sólo pueden ser vulnerados desde la vertiente activa”. Ese alto tribunal ha establecido su criterio sobre el derecho de elegir y ser elegido en varias sentencias, como las  TC/0050/13,  TC/0175/13, TC/0582/15  y TC/0307/17.

También, el Tribunal Supremo de Estados Unidos  ha establecido que “el derecho de voto es el derecho político fundamental porque garantiza todos los demás derechos”.

Por igual,  la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Yatama vs. Nicaragua, de fecha 23 de junio de 2005  señaló que: “Los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político… El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política”.

Asimismo, la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo de la  República  Dominicana rechazó una demanda de suspender las elecciones de CDP del pasado 27 de agosto, por entender que ¨no podía vulnerar el derechos de los periodistas que ya habían votado”.

En ese sentido, el jurista Máximo Calzado Reyes, en un artículo publicado  el 2 de marzo del 2021,  en la página digital del diario El Caribe,  dice: “El derecho a elegir y ser elegido debe aplicarse en todas las esferas donde interactúen conglomerados de personas, tales como: partidos políticos, gremios profesionales, juntas de vecinos, directiva en el ámbito empresarial, organizaciones no gubernamentales, entre otras”.

Todos deberíamos saber  que en una democracia elegir y ser elegido es el primero de todos los derechos y que al gozar de rango constitucional están sujetos solo a interpretación positiva y expansiva cuando de su aplicación se trata, y que, por tanto, si bien el legislador ordinario puede reglar este derecho de rango constitucional solo puede hacerlo con miras a su expansión; por tanto, toda norma adjetiva que procure restringir este derecho está viciada de inconstitucionalidad y, por vía de consecuencia, resulta nula conforme lo dispone el artículo 73 de la Constitución”.

En conclusión, entiendo que la directiva del CDP, incluyendo su presidente, Aurelio Henríquez, debe reincorporar a los  periodistas excluidos, porque fueron sacados del padrón de miembros de manera arbitraria y sin darse cumplimiento al debido proceso.

Ahora bien, si se les quiere excluir, porque si en realidad algunos, o una gran parte, no gozaren de calidad para ser miembros del CDP, o no llenaron lo requisitos para ser miembros,  la directiva de la agrupación lo que debe hacer es agotar los procedimientos y el debido proceso, como hemos explicado.

En caso contrario, entiendo que cualquier afectado  por la medida, amén de las acciones que tome la Secccional de Nueva York y los movimientos periodísticos, debe reclamar por escrito su reincorporación, y en caso de que no se le restituya,  tiene la vía judicial para demandar por daños y perjuicios al CDP, al presidente de la entidad y los demás directivos, y si tienen ganancia de causa, puede embargar y ejecutar, porque al final de cuenta, los daños y perjuicios se pagan caros, ya que con en Dominicana con tantas normas,  hasta los “chivos sin ley” deberían andar por la Ley.

(*) El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

–Los artículos de opinión publicados en este diario no reflejan necesariamente la posición editorial de ÚLTIMAS NOTICIAS. Cualquier persona interesada en publicar un artículo puede hacerlo solo enviándonos el texto con el nombre completo del autor y una fotografía al correo ultimasnoticias2013@gmail.com.–

Por David R. Lorenzo (*)

La fiscal de La Romana, Carol Morla Rodríguez, quien fue apresada por agentes policiales, además de violar la Ley de tránsito, cometió los delitos de desobediencia, desacato, resistencia y ultraje contra la autoridad, que se cometen con frecuencia en países como la República Dominicana, donde cualquier ciudadano se cree que está por encima de la Ley

Morla Rodríguez  alega que fue agredida,  apresada y esposada por  agentes  policiales cuando dice que regresaba a las 11 de la noche del jueves 15 de este mes de junio, de una asignación como Ministerio Público.

La joven fiscal fue mandada a detener por una patrulla policial cuando fue detectada conduciendo un vehículo sin placa, en violación de la ley  No. 63-17, sobre  Movilidad y Transporte Terrestre, lo cual no tenía ningún derecho, menos ella, que es una integrante de  la justicia.

De acuerdo a lo visto por un video y por sus propias declaraciones, ella  optó por desobedecer a los policías, seguir manejando y detenerse frente al cuartel policial, donde varios agentes también le dijeron que no podía parquearse en ese lugar,  y que moviera el vehículo, lo que tampoco hizo, sino que actuó con prepotencia y creyendo tener más autoridad que los uniformados.

En su mal accionar la representante actuó indebidamente, con desobediencia, intimidación y ultraje contra unos policías, que sí tenían autoridad para ordenarle hacer cosas y obedecer a sus pedidos.

Ante la prepotencia de la joven, un oficial de la Policía no le quedó más remedio que ordenar su arresto. Con su actuación, además de violar la Ley 63-17, violentó varios artículos del Código Penal Dominicano, entre ellos,  el 209, que tipifica los delitos de resistencia, desobediencia, y desacato y  el 222, que castiga el ultraje a la autoridad.

El desacato de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico  se comete cuando se insulta o amenaza a una autoridad, administrativa o judicial o del ámbito que sea, en el ejercicio de sus funciones, o cuando se desobedece a una orden o instrucción concreta de dicha autoridad.

Algunas legislaciones llaman  también a este delito desobediencia la autoridad, que se concreta cuando existe una orden dada directa por un agente competente, que el infractor debe acatar, pero que  se niega a hacerlo. 

 La  orden tiene que disponer hacer o no hacer algo, es decir tiene que tener un contenido concreto y realizable, dentro del marco de las funciones del funcionario que actúa.

En otros países, como en España, se conoce esa infracción  como atentado con la autoridad, tipificado por el artículo 550  que  establecer: “Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas”.

El Tribunal Supremo de ese país a través de sus sentencias  del  6 de octubre de 1,982; 14 de febrero de 1,983 y 20 de enero de 1.997, dice que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos es el principio de autoridad. Es decir, se protege más que a la persona del funcionario policial, a la autoridad que representa.

 Entonces, de acuerdo a la leyes y las  jurisprudencia es indispensable que la fiscal en cuestión  sea sometida a la justicia por la comisión de sus delitos de desobediencia, desacato, resistencia y ultraje contra la autoridad, porque se debe en este país, de una vez por todas, no sólo proteger a los agentes policiales, sino a la autoridad que ellos representan, porque de lo contrario este país seguirá siendo una selva que cualquiera viola la Ley y hace lo que le dé la gana.

(*) Post data:  El autor es abogado y periodista de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.-
(Primera parte)

Aunque no hay una definición uniforme, podemos decir que los juicios paralelos son investigaciones, comparaciones, calificaciones, imputaciones, valoración y conclusiones  realizados a través de los medios de comunicación y plataformas tecnológicas sobre hechos  delictivos  de interés públicos,  que pueden entrar  en conflictos con decisiones de los  órganos  jurídicos  y pueden afectar derechos constitucionales.

En otras palabras, los juicios paralelos son encausamientos  realizados sobre procesos iniciados o no, y decisiones  judiciales que tienen un interés público,  que a veces están cargados con un alto contenido emocional de reproches y cuestionamientos éticos y morales.

Estos juicios, como están bien arraigados en casi todas las sociedades,  no escapan de la República Dominicana, y más últimamente cuando tribunales han emitidos sentencias incomprensibles o cuestionadas por una parte de  la sociedad sobre enjuiciamientos de actos de corrupción y crímenes de interés público, que incluso han motivado cruces de sables entre jueces, fiscales y miembros de la sociedad.

