Autor: Nicanor Rodriguez

Por Nicanor Rodríguez Tejada.-

En relación al tema de la práctica ilegal de la psicología, el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI) juega un rol pasivo, mientras el Ministerio de Salud Pública llega evadiendo la responsabilidad que la ley pone a su cargo como órgano regulador del Estado y de la política de salud pública donde su actuación de control se encuentra supeditada a denuncia de tercero no logrando ejercer el debido control de acuerdo a la ley.

En base a esta circunstancia hoy el país ha conocido de una situación que se puede calificar de gravísima, pero los órganos que la ley dispone para regular hecho como el denunciado de la “neurocientifica”, Elizabeth Silverio, el CODOPSI sigue tan pasivo como antes de la denuncia y salud pública entra en la escena gracias al escándalo mediático de la prensa, porque  nunca asumió la supervisión que instituye la ley, dejando espacio para evento como el que ahora se conoce y como tantos otros que circulan en los entornos profesionales, no solo de la psicología, sino en tantos como carreras existen en el país.

Porque señalamos que el CODOPSI asume un rol pasivo, es sencillo, desde que el ministerio de salud pública asume las acciones de control y legalidad, el órgano regulador de la psicología a nivel de gremio que es el CODOPSI debió constituirse en parte civil y obligar a que la querella pase al Ministerio Público a fin de que el asunto no se quede al margen de las debidas consecuencias legales que debe intervenir para sentar un precedente legal en materia de intrusismo en la República Dominica.

Esto así, porque el mayor perjuicio público y privado lo están sintiendo lo que ejercen la psicología en el país, pero en cambio acude a respaldar al Ministerio de Salud Pública, en función de lo que declaro, no de lo que hizo legalmente, porque hasta donde se conoce no se ha puesto en movimiento la acción pública y el CODOPSI, solo quieres incidir en la opinión pública, no así en el aspecto legal, lo cual expreso y dijo que actuará en unos cuantos días, cuando el país haya olvidado este hecho y que retorne la normalidad y las consecuencias se mantendrán en el mismo punto que se iniciaron y quizás tengamos el centro abierto de nuevo como es la practica consuetudinaria que por lo general no caracteriza.

En este sentido, el CODOPSI, frente a que ha declarado mediante la expedición de una certificación que acredita que la señora Elizabeth Silverio no se encuentra registrada  como psicóloga y ejerciendo áreas que competen directa y exclusivamente a la psicología es entendible que hay un daño directo y debe tener consecuencia directa, pero bajo una acción pasiva al margen de la ley no es posible, pero esa es la visión, que podemos hacer, seguir viendo lo que siempre nos han enseñado, nada que posibilite mejorar, veamos lo que dispone la ley.

El artículo 3 de la ley 22-01, consagra de manera textual lo siguiente: “Sólo pueden ejercer la profesión de psicólogo en el territorio nacional las personas graduadas en esta disciplina, en el país o en el extranjero, con un nivel académico, por lo menos de licenciatura, siempre que los títulos de las personas graduadas en el extranjero sean revalidados y/o reconocidos por una universidad de la República Dominicana que otorgue el título de licenciado en psicología y que las mismas cumplan con las leyes y reglamentos que rigen la materia. Párrafo I. Para el ejercicio de la psicología clínica se requerirá, además, haber completado estudios de post-grado en esa área con un nivel académico, por lo menos de especialista, expedido y/o revalidado por una universidad dominicana debidamente autorizada por los organismos competentes; y estar inscrito en el CODOPSI como psicólogo clínico”.

Por igual condición la ley 22-01, dispone en su artículo 4, las condiciones requerida para ejercer la psicología en el país, dando lugar a las sanciones que consagra el artículo 32, y que al día de hoy son bastante limitada en termino de reparación de daños y perjuicios en consonancia con el caso.    

Es entendible que bajo lo que sea expresado, la condición de membresía no le acredita, porque hasta donde se conoce ella no es psicóloga y es la acreditación primaria de la licenciatura que el CODOPSI y la ley demandan para otorgar una membresía.

En ese sentido y como sea declarado, aunque ningún tribunal lo ha validado bajo una sanción de las consecuencias que esto implica, pero se ha manifestado que son falsos los documentos que se han presentado, por lo tanto, la estafa y falsedad en escritura pública, ambas figuras se encuentran tipificadas en el Código Penal Dominicano, pero su aplicación depende de una acción activa del sujeto que se supone agraviado, en este caso el CODOPSI, pero nuestro papel hasta el momento e inverso, significa que no sucederá nada y ese podría ser el mismo escenario para los demás donde se pueda demostrar un ejercicio bajo la misma condición.

Otra condición legal para el resarcimiento de los daños sufridos por el CODOPSI y con ello a todos los psicólogos del país, es lo que establece el artículo 1382 del Código Civil cuando señala que: “Cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió, a repararlo”. 

