Categoría: Opiniones

POR GUILLERMO CARAM.- A pesar de discrepancias internas entre reformistas, de predicciones de analistas y politólogos basándose en encuestas cuyos posicionamientos congelan ignorando modificaciones de comportamientos inducidos por accionares adecuados y del inescrupuloso uso de recursos oficiales para someternos al clientelismo gubernamental; el reformismo constituye opción para cambiar el estado de cosas que estamos padeciendo.
Todas las instancias, partidarias y no partidarias, llamadas a cambiarlas están igualmente afectadas por situaciones similares a las sobrellevadas por el reformismo.
El propio PLD confronta conflicto de liderazgo calificados encontrarse al “rojo vivo”. Además, al ser partido de gobierno le correspondería defender una gestión calificada como inadecuada por 80% de ciudadanos y que ha postrado en profundo desánimo y pesimismo las esperanzas nacionales. Para el 2020 tendrá 16 años consecutivos de haber gobernado considerándose que lo están haciendo a la perfección en circunstancias que sus resultados económicos y sociales deja mucho que desear: desempleo estancado, producción insuficiente para satisfacer necesidades nacionales, déficits y endeudamiento, irrespeto institucional, indiferencia administrativa, caos territorial y ambiental, sacrificio de identidad nacional y precariedad en prestación de servicios públicos esenciales, obteniendo bajas calificaciones internacionales, en educación, salud, transporte, energía, etc.
La permisividad con la corrupción y tráfico de ilegalidades refleja asintonía con nuestros principales socios económicos internacionales dibuja contingencias adversas en cuanto a flujo de recursos internacionales que le resultan imprescindibles a las corrientes estatizantes dominantes y predominantes.
Cambiar ese estado de cosas constituye imperativo mediato ante el agotamiento de posibilidades inmediatas.
Otros partidos opositores no han sabido estructurar en el pasado inmediato un proyecto de gobierno convincente para encarnar el cambio necesario y están igualmente amenazados por choques de trenes entre sus líderes. Sus instancias dirigenciales están, por demás, más cuestionadas en casos emblemáticos de corrupción.
Las esperanzas de un movimiento social que encarne aspiraciones ciudadanas se desvanecen por falta de sistematicidad y en la medida que transcurre el tiempo sin definir roles y propósitos, sin dar respuestas comprehensivas a urgencias nacionales, dispersándose y disgregándose en objetivos y accionares organizacionales particulares.
Los partidos “emergentes” se agrupan en torno a proyectos presidenciales personales sin reflejar capacidad orgánica para encarnar y viabilizar cambios necesarios. La proliferación de nuevas fórmulas se neutraliza por ambiciosas pretensiones que posibilitan peligrosas aventuras que nos arriesgan a saltar hacia lo desconocido.
El reformismo, conocido, maquinaria electoral de probada eficiencia y experiencia gubernamental, puede dar respuesta adecuada al imperativo nacional.
Sobre todo porque representa antítesis de lo predominante: disciplina, endeudamiento, desestatización económica productora y generadora de puestos de trabajo, asistencia social sin tarjetas clientelares, cuidado ambiental, identidad nacional, intolerancia ante ilegalidades traficando.
Solo falta que sus prohombres se lo propongan. (Fuente: Periódico Hoy).

Por Sebastián del Pilar Sánchez.-

La noche del viernes 5 de abril de 1963 la televisora que tenía por nombre Radio HIN Televisión (RAHINTEL) repentinamente era ocupada por agentes de seguridad del gobierno del profesor Juan Bosch, con el fin de realizar un allanamiento para arrestar al destacado periodista y comentarista radial Rafael Bonilla Aybar, quien según el expediente judicial elaborado en su contra por la Fiscalía del Distrito Nacional, había mal usado un cheque por un valor de cien pesos, emitido por la empresa Reid Pellerano en favor de la editora La Nación, por servicios prestados cuando éste fungía como su presidente-director.

El sorprendente operativo estaba encabezado por agentes de seguridad que recibían instrucciones directas del Procurador Fiscal del Distrito Nacional, doctor José María Acosta Torres, quien había planeado en su despacho del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, apresar al comunicador cuando estuviera pasando su programa radial Telenoticias, también llamado “El Periódico del Aire”, que conducía diariamente de 7:00 a 8:00 p.m. por esta planta radiotelevisora, propiedad del ingeniero Pedro Pablo Bonilla -Pepe-, ubicada en el Centro de los Héroes de la ciudad de Santo Domingo.

Originaba suspicacia que en un primer instante no se viera allí a la Policía Nacional, quizá por cierta desconfianza de la fiscalía con su jefe, el general Belisario Peguero Guerrero, quien había sido designado en el puesto durante la gestión del presidente Rafael F. Bonnelly y muchos de los colaboradores civiles y militares del gobierno de Bosch deseaban su relevo por un incumbente con cierta afinidad con la nueva administración.

La orden de arresto fue entregada por la fiscalía de modo sigiloso al señor Rafael Ellis Sánchez, Director Nacional de Seguridad, quien comenzó a ejecutarla a partir de las cuatro de la tarde de ese día, enviando a sus agentes secretos hasta la residencia del periodista en la calle Hermanos Deligne No. 19 del sector de Gascue, la que fue rodeada al igual que otros sitios que frecuentaba; aunque disponiendo la mayor vigilancia sobre el edificio de la estación de radio y televisión, debido a que era casi seguro que acudiese esa noche allí a realizar su programa habitual.

Este episodio es analizado por el prestante abogado Manuel Ramón Morel Cerda en su libro “Testimonios Desclasificados, Retazos Narrativos de Hechos Verídicos”, señalando que fue un operativo sorpresa que escapó al control del Ministerio Público cuando dichos agentes se apersonaron al lugar y “se encontraron con una cantidad inusual de personas que precisamente esa noche habían acudido al estudio donde se desarrollaba el programa, virtualmente en demostración de solidaridad, y se formó todo un espectáculo televisado a todo el país, donde no faltaron incitaciones histéricas a las Fuerzas Armadas” para salvar la nación.

Esa situación, que fue generada al parecer por una infidencia de algún colaborador muy cercano al fiscal, estuvo a punto de originar una terrible masacre, pues aquellos agentes vestidos de civil y armados con ametralladoras, pretendían hacer frente a la gran muralla humana que se interponía en su camino y les impedía llegar a la cabina radial donde estaba el comunicador buscado, sentado frente a un micrófono que había convertido en su único instrumento de defensa; usándolo de modo agresivo contra el gobierno del presidente Bosch, culpándolo de violentar su legítimo derecho a valorar la realidad social y disentir de la opinión oficial.

El doctor Morel Cerda conoció cada detalle de este drama, ya que cuando el gobierno de Bosch se dio cuenta que su desenlace sería negativo, tomó la razonable decisión de nombrarlo fiscal, viéndose impulsado de inmediato a disponer una investigación profunda de lo ocurrido en Rahintel, producto del conflicto originado por civiles armados, cuya indeseada aparición allí estaba siendo repudiada por decenas de personas, amotinadas en los alrededores con los ánimos caldeados desde antes que se escuchara el estruendo de un arma de fuego y el escenario del estudio televisivo se tornara sangriento.

Eso pasó en el instante en que el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, don Horacio Álvarez Saviñón fue encañonado por uno de aquellos agentes, que apuntaba su arma en dirección a su estómago, con la indudable intención de dispararle; y éste, para  evitarlo… respondió tirándosele encima, en pos del control del artefacto; siendo en esa lucha  ayudado por su hijo Horacito, aunque no pudieron dominar del todo al sujeto homicida, quien oprimió el gatillo del revólver que expulsó el tiro que se alojó en su espalda, así como otro que enseguida hirió a su vástago.

El industrial era muy admirado por ser importador del famoso refresco Pepsi Cola, y haberse convertido en el único embotellador de dicha bebida autorizado por la casa matriz para operar fuera del territorio estadounidense. Y esa noche, junto a su hijo Horacito andaba por Rahintel en diligencias empresariales, viéndose atrapado por este horripilante suceso que acrecentó la confusión y la angustia  reinantes, aunque la gente en vez de amilanarse seguía acudiendo a la radiotelevisora, transformando de pronto a toda la zona del Centro de los Héroes en un estacionamiento colectivo, donde parqueaban sus vehículos para sumarse a los coros antagónicos formados por los defensores de la acción judicial -de un lado-, y quienes -de otro lado- con sus aplausos alentaban al periodista sitiado, que esa noche sin miedo alguno pronunciaba con más energía que nunca su encendida perorata habitual.

Un poco más tarde llegaba al escenario el general de brigada Belisario Peguero Guerrero, jefe de la Policía, acompañado de oficiales superiores y un fuerte contingente policial. Este se abrió paso entre el público allí reunido, llegando sin dificultad hasta la cabina donde estaba el periodista, a quien detuvo en presencia de varios de los líderes de la oposición que fueron a Rahintel a solidarizarse con su causa. Eran ellos, los doctores  Viriato Alberto Fiallo Rodríguez, presidente de la Unión Cívica Nacional; Juan Isidro Jimenes-Grullón, presidente de la Alianza Social Demócrata; Mario Read Vittini, presidente del Partido Demócrata Cristiano,  y el general Miguel Ángel Ramírez Alcántara, presidente del Partido Nacionalista Revolucionario Democrático.

La aparición del jefe de la Policía allí conjuró un mayor derramamiento de sangre con pérdidas de vidas, e hizo posible el traslado oportuno de los heridos a la clínica Gómez Patiño, en la avenida Independencia de la capital, donde recibieron atenciones médicas a sus fracturas. También se tradujo en un efectivo disuasivo para aplacar la tensión, pues era un hombre de una dilatada carrera policial  y  se  ocupó -seguido llegó- de tomar todas medidas preventivas y necesarias para impedir que allí hubiese algún tipo de agresión a sus tropas, o a los odiados agentes de la Dirección Nacional de Seguridad. Su principal logro consistía en poner fin a largas horas de angustia.

¿Quién era Rafael Antonio Bonilla Aybar?  

Era un joven antitrujillista, nacido en Santo Domingo el 4 de septiembre de 1932, muy conocido por su exilio de once años en Cuba y como hermano de Pedro Julián Bonilla Aybar, uno de los expedicionarios de junio de 1959, muerto el día 19 a bordo de la lancha Carmen, cuando iba a descender a tierra por la playa costera de Maimón, municipio de Puerto Plata y  su embarcación fue cañoneada por la Marina de Guerra, que atacó a los insurgentes por sorpresa para malograr  el  sueño de  libertad de aquellos valientes muchachos que, bajo el mando de José Horacio Rodríguez Vásquez, hijo del general Juancito Rodríguez García, llegaron desde Cuba a combatir en las montañas del norte a la tiranía de Trujillo.

Bonilla Aybar era un comunicador conocido en varios países latinoamericanos por su labor en los medios de prensa denunciando constantemente los crímenes de Trujillo; especialmente en importantes eventos internacionales donde cabildeaba -cuando era necesario- que metieran en sus agendas el tema de los desmanes de la dictadura y la urgencia de sanciones por sus constantes violaciones a los derechos humanos. Eso pasó en las conferencias de cancilleres celebradas en Santiago de Chile  y San José de Costa Rica, en los años 1959 y 1960, a las que fue invitado como corresponsal de los diarios Ultimas Noticias, de Caracas, y El Telégrafo, de Guayaquil.