Estos enjuiciamientos mediáticos,  como todo en la vida,  tienen sus opositores y defensores, y en ambos sectores hay enciclopedias de argumentos para justificarlos, como veremos a continuación.

Consideraciones adversas a los juicios paralelos

Primero: Entre los críticos, se considera que los juicios paralelos se producen al margen de los  procesos judiciales y dan  pie a conflictos y situaciones problemáticas.

Segundo: Se entiende que a través de ellos, los periodistas asumen el papel de jueces  e inducen a veredictos anticipados en  la opinión pública que pueden entrar en franca disputa  con otros derechos.

Tercero: los actores de los mismos anticipan la culpabilidad o inocencia de los imputados, procurando influir sobre  decisiones en magistrados que prefieren evitan de esa manera escarnios mediáticos.

Cuarto: los periodistas ejercen indebidamente  las  funciones de fiscales, abogados y jueces, procurando  alterar  o perturbar  lo que debería ser la imparcialidad de los tribunales.

Quinto: se consideran que son un atentado a derechos protegidos, como la presunción de inocencia, el honor y la intimidad,  establecidos en  los ordenamientos jurídicos.

Sexto: Son procesos donde se emiten comentarios y análisis muchas veces  inapropiados, y sin base legal, hechos por  periodistas y otras personas opinantes carentes de conocimientos y formación jurídica, pero que se creen expertos en la materia.

Séptimo: en ocasiones se producen insultos, difamaciones, develaciones de la vida privada de los actores o de algunos de ellos, que destruyen su dignidad y reputación  y los exponen a una condena social anticipada.

Octavo: Que aunque  el derecho a la libertad de información y a la libre opinión son ejes centrales de nuestra arquitectura constitucional, su ejercicio, cuando se refiere a la investigaciones policiales o procesos judiciales, plantea  puntos de fricción y problemas importantes, ya que la forma en que se den las noticias pueden lesionar el derecho a la presunción de inocencia y  condicionar o afectar a la necesaria imparcialidad del juez o tribunal.

Noveno: Que como consecuencia de los juicios mediáticos los imputados no sólo deben defenderse en los tribunales, sino también, de los medios de comunicación.

Décimo: Los medios concluyen antes que los jueces sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados y les ocasionan a éstos un daño prácticamente irreparable.

Décimo primero: Que la libertad de expresión y el derecho de información, aunque son la base fundamental para la existencia del sistema democrático, no son absolutos y tienen sus limitaciones.

Décimo segundo: Que en ocasiones periodistas y medios de comunicación emprenden campañas, a través de estos juicios,  para señalar culpables con fines espúrios.

Décimo tercero: Que todo imputado tiene derecho a un juicio justo, sin interferencia de terceros, como expresión y respeto  a la tutela judicial efectiva.

Décimo cuarto: Que la libertad de expresión es un derecho amplio, pero que  no protege la  curiosidad, el morbo, y el deseo de ver caer y guillotinados a los procesados, sino el interés colectivo en la información, por lo que le está vedada realizar imputaciones delictivas e informaciones retorcidas para atraer a los espectadores.

Décimo Quinto:  Que  es necesario que los juicios paralelos sean regulados por leyes, como sucede en algunos países, para evitar su descontrol y desbordamiento.

En esta parte hemos visto parte de los argumentos de los que entienden que los juicios paralelos son un atentado al debido proceso y la presunción de inocencia, pero en la segunda, hablaremos en torno a los que creen lo contrario,  que es un derecho amparado en la libertad de expresión.

NOTA:  El autor es abogado y periodista de la República Dominicana y director del periódico digital:  “libertaddeexpresión,net”

Por David R. Lorenzo.-

El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) es una institución, que al mismo tiempo que sus paredes y columnas se agrietan, sus principios,  ética y  moral, ruedan a nivel de de sus  alfombras.

Es una institución, que a medida que envejece, las ideas progresistas que le dieron origen, mueren, para dar paso a otras, que como la cizaña,  degustan sin saciarse, hasta tomarlo todo o casi todo.

Cuando pisé en el 1977  el local de lo que era antes el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP),  del que fui dirigente, ocupado ahora por el transformado Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)  y el CDP, lo hice siendo un joven, con ideas revolucionarias, ya que forme parte de varios grupos estudiantiles y partidos de izquierda.

Odiaba la reelección presidencial, la corrupción, la falta de libertades públicas, la restricción a la libertad de expresión, la represión policial, el ventajismo político, el egoísmo, los beneficios personales y el secuestro de instituciones.

En el SNPP, SNTP y el CDP me uní a un grupo que formamos llamado Movimiento Marcelino Vega, del cual llegué a ser su tercer coordinador;  los dos primeros fueron  Clodomiro Moquete y Frank Peña Tapia, fallecidos. Era un movimiento formado mayormente  por jóvenes  con ideas progresistas,  que amaban la libertad, los principios y los valores.

Abandoné ese grupo en agosto del 1993, por un conflicto en las elecciones del CDP.  Desde esa fecha ese movimiento se fue paulatinamente degenerando, y dominado por aquellos dirigentes con otras ideologías.

Se sumaron a la nueva corriente de los que van a dirigir instituciones creyendo que son patrimonios personales y  herencias, a los que hacen cualquier cosa por dirigir y a los que no les importa que los critiquen.  Algunos duran décadas  dirigiendo gremios y otras instituciones, con el apoyo de una membresía compuesta por incautos, tontos o mentecatus,  que ha perdido su espíritu crítico y su capacidad de razonamiento.

El país está lleno de estos nuevos dirigentes, o viejos dirigentes degradados, algunos hábiles otros más toscos, que van a las instituciones para dominarlas y aniquilarlas. Algunos practican o poyan el robo,  otros tienen botellas o se prevalecen de sus posición para obtener  cargos u otros beneficios del Estado, y  hay hasta quienes practican relaciones pecaminosas.

Este sábado 18 de junio del 2022, participé, como lo hago siempre, en una asamblea general del CDP, y me volví a dar cuenta de que esa institución es de difícil recuperación, no sólo económicamente,  sino algo más importante, de sus nobles principios ideológicos,  porque muchos de sus dirigentes y miembros  no saben diferenciar lo honesto de lo deshonesto.

Qué pena y vergüenza me dio cuando un ex presidente del CDP, para enfrentar mi posición, justificó que  los dirigentes tienen derechos a auto proponerse para ser pensionados por el Estado y obtener otros beneficios, sin saber, que eso es prevaricación,  un delito de abuso de poder, cometido por  una autoridad que realiza una conducta ilegal e injusta.

Son tan tontos que  ignoran que un presidente de una institución, o cualquier otro dirigente, no pueden prevalerse del poder para obtener un beneficio. Que los dirigentes son los últimos en ser favorecidos, y que si tienen aspiraciones de beneficiarse de una conquista, deben renunciar para competir en igualdad de condiciones con los de abajo.

Ese mismo dirigente llegó al extremo de decir,  que para gobernar no hay que tomar en cuenta a quienes hacen oposición.

Qué pena me dio, cuando una expresidenta del CDP habló media hora para pedir a los asambleístas que voten para que se  sancionen a los  dirigentes de la seccional del CDP de Nueva York, que encabeza el compañero Roberto Francis, en lugar de buscar la armonía, cuando otros  de su grupo debieron ser sancionados hace tiempo por cometer diversos delitos,  como robos, prevaricación, impedir la participación electoral, engañar a presidentes de la República  y aprobar decenas  de miembros que no son periodistas, algunos analfabetos, entre otras cosas.