En este escenario pasivo, el CODOPSI, lo único que está llevando acabo es Relaciones Públicas, lo que en periodismo denominan aquellos asuntos que interesan a otros pero que no resuelven ningún tipo de acción, esto así porque la sanción no va a salir de la reunión  con el Consultor Jurídico de salud Pública y luego publicar fotos, esto no significa nada en termino de lo que debe hacer una organización como es el CODOPSI y que según la ley representa la psicología en la sociedad dominicana, pero no como se debe llevar, esa es una causa porque el intrusismo en la psicología será difícil de extinguir, porque se hace de todo, menos  atacar sus efectos.

Yo pregunto y ¿ahora qué hará el CODOPSI? actuará y será capaz de incluir otras personas que por igual condición no son psicólogos y se venden y tratan temas por igual, o por el contrario seguirá visitando funcionario, tendremos que seguirle aportando a la lista de Nuria y de esa manera pueda obtener más información porque el colegio no ha asumido su papel en defensa de la ley 22-01, muy por el contrario debemos llamar a un SOS en defensa de la ley del psicólogo dominicano, porque las mayorías de directivas el premio que le otorgan al colegio es desprotegerlos de la poca institucionalidad que tiene, salvo rara excepciones.

Es necesario y ahora se ha observado su necesidad y esto cae como anillo al dedo, la gestión de Ana Simo (2021-2022), excluyó de manera irregular la aplicación  de la resolución 0001, la cual fue aprobada por la asamblea ordinaria del CODOPSI en el 2017 y concluida en la gestión del año (2018-2019), la cual solo esperaba que fuera sometida a la asamblea para su homologación definitiva con la que se procura que el colegio dispusiera de un registro, control y supervisión directo sobre los centros psicológicos del país y esa gestión atendiendo a eventos contrario al interés institucional dejó sin efecto la legalidad de la resolución y desde entonces  no se ha aplicado porque no se le ha dado de nuevo su vigencia y observemos lo que pasa en la psicología  en nuestro país.  

Es hora que el nuevo Consejo Directivo Nacional, entre en acciones concretas y coloque lo poco de institucionalidad con que cuenta el CODOPSI en un espacio más sostenible para sus miembros y la colectividad general, no dando la información de que va a hacer denuncia, señores denuncia no, es una querella, el objeto está claro, se sabe quién ha violado la ley y contra quien actuar, porque denunciar y no querellarse.

En cambio, ya el Ministerio de Salud Pública anuncio que formalizo querella contra la denunciada, pero esta institución no visitó la Fiscalía previamente, simplemente actuó. EL CODOPSI, no tenía que hacer publicidad de un asunto que es su obligación, si en verdad representa y no estar enviado mensaje que distorsionan la realidad, se trata de un asunto más serio, pero lo seguimos tratando como relaciones públicas y así pasan las cosas, es oportuno que el CODOPSI se prepare para que le dé continuidad a la fiesta de la ilegalidad, ¿porque es tan difícil, no ver cuando no se quiere ver y la realidad te arropa?

Debemos precisar que conforme a la ley 42-01que crea y mantiene vigente el sistema de salud, en su artículo I dice: “La presente ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones que permitan al Estado hacer efectivo el derecho a la salud de la población, reconocido en la Constitución de la República Dominicana”.

Por igual condición, el párrafo I del artículo 8, dispone que: “La regulación es un proceso permanente de formulación y actualización de normas y de su aplicación por la vía del control y la evaluación de la estructura, de los procesos y de los resultados, en áreas de importancia estratégica”

No obstante, estas dos cita, la ley de salud pública tiene cantidades de  disposiciones similares, porque esperar que esto suceda y se dé a conocer por vía de tercero permitiendo afectar el bien común de la colectividad por no aplicar los controles y el seguimiento que la propia ley le ordena, esa son las conductas que nos conducen a producir esquema pobre socialmente, porque nos regulamos nada y todo el mundo hace lo que quiere hacer, este escándalo es simplemente una prueba más del agotamiento de la eficiencia institucional, esto es colectivo, no solo es en el ámbito de la salud pública.    

Por Nicanor Rodríguez Tejada.-

A partir de esta experiencia fisiológica, porque y como se vincula ese cerebro primitivo a responder ante cualquier acción; esto sucede por tres causas fundamentales, miedo, vergüenza y culpa, a través de estas características y de la naturaleza por medio de la cual se llevan a cabo estos elementos, y que están asociadas al instinto, por lo tanto, el accionar del cerebro se coloca fuera del cerebro racional y conduce a una condición de irracionabilidad fuera de control, ahí se produce lo que Goleman denomina el secuestro neuronal de la amígdala

Cabe destacar que este trabajo es parte de la obra que lleva a cabo la fundación Manantial de Vida, una organización sin fines de lucro que maneja un excelente programa de capacitación con mira a educar contra la violencia en todas sus manifestaciones y cuyo material es parte de la biografía que describo en estos trabajos, en el que se determina aspecto como que: La violencia tiene consecuencia en todas las edades y una acción en la infancia es un camino seguro para la adultez, de manera que el problema de los traumas es una de las consecuencias peores que resiste una persona, cundo esto no es tratado con el cuidado y la intervención que requiere.