Por su valiente desafío a  la tiranía  trujillista, desde su regreso del exilio se le reconoció como un héroe de la lucha democrática, y numerosas personas celebraron las recriminaciones enérgicas que con frecuencia le hacía a poderosos individuos ligados económicamente a Trujillo y sus descendientes, así como su insistente demanda para que el Consejo de Estado protegiera los bienes del tirano que habían pasado a formar parte del erario.

En ese momento tenía 30 años de edad y aunque era un hombre relativamente joven, estuvo a la vanguardia de los periodistas dominicanos en el desmonte de la maquinaria represiva del Estado, lo que le granjeó la admiración y complacencia de muchos de sus compatriotas de diferentes clases sociales que apreciaban su correcta y valiente actitud, aunque algunos eran suspicaces y no les resultaba gracioso su modo de enfrentar a sus adversarios con un lenguaje reiterativo, repleto de epítetos desagradables, como sus ataques al expresidente Balaguer, tildado de “muñequito de papel”, a quien en 1961 constantemente le reclamaba su renuncia de la presidencia del Consejo de Estado.

Cuando el gobierno del presidente Bonnelly lo eligió para conducir un órgano oficial tan importante como el periódico vespertino La Nación, tuvo que ponderar su alta popularidad, su entusiasmo y su energía juvenil para echar hacia adelante una línea informativa y publicitaria de soporte  a las primeras elecciones libres que tras el ajusticiamiento del tirano Trujillo, iban a celebrarse en diciembre de 1962; pero pasó por alto que su temperamento estaba cerrado a la tolerancia y la ecuanimidad imprescindibles para dirigir prudentemente ese medio informativo oficial, dada su tendencia al conflicto y su excesiva vehemencia tratando de justificar sus apreciaciones políticas. Como se manifestó en su trágico choque con el empresario Alberto Bonetti Burgos, en la mañana del viernes 29 de junio de 1962, en presencia de los señores José Turull Ricart, Luis R. Ortega Oller y Anibal Vargas.

Ese día, el señor Bonetti Burgos lo invitó a batirse a tiros -en un duelo personal-, visiblemente molesto porque rehusó rectificar un escrito que fue publicado el día anterior en la sección “Poniendo el Sello” y la columna “El Duende” de La Nación, donde se le atacaba por el usufructo de bienes pertenecientes a la familia Trujillo; en referencia a un lujoso yate trasladado a Puerto Rico para evitar que fuese confiscado, y que -según la denuncia- había sido “comprado con los dineros robados al pueblo dominicano”.

Debido a su negativa en hacer la corrección noticiosa, Bonilla Aybar recibió una violenta trompada del empresario, con lo cual se inició una pelea de unos cinco minutos, desarrollada dentro de su despacho de director, la que fue detenida por los visitantes y los empleados del periódico que derribaron la puerta de su oficina y despojaron de un arma al empresario Bonetti, evitando que lo hiriera.

En este incidente hubo varios empleados que fueron alcanzados por las balas, y otros salieron lastimados por contusiones recibidas durante la violenta y desesperada movilidad interna. Entre ellos, el fotógrafo Leandro Grullón; el linotipista Federico Perdomo Ramírez, quien trabajaba en La Nación desde su fundación en1941, y el joven Horacio Reynaldo Batista, quien andaba en una guagüita anunciadora por la avenida Mella y se había detenido en la puerta principal del periódico atraído por el ruido de la pelea, siendo herido accidentalmente.

Luego del suceso, hubo una gran manifestación de solidaridad con el periodista agredido. Decenas de personalidades e instituciones sociales y políticas enviaron telegramas y notas de prensa a los diarios nacionales exigiendo al gobierno que investigara el incidente y ofreciera plena protección a Bonilla Aybar. Entre los firmantes sobresalían, Ángel Severo Cabral, Horacio Julio Ornes, Juan Isidro Jimenes-Grullón,  Antinoe Fiallo, Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Ramón A. Castillo, Bienvenido Hazim Hegel, y los catorcistas, ingeniero Félix Germán hijo y Darío Vinicio Echavarría.

Sin embargo, un año más tarde, disminuyó ostensiblemente la popularidad de quien había sido uno de los hombres más admirados y aplaudidos del país, pasando de héroe antitrujillista a villano antiboschista, tras presentarse como uno de los principales adversarios del profesor Juan Bosch poco antes de que tomara el poder el 27 de febrero de 1963.

El doctor Morel Cerda, en su  citada obra, señala que durante el gobierno del presidente Bosch, Bonilla Aybar “se había erigido por obra de su fogosidad y actitud para la comunicación, en el vocero  más visto, leído y oído de los sectores aglutinados en torno al conservadurismo criollo que adversaba al gobierno recién instalado de Juan Bosch, porque además él dirigía el Diario “Prensa Libre” y cada noche su programa radial era bastante escuchado al ser el representante de los sectores conservadores y el principal emisor de críticas al gobierno, lanzando fuertes acusaciones de corrupción contra sus funcionarios”.

 La prisión de Bonilla Aybar 

Este estuvo encerrado en la cárcel de La Victoria desde el sábado 6 hasta el viernes 19 de abril, cuando fue puesto en libertad tras depositar una fianza de diez mil pesos fijada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. Su juicio por supuesta malversación de fondos perdió credibilidad cuando el presidente de la Editora Listín Diario, señor Rogelio A. Pellerano, dirigió una contundente misiva a la Dirección General de Impuesto sobre la Renta y al Gobierno reclamando que dijeran cómo obtuvieron la copia del cheque supuestamente malversado. Esa carta contenía estos expresivos párrafos:

 “En cuanto a la razón determinante de la expedición del mencionado cheque, nos sentimos obligados a aclarar que este no corresponde a ningún pago por servicios que nos rindiera la Editora La Nación, C. por A., sino que el aludido cheque se expidió para cubrir un anuncio en el periódico “Dominical” que se proponía imprimir en dicha editora el señor Gustavo Marín.

«Fue a este señor que entregamos ese cheque. Posteriormente el señor Marín desistió de publicar en esa época el periódico y entonces nos pidió que le  permitiéramos utilizar el importe del cheque para otros fines de propaganda, a lo cual accedimos, por lo que autorizamos al señor Rafael A. Bonilla Aybar a entregar al señor Marín el valor correspondiente”.

Se debe decir también que en la puesta en libertad de Bonilla Aybar necesariamente habría incidido  la postura del presidente Bosch, quien durante una reunión efectuada en su despacho con los directivos de la Asociación Dominicana de Escritores y Periodistas (ADPE), se comprometió a fortalecer la libertad de expresión y la libertad de prensa, entendiendo que sin  el fortalecimiento de ese sagrado principio sería un mito la vigencia plena de la democracia. Entre los miembros de esa entidad allí presentes, recordamos los nombres del doctor Salvador Pittaluga Nivar, el doctor Rafael Molina Morillo y el periodista Gregorio García Castro

Bonilla Aybar se reintegró a su fogosa actividad antiboschista, enrolándose junto al padre Marcial Silva y el comentarista Tomás Reyes Cerda, como oradores principales de los mítines de reafirmación cristiana que comenzaron a efectuarse en esos días, bajo la orientación de reconocidas figuras de la derecha política que laboraban a las claras para  derrocar el gobierno. Eran ellos, los ingenieros José Andrés Aybar Castellanos y Enrique Alfau; el licenciado Miguel A. Gómez Rodríguez, Rafael Alejandro Melo Sánchez, Adriano Gómez Rodríguez y Robinson Ruiz López.

Su participación en estas actividades subversivas originó otro incidente público, la noche del primero de agosto. Sucedió que había estado como invitado de varios colegas en el  programa “Ante la Prensa”, que se transmitía cada noche por Radio Santo Domingo Televisión, explicando los motivos políticos de sus ácidas críticas al presidente Bosch. Cuando terminó el programa e intentó marcharse, se dio cuenta que frente al estudio, en la calle Tejada Florentino casi esquina Barahona, había una enorme multitud que impedía el movimiento peatonal y lanzaba duras consignas en su contra; por lo que tuvo que esperar que la dotación policial de la zona tomara medidas severas para disolver aquella demostración de rechazo y posibilitar su salida del canal.

Sin duda que su popularidad en ese momento estaba de capa caída y eso se fue incrementando después del golpe de Estado a Bosch el 25 de septiembre, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras públicas con mayor concentración de repudio en la ciudad de Santo Domingo, lo que explica el ataque despiadado de que fuera objeto el miércoles 18 de diciembre de 1963, a su salida del programa “Telenoticias”, en Rahintel, que casi le cuesta la vida.

Él y su chofer salieron ilesos de ese atentado dirigido por cinco desconocidos que según el informe ofrecido por el general Belisario Peguero en una publicación del 25 de diciembre de ese año, estaban  fuertemente armados y pretendían llevar a cabo este atentado criminal provistos de una ametralladora Thompson, calibre 45, una pistola calibre 45, un revólver y dos granadas de mano, que trataron de emplear el 17 de diciembre a la salida del periodista de la estación radial “La Voz del Trópico”, en la calle Abreu del sector  San Carlos de la capital.

Loa atacantes se parquearon en esta ocasión muy cerca de la planta televisora Rahintel y lanzaron una bomba contra su vehículo que explotó a destiempo; lo que generó la alerta del periodista e hizo posible que saliera ileso del intenso tiroteo que se inició enseguida y que causó alarma entre en los agentes policiales y militares que custodiaban las instalaciones oficiales vecinas, quienes se integraron a la acción, ayudando a  repeler el ataque, provocando la huida de los agresores.

En relación a su implacable anticomunismo, hay una anécdota que con motivo de este trabajo nos recordó el distinguido amigo, licenciado Yván Rodríguez Batista, viceministro de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Economía, que por su tonalidad graciosa compartimos en este espacio. En los años sesenta Bonilla Aybar hizo un esfuerzo excesivo para silenciar el auge de la canción Nathalie en la República Dominicana; pues esa bella melodía del escritor francés Gilbert Bécaud había alcanzado un lugar cimero en el gusto popular, interpretada por un trío chileno llamado “Los Hermanos Arriagada”, y molestaba mucho a los sectores de derecha su gran pegada entre los jóvenes, quienes la cantaban con fervor como si fuese un himno patrio, cuando en realidad era una historia de amor cimentada en símbolos del socialismo, como la Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, así como la Plaza Roja de Moscú y la  tumba de Lenin; además de que sintonizaba con el esplendor de la revolución cubana y la mitificación de las figuras de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

Como nos recuerda el amigo economista, en las arengas diarias de Bonilla Aybar se invitaba con insistencia a censurar a Nathalie, debido a que -según decía- esa era la canción de los comunistas, y por ello se debía contrarrestar usando en su lugar a otra melodía llamada Dominique, que refería las bondades del sacerdote español Santo Domingo, fundador de la orden seglar dominicana conocida como Los Dominicos, que era un tema muy popular en Estados Unidos y en Europa, donde logró penetrar su autora, la monja francesa de origen belga, Jeanine-Paule-Marie Deckers. La mayor dificultad residía en que no había sido tan exitosa su  versión en castellano en la voz de la actriz mexicana Angélica María. Pero aun así, Bonilla Aybar insistía en proclamar: “Ya los comunistas tienen su himno, Nathalie, y nosotros tenemos el nuestro, Dominique”.

Finalmente debemos referir lo acontecido la tarde del 24 de abril de 1965, luego que el secretario de prensa y propaganda del partido blanco, José Francisco Peña Gómez, anunciara por el programa radial “Tribuna Democrática” el inicio de la sublevación militar en el Campamento 16 de Agosto, donde un grupo de jóvenes oficiales, a la cabeza del capitán Mario Peña Taveras, apresaron al jefe del ejército, general Marcos Rivera Cuesta y a varios de sus ayudantes, para comenzar así el proyecto de restauración del gobierno constitucional que había sido derrocado el 25 de septiembre de 1963.

