Por Emiliano Reyes Espejo (*)
(ere.prensa@gmail.com)
¿Qué ha pensado hacer el Estado con las tierras que se procuran irrigar con las aguas de la presa de Monte Grande? El embalse de esta obra controlará más de 20 mil metros cúbicos de agua. Se trata de un añorado sueño que ha sido ansiado por los suroestanos para así ver cómo se insertan en el desarrollo los habitantes de esta zona del país.
El megaproyecto, iniciado en el año 2010, está supuesto a impactar 650 mil tareas de tierra, que según afirman las autoridades, beneficiará a más de 22 mil productores agrícolas.
Pero es a partir de la magnitud de la bonhomía de estos datos que adornan a esta obra que surgen algunas preguntas e inquietudes ¿en manos de quiénes están estas tierras? ¿Qué cantidad de estos terrenos es de la industria azucarera privada? ¿Qué cantidad de tierras pertenecen o están registradas a nombre del Estado dominicano?
Los suroestanos han deseado por diversas razones que se realice esta iniciativa, de la cual se esperan múltiples beneficios, uno de ellos, y tal vez el esencial para los habitantes de comunidades como Tamayo, Uvilla, El Jobo, Vicente Noble, Canoa, El Peñón, Fundación, Pescadería, Jaquimeyes y otras, es el que se refiere a “las obras para control de inundaciones en el cuenca del río Yaque del Sur”.
Los desastres, dramas, calamidades, pérdidas humanas y económicas eran traumas cuasi permanentes causados por las inundaciones del río Yaque del Sur. Lo que los habitantes de estas comarcas vivieron son hechos conmovedores e inenarrables que perduran como «piedras pulidas» en los recuerdos de estos pobladores. Los que vivimos los estragos de estos desbordamientos no tenemos palabras para describir las vicisitudes provocadas por las crecidas del río durante las temporadas altas de lluvias.
Los estudios oficiales afirman que la construcción de la presa de Monte Grande comprende, no solo el control de inundaciones en la cuenca baja del río, sino también “el desarrollo y modernización de las infraestructuras de riego, el suministro de agua potable, la generación y ahorro de energía, la pesca y el turismo ecológico”.
La mega obra, considerada la más grande del Caribe en su género, implicó igualmente la intervención y la recuperación de la presa de Sabana Yegua. Un informe del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) explica que el proyecto múltiple Monte Grande “es un gran complejo de obras hidráulicas” que traerá grandes beneficios y el desarrollo definitivo del suroeste del país.
Por eso es que la construcción de esta presa ha creado mucha expectativa y despierta, asimismo, un gran entusiasmo, en razón de que, según afirman las autoridades (las de antes y las de ahora) esta infraestructura producirá un gran impacto en la calidad de vida y el progreso de los pobladores de esta región. Pero como ocurre casi siempre en los informes oficiales, se dibujan maravillas y bondades en este tipo de obras que construye el Estado, que se crea una ilusión, pero que concluidas las mismas, las gentes acaban desencantadas, desconsoladas, porque no resultó ser lo que se mercadea y se quedan esperando verdaderas soluciones para sus problemas vitales.
¿Qué es una reforma agraria?
Las reformas agrarias son procesos socio-políticos y económicos que implementan los gobiernos para satisfacer demandas de tierra de la masa campesina. Muchos de estos terrenos son usufructuados por terratenientes y otros potentados. También se sostiene que la “reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado”.
En el caso del Suroeste, el mayor propietario de tierras es el Consorcio Azucarero Central (CAC), “una empresa dedicada al cultivo y producción de la caña de azúcar, la industria más grande de la región sur, abarcando tres provincias Barahona, Bahoruco e Independencia”.
La propia empresa, que opera su ingenio en Villa Central (otrora Batey Central) de Barahona afirma que posee actualmente 9.507 hectáreas de cultivo de las cuales 8,992 son trabajadas por el consorcio y 515 funcionan como semilleros. “En estas tierras se producen alrededor de 650,000 toneladas de caña”, subraya.
Los orígenes de la reforma agraria
Los gérmenes originarios de las reformas agrarias en América Latina surgen en México con la revolución mexicana, según algunos tratadistas. En República Dominicana, los primeros efluvios de entrega de tierra a campesinos ocurren en plena dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, aunque fue en el gobierno del presidente Juan Bosch cuando se inició en el país un verdadero programa de reforma agraria.