Qué pena, me dio cuando vi  que la mayoría de los delegados  votaron como siempre, sin racionamiento lógico, por lo absurdo, por lo incorrecto y hasta por lo deshonesto.

En ese momento me vino a la mente, los personajes del cuento del profesor Juan Bosch, “La Mancha Indeleble”, quienes  para entrar a una reunión, debían dejar sus cabezas en una vitrina, ya que no las necesitaban, porque no tenían que pensar, debido a que sus dirigentes pensaban por ellos.

Qué pena que ese grupo del Marcelino esté dirigido, con sus dignas excepciones,  por los más tendenciosos y menos juiciosos. Qué pena que su presidente se deje acorralar de los más sectarios y haya manipulado la asamblea, como lo hizo

Qué pena, que a la vez que  mientras nuestro CDP se envejece, más se agrietan sus paredes y más se arruina,  los nobles ideales  que dieron su origen también se arruinan, y que pena que sus  dirigentes y miembros no sepan distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo prudente y lo imprudente y entre lo ético y lo antiético  ¡Qué pena!

Por David R. Lorenzo.- 

El Congreso  de la República Dominicana debate la introducción de un nuevo delito en el Código Penal, el de realización del sexo dentro del matrimonio sin el consentimiento de la pareja, que ha causado controversial en cuanto al tipo de la infracción y la pena que se debe aplicar.

El matrimonio es un acuerdo en el cual hay manifestación de voluntad de un hombre y una mujer para realizarlo. Del mismo surgen derechos y obligaciones para los contrayentes, porque es un acto productor de efectos jurídicos personales y patrimoniales.

Anteriormente, una de las funciones principales del matrimonio era la reproductividad,  y en menor grado la fidelidad, esencialmente en la mujer, porque el adulterio en ella,  tiene mayor complicación, porque es la que lleva hijos extraños dentro del matrimonio, lo que no hace el hombre.

Así las cosas, toda criatura que nazca es hijo de la mujer, al menos que no sea por uno de estos inventos modernos, como el alquiler del vientre, pero, no siempre es hijo de quien se le considera el padre.

Dentro del matrimonio, incluyendo a las uniones de hecho o consensuada, hay una serie de obligaciones mutuas, es decir, tanto para el hombre como  la mujer.

Los derechos y deberes de los cónyuges están contenidos  en el capítulo V1,  artículos 214 al 226 del Código Civil Dominicano y en la Ley 855, que lo modifica.

Algunos de estos deberes y derechos son, la fidelidad, la cohabitación, la elección del domicilio, la asistencia, la protección, la contribución del gasto del hogar,  la dirección de la familia, la comunidad de vida y la alimentación de los hijos, entre otros.

Sin embargo, modernamente en algunos países se ha considerado que  el acceso carnal no es una obligación en el matrimonio,  lo que jurídicamente se ha definido como “el débito sexual”, es decir, no es ni un derecho ni un deber, aunque antiguamente sí.

Por tanto, de acuerdo a textos legales y jurisprudenciales de hoy en día,  la unión marital no supone la sumisión de un cónyuge sobre al otro, en lo que tiene que ver con la actividad sexual,  ni  enajenación de voluntades.

La complejidad del  delito

A  la realización del sexo obligado, que incluye  la penetración anal o vaginal, el sexo oral o  tocar los genitales, se le  ha estado llamando delito de sexo si consentimiento, agresión sexual, violación sexual y abuso sexual  de la pareja, a pesar de que pudieran ser cosas diferentes.

De aprobarse el delito en este país,  ya no sería necesario que existiera violencia física o penetración para imputárselo al hombre, porque los ruegos, los reclamos y la insistencia podrían ser  elementos para interponer una querella de la esposa en contra de su pareja, porque serían considerados como abusos psicológicos o violencia verbal.

Si la esposa da su consentimiento, y luego decide suspender la acción, y el hombre insiste en continuar, también podría ser  tomado en cuenta como base para la querella y posterior condenación.

Son muchas las causas para que una mujer  puede  negarse  a tener relaciones con su pareja, entre las cuales se encuentran, porque no la considera placentera,  mantiene una relación adulterina, está enferma o cansada, tiene preocupaciones, odia o siente repulsa hacia  su esposo, o en ese momento no tiene deseo.

Cuando hay violencia física, el delito es más fácilmente de demostrar, porque un médico puede diagnosticar las lesiones, pero si no ocurre este elemento, cómo se le podría imputar al hombre cometer el hecho.

Se supone que la relación sexual es privada, y que la vagina no es un equipo electrónico que tiene un contador y cámaras de video para registrar el acto sexual, por lo que en un tribunal estarían las palabras de la mujer y del hombre, y probablemente éste lleve la peor parte, porque se le podría condenar sin pruebas documentales o testimoniales.

También, ese delito podría imputarse a un marido que la mujer quiera deshacerse de él, ya sea porque está harta, tienen conflictos insuperables, hay una disputa patrimonial o hay un amante o una amante  por el medio.

En torno al tema, hay quienes creen que esa conducta, siempre que no haya violencia física,  más bien es “el ejercicio indebido de un derecho”,  que lo que puede provocar es el alejamiento judicial o el divorcio, pero la tendencia es condenarlo como si fuera un delito grave, como vamos a ver.

Condenado en Málaga, España  por delito sexual

En Málaga, España,  en el 2019 el Tribunal Supremo de ese país, confirmó la pena de 9 años y 9 meses de cárcel por abuso sexual, maltrato y  violación sexual  impuesta por la Audiencia Nacional de Málaga,  a un hombre que con 25  años de casado, que le exigió a su esposa sostener relaciones sexuales, alegando “porque es domingo  y toca”.

El tribunal, presidido por  Vicente Magro, sentenció que en el caso existió una conducta de dominación sexual por parte del esposo, al creer «un reconocimiento de que el matrimonio lleva consigo el derecho de los cónyuges a tener acceso carnal con su pareja cuando uno de ellos quiera, pese a la negativa del otro».

También expuso que bajo ningún concepto puede existir un derecho por parte del hombre ni una obligación en la mujer a ceder a los deseos sexuales de su marido, y peor aún, cuando  ese comportamiento se ha ejercido con violencia mediante golpes y venciendo la voluntad de la víctima con intimidación.

Con  la sentencia se sentó una  jurisprudencia en los casos de “débito sexual”, al dejar claro que no se existe ningún tipo de obligación a mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque éste  “no supone sumisión de un cónyuge al otro, ni mucho menos enajenación de voluntades”.

Caso de México

En México, en el 2005  la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) consideró que ese tipo de  violación atenta contra los derechos sexuales y reproductivos del individuo que la sufre, siendo estos derechos los que le garantizan a las personas, sin importar su edad, etnicidad, identidad de género, orientación sexual, etc., a decidir sobre su actividad sexual ya sea, su sexualidad o su actividad reproductiva.

Consideró que ninguna mujer puede perder derecho de la libertad sexual, ya sea dentro del matrimonio, por concubinato o noviazgo. En ese país el artículo 265 del Código Penal Federal sanciona este delito con una pena de ocho a veinte años de prisión.