Ahora observamos según estudio cómo se comporta el cerebro cuando intervienen los maltratos y todas esas hostilidades a que hemos hecho alusión en el programa en el desarrollo del cerebro y las consecuencias a que se encuentra sometido el cerebro infantil

El Dr. Martín Teicher, experto mundial en los efectos del maltrato en el cerebro, de la Universidad de Harvard, publico en la revista natural de Neurociencia (2016) un artículo del que se puede extraer el siguiente resumen: (… La adversidad relacionada con el maltrato infantil es un importante y evitable factor de riesgo para la enfermedad mental y el abuso de sustancias. Aunque la asociación entre maltrato y psicopatología es convincente, hay una apremiante necesidad en conocer cómo el maltrato aumenta el riesgo de trastornos psiquiátricos. La evidencia disponible sugiere que el maltrato altera las trayectorias del desarrollo cerebral para afectar a los sistemas sensoriales, la arquitectura de redes de trabajo y circuitos implicados en la detección de la amenaza, la regulación emocional y la anticipación de la recompensa. Este artículo explora si estas alteraciones consideran los efectos del estrés temprano o cambios potencialmente adaptativos, la relación entre psicopatología y cambios cerebrales, y la distinción entre resiliencia, susceptibilidad y compensación. El maltrato en la infancia, específicamente, físico, sexual y emocional, y la negligencia física y emocional, esto ejerce una influencia predominante en las trayectorias del desarrollo cerebral y constituye un serio factor de riesgo para la psicopatología adulta)

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El propio Dr. Martin en los años 90 llevo a cabo investigaciones en donde se pudieron obtener significativo resultado y opiniones que sustentaban que el (… maltrato en la infancia revelaba un fuerte vínculo entre maltrato físico, sexual y emocional de los niños y el desarrollo de problemas psiquiátricos. Pero a comienzo de la década del 1990 los profesionales de la salud mental creían que las dificultades emocionales y sociales eran de origen psicológicos. se pensaba entonces que el maltrato en la infancia, o bien fomentaba el desarrollo de mecanismo de defensa intrapsiquico que resultaba autodestructivo en la edad adulta, o bien detenían el desarrollo psicosocial dejando un “niño herido” en el interior de la persona. Los investigadores concebían el daño básicamente como un problema de programación susceptible de ser corregido mediante terapia o simplemente borrado mediante la exhortación ¡supéralos!, este caso la ciencia ha demostrado que no era ese el enfoque correcto, en cambio nuevas investigaciones enfocada al maltrato a una edad temprana, eso se comprobó por estudio realizador el propio autor referido, conjuntamente con otros colaboradores del hospital de Belmont, Massachusetts y la facultad de medicina de Harvard, cuyos estudios concluyen en lo siguiente: “al ocurrir el maltrato contra el niño durante el crítico tiempo de formación en que su cerebro se está esculpiendo físicamente por la experiencia, el impacto del grave estrés puede dejar una impronta indeleble en su estructura y en sus funciones. Se produce así, al parecer, una serie de efectos en cascada, moleculares y neurobiológicos, que alteran de forma irreversible el desarrollo neural”. 

 PERSONALIDADES DESQUICIADAS

sigue estableciendo el estudio que las secuelas de un abuso sufrido en la infancia pueden manifestarse a cualquier edad y de modos diversos. Interiormente aparecen en forma de depresión, ansiedad, pensamientos suicidas o estrés postraumáticos, también se exteriorizan a través de la agresividad, impulsividad, delincuencia, hiperactividad o abuso de drogas. Una de las perturbaciones psiquiátricas más desconcertantes, muy asociada al maltrato en la edad infantil es el trastorno de la personalidad esquizoide. Esta disfunción del psiquismo se caracteriza porque quien la padece ve a los demás en termino tajante, absolutos, de blanco o negro, con frecuencia poniendo a una persona sobre un pedestal y después denigrándola por haber denotado en ella algún desliz o traición. Los afectados por este trastorno son proclive a estallar en volcánicos arrebatos de cólera y a sufrir pasajeros episodios de paranoia o de psicosis. Tienen un historial de relaciones intensas e inestables, se sienten vacíos e inseguros de su identidad, suelen escapar de su angustia abusando de las drogas y experimentan impulsos autodestructivos o suicidas.     