Entonces millares de jóvenes se lanzaron a las calles a respaldar un posible regreso de Juan Bosch al poder, y en medio de la algarabía, un grupo armado  se desplazó hasta la calle Abreu del sector de San Carlos, donde estaba situada la emisora “la Voz del Trópico”, con la idea de detener a Bonilla Aybar, que estaba concluyendo su programa radial. Al no encontrarlo, por haberse retirado del lugar presumiblemente disfrazado, ese grupo se movió rumbo a las instalaciones de la empresa donde editaba su periódico “Prensa Libre” y allí tampoco se hallaba, por lo que ante el fracaso de su objetivo, provocaron un incendio en los talleres.

Bonilla Aybar se había convertido por obra de su antiboschismo en el hombre más buscado por los hombres y mujeres constitucionalistas, que se pasaron ese día y el siguiente, en todas las esquinas de la ciudad, revisando los baúles de los autos y haciendo esfuerzos infructuosos por saber su paradero. Sin embargo, con el paso de los años se hizo un hombre diplomático que ocupó posiciones de cónsul general en San Juan, Puerto Rico, embajador en Venezuela y otros países en el gobierno de Balaguer; y con el triunfo de don Antonio Guzmán y los perredeístas en 1978, muchas de las dudas sobre el carácter democrático del perredeísmo logró  despejarlas; por lo cual se fue produciendo un acercamiento entre él y el licenciado Hatuey De Camps Jiménez, presidente de la Cámara de Diputados en 1979, naciendo de ese modo una fraternal relación que hizo posible que el distinguido periodista prefiriese apoyar la candidatura presidencial del doctor José Salvador Omar Jorge Blanco para las elecciones del 16 de mayo de 1982; permaneciendo desde ese momento en el litoral perredeísta respaldando con entusiasmo el proyecto presidencial del doctor Peña Gómez en 1994.

A él lo recordamos con su preferida chaqueta azul marino deportiva, con botones dorados, y su pantalón casimir color crema, aportando a la construcción de la “línea del día” en la oficina del licenciado De Camps, quien era el jefe nacional de campaña de la candidatura presidencial de Peña Gómez y había montado un comando de comunicaciones en la avenida Rómulo Betancourt de la capital, visitado regularmente por los médicos José Martínez Castillo, Zacarías Benoit, Alejandro Asmar y Rafael Nazario; por el odontólogo Iván Reyes Levy, los hermanos licenciados Félix y Radhamés Marmolejos; los periodistas Luis Encarnación Pimentel, Ramón Cordero Regalado, Miguel Matos y Ramón A Reyes; los abogados Héctor Dotel Matos y Héctor Pérez Tobar; el ingeniero agrónomo Mario Torres Ulloa, el campeón karateca Miguel Camacho, el empresario Miguel Ángel Vásquez Escoto, el ingeniero Juan González McCovey, entre otros.

En aquella oficina que siempre recordamos con alegría  resaltaba el trato amable, dulce y fraterno de las dos asistentes del licenciado De Camps, que eran la bella doctora Sabrina de la Cruz Vargas, esposa del distinguido empresario turístico Pedro Garrido; y la muy joven profesional y simpática amiga Jovanna Peña Féliz, miembro de una familia revolucionaria muy sufrida durante en el llamado gobierno de los doce años de Balaguer.

Por Manuel Vólquez.- 

El lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de “querer avanzar hacia la destrucción del medioambiente” con su negación de luchar contra el cambio climático.

“El país más poderoso se está confrontando con el mundo entero y se ha quedado solo por haber querido avanzar en el camino de la destrucción del medioambiente”, sentenció el filósofo en relación a la voluntad de Trump de retirarse de los Acuerdos de París.

“Es un peligro severo”, alertó en un debate con otros científicos sobre el tema en una actividad en la Universidad Nacional Autónoma de México donde fustigó al Gobierno mexicano por haber “anunciado con orgullo” el descubrimiento de 1.000 millones de barriles de petróleo, lo que conllevaría que compañías internacionales acudan a estas reservas de crudo para “explotarlas, enriquecerse y llevarnos al desastre”.

Aseguró que el sistema capitalista es responsable del cambio climático puesto que “busca maximizar la ganancia individual sin tener en cuenta los efectos que tendrá en los demás” o en el medioambiente.

Él está en lo cierto. Ese fenómeno, y no el apocalipsis bíblico como nos hacen creer, será la causa de la destrucción del planeta que habitamos. Esa inquietud también la comparten organismos internacionales que viven denunciando el peligro que representa para la humanidad el cambio climático y medio ambiental.

Nosotros, como país, nos incluimos en esta lucha priorizando la reforestación de las montañas, como una de las maneras más eficientes de adaptación al problema y garantizar así la seguridad alimentaria. Lo propio están haciendo otras naciones latinoamericanas.

Hay que tomar con seriedad esta situación. El planeta se está calentando en forma acelerada y los efectos, que ya se están sintiendo, serán catastróficos. Sequías, hambre, pobreza y destrucción, son algunos de los terribles males que el calentamiento global provoca en el planeta Tierra. Y se hace urgente activar acciones concretas para frenar sus efectos, si queremos que las futuras generaciones hereden un mundo con mayor probabilidad de vida.

Otras consecuencias letales que se aproximan, según los científicos, son las siguientes: temperaturas más cálidas como causante de la acumulación de gases contaminantes que hace que los climas cambien, provocan sequías y eleva el riesgo de incendios que conllevan la deforestación y la desertización del planeta; tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes y derretimiento de los glaciares, lo que aumenta el nivel del mar.

Además, el surgimiento de huracanes más peligrosos y violentos por el aumento de temperatura del mar; cambios de los ecosistemas que conlleva a temperatura más alta y menos precipitaciones. Las sequías e inundaciones hacen que el clima se adapte a esta nueva climatología y se produzcan cambios en la duración de las estaciones, aparezcan patrones más propios de climas monzónico como son la desaparición de especies animales y de muchas islas, mientras que un buen número de ciudades verán cómo su distancia a la costa se reduce de forma significativa

Otros efectos son: alimentos más caros. El cambio climático pone en peligro la producción de comida y esto significa que cientos de miles de personas cuya vida depende de sus cultivos están en riesgo de perderlo todo.  Si las siembras escasean, los precios se disparan. Esto nos afecta a todos, pero en los países menos desarrollados, con altísimos índices de pobreza, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

Con un grandioso acto celebrado en el Palacio Nacional, el gobierno dominicano puso en marcha recientemente la plataforma “República Digital”, con la cual se pretende facilitar el acceso a la página web de las principales instituciones del Estado Dominicano, lo que facilitará la conexión y la obtención de informaciones de estas con mayor rapidez

“República Digital” es un modelo de desarrollo y de comunicación tecnológica, prometida por el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina en la pasada campaña electoral, la cual forma parte de lo que se conoce como “gobierno electrónico” y que contribuirá con la transparencia de las instituciones públicas y a combatir los actos de corrupción administrativa.

Para esto hay que tener presente que los sistemas tecnológicos se alimentan con informaciones que son generadas por los seres humanos, y por más controles que se tomen, siempre existirá un alto riesgo de que se cometan errores o acciones dolosas. De ahí que las informaciones que sean servidas en dicha plataforma, deben ser depuradas, verificadas y validadas.

En este sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores-MIREX, en su Plan Estratégico 2015-2020, sobre las nuevas Relaciones Exteriores de la República Dominicana, contempla aplicar y exigir la transparencia en el manejo de sus informaciones, por lo que tiene una gran oportunidad para transparentar todos los ingresos generados por nuestros consulados, por concepto de venta de visados y de otros servicios consulares, ahora que acaba de ponerse en funcionamiento esta moderna plataforma digital.

Dichos ingresos deben ser depositados en la Cuenta Única del Tesoro Nacional, tal como lo exige la le ley No. 567-05, que rige a la Tesorería Nacional, en vez de ser administrados de manera discrecional por dichos incumbentes, sin rendirle cuentas al MIREX ni a ningún otro organismo del Estado.

Así como la Cancillería maneja de forma transparente los ingresos generados por los servicios que ofrece, utilizando la plataforma del Banco de Reservas, así también debieran manejarse todos los ingresos de nuestros consulados.

En nuestro país, desde hace mucho tiempo, se viene discutiendo sobre la necesidad de concertar un Pacto Fiscal, donde se analice, discuta y establezca una presión fiscal que responda a nuestra realidad, a nuestra generación de riquezas, la cual ronda el 14 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Se hace necesario corregir urgentemente todas las distorsiones existentes en cuanto a las recaudaciones se refiere, para poder así enfrentar la gran demanda de obras y servicios; para poder atender a la deuda social acumulada, que desde tiempo inmemorable venimos arrastrando, así como a la deuda pública consolidada, que según el Fondo Monetario Internacional, ronda el 50 % del PIB.

El Estado dominicano está desaprovechando y dejando de percibir anualmente, miles de millones de pesos por falta de transparentar muchas fuentes de recursos que no ingresan a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.

Los trámites para realizar esta transformación son sumamente sencillos. Solo hace falta voluntad política de los incumbentes de nuestras instituciones.

*El autor es Contador Público Autorizado, ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República y ex Diputado al Congreso Nacional.

Por Manuel Vólquez.-

La Fundación Justicia y Transparencia depositó ante el Senado de la República un anteproyecto de ley que solicita castigar con cadena perpetua o cárcel de por vida a los asesinos de mujeres. Tiene su importancia este planteamiento, pues ya es hora de acabar con la desenfrenada y aterradora violencia de género que tanto luto y orfandad está generando en la familia dominicana.

De igual manera, pide 30 a 40 años de reclusión mayor para la tentativa de ese crimen e igual pena los cómplices del referido delito, todo ello sin que en ningún caso operen circunstancias atenuantes o subterfugios legales que interrumpan la ejecución de la pena.

Yo sugeriría incluir también la cadena perpetua para los narcotraficantes, los funcionarios y empresarios corruptos, los asaltantes, sicarios, violadores sexuales de niños y mujeres, los que matan a sus padres y hermanos, asesinos de militares o policías.

Lo ideal sería legislar para elevar la condena a 60 años, sin derecho a libertad condicional, independientemente de lo que digan los defensores de los derechos humanos o los moralistas irresponsables que tenemos, quienes callan ante estas atrocidades y truenan cuando la Policía mata a un delincuente.

Pero, en ese contexto, habría que determinar qué hacer con los menores involucrados en acciones criminales o en dado caso si éstos podrían juzgarse como adultos. Es una tarea para los juristas, jueces, fiscales, legisladores y los diversos actores sociales de la sociedad en pleno.

Algo muy relevante es que plantea la colaboración especial de los medios de comunicación para que, con carácter de obligatoriedad, especialicen espacios de publicidad gratuita para la concientización, educación y orientación ciudadana del respecto y protección de los derechos de las mujeres. Yo diría derechos de todos los ciudadanos, sin exclusión de género. Del mismo modo, creo, hay que combatir la morbosidad mediática reflejada en las redes sociales para impedir que se continúen difundiendo imágenes perturbadoras de hechos sangrientos.

El presidio perpetuo es una pena privativa de libertad de carácter indefinido, de por vida, que normalmente se impone como condena ante un delito grave. En la mayoría de jurisdicciones en las que no se contempla la pena capital (la ejecución), la cadena perpetua constituye el castigo más severo que puede recibir un criminal.