Como se ve, los tiempos están cambiando, anteriormente lo que se consideraba como un deber el  acceso carnal y la cohabitación que obligaba a la pareja a tener relaciones sexuales y reproducirse, ahora, si se practica sin el consentimiento de una de ella, es un delito que se puede pagar bien caro, principalmente cuando lo comete el hombre.

Post Data:  El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.- 

El periodista tiene dos funciones importantes, una individual y otra social, y en cualquier de las dos, si quiere hacer un ejercicio independiente,  honesto, en  defensa de la democracia, de los más débiles y enfrentar los demonios de la sociedad, no debe estar al lado o detrás del poder, sino de frente.

El periodista no puede estar cercano del poder que éste  le clavará su aguijón. Podrá conseguir contratos millonarios, mansiones, yates, cuentas bancarias y otras cosas, pero no tendrá dignidad y será un muerto en vida y una vergüenza social.

Por el contrario, si decide estar de frente al poder,  no deberás  sentir miedo ni temerle a nadie, sino todo lo contrario, es a él a quien hay que temer, porque nadie puede ser más temido, que aquel que tenga una libreta y un lápiz y los sepa utilizar. Esta  verdad cualquier periodista debe atarla a tu cuello y escribirla en la tabla de su corazón.

Si lo decide así, es probable que transite por el camino de la precariedad económica,  pero recorrerá  el de la grandeza moral, único bien que se puede llevar a su tumba y ser heredado por perpetuidad.

Ese profesional, aún sea asalariado y tenga que  cubrir las incidencias cotidianas y rutinarias, es decir, el periodismo del día al día, el que se hace sin muchos esfuerzos, el rosa y el que practica casi todo el mundo, debe salirse por su cuenta de ese patrón, tomar iniciativas y mirar más allá de esas noticias.

Cubrir una fuente noticiosa y esperar todos los días que el encargado de prensa le suministre las notas, eso es el periodismo de perder el tiempo.

Peor aún, elogiar y vociferar a cualquiera que tenga una cuota de poder como: ¡Ese si es bueno! ¡Ese resuelve! entre otras expresiones similares,  es  estar arrodillado en el último grado de la humillación.

Durante su ejerció profesional el periodista  nunca deberá pedir o recibir  ayudas o beneficios  de cualquier tipo, regalos, cobrar sin trabajar, beneficiar a parientes o allegados o entrar en contubernios con los poderosos, porque constituye un delito agravado.

Deberá procurar ser lo más objetivo, sin utilizar adjetivos para describir situaciones, porque oscurecen la narrativa y traicionan el subconsciente, ya que dejan entrever las concepciones ideológicas.

Nunca los periodistas pueden perder su tiempo frente a los gobernantes para elogiarlos, porque la mayoría se marea con facilidad. Es menos vergonzoso quedarse callado. En ese ejercicio ético, un periodista no puede ser ni amigo ni enemigo  de presidentes, jefes militares o policiales, líderes religiosos o empresariales, sino simplemente lo que es.

Pero, en ese rol, tampoco puede creerse que es un pontífice que lo sabe todo y que es infalible, por muy hacedor de opinión que sea,  porque cualquiera, por más idiota que sea, si está frente a un micrófono puede resolver todos los problemas del mundo y hasta descifrar los enigmas del universo.

En definitiva,  un buen periodista debe enfrentar el poder, no tenerle miedo, hacer preguntas incómodas y molestosas, cuestionar y procurar que se rindan cuentas y que le teman, porque por el contrario,  lo otro es  rendirse, claudicar, dejarse aguijonear y hasta ser una vergüenza social.

 

Nota:  El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.- 

La vida del embrión o feto dentro del vientre de la mujer está jurídicamente protegida en la República Dominicana por diferentes leyes, por lo que antes de aprobar el aborto habría que abrogarlas, modificarlas o revocarlas, porque de lo contrario sería un acto  ilegal e inconstitucional.

Pero, cuando los hechos son dominados por la pasión, la razón es la primera víctima. Así que a una parte  de la población, no le importará si su aprobación es ilícita, ni cuantas leyes la prohíban, o si es un acto de barbarie.

En el 2009 y 2010 se inició el primer gran debate sobre  si se incluía o no  el aborto  en lo que sería la nueva Constitución dominicana. Luego de meses de discusiones, finalmente, el legislador lo rechazó. La Carta Magna  fue promulgada el 26 de enero del 2010  e incluyó el artículo 37, que dice: “Derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte”.

Pero, aunque a mi entender ese artículo luce claro, y representa el espíritu del legislador de la época de rechazar  el aborto, para los abanderados de esa práctica, dice lo contrario. Y no importa que se lo pongan en negritas, en letras gigantes o en luces de neón, lo leerán, no como dice, sino como quieren que diga.

Pero, a parte de la Constitución, también está la Convención Americana de Derechos Humanos  o Pacto de San José, suscrita y ratificada por la República Dominicana en 1978, que habría que revocarla, según el procedimiento de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,  para poder aprobar la inclusión del aborto en el nuevo Código Penal.

El Artículo 4, numeral 1 de dicho tratado dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción”.

De acuerdo a ese artículo, y el 37 de la Constitución, la República Dominicana está o deberá estar obligada a proteger la vida humana desde el momento de su concepción, es decir, desde su primer instante. Por tanto, no se debería legislar para establecer el aborto, al menos que no sean abrogados.

La realidad y la absurda realidad

Pese a que mi entender, existen textos legales claros que imposibilitan la  inclusión del aborto en el nuevo Código Penal dominicano que se pretende aprobar, muchos juristas, favorecen la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad por la interrupción voluntaria del embarazo.

El caso más reciente fue el de un grupo de abogados contratados por el Poder Ejecutivo que rindió un  largo informe de 78 páginas para justificar el aborto, alegando que el mismo “constituye una medida constitucionalmente válida” debido a que protege los derechos fundamentales de las mujeres. Con todo el respeto, a mi me pareció  la afirmación jurídica más absurda que haya leído en mi vida.

Pero, en este mundo de lo absurdo,  instituciones dominicanas como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y las planetarias que lucha por la vida y los derechos humanos como la Organización Mundial de la Salud, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de la ONU contra la Tortura, entre otras, se han sumado al coro de que el aborto debe ser permitido.

Dicen que permitirlo es un derecho humano de la mujer,  y prohibirlo y castigarlo, una acto de tortura para ella, y no un asesinato contra el feto. No hay duda que este mundo está loco.

La lucha por el aborto también abarca un debate dialéctico

Pero, lo absurdo abarca también una  batalla en el campo del léxico que se emplea para ganar adeptos. Por ejemplo, el Presidente Luis Abinader, quien siguiendo los pasos de su antecesor, Danilo Medina, es el principal abanderado del aborto del gobierno, pero dice que no, que es pro vida en defensa de la mujer.

La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, también, se involucró en esa incongruencia, al afirmar que Abinader  es “provida”. Los alborotadores que luchan a favor del aborto, también dicen que son pro vida.

Entonces, en el campo del aborto, también se libra una guerra dialéctica, porque los que están con las tres causales, no quieren que los asocien con los vocablos muertes, asesinatos o crueldad, sino que también, se han apropiado de la palabra vida, como lo hacen los antiabortistas.

Así que en este mundo de lo irracional, todos dicen que son pro vidas, y lo peor del caso es que se lo creen. Si alguien les dice lo contrario, se ofenden.