La investigación destaca que en el año 1984, mientras el Dr. Martin H.Teicher trataba a tres sujetos que padecían el trastorno de la personalidad esquizoide, empecé a sospechar que su temprana exposición a varias formas de maltrato había alterado el desarrollo de sus sistemas límbico. (el sistema límbico es un conjunto de núcleos cerebrales interconectado (centros neuronales) que desempeñan un papel fundamental en la regulación del de las emociones y de la memoria. Dos regiones límbicas importantísimas son el hipocampo y la amígdala, situadas bajo la corteza en el lobo temporal. Se cree que el hipocampo tiene importancia con la formación y en la recuperación de la memoria verbal y la memoria emocional, mientras que la amígdala es la encargada de crear el contenido emocional de la memoria por ejemplo es el caso de los sentimientos relacionados con el condicionamiento por el miedo y las reacciones agresivas. 

Por Nicanor Rodríguez Tejada

La violencia cercena nuestra vida y como es el fenómeno de la violencia desde la perspectiva del conocimiento sobre los efectos en que influyen los traumas psicológicos, el maltrato infantil, el desamparo, desapego, la violación sexual, alcohol, drogas, el abandono y otros fenómenos de adhesión en igual importancia y que han derivado en estudios significativos a través de las nuevas disciplinas que presentan un alto componente en la derivación de los conflictos humanos.

Para el estudio de la conducta humana hoy con el avance de la ciencia y en la parte psicológica han intervenido otra ciencia que han incorporado nueva tendencia sobre el conocimiento, a saber: LA NEUROCIENCIA (estudio como el cerebro soporta los procesos mentales); LA PSICOPATOLOGIA DEL DESARROLLO ( el estudio del impacto de las experiencias  negativa en el desarrollo de la mente y el cerebro, y LA NEUROBIOLOGIA INTERPERSONAL (El estudio de cómo influye nuestro comportamiento en las emociones, la biología y la mentalidad de la gente que nos rodea), Bessel Van Der Kolk, M.D, (2015).

A partir de este punto tenemos que involucrar lo que se ha dado en denominar el secuestro emocional de la amígdala, cuyo criterio y evento lo que están matizado por dos componentes de acción lucha o huida y para ilustrar este concepto vamos a transcribir lo que describe Daniel Goleman, 1996.

(… este tipo de explosiones emocionales constituye una especie de secuestro neuronal. Según sugiere la evidencia en tales momentos un centro del sistema límbico declara el estado de urgencia y recluta todos los recursos del cerebro para llevar a cabo su impostergable tarea. Este secuestro tiene lugar en un instante y desencadena una reacción decisiva antes incluso de que el neo córtex -el cerebro pensante- (pero el cerebro primitivo es 250 veces más rápido que el racional (Antonio Damasio, 2009) y por lo tanto el cerebro pensante no tiene ni siquiera la posibilidad de darse cuenta plenamente de lo que está ocurriendo, y mucho menos todavía de decidir si se trata de una respuesta adecuada.

El rasgo distintivo de este tipo de secuestro es que, pasado el momento crítico, el sujeto no sabe bien lo que acaba de ocurrir. Hay que decir también que estos secuestros no son, en modo alguno, incidentes aislados y que tampoco suelen conducir a crímenes tan detestables como «el asesinato de las universitarias en N.Y.». En forma menos drástica, aunque no, por ello, menos intensa, se trata de algo que nos sucede a todos con cierta frecuencia. Recuerde, sin ir más lejos, la última ocasión en la que usted mismo «perdió el control de la situación» y explotó ante alguien- tal vez su esposa. su hijo o el conductor de otro vehículo- con una intensidad que retrospectivamente considerada, le pareció completamente desproporcionada.

Es muy probable que aquél también fuera un secuestro, un golpe de estado neural que, como veremos, se origina en la amígdala, uno de los centros del cerebro límbico), termina la cita de Goleman al respecto. (…La premisa que cada vez más científicos sostienen que el órgano (entiéndase el cerebro límbico o reptiliano) con más de 400 millones de años de antigüedad es el que domina y decide todo lo que hacemos buscando los beneficios más inmediatos como centro de decisión, consume el 90% de la energía del cerebro, es multitarea y nunca se desconecta según explica el experto en Neuromarketing y socio de Sales Brain y de NeuroStrategy Dr.Antonio Casals Mimbrero, citado por Alexia de la Morena) 

Dice Van Der Kolk (… una autoridad en materia de trauma, el cual ha estado  estudiando el fenómeno del trauma por más de 30 años, establece que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que uno de cada cinco estadounidenses sufrió abusos sexuales de niños; uno de cada cuatro fue físicamente maltratado por uno de sus progenitores hasta el punto de dejarle una marca en el cuerpo y una de cada tres parejas recurre a la violencia física. Un cuarto de cada uno de nosotros creció con familiares alcohólicos, y uno de cada ocho ha sido testigo de cómo pegaban a su madre).   