Obvio, se trata de un procedimiento que resultaría muy costo para el Estado en razón de que tendrá que mantener de por vida a un prisionero. Sin embargo, es una opción para sacar de las calles a los criminales y restaurar la vilipendiada seguridad ciudadana.

En el Reino Unido y otras naciones, por ejemplo, son raras estas sentencias. Empero, en Estados Unidos, los recortes presupuestarios han forzado a algunos estados a considerar si es rentable la práctica de encerrar a criminales por largos periodos o ejecutarlos.

En América Latina existe un total de seis países en los que la pena de muerte (no cadena perpetua) es legalmente viable en la actualidad: Cuba, Brasil, El Salvador, Guatemala, Chile y Perú, aunque en algunos casos se restringe a situaciones excepcionales.

Cuba es el país que registra la última condena de este tipo en el año 2003. En su Código Penal se ordena ‘con carácter excepcional’ ese tipo de sanción por homicidio, violación agravada, terrorismo, secuestro, piratería, espionaje, o promoción de la acción armada contra el país.

En última instancia, me inclinaría (y no es asunto de radicalismo) por el método del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien ha confesado que ha salido de asesinos, violadores, narcotraficantes y delincuentes peligrosos, lanzándolos al mar desde un helicóptero. Dudo que algún mandatario nuestro se atreva a imitarlo. La fe cristiana, el costo político y otras causales se lo impedirían.

Por  Nelson Rudys Castillo Ogando.- 

Es indiscutible que el nacimiento del Estado dominicano estuvo inspirado fundamentalmente en la denominada “Manifestación de los pueblos de la parte del Este de la Isla antes Española o de Santo Domingo, sobre las causas de su separación de la República Haitiana”, del 16 de enero de 1844. En este documento, considerado como una Pre-Constitución, se visualiza el futuro Estado dominicano, enunciando las garantías individuales que serian dispensadas a los ciudadanos.

Así es como, una vez consolidada la independencia, una de la medidas más trascendentales de las tomadas por la Junta Central Gubernativa, fue convocar mediante el Decreto No. 14, del 24 de julio de 1844, los pueblos para la elección de 32 Diputados que integrarían el Congreso Constituyente, el cual debía reunirse en la común de San Cristóbal el día 20 de septiembre de ese mismo año, para proceder a la elaboración de la Constitución que serviría de fundamento legal al naciente Estado dominicano.

Para la fecha, el patricio Juan Pablo Duarte ya había elaborado un proyecto de ley  fundamental pero, evidentemente, la comisión designada no lo tomó en cuenta y prefirieron inspirarse en la Constitución norteamericana de 1787, en todo lo referente al Poder Ejecutivo, siguiendo el régimen presidencialista establecido en esa Constitución.

También, se sintieron atraídos por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en la Constitución de Cádiz de 1812, la cual se utilizó como marco de referencia para elaborar lo concerniente a los secretarios de Estado y al Poder Municipal. No faltan autores que señalan que nuestros primeros constituyentes se inspiraron en la Constitución haitiana.

Lo cierto es que el entonces Proyecto de Constitución establecía, entre otras, cuál debía ser la forma de gobierno, delimitaba el territorio del Estado, concebía los derechos de los dominicanos y precisaba todo lo referente a los poderes del Estado. Así fue presentado al Congreso Constituyente para su debida discusión que inició desde el día 22 de octubre de 1844.

Los debates se realizaron sin grandes dificultades, primero, por el espíritu civilista de los hombres que integraron el Congreso Constituyente y, segundo, por los conocimientos que tenían muchos de los miembros de las experiencias constitucionales de otros países. No obstante, hubo un incidente digno de mencionar que fue el altercado promovido por el General Pedro Santana quien entendía que el gobierno del nuevo Estado debía ser militar y no civil como había contemplado originalmente el informe preparado por la comisión ad-hoc.

Ante esa posición intransigente del castrense y político Santana, en principio se desestimó su petición de un gobierno militar, sin embargo, el laureado por la Reina Isabel II de España como Marqués de Las Carreras, logró parcialmente su objetivo porque obtuvo, gracias a la presión militar realizada, que el constituyente de San Cristóbal claudicara e incluyera el funesto articulo 210, que le otorgaba al presidente de la República poderes excepcionales y lo exoneraba de toda responsabilidad por las medidas que pudiera tomar.

Ese artículo 210 constitucional estaba en contradicción con los artículos 58 y 67 de la misma Constitución, que contemplaban todo lo referente a la formación de un juicio político contra el presidente de la República.

A pesar de todo, en un ambiente de expectativas por la inclusión de los poderes que otorgaba el citado artículo, fue promulgada por el Congreso Nacional dominicano, reunido extraordinariamente en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844, la primera Constitución de la República Dominicana. Desde ese momento nacía mutilada la Constitución sobre la cual se fundamentaría el nuevo Estado dominicano.

Esa Constitución dominicana de 1844 o Constitución de San Cristóbal estuvo en vigor por 10 años, desde su promulgación hasta su modificación el 25 de febrero de 1854, tras la supresión del artículo 210 que limitaba al poder Ejecutivo y ampliaba los poderes del Congreso y la Suprema Corte. Posteriormente se le volvió a aplicar una modificación 19 de febrero de 1858, fecha en que  se proclamó la Constitución de Moca, la más democrática de la República Dominicana.

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).- 

“Los países que exhiben un alto índice de transparencia, son los que muestran un mayor desarrollo humano, son más competitivos y los que reciben una mayor inversión extranjera”. Aaron Suartz.-

Cuando algunos organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, la CEPAL, el Programa PISA, ONU, Justicia y Transparencia y el GAFI, facultados para evaluar algunas variables de desarrollo de nuestros países, tales como: crecimiento económico, desarrollo humano, gestión curricular, salud, transparencia, justicia, seguridad jurídica, competitividad, objetivos de desarrollo sostenible, entre otras, nos colocan en un lejano lugar, nuestras autoridades, en vez de criticar, acusar y rechazar esta calificación, deben buscar las causas de la misma; en qué hemos estado fallando e incumpliendo, y tratar de corregir y enmendar cuanto antes, las debilidades, errores e inobservancia a las leyes y a las normas internacionales.

Esto debe ser así en razón de que la misma afecta en gran medida a la imagen internacional del país, contribuyendo a que se alejen las inversiones extranjeras y dejemos de ser competitivos.

Según el Foro Económico Mundial, en materia de competitividad, nuestro país descendió 12 puestos en el índice de competitividad, pues del lugar número 92 bajó al 104. Las razones que tuvo dicho organismo para colocarnos en esa lejana posición, fueron: el mal funcionamiento de la justicia, las altas tasas de impuestos, una ineficiente burocracia, la corrupción pública y privada, entre otras.

A raíz de los problemas económicos, políticos, sociales y de los efectos del cambio climático que afectan a Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Haití y al Caribe Insular, en estos momentos, la República Dominicana tiene todas las oportunidades de convertirse en el país líder en materia económica, exceptuando a México, de toda Centro América y todo el Caribe, por las siguientes razones:

Posee una ubicación geográfica privilegiada, que la hace atractiva para las inversiones extranjeras, por su cercanía con los grandes países desarrollados; modernos complejos turísticos, que la convierten en el principal destino del área; una moderna infraestructura de desarrollo, compuesta por grandes puertos, aeropuertos internacionales en lugares estratégicos; un moderno sistema de transporte, excelentes vías de comunicación terrestre,  recursos naturales  (clima, playas, ríos, montañas y tierras de las más fértiles del mundo); un modelo de desarrollo en el área de las telecomunicaciones y tecnología, etc.

Además, modernos parques industriales de Zonas Francas, centros de salud avanzada y de estudios superiores; cuna de grandes primicias históricas, religiosas y culturales; un fuerte sistema bancario, una gran estabilidad política, económica, paz social y laboral; una economía en crecimiento, recursos humanos bien calificados, un nivel de inflación por debajo de dos dígitos y una gran seguridad jurídica, indispensables para la inversión extranjera.

Para lograrlo, sólo tenemos que prestarle atención a las observaciones hechas por dichos organismos, corregir las mismas en el menor tiempo posible, promover y proyectar el país en toda su dimensión, a través de nuestras embajadas.

Esto debe hacerse así porque lo primero que hacen los inversionistas extranjeros es analizar los índices de desarrollo de los países donde desean invertir, por lo que en vez de condenar y desconocer los señalamientos que se nos hacen, debemos agradecerlos y valorarlos en su justa dimensión, pues nos ayudarán a corregirlos y a ser efectivamente, más competitivos.

*El autor es Contador Público Autorizado, CPA.
Ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República.
Ex Diputado al Congreso Nacional.

Por Elvis Rosario.- 

Debemos reconocer que la Marcha Verde ha tenido éxito en cuanto a colocar el tema de la corrupción y la impunidad como fundamental en la agenda nacional, aún cuando el gobierno y la justicia no han  colaborado para dar respuestas ni siquiera a los casos más sobresalientes como es Odebrecht, Tucano, Oisoe, Punta Catalina y otros más.

Los dominicanos están obligados a aliarse a éste movimiento social el cual trata de poner un freno a una situación que parece desbordarse sin límites ni reparos ,de lo contrario la República Dominicana estaría condenada al fracaso.

La Marcha Verde a arengado un discurso de motivación a los dominicanos el cual los ha envalentonado, profesionales  de todos los estratos sociales están dispuestos  a no dejarse sustraer sus impuestos sin denunciarlo y más firme aún, están en  disposición de pagar el precio.

Sin embargo ese despertar, ese sentimiento de lucha que le nace a un ser humano cuando se siente pisoteado ha comenzado a ser frenado mediante la represión y el crimen, sólo tenemos que memorizar el caso de dos periodistas asesinados en plena cabina de radio en momentos que tocaban temas de corrupción, recordemos además como descaradamente se colocó droga a un dirigente de Marcha Verde en Bonao con la finalidad de incriminarlo y mandarlo a la cárcel, ahora nos encontramos con este horrendo crimen del abogado y profesor de la UASD, Yuniol Ramírez, un crimen que busca mandar un mensaje a los que denuncian actos de corrupción.

Estos actos deben ser castigados con todo el peso de la ley para evitar que funcionarios que se creen estar cerca del gobierno y con poder no crean que tienen el derecho a matar para callar una voz crítica.

Es al propio Presidente de la República a quien más le conviene mandar un mensaje claro, contundente y ahora, de que así el no desea mantenerse en el poder, pronunciarse y pedir máximo castigo para los responsables sin importar su rango en el partido o en el gobierno.

Marcha Verde por su parte tendrá que incluir en su agenda y como un nuevo reto pedir que cese el crimen y la represión a los ciudadanos que ejercen el libre derecho de denunciar.

Por Marino Ramírez Grullón.- 

Woody Allen, genial actor y director del cine norteamericano, escribió y dirigió una película llamada “Crímenes y pecados”.

En el surrealismo en que se maneja el genio de Allen desarrolla la trama cuando un médico y famoso filántropo en la ciudad de Nueva York, tiene una amante y esta amenaza con denunciarlo si él la deja como le había prometido en innúmeras ocasiones.

La dama, también prestante en la sociedad newyorkina, sabía que el famoso doctor, interpretado por Martin Landau, era casado y que si se sabía que él tenía una amante su carrera se destruiría, tal como lo establecen los parámetros de un ambiente de simulación como lo es la alta burguesía norteamericana.

Dentro de ese contexto Allen desnuda la falsa vida de un famoso y millonario que al verse chantajeado por su amante contrata a un delincuente para que la asesine.

