Miguel Suazo, director ejecutivo de la DIGEIG, informó que no se apega a la verdad las informaciones ofrecidas por Pimentel representante del Mecanismo de Reportes Independientes (IRM) al Alianza deMecanismo de Reportes Independientes (IRM) de la Alianza Gobierno Abierto y director del Área de Transparencia de Participación Ciudadana.
Suazo informó que República Dominicana forma parte de la Alianza Gobierno Abierto desde octubre del 2011 por cumplir los requisitos mínimos de transparencia exigidos por los convocantes, pasando a ser parte de los ocho países fundadores del proyecto.
Explicó que desde que el país ingresó a la AGA se elaboró un Plan Nacional en coordinación con organizaciones de la sociedad civil.
En el periodo 2010-2012 estaba en curso la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC) en la que organizaciones de la sociedad civil, empresas, academias, etc. y el gobierno laboraron durante 18 meses en 10 mesas de trabajo con los temas demandados o cuestionados por esas instituciones. La tarea consistió en presentar las demandas, validarlas y responderlas por parte del gobierno.
La aplicación del IPAC ha dejado múltiples beneficios al Gobierno Dominicano en materia de ahorros de recursos, incremento de la transparencia y aplicación de nuevas medidas a favor de la población. Fue expuesta en diversos medios de comunicación.
Señaló que Participación Ciudadana era parte central de las instituciones de sociedad civil que coordinaban esta iniciativa, de donde el representante ahora del IRM es funcionario y testigo del proceso descrito, razón por la cual planteamos que sus declaraciones faltan a la verdad o son una verdad a medias.
A medias porque no se hizo una reunión especial para hacer el Plan Nacional pero se llenaron los requisitos a partir de una experiencia compartida entre gobierno y sociedad civil, la más idónea de todas, la del IPAC.
“Sus criticas y visos de “ilegalidad” de la elaboración del Plan Nacional tiene sesgos propios de las posiciones políticas levantadas por su organización y ello compromete la requerida imparcialidad que conlleva ser el representante (IRM) para evaluar, monitorear y exigir cumplimiento del gobierno dominicano ante la AGA”, denunció Suazo.
Pimentel también cuestionó en un periódico de circulación nacional la segunda convocatoria para elaborar el próximo Plan Nacional de Gobierno Abierto realizada por DIGEIG, acusándolo de “No haber la suficiente difusión”.
El Director Ejecutivo de la DIGEIG señaló que se realizó una primera convocatoria y estamos trabajando en convocatorias regionales en el nivel nacional y estamos dando respuesta para que “cualquier ciudadano de a pies pueda incidir” tal como dijo el Licenciado Pimentel.
“Sin lugar a dudas, las exigencias de la AGA (OGP sus siglas en ingles) no son desconocidas ni para el gobierno ni para la DIGEIG que es su coordinadora oficial, por lo que estamos convocando a las ONG de pueblos, campos y ciudades orientadas a educación, salud, agua, control, tecnología”.
Destacó que el primer aporte que necesita la democracia representativa es que la podamos hacer deliberativa pero con los actores autorizados y no seguir siendo condicionados por intereses particulares.
Por estas razones no podemos permitir que en nombre de la sociedad civil se siga haciendo opinión publica tendenciada, que se desdiga del papel del IRM que por definición es un medio de garantía de que los procesos se cumplan y para ello hacer recomendaciones técnicas y evalúa el proceso de consulta.
El IRM tiene el objetivo de viabilizar el cumplimiento de los planes de Gobierno Abierto y no politizar su intervención.
Debe remitir a los coordinadores (DIGEIG) sus sugerencias y desacuerdos para que se corrijan en caso de que sean ciertas, pero jamás para poner versiones unilaterales en los medios de comunicación.
Entendemos que podría abrirse una nueva brecha de debate si visualizamos que quien representa el IRM aunque ganara el puesto en buena lid, por concurso, tiene el sesgo y el historial político de representar a los intereses corporativos de una organización de la llamada Sociedad Civil.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental quedó como responsable gubernamental de la implementación del Plan de Gobierno Abierto para la República Dominicana, según el decreto 486-12 que la crea.
La Alianza para Gobierno Abierto (AGA) tiene cuatro objetivos fundamentales que son lograr que los gobiernos de los países miembros rindan cuenta, sean más abiertos y mejoren su capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos a través de la transparencia fiscal, acceso a la información, declaraciones patrimoniales y participación ciudadana.
Indicó que la Declaración de Gobierno Abierto firmado por los 63 países miembros muestra un claro propósito de acercar la población al Gobierno a través de propuestas de acción que propicien el bien común a través de actividades.
Los procesos del Primer y Segundo Plan de Gobierno Abierto fue un proceso fue público y está evidenciado en todos los medios de comunicación, por lo que no entendemos la posición asumida por el evaluador de los compromisos de Gobierno Abierto en el país.