Estos fenómenos teóricos que pautan una determinada condición a la problemática de la violencia hay que valorarlo desde dimensiones diferentes, y este es el caso para entrar a una situación apesadumbrada del problema, el en cual los procesos de la vida lo van complementado de una manera u otra para definirlo con una palabra TRAUMA: la cual considerada y definida por Pierre Janet, 1859- 1947, filósofo, psiquiatra y psicólogo, francés como definido como uno de los pensadores  y profesionales  de la  psiquiatría más importantes e influyentes de los dos últimos siglos. Nemiah,1989)

A este aspecto establece que “(. …Como un evento que solo se convierte en trauma cuando abrumadoras emociones interfieren con el procesamiento de memoria adecuada estableciendo que las personas traumatizadas quedan atrapadas en el pasado. Se obsesionan con el horror que conscientemente quieren dejar atrás, pero siguen comportándose y sentir como si estuviera en curso, incapaz de poner el trauma detrás de ellos, su energía es absorbida por mantener sus emociones bajo control en él, citado por Peter A. Levine, (2015).     

Hemos venido hablando de una parte teórica filosófica del problema de la violencia, hay estudio sobre los efectos de la violencia en edades temprana y sus efectos en los traumas posteriores, los cuales gravitan durante toda la existencia de la vida y en ocasiones haciéndolo prisiones de los factores concurrente de conflictos por no haber podido superar tal situación en ninguna de las etapas posteriores.

¿Cómo actúa la violencia desde el comportamiento humano?, debemos entender que la violencia desde un punto de vista racional es manejable, no obstante, cuando la violencia escenifica espacio naturalmente tenemos que recurrir a la actuación del manejo y control del cerebro primitivo, ahora bien, cómo se comporta esa parte de nuestro esquema cerebral, el cerebro primitivo como se indica es un instrumento por el cual sus funciones autonómicas respiración, latido cardíaco, sensaciones sensoriales, reproducción sexual, el equilibrio y el movimiento muscular. Sus respuestas son directas, reflejas e instintivas.

POR NICANOR RODRIGUEZ TEJADA

Hoy la constitución, ha constitucionalizado unas series de principios que crean las posibilidades de ejercer una tutela de derecho más abierta es el caso de los siguientes criterios que han sido tomando de algunas sentencias dictada por el Tribunal Superior Admirativo y efectiva como son las previstas en los artículos 8, 51, 69, 74, 148 de la Constitución y de igual manera ha creado leyes que vienen a fortalecer esos principios para su aplicación a todos los niveles de la judicatura nacional, es el caso de la ley 107-13, la cual versa sobre los derechos de las personas frente a la administración pública y la 247-12 que incorpora la responsabilidad patrimonial del funcionario frente al hecho de su responsabilidad frente a los desacato de la ejecutoria contraria a la ley, de las cuales vamos a exponer algunos puntos de vistas, veamos:

(…) “Nuestra Constitución en su artículo 8 consagra como función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.

Al tenor del artículo 74, numeral 4, de la Constitución, los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorables a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procuraran armonizar los bienes e intereses protegidos por la Constitución, también conocido como principio PRO HOMINE. Este e s un principio de criterio amplio y propenso a reconocer la fuerza del derecho en el individuo, lo cual en otra etapa del derecho y de la propia evolución era desconocida

La protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los fines esenciales del Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a través del respeto y salvaguarda de dichas prerrogativas constitucionales, puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta indispensable para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la completa realización de su destino.

La seguridad jurídica consiste en la confianza que en un estado de derecho tienen todos en el ordenamiento jurídico, es decir, en el conjunto de leyes que garantizan la seguridad y el orden jurídico.

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Conforme al artículo 51 de la Constitución, el derecho fundamental a la propiedad involucra el reconocimiento y la protección del Estado para garantizar a toda persona el goce, disfrute y disposición de sus bienes, por lo cual dicho artículo dispone “1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley…”; y “5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales;…”.

El indicado derecho de propiedad ha sido conceptualizado por nuestro Tribunal Constitucional como el: “derecho exclusivo de usar un bien, de disponer del mismo, así como de aprovecharse de los beneficios que este produzca. Colateralmente, este derecho implica la exclusión de los no propietarios del disfrute o aprovechamiento sobre el mismo.

La responsabilidad patrimonial del Estado supone, sin dudas, un eje transversal de todo el derecho administrativo. De ahí que, en el que caso dominicano, se adscribe, como elemento vital, al conjunto de derechos subjetivos que integran al derecho fundamental a la buena administración (art. 4.10 y 57 de la ley 107/13 de 6 de agosto). No por casualidad, afirma MARIENHOF, aludiendo a SCHWARTZ: “un sistema de derecho administrativo no es completo sino cuando el ciudadano tiene el medio de obtener una reparación por daños y perjuicios que les ocasiones el Estado”.

La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública encuentra su fundamento en la Constitución, (artículos 7 y 148). Se enmarca dentro de la cláusula constitucional de Estado de Derecho, y, supone un principio general de acuerdo con el cual, toda persona dañada por la actividad administrativa ha de ser indemnizada por el Estado. Implica, al propio tiempo, un derecho de los particulares, y un deber y obligación del Estado. 