Ejecutado el hecho, el reputado oftalmólogo actuado por Landau tiene martirios de conciencia pues mandó matar a su amante, por lo que el sicario de quien tiene el papel Alan Alda, lo amenaza a él de que si se arrepiente y habla también el médico morirá.

Si transferimos ese guión de la película de Woody a las cosas que pasan dentro de la comunicación y la política dominicana, entonces podemos hacer algunas comparaciones aunque no comprometedoras.

Lo cierto es que en el área de la comunicación existe gente que ejerce ese oficio con aires de extorsión y manipulación, convirtiéndose ese comportamiento en una costumbre dentro de los medios de comunicación.

Evidentemente que no todo el mundo se comporta así dentro del oficio, pero existe una camada de gente que ha llegado a los medios violando todas las normas éticas del ejercicio de la comunicación y el periodismo.

Mezclando esto con el corrupto comportamiento de algunos elementos que ejercen la política y la administración pública en forma deshonesta, llegamos a la conclusión de que ambos  elementos se juntan desarrollando un final muy infeliz para sus ejecutores.

De todo se aprende en la vida y por lo que se ha visto en el país en los últimos tiempos tenemos que determinar que tanto la práctica de la comunicación honesta y ética, como el ejercicio de gestiones decentes y anti corruptas en el Estado, es lo que podrá llevar esta sociedad hacia un futuro mejor.

Mientras tanto debemos pedir a los que ejercen la función pública, comenzando por los principales funcionarios, a que solamente no piensen en mantenerse en el poder, sino a llevar a cabo prácticas reales que lleven al Estado a ser más decente con los fondos públicos, ante el manejo desleal de muchos servidores institucionales.

Por Yomaira Lorenzo.-

Hoy se cumplen 25 años de la partida de una mujer extraordinaria del Partido Reformista Social Cristiano y del país, nos referimos a Doña Emma Balaguer.

Sin lugar a  dudas, puedo afirmar que ninguna mujer ha hecho tanto por las clases desposeídas como lo hizo Doña Emma. Fue  una mujer de valores profundos que le dolía el hambre y la pobreza de muchos. Canalizó las retribuciones para miles de familias de extrema pobreza, poniéndose por encima de las diferencias políticas existentes en aquella época. Siempre la recordaremos por su espíritu de bondad y generosidad, la tendremos en nuestra mente y corazón, pues amamos  su dedicación  a la causa integra y patriótica.

Doña Emma realizó una obra espléndida a través de la Cruzada de Amor, una institución que logró reunir a cientos de mujeres de diversas clases sociales, para realizar el más integro programa de protección  humana que se menciona en el país.

La Cruzada de Amor distribuyó comida para sanar el hambre que padecían muchos ciudadanos y ciudadanas de los sectores más vulnerables, pero a la vez fue una institución que promovió la fundación de diversas escuelas técnicas en las cuales miles de mujeres se graduaron en diversos tipos de manualidades, lo que les permitió en esos momentos participar en la vida laboral mediante la producción de bienes y servicios con cuyos negocios lograron independizarse en el plano social y económico.

Emma se caracterizó siempre por su apoyo incondicional a numerosas causas solidarias que mantienen vivo el legado moral de una mujer  que dedicó su vida a los más necesitados.

No solo dejó importantes lecciones de acción social, sino también un modelo de comportamiento basado en la ayuda desinteresada.

Su compromiso en la lucha contra la injusticia, la pobreza y la defensa de los derechos de la mujer y de la  infancia forman parte de una herencia que apela a la condición humana por encima de banderas, colores e ideologías.

Hoy al recordarla por sus grandes aportes a la clase pobre en la República Dominicana, y muy particularmente a los cientos de mujeres del país y del  Partido Reformista Social Cristiano, reafirmamos el compromiso y el deber de continuar con su legado y contribuir para la construcción de una sociedad donde hayan más oportunidades para los más desposeídos, donde impere la igualdad de condiciones para el desarrollo de una sociedad justa, equitativa e igualitaria.

Por Lic. Cesar Amadeo Peralta (Abogado –Fraudes Bancarios).-

Es necesario que tanto los auditores internos y externos de las entidades reguladas por la ley monetaria y financiera entiendan y asuman que las malas practicas en las contabilidades y auditorias bancarias, tendrán sanción en diferentes escalas según el daño que las mismas les causen, no solo a la propia entidad bancaria, si no también al sistema financiero, a los particulares, de lo cual necesariamente deben derivarse sanciones ejemplarizantes.

Recientemente la SIB, publicó la información de que varias firmas de auditores eran sancionadas de manera administrativa por violación al “reglamento sobre auditores externos” específicamente el articulo 38 literales A,C,D al emitir una “presentación inadecuada de los estados y que los mismos contenían errores y omisiones en su contenido”, por lo que fue necesario sancionar a la firma de auditores Tejada Martínez & Asociados, quien “audito” las operaciones del Banco Peravia desde el año 2010 hasta el 2014, periodos en los cuales dicha entidad ejecuto la mayor cantidad de fraudes según ha podido ser comprobado por la SIB y la Fiscalía del D.N.

En opinión del jurista, Cesar Amadeo Peralta, las firmas de auditores que se presten a ser parte de simulaciones y ocultamientos de la verdad dentro de las instituciones financieras, forman parte integra del fraude por lo que según lo establece el articulo 66, literal B de la Ley Monetaria y Financiera, el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, será independiente de la concurrencia de los delitos o faltas de naturaleza penal y de igual modo el articulo 46 del Reglamento de sanciones, establece que la administración monetaria y financiera, será responsable de poner en movimiento la acción publica mediante la presentación de una denuncia formal en contra de cualquier persona física o jurídica que resultare responsable directa o indirectamente de cualquiera de las infracciones que constituyan uno de los delitos o faltas de naturaleza penal tipificados por el articulo 80 de la Ley Monetaria y el ejercicio de esta acción será independiente y compatible con la potestad sancionadora administrativa que posee la administración monetaria y financiera, conforme con los establecido en el articulo 4 del Reglamento de Sanciones y si verificamos las disposiciones del articulo 80 en sus literales D y E, de la Ley Monetaria establece que serán condenados por los tribunales penales competentes con multas de RD$500,000 quinientos mil a RD$2,500,000 a dos millones quinientos mil y penas de 3 a 10 años de prisión las personas que cometan las siguientes infracciones: Literal D, los miembros  del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financieras que alteren, desfigures u oculten datos o antecedentes, libros, estados de cuentas, correspondencias u otros documentos o que consientan la realización de estos actos y omisiones con el fin de obstaculizar, dificultar, desviar o evadir la fiscalización que corresponda efectuar a la SIB;  Literal E, los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera, que a sabiendas hubieren elaborado, aprobado o presentado un balance o estado financiero adulterado o falso o que hubieren ejecutado o aprobado operaciones para encubrir la situación de la institución.

Establece el abogado Amadeo Peralta que del mismo modo el articulo 36 del reglamento sobre auditores externos, aprobado por la Junta Monetaria en su primera resolución el 5 de agosto del 2004, en el acápite de sanciones, establece “que las firmas de auditores externos que infrinjan las disposiciones contenidas en el reglamento, se harán pasibles de la aplicación de las sanciones previstas por el articulo 80 de la Ley Monetaria y el Reglamento de Sanciones”. De igual manera lo establece el articulo 37 del mimos reglamento, cuando estipula que “las firmas de auditores y los socios responsables de la auditoria de que se trate, que no informaren al comité de auditoria, los hallazgos significativos de hechos violatorios de las normas vigentes o que habiéndolo hecho, no se aseguraren de que el asunto haya sido comunicado a la SIB, se harán pasibles de las sanciones dispuestas en el Reglamento de Sanciones.”

Concluye el abogado Amadeo Peralta, al afirmar que el fraude ocurrido en el Banco Peravia es superior a lo revelado de RD$1,400,000.00 millones de pesos ya que la mayoría de las operaciones que involucraban mayor cantidad de depósitos en dólares, no eran reportadas al órgano regulador por lo que según su apreciación, sus directivos manejaron y desaparecieron cerca de US$60,000,000.00 millones de dólares y revela además de que allí se cometían todo tipo de fraudes con tarjetas de créditos, prestamos fraudulentos, desaparición de fondos de las cuentas entre muchas modalidades que dio al traste con el escandalo del Banco Peravia y del cual es imposible que el auditor interno, el comisario de cuentas, los auditores externos y la propia SIB , no tuvieran una alerta por tantas quejas ante el departamento de Pro usuario y la gran cantidad de querellas que se encontraban en la justicia y donde la frustración de un secuestro en un hotel de la capital hizo necesario denunciar públicamente como operaban los directivos de dicho banco, con algunas personas que reclamaban la devolución de sus ahorros, por lo que concluye el jurista que la SIB deberá asumir el rol que por ley tiene  y que concomitantemente los afectados de este fraude también deberán hacerlo propio.

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).- 

“Todo hombre debería aprender Ajedrez para tener claro que con un mal movimiento, puede perder a su Reyna”

 El Ajedrez, conocido también como “el deporte ciencia”, debe ser incorporado al currículum escolar como una asignatura obligatoria, a partir de los ocho años de edad, para todos los niños de ambos sexos, tanto para la enseñanza pública, como para la privada. Entre las razones que ameritan para que este sea incluido, se encuentran:

1.- Según estudios realizados por destacados investigadores, estos reconocen los múltiples beneficios que aporta el ajedrez en el desarrollo de la capacidad intelectual y de inteligencia de los niños. La práctica del ajedrez, desde muy temprana edad contribuye a que estos actúen con prudencia, comedimiento, confianza en sí mismo, paciencia y seguridad, al momento de tomar una decisión, no importa en el área que sea; a ser respetuosos, perseverantes y disciplinados; a controlar sus emociones, a no tener miedos y a buscar el porqué de las cosas.

2.- Los niños obtendrán mejores calificaciones, pues estarán más motivados para triunfar, ya que su cerebro se desarrolla mucho más y estarán más capacitados para la comprensión de las cosas. La atención y la concentración son de las capacidades que más rápidamente genera el ajedrez, lo que llega a manifestarse en otras áreas de su vida.

3.- Nuestro país cuenta con un alto índice de niños y jóvenes adolescentes que entran en lo que se ha denominado los NI-Ni, que no estudian ni trabajan; muchos de ellos dedicados a actos delincuenciales, los cuales pueden ser reorientados a través de la práctica de esta disciplina deportiva.

4.- Los países que han incluido la práctica del ajedrez en su educación básica, han obtenido excelentes resultados en el rendimiento escolar en su población estudiantil, pues este constituye una herramienta esencial para el desarrollo del coeficiente intelectual y del rendimiento escolar de los niños y jóvenes que lo practican.

5.- El Estado no tendría que realizar grandes inversiones en campos, en canchas deportivas, ni en equipos, pues la práctica del ajedrez exige muy poca logística.

6.- La inclusión del Ajedrez en las escuelas como una asignatura obligatoria, haría que se celebren olimpíadas en esta disciplina a nivel municipal, provincial, nacional e internacional, lo que aumentaría el nivel de competitividad de nuestros estudiantes y colocaría al país muy en alto en playas extranjeras. Nuestro país ha tenido muchos jóvenes valiosos que se han dedicado por completo a la práctica y a la enseñanza de esta disciplina.