La vida es un derecho fundamental y el más fundamental de los derechos

Habiéndose establecido legalmente el surgimiento de la vida humana al momento de la concepción, a ella se  le debe dar el mismo valor y dignidad en todas las etapas del desarrollo, pero mucho más si está en su etapa uterina.

La Constitución dominicana inicia con su artículo 37, la lista de derechos y deberes  fundamentales,  por lo que la vida, no sólo es el primer derecho fundamental, sino el más fundamental de los derechos fundamentales.

 

El aborto y el feticidio: la pena de muerte del no nacido convertida en un derecho de la mujer

 

Para algunos el aborto y el feticidio son dos figuras jurídicas distintas, pero, para otros es una sola. Por eso hay quienes consideran el aborto como la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria antes del que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, y el feticidio la acción y efecto de dar muerte a un feto.

Otros entienden que cuando el aborto no se produce  de forma natural, sino por la voluntad de alguien, principalmente de la madre, es lo mismo que el feticidio, ya que ambas constituyen una muerte dolosa, porque  el objetivo  no es otro más que atentar contra la vida en gestación para evitar su nacimiento.

El aborto y el feticidio  interrumpen el embarazo, que es el proceso de la reproducción humana que comienza con la implantación del embrión en el endometrio, produciendo  la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.

Es por eso, que algunos juristas consideran que el aborto es un crimen gravísimo contra el ser humano, en su peor estado de indefensión.

En cambio, los contrarios a esa teoría sostienen que la interrupción voluntaria del embarazo consentida por la madre, por las tres causales que levantan,  no es un delito sino una conducta que  se le debe permitir a  la mujer, porque lo consideran un derecho humano.

El útero, el lugar más inseguro para un ser vivo

Así las cosas, un violador o un asesino en series encontrarán en este mundo leyes que los defiendan y protejan. Hasta un árbol que lo talen, hallará personas que se apiaden de él, pero con un no nacido es diferente, porque que su desmembramiento se convierte en júbilo para millones de personas. Entonces, el problema está en el útero, que se ha convertido en el lugar más inseguro para la vida humana, en este mundo de hoy, donde  lo absurdo prevalece en la mente de una gran parte de las mentes de los hombres y mujeres de este mundo.

 

Posdata: el autor es periodista, abogado dominicano y director del portal: “libertaddeexpresion.net”

Por David R. Lorenzo,-

La justicia de los vencedores puede ser despiadada e implacable. Esta frase latina de ¡Vae victis! que traducida quiere decir: ¡Ay de los vencidos! Se remonta al año 390 antes de Cristo durante la época de Roma republicana.

Se produjo cuando los galos, dirigido por su jefe militar llamado Breno, saquearon y destruyeron a Roma.

Frente a esa situación, los romanos no les quedó otra  opción que negociar su rendición antes sus enemigos, mediante la cual pactaron pagarles 327 kilos de oro.

Cuando los romanos estaban cumpliendo con lo pactado, se dieron cuenta de que los galos habían alterado la balanza que pesaba el oro, para perjudicarlos más. Entonces, se presentaron ante Breno para externarle su protesta.

Ante esa situación Breno sacó su espada y la arrojó a la balanza para inclinar aún más el peso hacia ellos, en perjuicio de los romanos, y en ese momento exclamó ¡Vae victis!, una frase que se ha eternizado con el tiempo y que da a entender el poder del vencedor sobre el vencido, que casi siempre es implacable y cruel.

Así, que yo también aplico otras frases: “El que vence siempre tiene la razón”, y “el poder no es para siempre, porque nace, crece, se reproduce y muere”.

En la República Dominicana el pasado gobierno del ex presidente Danilo Medina fue vencido en una batalla electoral. A 10 figuras de esa administración, entre ellos ex funcionarios, dos hermanos del ex gobernante Medina, y otras personas calificadas como testaferros, se les aplicaron medidas de coerción, luego de ser apresadas por el Ministerio Público tras una investigación por presuntas corrupción administrativa.

Los afectados y sus compañeros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están protestando por la decisión, sin saber, que probablemente  Themis, la diosa de la justicia,  podría sacar su filosa espada, arrojarla sobre la balanza para perjudicarlos aún  más,  apresar a otras figuras, incluso más influyentes, y exclamarles a viva voz “¡Ay de los vencidos!”.

 

Por David R. Lorenzo.-

El enfrentamiento milenario entre la  libertad de expresión y la blasfemia, conocida como el insulto o la ofensa a las ideas y sentimientos  religiosos  es un conflicto que va más allá de  las diferencias de ideas, ya que en algunos casos se considera como un atentado al orden público, y en otros, se  pone en peligro la integridad de los ciudadanos.

Este tipo de discrepancia se torna en ocasiones álgida y sangrienta porque es dominado por la pasión y la ausencia de la razón. No como en República Dominicana que su Constitución consagra en su artículo 45 la libertad de cultos, por lo que existe la tolerancia religiosa.

La blasfemia, difundida ya sea mediante discurso, artes,  literatura o cualquier otro ,  es un delito que algunos lo consideran retrógrado,  y que poco a poco se ha ido suprimiendo del ámbito jurídico en muchos países, como si transitara por tierra movediza, para darle prioridad a la libertad de expresión sin este  tipo de restricción.

En los países donde todavía prevalece,  principalmente en los musulmanes,  es castigado con  condenas drásticas,  como veremos más adelante, porque lo conciben como una práctica, que no solamente hiere a los creyentes, sino  que pone en juego el Status quo.

En la Edad Media el cristianismo practicó las más crueles torturas y condenó a muerte a miles de personas por blasfemia, principalmente durante la llamada “Santa Inquisición”,  término  que hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía  durante esa era medieval, la primera de la cual se fundó en el 1184, en la zona de Languedoc, en el sur de Francia.

Mil 116 años de después, la blasfemia sigue vigente. Por ejemplo, en el 1988,  en Irán, un país teocrático, el líder religioso de entonces de esa nación, el fenecido ayatola Ruhollah Jomeini, amenazó de muerte al escritor indio-británico Salman Rushdie, por publicar un libro titulado “Versos Satánicos”, considerado por los musulmanes como  una blasfemia contra  el Islán, Mahoma y el Corán, ofreciendo una recompensa de 600 mil dólares por su ejecución,   lo que dio lugar a un rechazo mundial a esa actitud.

Rushdie tuvo que ocultarse durante muchos años, para evitar ser ajusticiado por ese delito de opinión. La blasfemia en el Islam es  considerada como cualquier  irreverencia  hacia los personajes sagrados, objetos religiosos, costumbres y creencias que los musulmanes veneran.

El Corán  no menciona explícitamente la  blasfemia, pero sí en algunos de sus versos hace referencia a la ofensa de la religión, por los que  ese delito fue incorporado a la sharia, que es la ley islámica, que forma parte de la fe surgida de ese libro sagrado.

Por eso, el artículo 513 del Código Penal iraní establece pena muy dura a quienes ofenden al islam, al Corán, a Alá y a su profeta Mahoma, porque ese sistema atenta contra el sistema clerical del gobierno.

También  el 8 de noviembre del 2010, una joven católica llamada de Aasiya  Noreen (Asia Bibi)  fue condenada a la horca,  pero sólo permaneció 8 años en prisión en Pakistán, al ser acusada de insultar al profeta Mahoma.

Asia Bibi  fue agredida por otras mujeres por haber bebido en la misma taza que en la fuente se utilizaba para las musulmanas,  acción que fue interpretada como blasfemia,  por haber propagado  su “impureza” a los seguidores del Islam.