Se afirma que fueron esta y otras medidas que adoptó en su gobierno constitucional el profesor Juan Bosch, y que afectaron intereses de oligarcas, empresas agropecuarias y propietarios de grandes extensiones de terrenos, las causas del derrocamiento del régimen boschista que apenas duró siete meses. Luego, los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer y don Antonio Silvestre Guzmán Fernández implementaron procesos de reforma agraria.
No se han estudiado aún con rigurosa profundidad y en su justa magnitud –y debería hacerse- la incidencia de las reformas agrarias en el aparato productivo de la nación. Lo que se sabe hasta el momento, sin que se haya aplicado ningún rigor científico al respecto, es que miles de parceleros de esas reformas aportan un elevado porcentaje de los alimentos que consume actualmente la población.
Se atribuye también a estos procesos, los cuales son en el fondo expresiones políticas y sociales que se manifiestan en determinados momentos históricos, “la creación de una clase de pequeños y medianos agricultores que desplazan de su hegemonía a los latifundistas”.
“Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad de la tierra en pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías e infraestructuras derivadas o la especulación con los precios de la tierra que impide su uso productivo”, explica Wikipedia.
¿Están dadas las condiciones socio-políticas y económicas para la puesta en marcha de una nueva reforma agraria en el suroeste del país? ¿Será realizará una “reforma agraria especial” como la mejor forma de aprovechar las tierras que se beneficiarán de la presa de Monte Grande?
Al respecto, nos aventuramos a plantear lo siguiente:
1) Que los partidos o los frentes políticos que se batirán en el proceso electoral de mayo próximo se comprometan a colocar -en sus respectivos programas de propuestas- la realización de “una reforma agraria especial” en el Suroeste del país.
2) Que esa reforma se implementará mediante una nueva ley de reforma agraria, la cual se introduzca al Congreso de la República de manera mancomunada por senadores y diputados de los distintos partidos, los cuales salgan electos de las elecciones de mayo, sin que en esa iniciativa puedan incidir intereses mercuriales y particulares sino los beneficios de la Patria. Este anteproyecto de ley debe contemplar un régimen de aprovechamiento de las tierras que serán beneficiadas con la construcción a un costo elevadísimo de dólares que aporta el Estado, o sea, el pueblo dominicano, para construir la presa de Monte Grande. Se estimó en principio un financiamiento del proyecto por unos US$249 millones, el cual sería aportado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de la República de Brasil (BNDES) a través de la empresa multinacional Andrade Gutiérrez, así como contrapartidas del Estado dominicano.
3) Que mediante esa ley se disponga crear un organismo distinto al Instituto Agrario Dominicano (IAD) para implementar el susodicho texto legal, con el objetivo central de que el mismo se especialice en identificar las tierras del Estado que serán beneficiadas con las aguas de la presa, las extensiones de terrenos aptos, en manos de particulares, pero que no estén en producción, además que realice estudios y sugiera expropiar tierras que no estén siendo explotadas en la región.
4) Que los asentamientos en tierras beneficiadas por la presa no se hagan a parceleros, sino a empresas cooperativas especializadas, las cuales serán integradas por grupos de productores organizados, a los fines de impulsar un determinado, o determinados rubros agropecuarios, además de producción piscícola y apícola para exportaciones.
5) Una alternativa sería la construcción de “Colonias agropecuarias”, en la cual los productores puedan residir en viviendas propias o de la Colonia, y laboren en los terrenos de las cooperativas y en las empresas de producción agroindustrial que se instalen en las mismas.
6) Que esta nueva ley debe contemplar la creación, además de financiar y apoyar empresas de procesamiento de frutas para exportación (mangos, piñas, zapotes, aguacate, uvas, cocos, etc.). La nueva ley debe contemplar la asistencia del Estado mediante financiamiento y seguimiento (apadrinamiento administrativo) de pequeñas empresas hasta lograr su total consolidación económica, en un plazo máximo de diez años.
Según mi punto de vista, eso no es mucho pedir si existe voluntad política para su realización y si realmente se quiere beneficiar a los habitantes de la región suroeste del país. ¿Quién se alzará con esta presea?
(*) El autor es periodista.
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