Respecto a la responsabilidad patrimonial consagrada por la Constitución Dominicana en su artículo 148, nuestro Tribunal Constitucional ha señalado que:

“i) El texto constitucional vigente en nuestro país ha otorgado autoridad a las entidades públicas y a sus funcionarios o agentes; de ahí que les haga pasibles de comprometer la responsabilidad civil preceptuada en su artículo 148, que al respecto prescribe: Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y perjuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica[1]”.

No cualquier reclamo provoca la obligación indemnizatoria que la Constitución (art. 148) y la ley (57 de la ley 107/13) ponen a cargo del Estado. El derecho a ser reparado debido a la actividad de la Administración Pública sea regular o anormal, nace siempre y cuando concurran los siguientes presupuestos: a) Exista una actividad administrativa antijurídica imputable a la Administración Pública; b) Exista un daño o perjuicio real y efectivo, y, c) Exista un vínculo o nexo causal entre la actividad administrativa antijurídica y el daño causado.

De acuerdo con el artículo 57 de la Ley 107-13, sobre Procedimiento Administrativo, en su apartado a la Responsabilidad de los entes públicos y del personal a su servicio, establece en cuanto a la Responsabilidad subjetiva: “El derecho fundamental a la buena administración comprende el derecho de las personas a ser indemnizados de toda lesión que sufran en sus bienes o derechos como consecuencia de una acción u omisión administrativa antijurídica. Corresponde a la Administración la prueba de la corrección de su actuación”. TC 071/13 del 7 de mayo de 2013.

La doctrina nacional apunta, además que: “La responsabilidad patrimonial descansa sobre la existencia del daño, es decir, sobre el detrimento patrimonial o perjuicio. Y tras él, la lesión, pues por su virtud no basta con la producción del primero para que nazca el derecho a ser indemnizado, sino que se requiere que este se convierta en lesión indemnizable[2]”. En ese mismo sentido, se ha pronunciado la Ley 107-13, en su artículo 59, cuando aclara que procede la indemnización cuando se ha verificado un daño patrimonial, físico o moral, por daño emergente o lucro cesante, siempre que sean reales y efectivo y para ello impone en su parte in fine “La prueba del daño corresponde al reclamante”.

Todo este nuevo escenario jurídico ponen en desventaja proceso como el que conoció haces unos 3 años el tribunal administrativo sobre una propiedad privada en donde el Estado en el año 1969 hizo una ejecución de expropiación ilegal y hoy 50 años después es que vienen a reconocerle esos derechos a los descendientes de esa propiedad, bajo esa condición el Estado fue condenado a pagar los derechos de expropiación ilegal y por igual una indemnización a favor de los propietarios por los daños causados y no reparado durante una usurpación de una propiedad ajena por 50 años, es posible eso, si aún debe estarse conociendo todavía en los tribunales a esta fecha, probablemente

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Por Nicanor Rodríguez.-

Buen día colegas psicólogos, felicidades a todos los que hoy levantarán su mano derecha para inclinar una referencia del deber que asumen, que Dios ilumine su camino y que puedan mañana contar una historia que aunque sea para ellos se sientan satisfechos no por ego, sino por lo que impulso y eso contaría, pero que cuente para el futuro, siempre van a cuestionar, eso es parte de nuestra naturaleza.

Pero yo no es escrito ni voy a escribir la historia y si me hubiera sido posible escribirla, desde un principio hubiera impedido que la esclavitud naciera para impedir esa mancha tan grande por generaciones en la psiquis humana, tampoco Jesucristo no hubiera sido vendido por Judas, ni Pilato se hubiera tenido que lavar las manos, mucho menos Jesús hubiera resucitado solo, hubiese incluido los apóstoles y le aseguro que hubiera impedido que Nerón quemara a Roma.

No escribo la historia, bajo esta circunstancia debo ver caer en cada propósito aquellos que no quieren ver lo que hacen en el tiempo, si en algún momento su conciencia madura, tendrán un arrepentimiento aunque sea internamente sin expresión, pero para reconfortar su alma, si yo tendría que escribir la historia y me encuentro con un proceso como el que he tenido que trillar y frente al CODOPSI, lo primero que hubiera querido escribir era que la naturaleza humana no se inclinara a ser tan decepcionantes consigo mismo y que pudiéramos ver en nuestro camino el propio de cualquiera de nosotros con una antesala mucho más significativa: escribiría un mejor propósito para el CODOPSI desde su fundación hasta el día de hoy y así lo que he tenido que pensar y vivir con lo que está pasando en la salud mental no me tocaría escribirlo como lo he tenido que hacer, felicidades a todos los Psicólogos si en este momento el honor y la esperanza tienen algún valor para todos.