Entre los Ministerios de Educación, de Deportes y Recreación, a través de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), que es el órgano rector de esta disciplina, debe firmarse un acuerdo con miras a poner en prácticas en todas las escuelas públicas y colegios privados este importante deporte, cuyos resultados no se harán esperar. El país cuenta con muy buenos maestros en esta disciplina, lo que facilitaría su enseñanza y difusión.

Con la enseñanza y la práctica de esta disciplina deportiva, obtendríamos más y mejores profesionales, formados en los más sanos valores, con una forma diferente de pensar y actuar, basada en el raciocinio, en la búsqueda de la verdad, no en la memorización.

Este deporte integra a los padres, a sus hijos y a sus profesores, contribuyendo a la confraternidad y a la armonía en las familias y en las escuelas, que es lo que tanto se está requiriendo en estos momentos.

Para nuestros niños, que serán los futuros hombres y mujeres, esta asignatura forma parte de la educación integral, de formar jóvenes en valores y para la paz. De ahí que las manifestaciones de violencia y los antivalores morales, deben ser analizados y combatidos desde sus raíces, nunca con más violencia. Para lograrlo, nada mejor que impartir en todas las escuelas públicas y privadas, el deporte ciencia: el ajedrez.

*El autor es Contador Público Autorizado, ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República y ex Diputado al Congreso Nacional.

POR JOSE RICARDO TAVERAS BLANCO.-

El Artículo 93-b de la constitución establece como facultad del congreso “conocer de las observaciones que el Poder Ejecutivo haga a las leyes”. El Tribunal Constitucional (TC), mediante Sentencia 599/15 estatuyó al respecto conforme a ese mandato, el precedente es general y en principio, aunque no analiza esa hipótesis, abarca el caso en que haya disparidad entre ambas cámaras sobre la aprobación o negación de éstas; de manera que la sentencia no esclarece la aún turbia redacción del artículo 102 que regula la observación.

Ocurrió lo imprevisto, el Senado negó su aprobación a la observación y los diputados la consintieron al negar su aprobación al informe que la rechazaba. El TC por su parte tampoco evaluó esa hipótesis y resolvió la ausencia de disposición en base a sus facultades aditivas, concluyendo de manera general y sin precisar, que: “…el resultado de la reconsideración…, depende del concurso de las dos cámaras, puesto que si las observaciones no logran ser aprobadas… o rechazadas… simultáneamente en ambas cámaras, la ley deberá considerarse desechada y no podrá ser presentada en ninguna de las cámaras hasta la legislatura siguiente.”

El criterio se asume del artículo 99, que versa sobre los trámites entre cámaras para el conocimiento de los proyectos de ley, resultando en consecuencia de forzosa adaptación a una pieza que la constitución define como ley, en este caso en estatus de observación. Se aduce que el 102 es claro y que se refiere obviamente a la ley y no a las observaciones cuando dice que la cámara de envío “… discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, … la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si ésta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley.” Difiero de esa lectura.

En la especie, el congreso no puede votar nuevamente una normativa que ya sancionó, sino su posible modificación en virtud del criterio propuesto por el ejecutivo, por lo que, la aprobación a la que se refiere el artículo 102 no versa sobre la ley, la lógica y el contexto mandan a que la misma trata sobre la acogida o no de la observación sugerida, en cuyo primer caso sería indispensable procurar el consentimiento de ambas cámaras, toda vez que con ello se rompe un consenso bicameral ya consagrado como ley. Por tanto, frente a la compleja redacción del texto y la falta de evaluación concreta de la hipótesis ya consumada, el TC asumió la interpretación general citada.

Debemos partir pues, de la necesaria distinción de que las observaciones se le hacen a la ley, no a un proyecto, y éstas no pueden ser desechadas sino derogadas por una decisión del propio órgano que las concibe o anuladas por vicios de constitucionalidad, en principio. Es decir, el simple hecho de que no sea acogida una observación no puede dar pie a la disolución pura y simple del consenso de ambas cámaras convertido en ley, sobre todo cuando la constitución no lo ha dispuesto así expresamente.

La interpretación asumida por el Senado al remitir la ley observada a la Cámara de Diputados después de haber rechazado las observaciones, tiene implicaciones sistémicas que van en detrimento de las atribuciones del congreso. La hipótesis que venimos planteando debe movernos a esa reflexión por las implicaciones que contiene y por la vulneración de mandatos de carácter dogmático en nuestra constitución, como lo son los principios de soberanía, separación y control cruzado de los poderes.

Admitir que una ley queda desechada por el hecho de que una observación del ejecutivo no ha sido acogida por ambas cámaras, significa admitir como control cruzado del ejecutivo, que su voluntad y criterio prevalecen al principio de soberanía de la ley, al sobreponer a través de un simple trámite su voluntad individual al consenso bicameral por el simple desacuerdo en cuanto a su propuesta, lo que resulta ser gravemente invasivo del principio de separación de poderes, en un sistema constitucional donde todo ello es parte de los elementos fundamentales de un sistema de gobierno civil, republicano, democrático y representativo; de carácter inmutable por así consagrarlo mediante cláusula pétrea contenida en el 268, en el marco de un Estado que se define como social, democrático y de derecho.

El TC, en sus sentencias interpretativas, tiene facultades aditivas en todos aquellos casos de omisiones legislativas, resulta pues obvia la necesidad de que eventualmente profundice el análisis y se pronuncie sobre la distinción que sugerimos. El tribunal, si bien resolvió un problema, no aprovechó la ocasión para hacer un análisis interpretativo más penetrante del artículo 102, vale decir que no es lo mismo que la cámara de envío acoja una observación y la devuelva modificada sin remitirla a la otra, como ocurrió con el código penal la vez anterior, a que la rechace y la devuelva para promulgación y publicación, toda vez que, en el primer caso interviene una modificación del consenso votado por el congreso, por tanto convertido en ley y, en el segundo, resulta totalmente lo contrario, puesto que la otra cámara ya había intervenido en su aprobación.

El silencio del artículo 102 sobre el destino de la ley en caso de que no sea acogida la observación del Ejecutivo, nos conduce necesariamente a concluir que en el caso que tratamos, el rechazo por una de las dos cámaras, debe implicar la consolidación definitiva de la naturaleza legal de la pieza, pues el consenso logrado para la ley no puede ser disuelto pura y simplemente por la negativa; por lo que, cuando la cámara de envío la ha rechazado, la remisión a la otra cámara resultaría obviamente inútil; por todo lo cual, no tengo temor en afirmar que el nuevo código penal, desde el momento mismo en que fue rechazada la observación en el Senado, es ley. (Fuente: Diario Libre).

Por Alfredo Cruz Polanco (alfredocruzpolanco@gmail.com).-

“La lengua es como la chispa que prende el fuego”. Santiago 3:6

 A raíz de la proliferación en nuestro país de una gran cantidad de estaciones de radio y canales de televisión, tanto nacionales como locales, muchos de ellos sin licencias para operar, han surgido una gran cantidad de programas de opiniones, de comentarios y de interacción social, los cuales en su mayoría, no están autorizados para operar, por no contar con los permisos correspondientes.

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, de acuerdo a la ley 1951 y al Reglamento No. 824, es el organismo regulador y responsable de emitir dichos permisos para el ejercicio de la profesión de locutor y comunicador, tanto para la radio como para la televisión, luego de aprobar un riguroso examen.

Algunas personas consideran que el estar delante de un micrófono o de una cámara de televisión, les da derecho o potestad para irrespetar, insultar, ofender a nuestras autoridades y a las figuras públicas, sobre todo, al señor Presidente de la República, a quien se le debe respeto y consideración, aunque no comulguen con su forma de gobernar y pensar, independientemente del partido a que pertenezca.

Los medios de comunicación: radio,  televisión, periódicos, tanto físicos, como digitales y las propias redes sociales, deben ser utilizados para educar, orientar, informar y formar a toda la ciudadanía, jamás para desinformar, confundir, difamar, injuriar, insultar, ofender, irrespetar, extorsionar o destruir la integridad de las personas.

De acuerdo a los artículos 84 y 105 del Reglamento 824, dicha Comisión  puede prohibir la transmisión de aquellos programas, así como la suspensión de sus productores, que corrompan el lenguaje o que actúen contrarios a la moral, al pudor y a las buenas costumbres. En los actuales momentos, no se está cumpliendo con estas tareas y no se aplica ningún tipo de régimen de consecuencias.  Los directores de las estaciones de radio y televisión, deben exigir el carnet de locutor o de periodista a los productores de programas, lo que antes era una obligación para poder hacer uso de estos medios.

Se puede denunciar un hecho, criticar con energía, mostrar desacuerdos, decir grandes verdades, pero haciendo un uso correcto del lenguaje, guardando siempre la prudencia, el equilibrio emocional y el comedimiento, sin caer en la vulgaridad, en la bajeza, en el insulto personal y en la blasfemia. No hay necesidad de utilizar un lenguaje soez, porque esto nos hace daños, nos afecta nuestra imagen y credibilidad, y por tanto, nos descalifica ante la ciudadanía.

Hablar con bravuconería, con arrogancia y prepotencia, utilizando un lenguaje emotivo, vulgar, soez e insultante, no es sinónimo de hablar con autoridad ni gallardía, pues estaríamos enviando un mensaje equivocado y contrario a los valores más sanos de la sociedad.

Si tuviéramos conciencia del poder y la influencia que ejercen los medios de comunicación en la ciudadanía, cuidaríamos cada vez más, nuestro lenguaje  y la forma de decir las cosas, pues así logramos ganarnos el respeto, la confianza y la credibilidad de los demás, pues la pasión es mala consejera. ¡Cuidemos pues nuestro lenguaje, que es como cuidarnos a nosotros mismos!

*El Autor es Contador Público Autorizado.
Ex Miembro Titular de la Cámara de Cuentas de la República y ex diputado.

Por Sebastián del Pilar Sánchez.- 

El 17 de enero de 1967 se produjo la desaparición del abogado y periodista Guido Gil Díaz, luego de haber estado dos días en prisión, investigado personalmente por el comandante del destacamento policial de La Romana, teniente coronel Simón Tadeo Guerrero González, quien lo consideró sospechoso de encabezar actividades subversivas, en su calidad de asesor del Sindicato Unido del Central Romana, una empresa agroindustrial azucarera propiedad de la empresa Gulf And Western, cuyo gerente general era el empresario cubano Teobaldo Rosell, un notable adversario de la revolución castrista que poseía bastante experiencia y destreza en el manejo de los asuntos empresariales y políticos de la región Este, donde llegó a ser en los años 60 una especie de “emperador”, aparte de colaborador cercano del presidente Balaguer.

Este confuso suceso habría que enlazarlo con la denuncia hecha por el sindicato el 26 de diciembre anterior, asegurando  que existía una confabulación siniestra para asesinar a sus dirigentes Héctor Mundaray y Francisco Ozorio, de la cual se enteró por vía del destacado dirigente reformista Claudio -Lalo-Nolasco, quien había rechazado participar en dicho plan, tal como lo expuso ese mismo día en un espacio pagado reproducido en varios diarios escritos, acusando a los señores Miguelón Herrera y Danilo Brito (dos enemigos jurados del gremio), de haber realizado una serie de reuniones maquinando cómo destruirlo; siendo el primer paso en esa dirección la represión policial desatada por la Policía, deteniendo, apresando y golpeando salvajemente a varios dirigentes, que luego enviaría a los tribunales acompañados de falsos expedientes sobre porte ilegal de armas blancas y otros delitos.