Paquistán es el país  que tiene las leyes más estrictas contra la blasfemia, y los artículos 295-A y 295-C del Código Penal castigan la profanación y el ultraje al Islam con penas que pueden ir desde la cadena perpetua hasta pena de muerte, por ser un delito también considerado como alterador del orden público.

En algunos países occidentales, también se producen condenas por ofensas  al cristianismo,  sus símbolos y divinidades, aunque sean escasas.

Por ejemplo, en España, el 7 de febrero del 2018  un joven de 24 años, identificado sólo como D. C. D,  fue condenado  a  pagar una multa de 480 euros  por difundir un montaje, en el que sustituyó el rostro de Jesús clavado en la cruz, por el suyo.

El artículo 525 del Código Penal de España contempla el delito de escarnio, que es lo mismo que la blasfemia,  prescribiendo una pena de ocho a doce meses  de prisión y  multas a «quienes  ofendan los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen públicamente a quienes los profesan o practican.

Pero, los casos más emblemáticos de los últimos años han ocurrido  es Francia, país de Europa que no condena la blasfemia ni el escarnio, que ha recibido varios atentados con un saldo de muertos y heridos, por el sólo hecho de que medios de comunicación han publicado caricaturas de Mahoma, el profeta más importante y venerado de la religión musulmana

El hecho más trágico ocurrió el 7 de enero del 2015 cuando se produjo un atentado contra el semanario satírico Charlie Hebdo, perpetrado por dos  jóvenes  que con fusiles de asalto y otras armas entraron en las oficinas del periódico  matando a 12 personas e hiriendo a otras 11 al grito de «Al·lahu-àkbar» (‘Alá es el más grande’), por publicar una caricatura  de Mahoma, considerada ofensiva.

El  16 de octubre del 2020 el profesor de historia  Samuel Paty  fue decapitado  por el joven checheno de 18 años Abdulak Abuezidovic, por  haber exhibido en clase  las nuevas caricaturas de Mahoma publicadas por Charlie Hebdo, hacía unos días.

El agresor subió en su cuenta de Twitter,  imagen del cadáver del profesor acompañada de un mensaje dirigido al presidente francés, Emmanuel Macron, a quien llamó «el líder de los infieles». «Ejecuté a uno de tus perros del infierno, que se atrevió a menospreciar a Mahoma», escribió.

El 29 del mismo mes, otro hombre mató a cuchillas a tres personas  dentro de una basílica católica de Niza, en el sureste de Francia. El autor de esta nueva masacre fue arrestado por la policía municipal mientras profería gritos de «Alá es grande».

Ahora bien, Por qué pasan esos sucesos. Se producen porque mientras los occidentales son cada vez más liberales y menos creyentes y están más apegados a los profanos y las cosas del mundo, los musulmanes son más fervientes, y muchos no toleran ofensas contra su religión y sus símbolos.

Para los musulmanes el profeta  Mahoma es lo más grande y su vida es el ejemplo a seguir, porque constituye la esencia del islamismo, por lo que cualquier ofensa en su contra, al Corán y sus demás símbolos, debe ser castigado de la peor manera.

Extrañamente, la historia narra que durante su vida religiosa Mahoma fue humillado múltiple de veces, ya que muchos  lo acusaban de loco y mentiroso, En ocasiones lo apedreaban y le lanzaban excrementos de animales, pero que nunca respondía con violencia, sino con sabiduría.

En conclusión, en torno a este milenario conflicto, algunos entienden que los países tienen derecho a  preservar los valores que consideran correctos y tradicionales  y a evitar la ofensa de sus sentimientos religiosos, mientras otros creen que la libertad de expresión se debe ejercer sin ese tipo de ataduras, sino con el  derecho a la disensión religiosa, a la apostasía, la blasfemia, el escarnio y la herejía.

-El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.- 
(Primera parte)

La jurisdicción de los delitos penales es bien conocida por los abogados, por estar bien establecida en los Códigos Procesales Penales, pero cuando se cometen en el extranjero a través del internet, muchos se preguntan, cuál es el ciberterritorio donde se debe conocer la infracción, cómo se pueden identificarse y localizarse a los imputados y cómo se deben obtener las evidencias digitales.

Con el surgimiento del internet, también apareció la delincuencia informática y el cibercrimen, entre ellos, los delitos cometidos a distancia, que son transnacionales y que incluso, pueden traspasar varias fronteras.

Pero también ha surgido un nuevo derecho que está en fase de construcción y donde las jurisprudencias están haciendo un gran aporte en la materia.

De acuerdo a la Ley dominicana 53-07, sobre crímenes y delitos de alta tecnología, estas infracciones son  aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones y que están  comprendidas dentro los campos electrónicos, informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones.

Los crímenes y delitos más comunes que se realizan a través de la web son el ciberacoso, la estafa, la amenaza, la difamación, la injuria,  la violación de la propiedad intelectual, la distribución de noticias y documentos falsos, las transferencias fraudulentas de fondos, la violación de la intimidad y  del derecho de imagen.

También, el intrusismo o hackeo, delitos que se realiza con la intención de acceder a equipos informáticos para demostrar habilidades o apoderarse de información de terceros,  burlando los sistemas de seguridad, y el crackeo, que es también introducirse  a esos sistemas, pero con la intención  de dañarlos o alterarlos.

Igualmente, la clonación, que es la duplicación o reproducción exacta de una serie electrónica, un número o sistema de identificación de un dispositivo o un medio de acceso a un servicio. asimismo,  el desvío de servicios, consistente en la conexión irregularmente  a  una red, entre otros.

En cuanto a la jurisdicción para conocer esas infracciones, diremos que es la atribución conferida por la Ley  que  precisa  la competencia de las autoridades judiciales, desde el punto de vista geográfico, de la materia, la cuantía o el efecto.

El artículo 56 del Código Procesal Penal dominicano establece:  “la jurisdicción penal es ejercida por los jueces y tribunales que establece este código, y se extiende sobre los dominicanos y sobre los extranjeros para los efectos de conocer y juzgar los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el territorio nacional, o cuyos efectos se produzcan en él, salvo los casos exceptuados en tratados o convenciones internacionales adoptados por los órganos públicos o en los principios reconocidos por el derecho internacional general y americano”.

El 60 dice: “La competencia territorial de los jueces o tribunales se determina por el lugar donde se haya consumado la infracción. En caso de tentativa, es competente el juez del lugar donde se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión de la infracción. En los casos de infracciones continuas o permanentes, el conocimiento corresponde al juez o tribunal del lugar en el cual  haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido de la infracción. En los casos de infracciones cometidas parcialmente dentro del territorio nacional, es competente el juez o tribunal del lugar donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado.

El 61 establece la competencias subsidiarias al disponer:  “cuando no se conoce el lugar de la consumación de la infracción, o el de la realización del último acto dirigido a su comisión, o aquél donde haya cesado la continuidad o permanencia, el conocimiento del caso corresponde, según su orden, al juez o tribunal: 1) Del lugar donde se encuentren elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación de los autores o cómplices; 2) De la residencia del primer investigado”.

En cambio, el 62 estipula la competencia universal al decir:  “en los casos en que los tribunales nacionales conocen de hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional, es competente, el  Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional”.