POR NICANOR RODRIGUEZ TEJADA.- 

Desde el año 1996, cuando se inicia el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD) y cuyo mandato encabezó, el doctor Leonel Fernández, al cual se le acredita haber mantenido ciertos niveles de decencia en lo concerniente al ámbito de la corrupción, si mal no recuerdo, pero terminó con lo que fue la acusación contra un grupo de ex funcionario que fueron involucrado en el denominado Programa Eventual Mínimo de Empleos (PEME), cuyo desfalco contra el Estado se presumía en unos (RD$1,438) millones de pesos. El grupo fue procesado en el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano (2000-2004), presidido por el ingeniero Hipólito Mejía Domínguez.

Luego ya habiendo retomado el PLD, al gobierno (2004-2008), segundo mandato del doctor Leonel Fernández,  en el  2007, la Fiscalía del Distrito Nacional retiró la acusación contra Diandino  Peña, Simón Lizardo,  Haivanjoe Ng Cortiñas y Noé Camacho Ovalle. Manteniéndola para Luis Inchausti, Grecia Peguero y León López Mata, pero meses más tarde la retiró definitivamente, lo que dio lugar a que el segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declarara  la absolución del caso, debido a que la Fiscalía del Distrito Nacional retiro de manera definitiva la acusación sobre el expediente y se perdió el interés público.

Pero con el retorno del PLD a la jefatura de Estado en el 2004, y a través de lo que se denominó el Plan Renove, el cual fue un programa aplicado durante el gobierno de Hipólito Mejía, destinado a la importación de vehículos livianos y pesados, para ser usado en el transporte público de pasajeros y de cargas y de cuyo expediente se alegaba una malversación en perjuicio del Estado de (RD$1,800) millones de pesos.

En este expediente estuvieron involucrado, el empresario Antonio Marte, (actuar Senador por la Provincia de Santiago Rodriguez), Pedro Franco Badía, (fallecido), Fabio Ruiz Rosado, Siquió Ng de la Rosa, (ahora Sindico del Municipio de San Francisco de Macorís), Milcíades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio (Johnny) Morales, Shlomo Ben-Tov (Sam Goodson) declarado prófugo, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, (quien se encuentra privado de libertad por la muerte del ex rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet), Antonio Reynoso (Padre Toño), Freddy William Méndez y Alfredo Pulinario. El caso estuvo en debate en los tribunales y en octubre 2005 fueron sentenciados.

Posteriormente en marzo del 2008, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conoció y fallo el recurso de casación y ratificó la sentencia a: Fabio Ruiz, 4 años de prisión y RD$10 millones; Amaro Guzmán, 3 años de cárcel y RD$5 millones; Marte: 3 años y RD$8 millones; Franco Badía (fallecido), 3 años y RD$15 millones; De la Rosa, 2 años y RD$3 millones; Blas Peralta 6 meses y RD$2 millones; Antonio Reynoso: 2 años de prisión (todos fueron enviados a Najayo). En cambio a Pulinario Linares (Cambita): 6 meses prisión domiciliaria; Francisco Antonio Pérez: 6 meses prisión domiciliaria y Freddy Méndez: 6 meses, prisión domiciliaria y RD$1 millón. Siendo descargados del proceso, los señores Ramón Emilio Jiménez hijo, Siquió Ng de la Rosa, Johnny Morales y Diógenes Castillo. En diciembre de ese año 2008, el ex presidente Leonel Fernández concedió indultó a Franco Badía y a los sindicalistas Antonio Marte Familia, Milciades Amaro Guzmán y Siquió Ng de la Rosa.

Estos han sido los procesos conocidos hasta el momento, no obstante lo mismo tienen una similitud que lo diferencia sustancialmente de los nuevos expedientes que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por Luis Abinader Corona, ha iniciado y se trata de que nunca hemos tenido un procurador con las características con que ha  sido asumida por  el nuevo gobierno, dándole independencia de ejecución y comprometiéndose con la modificación mediante  leyes y la propia constitución para que el  Estado obtenga forma de limitar la viabilidad de la corrupción administrativa. Esto nunca el país lo ha tenido en ningún gobierno  y hace una gran variable en la modalidad de los casos sometidos a los tribunales.

No obstante previo a las medidas recién anunciada por el gobierno, al que recordar que en fecha 20 de octubre el poder ejecutivo procedió a la firma de un memorándum de entendimiento Interinstitucional con la Organización de las Naciones Unidas contra la corrupción y la transparencia administrativa, mediante el cual se incrementarán los esfuerzos nacionales en la prevención de la corrupción, el fortalecimiento de la integridad, la ética y la transparencia, lo que impulsara el proceso de la institucionalidad en el país.

Este convenio procura fortalecer el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones y permitirá la elaboración de documentos y catálogos que sirvan de referencia contra la práctica del soborno y la corrupción por sobreprecios, se  promoverá la  asistencia técnica, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el análisis y el desarrollo de políticas, así como iniciativas y proyectos orientados a mejorar la transparencia, la ética y la lucha contra la corrupción

Este acuerdo se fundamenta en la ratificación del país a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 26 de octubre de 2006, siendo el país signatario y estando  comprometido con la aplicación de otras convenciones, instrumentos o mecanismos internacionales, como el Examen Periódico Universal, que procuran disponer de mecanismo de control contra la corrupción en los países miembros de esos acuerdos multilaterales.