Entre los reprimidos en el mes de diciembre, se contaron los sindicalistas Lin Acevedo y Julio Mateo; y poco antes de la desaparición de Guido Gil Díaz, a principios de enero, el exabrupto bestial vapuleó al pueblo de La Romana que contempló con enojo el hostigamiento extendido hasta el jefe de los Guardacampestres del central azucarero, señor Miguel Guerrero, quien se vio obligado a abandonar por un tiempo el poblado a consecuencia del feroz acoso.

Por ello, cuando ocurrió la desaparición de Gil Díaz la opinión pública nacional fijó su atención en la empresa azucarera y en el comandante del departamento Sureste de la Policía, con asiento en La Romana, teniente coronel Guerrero González, quien estaba siendo señalado como el responsable del destino del periodista, por haber ordenado su apresamiento el día 15 de enero, aunque se esforzaba en desentenderse de su paradero, indicando que si bien reconocía haberlo detenido, igual de cierto era que lo había puesto en libertad.

La prensa estaba relacionando la desaparición del comunicador y abogado con su rol de asesor del Sindicato Unido del Central Romana, aunque centraba su mira en el citado coronel, a quien no le perdía ni pie ni pisada; a tal punto que en un diario vespertino se publicó una información donde se aseguraba que el desaparecido comunicador había sido detenido por una patrulla policial, en el puente sobre el río Higuamo de San Pedro de Macorís; encabezada por un sargento de identidad desconocida y un belicoso raso a quien llamaban Mirito Jiménez, que lo habría desmontando del carro público en que viajaba, subiéndolo enseguida en un vehículo oficial, para conducirlo de regreso a La Romana, lugar que sería su último destino.

Esta denuncia provocó que el presidente Balaguer tuviera que designar una comisión investigadora, encabezada por el procurador general de la República, que era en ese momento el abogado mocano doctor Manuel Rafael García Lizardo, la cual investigó al chofer, a los pasajeros y a otros testigos que identificaron a Gil Díaz como el compañero de viaje que había sido bajado del automóvil en el entorno del puente señalado.

Ante esta embestida de la prensa, el comandante Guerrero González se apresuró a reiterar que Gil Díaz estuvo ciertamente preso en La Romana el 15 de enero de 1967, junto a un dirigente del Movimiento Popular Dominicano (MPD), llamado Julio César Mota Acosta, pero que al día siguiente ambos fueron liberados; criticando el hecho de que la comisión investigadora no indagara a este individuo para determinar el paradero del comunicador.

Al respecto, el miércoles 29 de marzo de 1967 Mota Acosta ripostó que la última vez que vio a Gil Díaz fue en San Pedro de Macorís y desvirtuó la turbia imputación del oficial policial de que estuviese enterado del destino del periodista, señalando que en la fecha indicada ambos fueron apresados en el municipio de La Romana por dos agentes policiales, uno de los cuales era el raso Baldemiro Jiménez hijo, apodado Mirito; y que pasaron la noche tras las rejas, siendo conducidos al día siguiente ante el teniente coronel Guerrero González, quien los interrogó poniendo especial énfasis en el periodista, al que acusó de estar realizando reuniones de patio en patio…descargando sobre él la siguiente amenaza: “Está bueno ya de tanta agitación tuya, Guido Gil”. 

El impacto de esta convincente versión del señor Mota Acosta y la avalancha de notas de prensa y análisis de censura a la actuación policial, arrinconaron al coronel Guerrero González, quien varió su versión primaria diciendo que había obtenido la información de que Guido Gil había sido acompañado por su padre, señor Elpidio Gil Cáceres, en el trayecto de La Romana a la ciudad de San Pedro de Macorís, y que el periodista se había negado a continuar la ruta a Santo Domingo, por lo que era imposible que sus policías pudiesen actuar y hacer un arresto en un territorio que no era el suyo porque pertenecía al también coronel César Cornielle, comandante en la jurisdicción de la Sultana del Este.

Esa versión fue desmentida el martes 28 de marzo de 1967 por la señora María Kaistila Díaz de Gil, madre del periodista, quien en una entrevista ofrecida en su residencia de la calle Doctor Delgado del Distrito Nacional, negó que su esposo o cualquier otro miembro de su familia hubiese estado por la zona Este en ese tiempo, apuntando que el último contacto que se tuvo con su hijo fue el 2 de enero de 1967 en el curso de una reunión familiar de Año Nuevo.

El coronel Guerrero González volvería poco más tarde a variar sorpresivamente su opinión asegurando -en una declaración ofrecida de visita en el Palacio Nacional- que Gil Díaz estaba vivo, y atribuyendo su supuesta desaparición a “una treta de la clase agitadora” que se había dado a la tarea de obstaculizar la labor del gobierno para sacar a flote el país; y agregó que éste estaba oculto y que sus compañeros de ideología conocían su ubicación, pero se aprovechaban de la situación para seguir agitando, aunque con cierta pasividad, porque si en realidad hubiera muerto “estarían haciendo mucho escándalo».

A los 57 días de la desaparición de Gil Díaz, la prensa nacional acogió un espacio pagado firmado por 115 periodistas dominicanos, exigiendo al presidente Balaguer una explicación del hecho, ya que éste tenía en sus manos los resortes de la información y era la persona indicada para responder las preguntas en relación a la suerte corrida por el comunicador y abogado. Balaguer no quiso eludir este requerimiento público y respondió enseguida que su gobierno seguía investigando y no omitiría ningún medio para esclarecer la verdad; prometiendo rendir un informe al país tan pronto la comisión investigadora concluyera su trabajo.

Sin embargo, el mandatario creía que la desaparición del abogado y periodista era “una treta de los comunistas” para desprestigiar a su gobierno, porque había sido erróneamente informado por el gobierno español del dictador Francisco Franco, por medio de su embajada en Santo  Domingo, sobre la existencia de una lista con los nombres de los dominicanos que en ese momento se encontraban clandestinamente en Cuba; apareciendo en la misma el doctor Guido Gil Díaz, los dirigentes emepedeístas Andrés Ramos Peguero y Henry Segarra, así como numerosos militantes de izquierda que se entrenaban militarmente allí para participar en una actividad guerrillera, en el marco de la línea de acción asumida entonces por los líderes de la Revolución Cubana.

Ese informe del gobierno español estaba desactualizado, o había sido confeccionado un año atrás, cuando efectivamente muchos izquierdistas estuvieron en Cuba participando en la Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, celebrada en La Habana a principios de enero de 1966; entre ellos, el doctor Gil Díaz, quien asistió no como un concurrente cualquiera, sino en su condición de delegado del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (MR1J4), pues pertenecía a su Buró Obrero. Allí fue designado presidente de la delegación dominicana que integraban, entre otros, el doctor Euclides Gutiérrez Féliz, en representación del Movimiento 24 de Abril; el arquitecto Cayetano Rodríguez del Prado, como secretario general del Movimiento Popular Dominicano (MPD), y el pintor Asdrúbal Domínguez, por el Partido Socialista Popular, convertido más tarde en Partido Comunista Dominicano (PCD).

Ese evento -también conocido con el nombre de la “Conferencia Tricontinental”- reunió por primera vez en la historia a unos 700 dirigentes de izquierda de 82 países de los continentes americano, africano y asiático; contándose entre ellos 165 delegados de 27 países latinoamericanos que intercambiaron experiencias y estrecharon vínculos de solidaridad, guiados por Ernesto Che Guevara, presidente; Salvador Allende, de Chile; Nguyen Van Tien, de Vietnam del Sur; Pedro Medina Silva, de Venezuela; Amílcar Cabral, de Cabo Verde; Luis Augusto Turcio Lima, de Guatemala; Cheddy Jagan, de Guyana, y Rodney Arismendi, de Uruguay.

En este evento Allende propuso la creación de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), con el objetivo de incrementar los movimientos de masas y la vinculación de la acción antiimperialista a las reivindicaciones cotidianas de la población, que en ese momento eran la huelga, la ocupación de tierras y la movilización social.

El 12 de enero, el pleno de la conferencia creó la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina (OSPAAAL). Y más tarde, en agosto de 1967, se estaría fundando la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), que tuvo como su vicepresidente al joven dominicano Amaury Germán Aristy, quien sería más tarde el hombre clave y de confianza del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó para coordinar la creación de los Comandos Clandestinos de la Resistencia, también llamados Los Palmeros

Fue luego de esa actividad que el doctor Gil Díaz abandonó la agrupación 14 de Junio para ingresar al MPD, acompañando al grupo de «transformistas catorcistas» que coincidieron en la tarea de construir una organización de naturaleza y principios marxistas; eran éstos, Rafael -Fafa- Taveras; Juan B. Mejía, Agustín Moisés Blanco Genao, Daniel Ozuna,  Manuel Pozo -Lucky, Amín Abel Hasbún, Cocuyo Báez, Héctor Ortiz, los hermanos Gustavo y Orlando Sánchez Díaz, y Julio de Peña Valdez, quien era el principal dirigente obrero del país.

¿Cuál fue el motivo de la desaparición de Guido Gil?

Guido Gil Díaz en el momento de su desaparición tenía 32 años de edad y era un joven abogado y periodista mocano, nacido el 12 de junio de 1935 en el seno del matrimonio formado por los señores Elpidio Gil Bencosme y María Kaistila Díaz, que había ejercido el periodismo durante muchos años en los diarios La Nación y El Caribe, y que había egresado de la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en 1961, dedicándose a la labor sindical y asesorando desde el año 1964 a los trabajadores del Central Romana y de POASI, pudiendo destacarse por su defensa sagaz de las reivindicaciones de los obreros del sector azucarero, lo cual demostró al idear el llamado “paso de la jicotea”, que implicaba que los obreros trabajaran más despacio, disminuyendo la productividad sin necesidad de acudir a la huelga dentro del emporio azucarero; aplicando el trabajo de brazos caídos, con el objetivo de renegociar con la administración empresarial un nuevo pacto colectivo que fuese favorable al interés de los obreros. Eso lo hizo, primero como miembro del MR1J4, y luego como dirigente emepedeísta.

El mismo día de su apresamiento Gil Díaz había estado en contacto con los organizadores de un congreso laboral convocado para celebrarse los días 29 y 30 de abril, donde se discutiría la constante agresión a la libertad sindical, ya que durante los años 1966 y 1967 se habían producido 230 despidos de dirigentes sindicales. Este evento estaba siendo preparado en medio de un ambiente de miedo y terror impuesto por la gerencia del Central Romana con el concurso de la fuerza policial suministrada por el comandante policial Guerrero González, quien había solicitado refuerzos de Santo a Domingo para sofocar el estado de tensión, de agitación y de creciente efervescencia social que se respiraba en esa demarcación geográfica; además de que dispuso la represión indiscriminada en todo el municipio, que tuvo a punto de costarle la vida al sindicalista Julio de Peña Valdez, secretario general de la confederación obrera FOUPSA-CESITRADO, quien fue agredido a tiros en la calle Espaillat de La Romana.

Estaba claro que para la administración del Central Romana Gil Díaz era una “piedrecita en el zapato” que había que apartar del escenario para evitarle situaciones laborales difíciles a la empresa que hicieran peligrar la paz laboral y desembocaran en considerables pérdidas materiales obligándolos a renegociar un pacto colectivo que venían rechazando con firmeza. La línea anti-obrera del Central Romana se encaminaba a destruir el Sindicato Unido para formar otro amarillo que pudiera ser manejado sin inconvenientes; encajando perfectamente ahí el papel represor de la Policía durante el reinado de Tadeo Guerrero en La Romana, que se caracterizaba por el atropello constante a los obreros, el allanamiento del local del Sindicato Unido, la confiscación de vehículos y equipos de propaganda, y la disposición del cierre de un programa radial sindical, por orden de la gobernadora civil de la provincia, señora Virginia Pérez de Florencio, siguiendo las directrices del gerente Rosell.  