Por igual, la ley 53-07 es la legislación que se aplica para las infracciones cometidas a través de redes sociales y otras plataformas que operan a través del Internet, y establece en su artículo 2 su ámbito de aplicación al disponer:

“Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República Dominicana, a toda persona física o moral, nacional o extranjera, que cometa un hecho sancionado por sus disposiciones, en cualquiera de las siguientes circunstancias: a) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva dentro del territorio nacional; b) Cuando el sujeto activo origina u ordena la acción delictiva desde el extranjero, produciendo efectos en el territorio dominicano; c) Cuando el origen o los efectos de la acción se produzcan en el extranjero, utilizando medios que se encuentran en el territorio nacional; y finalmente, d) Cuando se caracterice cualquier tipo de complicidad desde el territorio dominicano”.

Como el tema no es tan sencillo, en el próximo número trataremos de determinar cuál es la jurisdicción para conocer de los crímenes y delitos de esas infracciones cibernéticas transfronterizas, cómo identificar a sus autores, la obtención de evidencias digitales y yodas sus complejidades.

 

Post data:  El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.- 

El periodismo político,  que difunde información útil e independiente sobre el debate democrático y que se ejerce con la intención de comunicar información para todos, se ha estado degradando en la República Dominicana, para caer en la politización del periodismo, una especie de propaganda interesada, considerada como una estafa y un cáncer social.

El periodismo político, es una rama de la comunicación que consiste en difundir y analizar informaciones relacionadas con la política y la actuación del Estado,  lo más alejada posible de las pasiones y los intereses personales y mercuriales.

Teóricamente sus características deben ser la objetividad, la imparcialidad, la confiabilidad, la diversidad de información y opinión y la ausencia de cualquier manifestación ideológica.

De esa manera el periodismo, como cuarto poder del Estado, ejercería una función de contrapeso en sociedades polarizadas y también, como un “perro guardián”, vigilaría los excesos, demanes e inconductas de los actores sociales, principalmente de los que están en el poder.

No significa que no sea ejercido por periodistas que tengan simpatías políticas, sino, por quienes a pesar de eso, ejerzan la independencia frente a sus ideologías, se deban a sus oyentes, televidentes o lectores por encima de sus concepciones personales  y practiquen la honestidad por sobre todas las cosas.

Pero, en la práctica, este periodismo “idealizado” está degenerando en todos los países, en la politización del periodismo, que más bien es una estafa, porque quienes lo practican lo que se convierten es en propagandistas,  polarizando más el sistema mediático y ofreciendo informaciones sesgadas y agresivas.

Estos individuos, mientras más ideologizados estén y más desbocados e indecentes sean, más espectáculos ofrecen y más cotizados se ponen.  Regularmente puede ser cualquiera que no tenga nada que hacer y se ponga a vociferar epítetos y descalificaciones  por un micrófono, aunque a decir verdad, también, los hay preparados académicamente.

Como encienden el debate, muchos son adquiridos en el mercado,  y por eso, sus espacios tienen abundancia de publicidad, o peor que eso,  están en las nóminas del Estado con grandes sueldos, aunque tratan de disimularlo, pudiendo pasar de ser económicamente  miserables, a exhibir casas y vehículos de lujos y cuentas bancarias.

Los más descarados pueden estar detrás de los políticos alabándolos y pidiéndoles favores. Pero, como su alineación ideológica es frágil, sin consistencia y a la intemperie, tienen la particularidad de que muchos cuando defienden una causa política, y ven que el barco se hunde, son los primeros en  abandonarlo y lanzarse al agua, para luego cambiar de discurso como si nada hubiese pasado.

En cambio, el periodista objetivo rechaza tener una estrecha relación con los políticos, porque genera un mal de fondo, pero,  los que actúan de forma contraria, viven alardeando de su amistad con ellos y  exclaman: ¡Ese es mi amigo! ¡Ese si es bueno! ¡Ese resuelve!

Con todos los cambios que se están produciendo, al parecer garantizar una comunicación efectiva, como  un elemento esencial  para garantizar un estado social y democrático de derechos, que no se  contamine  con el afán mercantil  y la falsa propaganda para imponer intereses e ideologías,  no es una tarea fácil.

Decimos esto, porque con el asunto de la internet, de las redes sociales y de que las constituciones de las repúblicas, convenciones internacionales  y otras leyes favorecen que todo ciudadano puede ejercer libremente la libertad de expresión  sin censura previa, estamos viviendo la nueva era, del periodismo, sin periodistas y donde cualquiera es periodista.

Pero, el cambio no es sólo entre periodistas o entre quienes dicen ser periodistas, sino también, en los medios. Estados Unidos es un ejemplo de esto. Amparados en la primera enmienda constitucional, casi todos los medios, incluyendo los grandes periódicos y cadenas de radio y televisión son el mejor ejemplo de parcialidad, tergiversación y manipulación periodística.

En ese país, cada medio se identifica abiertamente por un partido político, principalmente el Demócrata y el Republicano y sus líneas informativas son totalmente tendenciosas, lo que aviva el enfrentamiento social, la falta de entendimientos y el cruce de sables para dirimir cualquier conflicto.

Eso se produce, porque vivimos en una nueva era, donde el periodismo politizado engulle sin saciarse al periodismo honesto y sin compromisos, que es el periodismo político, sin que se pueda hacer mucho para volver al pasado, porque se trata de un cáncer social, que al parecer no tiene cura.

 

Post data: El autor es periodista y abogado de la República Dominicana.

Por David R. Lorenzo.-

La pandemia del coronavirus que afecta a la República Dominicana ha puesto en los primeros planos a sectores antisociales,  irrespetuosos y  desafiantes de  las autoridades, que desgraciadamente forman partes de la creciente descomposición social de este país.

Ese proceso, que  incluye también a otros sectores como la política, viene desarrollándose y ganando espacio desde hace años en esta nación.

En este período del Covid 19, los primeros en hacerse visibles  fueron jóvenes, algunos encapuchados y amantes de los peores vicios, como las drogas, el alcoholismo, la hookah y el bandolerismo, que comenzaron a subir videos desafiando el toque de queda impuesto por el Gobierno, y amenazando a los miembros de la Policía de enfrentarlos a machetazos y tiros si se atrevían a buscarlos.

Estos jóvenes, que en su lenguaje están “ratatá”, “fundíos”, “emonaos” o “arrebataos”, y que muchos de ellos son los que matan por un celular, encuentran placer en hacerse visibles y  en salir como protagonistas en medio de esta pandemia, aunque estén siendo apresados y fichados, como lo encuentran en su adicciones y en su comportamiento desadaptativo y antisocial.

A esa práctica delictiva y desafiante se han sumado jovencitas, que no han escapado a sus detenciones y de ser presentadas en público y por las redes sociales  por la Policía, pidiendo falsas disculpas en los cuarteles, llamados ahora por algunos como “los salones de la justicia”.

También, han aparecido algunos que se sienten con determinado poder, y creen que por eso pueden insultar, ultrajar, irrespetar, escupir y hasta agredir a los agentes, que en algunos casos han soportado las humillaciones por temor a ser ellos los sancionados a pesar de cumplir con su deber, otra práctica común en esta media isla.

Otro grupo, compuesto por personas de todas las edades, ha  decidido no tomar en serio la epidemia y también desobedecer el toque de queda, pese a todos los llamados de que el aislamiento social es la mejor forma de detener el virus. Más de 40 mil de ellas han sido apresadas en pocos días por la Policía.

Dentro de ese grupo, proveniente mayormente de los barrios populares,  hay quienes han insultado y ultrajado a policiales, y los más violentos se han enfrentado cuerpo a cuerpo con agentes del orden, incluyendo mujeres.