Por lo tanto y para reforzar la tesis en la defensa de los bienes público, en su primero 100 días, el gobierno ha proclamado además las siguientes iniciativas legales y administrativas, una propuesta de modificación de la Constitución, mediante la cual se instituya la creación del Procurador independiente  y promover en la iniciativa constitucional el aumento de las consultas populares vía referendo, estableciendo mecanismos institucionales que concuerden con la carta sustantiva entre otras iniciativas que se procurará.

Pero además se creará el gabinete de transparencia, prevención y control del gasto público que tendrá entre sus funciones promover una agenda de cambios legales, la cual estará integrada por las instituciones del Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética, esta última encabezará la dirección del gabinete.

Otra propuesta es asumir un control para la supervisión en los sistemas de asistencia social, comprometiéndose a presentar  un proyecto para crear una entidad que supervise las ayudas a la ciudadanía y que ésta pueda tener acceso a la información sobre el destino de tales ayudas, de igual forma proclamó que dada las carencias, institucionales procederá a formular un cuerpo de leyes, destacándose sobre todo una legislación penal moderna y coherente frente a la corrupción administrativa.

De igual manera se propondrá la modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas y se aplicará la regulación de la ley sobre regulación salarial del Estado, la cual indexara los salarios en el sector público y de los funcionarios de rango superior y viabilizando una reforma institucional del Congreso a fin que se produzca la eliminación de los privilegios creado en ese poder del Estado.

Asimismo entre otras medidas que dio a conocer el presidente, se encuentran la contratación de abogados particulares para que puedan actuar como actores civiles, al tiempo que colaboran con el Ministerio Público, y que solicitaran indemnización por las malversaciones y robos en perjuicio del Estado Dominicano,  al momento de que intervenga sentencia de condena a fin de recuperar los recursos sustraídos en los actos de corrupción y donde el Estado podrá exigir recompensación económica  por los daños y perjuicio ocasionados.

En el plan se contempla la puesta en vigencia de un sistema de alerta temprana que viabilice el monitoreo, en tiempo real, de los procesos de contrataciones públicas, disponiendo la realización de auditorías a todas las instituciones del Estado por lo menos anual, lo cual se dispondrá a través de una entidad que se creara con ese fin  y se reforzaran la existente con las modificaciones que se prevén en ese sentido.

Par reforzar esas iniciativas en la práctica se procederá a la creación de un portal único de transparencia con acceso ilimitado que facilite a los ciudadanos poder consultar cualquier expediente de contratación, retribuciones, declaraciones de bienes o solicitar la información que desee en tiempo real y promoverá la ley general de publicidad del Estado, por medio de la cual  se dispondrá de criterio para el uso de bienes públicos y se prohibirá el uso de la publicidad en actividades ajenas al interés colectivo.

También se procederá a modificar la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, para que sus disposiciones se interconecten al estándar interamericano con la finalidad de que los ciudadanos tengan mayor acceso a la información como garantía constitucional de control social y estabilidad democrática, en consonancia a esto de promoverá la creación de una Subdirección Antifraude, integrada a la Contraloría General de la República, para la realización de inspección permanente en todas las áreas de gobierno.

Con todas estas iniciativas se procurara al propio tiempo modificar la Ley 10-04 que organiza y estructura la Cámara de Cuentas, induciéndola al marco constitucional vigente y otorgándole mayor autonomía presupuestaria y de control, por igual se modificara  la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República para afianzar  mayor control interno a través de auditorías internas

Estos anuncios se hicieron aprovechando la conmemoración del día internacional contra la corrupción y de manera oportuna, el día anterior, la ciudadanía tenía conocimiento del primer caso de medida de coerción por corrupción que involucra a 11 personas de las cuales 7 tienen medida carcelaria y 3 arrestos domiciliarios y uno con presentación periódica ante la autoridad.

Ahora bien, cabe observar la diferencia y la voluntad que este proceso lleva, en discrepancia a los materializados entre los años 2000-2008, citare algunos puntos esenciales, modificar la constitución para consagrar un procurador independiente, han sido aumentado de los fiscales de la investigación, contratación de abogados para actuar como actores civiles procurando que el Estado obtenga un resarcimiento por los daños que se puedan comprobar, así como todo el paquete de carácter legal que se anunció y que ha sido objeto de puntualización en este trabajo, lo que no deja lugar a dudas de que el país ha cambiado y los resultados de este nuevo empeño necesariamente serán diferente, porque ha nacido una voluntad impulsada por el pueblo para que tengamos un mejor país, con mayor equidad, disminución de la desigualdad, controles más efectivo de los funcionarios sobre la cosa pública y sobre todo un camino de mayor decencia institucional.

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