El motivo de la desaparición de Guido Gil Díaz estaba indefectiblemente ligado al interés del Central Romana en desbaratar el Sindicato Unido, como se demostró en la gestión realizada por 21 trabajadores de esa empresa vinculados a la gerencia general, los cuales formaron un sindicato amarillo dirigido por el ya mencionado Danilo Brito; lo que dio lugar a un enérgico pronunciamiento público del sindicato legítimo, que fue publicado en espacio pagado en el periódico El Nacional en fecha 7 de julio de 1967, donde se denunciaba la intención de Teobaldo Rosell, en colocarle una camisa de fuerza al gremio, en un alocado intento por convertirlo “en un instrumento patronal y gobiernista”.

En dicho documento se denunciaba que habían sido cancelados delegados sindicales y decenas de trabajadores, y que la gerencia de Rosell amenazaba con continuar los despidos de obreros si los trabajadores persistían en apoyar sus dirigentes sindicales; señalando que por orden de este empresario cubano, la Policía se encargaba de cerrar el Club Obrero cada vez que era convocada una reunión de los trabajadores; en un claro  desconocimiento de que el mismo les pertenecía y que, por tanto, éstos tenían derecho a celebrar allí sus asambleas.

Se denunciaba también que la Dirección de Mediación y Arbitraje de la Secretaría de Estado de Trabajo había desconocido con el mayor descaro una solicitud de mediación hecha por el Sindicato Unido, violando así la obligación que tenía de actuar dentro de un plazo de 48 horas a partir de la recepción de la solicitud; y que todo eso ocurría debido a la parcialidad del gobierno con la administración del Central Romana, la cual se manifestaba en la actitud irresponsable de la entidad gubernamental frente a la pretensión del cubano Rosell de imponer la directiva de un sindicato amarillo que había surgido de una asamblea de orientación patronal, efectuada el día 2 de julio en el recinto del Central Romana; en la cual se violentó la autonomía sindical, consagrada en el Código de Trabajo y los estatutos del gremio. Esa directiva amarillista fue encabezada por los  trabajadores Francisco Vilorio (Papatón) y Ramón Cotes, contando con la anuencia del representante de la Secretaría de Trabajo en la localidad, que era el señor  Eduardo Fernández Lajara.

El Sindicato Unido rechazó firmemente esa maniobra y expresó su disposición de dar la batalla para evitar ser destruido; y pidió el respaldo de las fuerzas democráticas del país contra los intentos dictatoriales del Central Romana y el gobierno         

No había duda de que el gobierno de Balaguer, para no chocar con los intereses económicos del Central Romana,  en el caso de la desaparición de Guido Gil, optó por la línea desinformativa de sostener que éste había salido clandestinamente del país con destino a Cuba, lo que contrastaba con lo declarado por la madre del periodista y abogado, quien aseguraba que éste observaba una conducta hogareña completamente normal, comportándose como un hijo amoroso que nunca quiso que ella sufriera, por lo que si hubiera salido al exterior ella hubiese sido la primera en saberlo.

Para el MPD, que era el partido al que pertenecía Gil Díaz, Balaguer buscaba echar tierra sobre el caso para darlo por cerrado, ocultando de ese modo su culpabilidad en la desaparición, ya que su más reciente declaración era una burla a la inteligencia de los dominicanos, porque nadie se tragaría el cuento de que el periodista estuviese vivo y en Cuba.

El tiempo fue pasando y ya para el día 17 de mayo de 1967,  a los cuatro meses exactos del infortunado hecho, el periodista Miguel Ángel Prestol apuntaba en un análisis noticioso publicado en el diario vespertino El Nacional que  la desaparición de Gil Díaz permanecía  aún sin respuesta; pero que «lejos de irse apagando la llama del recuerdo y la inquietud provocada por el extraño caso», se acrecentaba la preocupación por el significado que encerraba «un hecho propio de un estado de cosas que se creyó liquidado el 30 de Mayo de 1961».

Sin dudas que había una fuerza muy poderosa cobijada bajo la sombra del poder que impedía que la comisión investigadora profundizara en sus indagaciones y no había tampoco una verdadera intención del gobierno para desentrañar la realidad de este hecho, diciendo con pelos y señales qué pasó realmente con Guido Gil.

El 17 de septiembre, al cumplirse ocho meses de la desaparición del abogado periodista,  la comisión designada por Balaguer para investigar el caso seguía sin aportar información que contribuyera a aclararlo; más sin embargo, la Policía por medio del jefe del Servicio Secreto declaraba que “las izquierdas políticas tienen un plan de desapariciones” para provocar hechos de esta naturaleza a fin de cargárselos a esa institución y a las Fuerzas Armadas.

Dos días más tarde, trascendió sin embargo una investigación realizada por encargo de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), con fecha del 13 de marzo de 1967, que aseguraba que el doctor Gil Díaz había sido “eliminado por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que con mentalidad cavernaria y primitiva se autotitulan defensores de los derechos ciudadanos y preservadores de  la paz pública”; confirmando la veracidad del rumor que decía que éste había sido reapresado en la margen occidental del puente sobre el río Higuamo “por miembros de la Policía Nacional entre los que se encontraban el raso Baldemiro Jiménez (Mirito) y un sargento que fue visto en el cuartel de San Pedro de Macorís en  los días en que varios compatriotas fueron encarcelados arbitrariamente, so pretexto de haberse descubierto un complot para derrocar al gobierno”.

La comisión que hizo la investigación escuchó la declaración del chofer Faustino Acevedo, quien manejaba el vehículo en el que Gil Díaz se dirigía a la Capital y tras compararla con otros testimonios de testigos oculares, entre ellos un amigo del periodista que le habría brindado protección y albergue la noche anterior a su reapresamiento, llegó a la conclusión de que fue asesinado.

El presidente de ADOMA, doctor José Joaquín Bidó Medina, aseguró haber conversado con el señor Acevedo, quien le manifestó que era el  chofer que había conducido al doctor Gil Díaz desde La Romana hasta San Pedro de Macorís, y que consciente de que existían «órganos judiciales para hacer las investigaciones de  lugar”, se lo remitió al ayudante del procurador general de la República, doctor Bienvenido Figuereo Méndez, para que conociera su testimonio y contribuyera al esclarecimiento del hecho. 

Después de la trascendencia de este informe, la gente en la calle perdió la esperanza de que Gil Díaz continuase vivo; pero aun así, durante  largo tiempo en los medios de comunicación se mantendría latente y sin respuesta, la pregunta: ¿Qué pasó con Guido Gil?…convertido ya en un símbolo del periodismo y de la lucha social, por su consagrada labor en la comunicación escrita, por su gratuita asesoría a los trabajadores azucareros y de POASI, por su lucha dentro del comando constitucionalista de la calle Santomé, durante la Guerra de Abril de 1965; por su participación en la famosa huelga contra el régimen del Triunvirato, conocida como la «Jornada 2 de Mayo»; y por su labor de escritor y ensayista, autor de la obra “Orígenes y Proyecciones de la Revolución Restauradora”. 

En este trabajo también queremos recordar con sentimientos de profunda admiración y aprecio a nuestro amigo Oscar Gil Díaz, su hermano, posteriormente fallecido; con quien compartimos muchas horas de lucha en la condición de militantes del perredeísmo peñagomista y amigos del expresidente Jacobo Majluta en los años 70; pues él fue autor de innumerables artículos sobre temas ideológicos y políticos de actualidad publicados en los diarios El Nacional y La Noticia y a través suyo aprendimos a valorar el comportamiento ético de Guido, un abogado y periodista responsable, comprometido hasta el último segundo de su existencia con el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y con la edificación de una sociedad más justa y democrática. Lamentamos que su desaparición no fuese debidamente investigada, y que no se le prestara atención en su momento a la escalofriante denuncia hecha por un antiguo agente de los organismos de inteligencia del gobierno, llamado Ciriaco Castro Fañas, quien el 24 de febrero de 1969 confesara a la revista «Ahora!» –desde su asilo en la embajada de México-, que él estaba en la región Este cuando apresaron a Guido Gil en San Pedro de Macorís, y que supo que fue asesinado y sus restos luego tirados en un campo de caña próximo a La Romana. Esa ha sido hasta el día de hoy la única declaración que se tiene de una fuente cercana la poder.

La investigación encargada por ADOMA y el testimonio de Ciriaco Castro Fañas fueron asumidos por las organizaciones populares como la central obrera FOUPSA-CESITRADO, quien el 4 de julio de 1969 aseguró que Gil Díaz había sido liquidado hacía dos años y medio, para iniciar la destrucción del Sindicato Unido del Central Romana, lo que a su juicio era una obra combinada del gobierno de Balaguer, el comandante Guerrero González y el gerente general de la empresa azucarera, señor Teobaldo Rosell.

Por Marino Ramírez Grullón.- 

Parecería algo casual pero en realidad no es así.

Los haitianos, por no decir Haití como Estado mantiene un juego de amor y desamor con la República Dominicana en cuanto a sus relaciones internacionales se refiere.

Ese juego se manifiesta más en los aspectos migratorios y comercial que a otros niveles.

Veamos porque. En cuanto a lo migratorio azuzan la entrada de ciudadanos haitianos hacia República Dominicana de la manera más diplomática posible de tal manera que nadie se dé cuenta que podrían llegar miles de ciudadanos de la vecina Nación aquí pareciendo inmigración descontrolada.

Ese incentivo a la migración haitiana hacia dominicana se manifiesta de diferentes maneras siendo algunas de ellas la no creación de oportunidades de trabajo o de estudio allí o simplemente recurriendo a la corrupción que se manifiesta en cada kilómetro de la frontera común y donde los dominicanos son socios.

La venta de visas por encima de las cuotas asignadas es otro elemento que se pone de relevancia siempre en complicidad con personal dominicano.

El trasiego de manera ilegal por la frontera en alianza con personal militar y administrativo dominicano es otra modalidad que promueven los haitianos.

De tal manera que la informalidad de las relaciones entre los dos países vecinos sólo beneficia a Haití en cuanto a la migración cosa que será difícil parar porque la corrupción y complicidad de dominicanos está a la vista de todos.

En cuanto a lo comercial Dominicana tiene ganancia de causa quizás por eso los haitianos saben que chantajeando por ese medio pueden obtener lo otro.

De ahí el llamado Plan de Regularización al que los haitianos no se acogieron y el Estado de Haití boicoteó.

Esa economía informal que deja millones de pesos de ganancias a comerciantes que venden restrojos a los haitianos en las diferentes provincias fronterizas es lo que no quiere perder Dominicana por eso se permite que Haití haga de todo y cuando les da la gana con ese comercio.

Existe otro intercambio que es el formal de ahí se benefician los grandes empresarios, clase política y todo el que quiere hacer grandes millonadas a costillas de nuestra nacionalidad.

No es que veamos a los haitianos como un peligro, pero de ellos obtuvimos nuestra independencia y siempre nos verán como sus enemigos.

Sin dejar de apelar a los sentimientos humanitarios y de solidaridad este país debe poner corte al trasiego ilegal de haitianos porque llegará el día que tendremos que repartirnos los espacios internos con ellos.

Por ahora y para todo el que llega al poder tanto en Haití como en Dominicana las ventajas de todo tipo de negocios será mejor que pensar en el futuro pero lo cierto es que de las cosas seguir como van los lamentos vendrán más temprano que tarde del lado dominicano