En este campo de violencia, no han faltado los excesos que a veces cometen los agentes policiales,  Unos los aplauden y apoyan, pero  otros los critican  porque entienden que es con técnicas y buenos modales que se deben tratar a esas personas.

Ellas son las que  violan las leyes urbanas y  de tránsito, que realizan escándalos, que invaden terrenos y encienden los equipos de músicas a todo volumen a cualquier hora del día, sin que nadie le pueda decir nada, porque sacan machetes y  vociferan “¡Yo estoy en mi casa!

También, son los que venden sus votos por un “picapollo”, un par de cervezas o 500 pesos, porque no tienen ideologías, son desadaptativos,  no practican los valores  y no entienden ni a las buenas, ni a las malas, y que lamentablemente, forman parte de la nueva descomposición social de la República Dominicana.

Dentro de este mal de cosas, también se hicieron más visibles los bebedores de “Clerén”,  “Triculí” y “Tapas Flojas”, unas bebidas de origen haitiana, que se fabrican de manera artesanal y bajo las peores condiciones de higiene y de contaminación, que se elaboran en base a la caña de azúcar, frutas fermentadas y metanol, un líquido inodoro y muy tóxico.

De estos adictos a beber cualquier cosa que contenga alcohol,  han muerto en lo que va de semana 46 de ellos, una cifra alarmante, que demuestra que en la República Dominicana el alcoholismo es más grande de lo que se pensaba.

Otro fenómeno que tiene años destruyendo la sociedad  es el embarazo precoz. Miles de niñas y adolescentes la preñan antes de su primera menstruación. Actualmente debe haber decenas de miles en gestación, la mayoría de ellas, llevando en sus vientres a la próxima generación de desadaptados sociales.

Arriba de la escala social, están los políticos que han descubiertos que la corrupción en la República Dominicana no es un delito, y que si se tiene mala suerte al ser denunciados, para eso está el Departamento Anticorrupción del Ministerio Público, que archiva esos  expedientes o  excluye a los más poderosos y jefes políticos.

Si se pasa a la fase se juicio, también están los jueces, quienes para condenar a alguien por corrupción, hay que aportarles un furgón de pruebas, y aún así lo consideran insuficiente. Los corruptos más osados  han descubierto que no vale la pena robar en pesos dominicanos, sino en dólares.

Ciertos políticos tampoco tienen escrúpulos para irrespetar las leyes y la Constitución de la República, porque cuando están arriba creen que tienen que tener todo el poder, que el poder es para siempre y que el poder es para usarlo.

Todos estos fenómenos, y otros que no mencioné, forman parte de la descomposición social de la República Dominicana, que al parecer, si no se toman medidas drásticas y radicales. o quizás  venga un gobernante de otro planeta, irá  de lo peor a lo putrefacto.

Por David R. Lorenzo.-

La libertad de expresión es un derecho fundamental indispensable para enfrentar los poderes públicos del país, por lo que la instrucción de la directora del Plan Social de la Presidencia de la República Dominicana,  Iris Guaba, de atacar verbalmente, intimidar e intentar desacreditar a  varios periodistas, es una muestra de intolerancia inaceptable en una  democracia que pretende ser participativa.

La señora Guaba admitió ser la autora de un mensaje de voz por WhatsApp en la que se oye ordenar a un grupo de personas que tiene el gobierno llamado “interactivos” atacar a dos periodistas  y un políticos de la oposición, por sus críticas a que su institución licite electrodomésticos por un monto millonario a solo unos días de las elecciones municipales y casi 3 meses de las congresuales y presidenciales.

En el audio ella dice: “Lo importante es que escriban afuera, que chequen todas las redes y en todos los lados. Chequeen donde los hacedores de noticias, por ejemplo, busquen a Huchi Lora, Altagracia Salazar y Orlando Jorge Mera. Búsquelos y cáiganles encima, que ese es un estúpido, aprovechando dizque un artículo que no es. Busquen esa gente en las redes. Ustedes los buscan y respóndales”.

Con los avances tecnológicos este tipo de intimidación no solo se puede realizar a través de personas, sino con robots, a través programas y manipulación de logaritmos, lo que afortunadamente la funcionaria no hizo.

El artículo 49 de nuestra Constitución  dice: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.

El párrafo de ese artículo  le pone 5  límites a ese derecho  al establecer que “el disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público”.

Ahora bien, como se establece que ese derecho se ejercerá sin censura previa, las amenazas, las intimidaciones, el acoso y las intolerancias constituyen formas de amedrentar y silenciar la opinión pública, lo que no es permitido por nuestra Constitución, las leyes,  tratados internacionales y referentes constitucionales.

 

Los funcionarios públicos y otros sectores del poder, deben entender que el periodismo no es un delito, y  mucho menos lo es el expresar opiniones críticas dentro del marco de la Ley.

Incluso, si se produjeran excesos como palabras descompuestas o subidas de tono sobre sus funciones, que no impliquen un hecho preciso, se estaría hablando de ofensas, que ellos deberían tolerar, como lo estableció recientemente nuestro Tribunal Constitucional.

Ese tipo de acoso, hostigamiento, intolerancia e intento de descrédito son sinónimos de eliminar la disidencia y las denuncias de abusos por parte del Estado.

Incluso, esos tipos de delitos pocos tratados en el ordenamiento jurídico dominicano, deberían estar plasmados y bien definidos en una posible modificación de nuestra obsoleta la Ley  6132, sobre expresión y difusión del pensamiento.

En algunos países, la amenaza y el hostigamiento a periodistas por parte de funcionarios, conlleva su renuncia, una sanción penal y la posible inhabilitación para ejercer un cargo en la administración pública.

Como nadie aprende en cabeza ajena, a los políticos se les olvida que el 25 de julio del 2019 el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló se vio obligado a renunciar, por escribir en un chat privado ataques a periodistas, amenazas a políticos, y comentarios en contra de mujeres y homosexuales, en lo que se conoció como “El escándalo del chat”.

Hay que destacar que la facultad de todo ciudadano “de denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, es un derecho establecido en el artículo 22, numeral 5, de la Constitución dominicana.

También, el párrafo tres del artículo 85 del Código Procesal Penal dice: “en los hechos punibles cometidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, o con ocasión de ellas, y en las violaciones de los derechos humanos, cualquier persona puede constituirse como querellante”.

Nuestro Tribunal Constitución sostiene que “cabe precisar que el ordenamiento jurídico constitucional dominicano proclama el respeto a la soberanía popular, de tal suerte que dicho precepto acarrea la configuración de un derecho de vigilancia y de control a favor de los ciudadanos sobre sus representantes,  lo cual se produce como consecuencia directa de la existencia del modelo de democracia participativa· (Sentencia TC/0362/19).

La Corte Interamericana  Americana de los Derechos Humanos sostiene que: “el periodista o comunicador social, dependiendo de la calidad jurídica y legal del origen de la información, estará protegido ante cualquier situación adversa que amenace la libertad de expresión y el derecho a la información por parte de la sociedad”.

No hay dudas, que el acto de la funcionaria de ordenar el acoso, intimidación y descrédito a varios periodistas, constituye un grave delito para intentar suprimir la disidencia, acallar las críticas públicas y debilitar el sagrado derecho a la libertad de expresión y de la democracia participativa,  que no debería quedar en el olvido.